Internacionales
Tribunal colombiano ordena suspender las operaciones de una brigada militar de EE.UU.
La sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado que el presidente de Colombia, Iván Duque, debe anular la autorización de las actividades de la brigada militar de EE.UU. desplegada en el país latinoamericano entre el pasado 27 de mayo y el 2 de junio.
La tutela correspondiente fue interpuesta por varios congresistas, que consideraron que la autorización del despliegue de los 53 efectivos estadounidenses debía de pasar por el Senado de la República.
El tribunal ha aclarado que se trata de una medida temporal, tomada con fin de que el gobierno de Duque en menos de 48 horas proporcione al Senado «toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad» del Ejército de EE.UU., (SFAB por sus siglas en inglés).
La reacción del Gobierno
«El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial», ha asegurado el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse el fallo.
«El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial», ha asegurado el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse el fallo.
Al mismo tiempo, señaló que esta orden judicial se impugnará con el fin de que sea revisada por el Consejo de Estado —el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia— porque, asegura, «la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere permiso del Senado de la República«.
Además, Holmes Trujillo subrayó la importancia de la cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. «El Gobierno Nacional continuará fortaleciendo esa lucha en el marco del ordenamiento jurídico vigente», concluyó.
Polémica en torno al despliegue
El anuncio del despliegue militar fue hecho el pasado 27 de mayo por la Embajada de Washington en Bogotá. Según esta oficina, se trata de una unidad especializada del Ejército de EE.UU. que tiene como objetivo «ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos». De acuerdo con la Embajada estadounidense, la acción contó con el aval del Ministerio de Defensa colombiano.
La llegada de militares estadounidenses al territorio colombiano causó reacciones cruzadas en ese país sudamericano. Así, muchos dirigentes locales criticaron que una decisión de esas características tendría que haber sido aprobada previamente por el Congreso. Así, el pasado 3 de junio, el Consejo de Estado pidió explicaciones al presidente Duque por el despliegue de la brigada del Ejército estadounidense.
La petición fue hecha a través de una carta, firmada por el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas, en la que solicitó al mandatario un «informe oficial» para aclarar el tema. Por su parte, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) señaló que la presencia de los militares de EE.UU. en Colombia «atenta contra la soberanía nacional y además es inconstitucional».
En contrapartida, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que «en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares». Más en detalle, aclaró: «Se trata de un grupo de élite, netamente de carácter consultivo y técnico».
Una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y piezas de oro y cerámica fue descubierta en una región de Panamá donde arqueólogos desarrollan excavaciones desde hace dos décadas, informó este viernes a la AFP la investigadora a cargo del proyecto.
El hallazgo tuvo lugar en El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, donde científicos y arqueólogos ya han descubierto otros vestigios de culturas prehispánicas.
Los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de «alto estatus», dijo a la AFP la arqueóloga Julia Mayo, quien detalló que la tumba fue construida «entre los años 800 y 1000 después de Cristo».
«La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo», añadió.
El cuerpo del ocupante principal «fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, los pectorales tienen representaciones de murciélagos y cocodrilos», detalló Mayo.
El sitio arqueológico de El Caño está relacionado con las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI.
Mayo señaló que en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas «similares» a la anunciada este viernes.
«Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años», indicó la investigadora.
La tumba constituye un descubrimiento de «gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano», destacó el Ministerio de Cultura en un comunicado.
Según los expertos, esta excavación demuestra que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra fase donde el estatus social continuaba teniendo relevancia.
El descubrimiento aportará nueva información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales, entre otros aspectos, apuntó el Ministerio.
El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para «la estabilidad de la nación», pero expertos advierten que excluye a muchos detenidos.
Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal.
Expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos como militares implicados en actividades «terroristas» pueden quedar fuera.
«Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares», dijo a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro. «Nos toca esperar alguna otra medida, indulto pudiera ser», lamentó a las afueras de la cárcel Rodeo I, a unos 40 km de Caracas. Varios de los detenidos allí son militares o policías, acusados de «terrorismo».
La ley «debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación», dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.
Un niño italiano que en diciembre había recibido el trasplante de un corazón con problemas falleció este sábado, en un caso que ha generado viva indignación en Italia a raíz de la presunta negligencia médica.
Domenico, de dos años, recibió un corazón que aparentemente resultó dañado durante el transporte, por haber entrado en contacto directo con hielo seco. Desde entonces, el niño se encontraba conectado a un respirador artificial en un hospital de Nápoles, en el sur de Italia.
«Se acabó. Domenico se ha ido», declaró el sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo. Además, anunció que se creará una fundación en su nombre.
El corazón del donante habría sido transportado desde Bolzano, en el norte del país, hasta Nápoles, 800 kilómetros al sur, en un contenedor inadecuado, sin un termómetro que pudiera alertar sobre la temperatura excesivamente baja.
La fiscalía local ha abierto una investigación contra seis miembros del personal médico.
Een un comunicado citado por los medios italianos, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, apuntó que el caso «ha conmocionado a toda Italia».
El ministro había expresado previamente su preocupación por que las donaciones de órganos disminuyan a raíz de este caso. También había pedido «claridad» para garantizar la confianza en los servicios médicos del país.
