Internacionales
Un inmigrante venezolano asesinó a puñaladas a una joven embarazada en Ecuador
Un inmigrante venezolano asesinó a puñaladas a una joven embarazada en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, frente a la pasiva mirada de varios policiás y decenas de transeúntes, lo que motivó el anuncio de medidas migratorias por parte del presidente Lenin Moreno y una ola de ataques xenofóbicos en la localidad.
El hecho se produjo la noche del sábado en una calle transitada de la ciudad, cercana a la frontera con Colombia por donde han ingresado miles de venezolanos, huyendo de una grave situación económica y política.
El hombre armado con un cuchillo mantuvo como rehén a la joven -que era su pareja, pero estaban distanciados- por más de una hora, alertando a los policías que la mataría si no lo dejaban escapar. Los uniformados lo acorralaron, pero no tomaron pasos para neutralizarlo. Finalmente, y tras múltiples amenazas, la acuchilló varias veces.
La víctima, identificada como Diana Carolina Ramirez Reyes, fue trasladada a un hospital, pero falleció por graves heridas en el tórax.
Tras las críticas de la población a la actuación de los agentes, la ministra del Interior, Maria Paula Romo, señaló: «La policía tiene la obligación de actuar para evitar delitos y más todavía cuando se trata de proteger una vida. Necesitamos respaldar el trabajo de la policía». Sin embargo, luego tomó un tono más duro con los uniformados, al señalar que el crimen «debió ser evitado con el uso de la fuerza».
El homicida, identificado como Yordy Rafael L. G, fue arrestado y quedó bajo disposición judicial.
Ola de ataques
El hecho en Ibarra desencadenó gestos de xenofobia y el rechazo de la ciudadanía, que llegó a agredir con pedradas a migrantes venezolanos, quienes empezaron a abandonar esa localidad andina.
«La gente nos grita obscenidades. Por el problema de anoche ya no nos quieren ver, nos lanzaron piedras. Por uno pagamos todos», dijo el venezolano Juan Pablo Rúa en declaraciones divulgadas por el diario ecuatoriano El Universo. Numerosos inmigrantes decidieron tomar a pie la ruta Panamericana Norte, que conduce hacia la frontera con Colombia, añadió.
Pobladores desalojaron a los extranjeros de parques donde dormían, quemaron pertenencias de algunos de ellos y los persiguieron hasta el norte de la ciudad para exigirles que la abandonen.
En las redes sociales, se multiplicaron las voces que apuntaron contra el presidente Lenín Moreno, al considerar que sus medidas alentaron la xenofobia en un delicado contexto.
El mandatario anunció que creará brigadas para «controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos», en un comunicado difundido bajo el lema «Todos somos Diana», vinculando la presencia de refugiados con el aumento de los crímenes.
«Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate», añadió Moreno.
Daniel Regalado, presidente y representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC, que cuenta en el país con 125.000 afiliados, lamentó: «A raíz de la ceguera y acto deplorable de esta persona (el homicida), están tomando medidas fuera del marco legal contra ciudadanos que no tienen nada que ver con lo sucedido».
Regalado confirmó que las redes sociales se han convertido en la plataforma de «duras reacciones contra ciudadanos venezolanos de bien» y en ese sentido pidió «que no se debe generalizar».
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
