Internacionales
Tribunal colombiano ordena suspender las operaciones de una brigada militar de EE.UU.
La sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado que el presidente de Colombia, Iván Duque, debe anular la autorización de las actividades de la brigada militar de EE.UU. desplegada en el país latinoamericano entre el pasado 27 de mayo y el 2 de junio.
La tutela correspondiente fue interpuesta por varios congresistas, que consideraron que la autorización del despliegue de los 53 efectivos estadounidenses debía de pasar por el Senado de la República.
El tribunal ha aclarado que se trata de una medida temporal, tomada con fin de que el gobierno de Duque en menos de 48 horas proporcione al Senado «toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad» del Ejército de EE.UU., (SFAB por sus siglas en inglés).
La reacción del Gobierno
«El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial», ha asegurado el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse el fallo.
«El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial», ha asegurado el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse el fallo.
Al mismo tiempo, señaló que esta orden judicial se impugnará con el fin de que sea revisada por el Consejo de Estado —el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia— porque, asegura, «la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere permiso del Senado de la República«.
Además, Holmes Trujillo subrayó la importancia de la cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. «El Gobierno Nacional continuará fortaleciendo esa lucha en el marco del ordenamiento jurídico vigente», concluyó.
Polémica en torno al despliegue
El anuncio del despliegue militar fue hecho el pasado 27 de mayo por la Embajada de Washington en Bogotá. Según esta oficina, se trata de una unidad especializada del Ejército de EE.UU. que tiene como objetivo «ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos». De acuerdo con la Embajada estadounidense, la acción contó con el aval del Ministerio de Defensa colombiano.
La llegada de militares estadounidenses al territorio colombiano causó reacciones cruzadas en ese país sudamericano. Así, muchos dirigentes locales criticaron que una decisión de esas características tendría que haber sido aprobada previamente por el Congreso. Así, el pasado 3 de junio, el Consejo de Estado pidió explicaciones al presidente Duque por el despliegue de la brigada del Ejército estadounidense.
La petición fue hecha a través de una carta, firmada por el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas, en la que solicitó al mandatario un «informe oficial» para aclarar el tema. Por su parte, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) señaló que la presencia de los militares de EE.UU. en Colombia «atenta contra la soberanía nacional y además es inconstitucional».
En contrapartida, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que «en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares». Más en detalle, aclaró: «Se trata de un grupo de élite, netamente de carácter consultivo y técnico».
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó ayer martes el estado de catástrofe en la localidad de Tocopilla, en el norte del país, tras registrarse un aluvión que provocó corrientes de barro por las calles de la ciudad.
Aunque todavía no existe un reporte oficial de daños, imágenes difundidas por medios locales mostraron cómo el agua inundó viviendas y arrastró varios vehículos que se encontraban en zonas empinadas de la ciudad.
Tocopilla está ubicada a 1,500 kilómetros de Santiago, en la provincia del mismo nombre, y cuenta con unos 25,000 habitantes. Se trata de una ciudad desértica poco habituada a las lluvias intensas que provocaron el desastre.
«Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe», anunció Kast en X.
La medida permitirá el despliegue del Ejército y de equipos de emergencias en la zona.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló a la prensa que resulta difícil realizar un balance de los daños, aunque consideró que, debido a la intensidad de las lluvias, es «imposible que no haya una afectación».
Chile atraviesa un invierno especialmente lluvioso. Durante los últimos dos meses, al menos 18 personas han muerto, la mayoría en julio, debido a los distintos temporales que han afectado al país.
Tocopilla también es conocida por ser la ciudad natal del futbolista chileno Alexis Sánchez, exjugador de equipos como el Barcelona y el Arsenal.
