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Un inmigrante venezolano asesinó a puñaladas a una joven embarazada en Ecuador
Un inmigrante venezolano asesinó a puñaladas a una joven embarazada en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, frente a la pasiva mirada de varios policiás y decenas de transeúntes, lo que motivó el anuncio de medidas migratorias por parte del presidente Lenin Moreno y una ola de ataques xenofóbicos en la localidad.
El hecho se produjo la noche del sábado en una calle transitada de la ciudad, cercana a la frontera con Colombia por donde han ingresado miles de venezolanos, huyendo de una grave situación económica y política.
El hombre armado con un cuchillo mantuvo como rehén a la joven -que era su pareja, pero estaban distanciados- por más de una hora, alertando a los policías que la mataría si no lo dejaban escapar. Los uniformados lo acorralaron, pero no tomaron pasos para neutralizarlo. Finalmente, y tras múltiples amenazas, la acuchilló varias veces.
La víctima, identificada como Diana Carolina Ramirez Reyes, fue trasladada a un hospital, pero falleció por graves heridas en el tórax.
Tras las críticas de la población a la actuación de los agentes, la ministra del Interior, Maria Paula Romo, señaló: «La policía tiene la obligación de actuar para evitar delitos y más todavía cuando se trata de proteger una vida. Necesitamos respaldar el trabajo de la policía». Sin embargo, luego tomó un tono más duro con los uniformados, al señalar que el crimen «debió ser evitado con el uso de la fuerza».
El homicida, identificado como Yordy Rafael L. G, fue arrestado y quedó bajo disposición judicial.
Ola de ataques
El hecho en Ibarra desencadenó gestos de xenofobia y el rechazo de la ciudadanía, que llegó a agredir con pedradas a migrantes venezolanos, quienes empezaron a abandonar esa localidad andina.
«La gente nos grita obscenidades. Por el problema de anoche ya no nos quieren ver, nos lanzaron piedras. Por uno pagamos todos», dijo el venezolano Juan Pablo Rúa en declaraciones divulgadas por el diario ecuatoriano El Universo. Numerosos inmigrantes decidieron tomar a pie la ruta Panamericana Norte, que conduce hacia la frontera con Colombia, añadió.
Pobladores desalojaron a los extranjeros de parques donde dormían, quemaron pertenencias de algunos de ellos y los persiguieron hasta el norte de la ciudad para exigirles que la abandonen.
En las redes sociales, se multiplicaron las voces que apuntaron contra el presidente Lenín Moreno, al considerar que sus medidas alentaron la xenofobia en un delicado contexto.
El mandatario anunció que creará brigadas para «controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos», en un comunicado difundido bajo el lema «Todos somos Diana», vinculando la presencia de refugiados con el aumento de los crímenes.
«Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate», añadió Moreno.
Daniel Regalado, presidente y representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC, que cuenta en el país con 125.000 afiliados, lamentó: «A raíz de la ceguera y acto deplorable de esta persona (el homicida), están tomando medidas fuera del marco legal contra ciudadanos que no tienen nada que ver con lo sucedido».
Regalado confirmó que las redes sociales se han convertido en la plataforma de «duras reacciones contra ciudadanos venezolanos de bien» y en ese sentido pidió «que no se debe generalizar».
El Ejército colombiano ubicó y desmanteló una fábrica clandestina de falsificación de moneda en el departamento de Boyacá, donde incautó 1.1 millones de dólares falsos destinados al mercado negro. El operativo se realizó en una vivienda del municipio de Berbeo.
Durante el procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a un hombre de 64 años, identificado como profesional en artes gráficas, quien presuntamente lideraba el proceso de fabricación de los billetes falsos. Según las autoridades, la acción representa un golpe contra la falsificación de moneda que afecta la economía del país.
Un niño de 11 años fue atacado por un perro de raza pitbull en el barrio Las Brisas, municipio de Nueva Arcadia, Copán, en el occidente de Honduras. El menor, identificado como Elvin C. H., se dirigía a dejar unas tortillas cuando fue sorprendido por el canino, que le mordió el brazo derecho.
Tras el ataque, el niño fue trasladado al Centro de Salud, donde recibió atención médica debido a una herida de consideración que le provocó la pérdida de parte de la piel. Medios locales informaron que recibió entre cinco y seis puntos de sutura y posteriormente fue dado de alta para continuar su recuperación en su vivienda.
Ante lo ocurrido, autoridades locales y vecinos hicieron un llamado a los dueños de perros considerados de razas fuertes o potencialmente peligrosas para que los mantengan bajo control y debidamente amarrados, con el fin de evitar nuevos incidentes, especialmente contra niños.
Al menos cuatro personas, al parecer todas de una misma familia, fueron asesinadas en el interior de una vivienda en el barrio Centroamérica, de Tegucigalpa, informó este jueves el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar.
Las víctimas son dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, según el alto oficial.
«Lastimosamente se da este hecho violento donde hay una muerte múltiple de cuatro personas», subrayó Aguilar en comunicación telefónica con el Canal 5.
Indicó además que los autores del crimen utilizaron armas blancas y de fuego, y que el hecho se habría registrado el miércoles, pero hasta hoy se supo del mismo a través de una llamada al teléfono de asistencia social 911.
Añadió que un equipo de la Policía Nacional está haciendo las investigaciones del caso, «que es extremadamente violento y nadie manifestó nada, sino que hasta el día de hoy hicieron una llamada anónima».
Según Aguilar, los vecinos del sector se mantienen «en un absoluto hermetismo» y «nadie quiere manifestar nada».
Honduras registra altos índices de violencia, con alrededor de una decena de homicidios diarios, según diversas fuentes, aunque las autoridades aseguran que la criminalidad se ha reducido sustancialmente, debido en parte a un estado de excepción parcial, que entró en vigor en diciembre de 2022.
La percepción de varios sectores hondureños, incluidos defensores de derechos humanos, difiere con la versión oficial y aseguran que el estado de excepción impuesto por el Gobierno no dado los resultados esperados.
