Internacionales
Un inmigrante venezolano asesinó a puñaladas a una joven embarazada en Ecuador
Un inmigrante venezolano asesinó a puñaladas a una joven embarazada en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, frente a la pasiva mirada de varios policiás y decenas de transeúntes, lo que motivó el anuncio de medidas migratorias por parte del presidente Lenin Moreno y una ola de ataques xenofóbicos en la localidad.
El hecho se produjo la noche del sábado en una calle transitada de la ciudad, cercana a la frontera con Colombia por donde han ingresado miles de venezolanos, huyendo de una grave situación económica y política.
El hombre armado con un cuchillo mantuvo como rehén a la joven -que era su pareja, pero estaban distanciados- por más de una hora, alertando a los policías que la mataría si no lo dejaban escapar. Los uniformados lo acorralaron, pero no tomaron pasos para neutralizarlo. Finalmente, y tras múltiples amenazas, la acuchilló varias veces.
La víctima, identificada como Diana Carolina Ramirez Reyes, fue trasladada a un hospital, pero falleció por graves heridas en el tórax.
Tras las críticas de la población a la actuación de los agentes, la ministra del Interior, Maria Paula Romo, señaló: «La policía tiene la obligación de actuar para evitar delitos y más todavía cuando se trata de proteger una vida. Necesitamos respaldar el trabajo de la policía». Sin embargo, luego tomó un tono más duro con los uniformados, al señalar que el crimen «debió ser evitado con el uso de la fuerza».
El homicida, identificado como Yordy Rafael L. G, fue arrestado y quedó bajo disposición judicial.
Ola de ataques
El hecho en Ibarra desencadenó gestos de xenofobia y el rechazo de la ciudadanía, que llegó a agredir con pedradas a migrantes venezolanos, quienes empezaron a abandonar esa localidad andina.
«La gente nos grita obscenidades. Por el problema de anoche ya no nos quieren ver, nos lanzaron piedras. Por uno pagamos todos», dijo el venezolano Juan Pablo Rúa en declaraciones divulgadas por el diario ecuatoriano El Universo. Numerosos inmigrantes decidieron tomar a pie la ruta Panamericana Norte, que conduce hacia la frontera con Colombia, añadió.
Pobladores desalojaron a los extranjeros de parques donde dormían, quemaron pertenencias de algunos de ellos y los persiguieron hasta el norte de la ciudad para exigirles que la abandonen.
En las redes sociales, se multiplicaron las voces que apuntaron contra el presidente Lenín Moreno, al considerar que sus medidas alentaron la xenofobia en un delicado contexto.
El mandatario anunció que creará brigadas para «controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos», en un comunicado difundido bajo el lema «Todos somos Diana», vinculando la presencia de refugiados con el aumento de los crímenes.
«Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate», añadió Moreno.
Daniel Regalado, presidente y representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC, que cuenta en el país con 125.000 afiliados, lamentó: «A raíz de la ceguera y acto deplorable de esta persona (el homicida), están tomando medidas fuera del marco legal contra ciudadanos que no tienen nada que ver con lo sucedido».
Regalado confirmó que las redes sociales se han convertido en la plataforma de «duras reacciones contra ciudadanos venezolanos de bien» y en ese sentido pidió «que no se debe generalizar».
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
Autoridades penitenciarias de Honduras descubrieron un arsenal en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde pandilleros ocultaban armamento de guerra y equipo de vigilancia.
El hallazgo se realizó en una cocina del pabellón que era ocupado por miembros de pandillas, días después de que más de 160 reclusos de las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueran trasladados a cárceles de máxima seguridad.
Entre los objetos decomisados figuran un lanzacohetes RPG-7, dos fusiles AK-47, un fusil lanzagranadas, una pistola 9 milímetros, municiones, chalecos antibalas, gorros pasamontañas, cinco cámaras de seguridad, 40 enrutadores de internet, dinero en efectivo y drogas.
“¿Contra quién iban a pelear?”, cuestionó el coronel Ramiro Muñoz, director del Instituto Penitenciario, durante la presentación del material incautado.
Las cárceles hondureñas han sido calificadas por las propias autoridades como “bombas de tiempo”, debido al hacinamiento y su función como centros de operaciones del crimen organizado y las pandillas.
Internacionales
Brasil suspende producción en planta embotelladora de Coca-Cola por posible contaminación
El gobierno de Brasil suspendió de forma preventiva la producción y embotellamiento en una planta de la empresa Solar, segunda mayor fabricante de bebidas de Coca-Cola en el país, ubicada en el estado de Ceará (noreste), tras detectar una posible contaminación en el proceso industrial.
La medida fue anunciada por el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, quien detalló que unos nueve millones de litros de bebidas permanecen retenidos en la planta mientras se realizan análisis para determinar si hubo contacto del producto con un líquido utilizado en el sistema de refrigeración.
Fávaro aseguró que, pese a la suspensión, “no hay riesgo para la población”, ya que la refrigeración en dicha planta se realiza con etanol alimenticio y agua. No obstante, destacó que la decisión fue tomada con carácter preventivo para garantizar la seguridad del consumo.
La paralización fue ordenada la noche del martes, luego de identificarse una posible falla en el sistema que podría haber provocado una mezcla del refrigerante con el producto.
En un comunicado conjunto, Solar y Coca-Cola Brasil confirmaron la suspensión temporal de la producción y señalaron que están realizando exámenes rigurosos para garantizar la seguridad de sus bebidas.
Una vez concluidos los análisis, si se descarta la presencia de contaminantes, la empresa podrá reanudar sus operaciones y distribuir los productos retenidos, añadió el titular de Agricultura.
