Internacionales
Tribunal colombiano ordena suspender las operaciones de una brigada militar de EE.UU.
La sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado que el presidente de Colombia, Iván Duque, debe anular la autorización de las actividades de la brigada militar de EE.UU. desplegada en el país latinoamericano entre el pasado 27 de mayo y el 2 de junio.
La tutela correspondiente fue interpuesta por varios congresistas, que consideraron que la autorización del despliegue de los 53 efectivos estadounidenses debía de pasar por el Senado de la República.
El tribunal ha aclarado que se trata de una medida temporal, tomada con fin de que el gobierno de Duque en menos de 48 horas proporcione al Senado «toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad» del Ejército de EE.UU., (SFAB por sus siglas en inglés).
La reacción del Gobierno
«El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial», ha asegurado el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse el fallo.
«El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial», ha asegurado el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse el fallo.
Al mismo tiempo, señaló que esta orden judicial se impugnará con el fin de que sea revisada por el Consejo de Estado —el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia— porque, asegura, «la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere permiso del Senado de la República«.
Además, Holmes Trujillo subrayó la importancia de la cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. «El Gobierno Nacional continuará fortaleciendo esa lucha en el marco del ordenamiento jurídico vigente», concluyó.
Polémica en torno al despliegue
El anuncio del despliegue militar fue hecho el pasado 27 de mayo por la Embajada de Washington en Bogotá. Según esta oficina, se trata de una unidad especializada del Ejército de EE.UU. que tiene como objetivo «ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos». De acuerdo con la Embajada estadounidense, la acción contó con el aval del Ministerio de Defensa colombiano.
La llegada de militares estadounidenses al territorio colombiano causó reacciones cruzadas en ese país sudamericano. Así, muchos dirigentes locales criticaron que una decisión de esas características tendría que haber sido aprobada previamente por el Congreso. Así, el pasado 3 de junio, el Consejo de Estado pidió explicaciones al presidente Duque por el despliegue de la brigada del Ejército estadounidense.
La petición fue hecha a través de una carta, firmada por el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas, en la que solicitó al mandatario un «informe oficial» para aclarar el tema. Por su parte, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) señaló que la presencia de los militares de EE.UU. en Colombia «atenta contra la soberanía nacional y además es inconstitucional».
En contrapartida, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que «en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares». Más en detalle, aclaró: «Se trata de un grupo de élite, netamente de carácter consultivo y técnico».
A partir de este jueves, los precios de los combustibles experimentan una nueva alza en Costa Rica elevando el de las gasolinas por encima de los $6 por galón, mientras que el diésel también se acerca a esta cantidad.
El ajuste quedó oficializado este miércoles tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, e indica que desde el 7 de mayo la gasolina regular tendrá un costo de $6.20 por galón; siendo este hidrocarburo el que se comercializa por mayor precio en ese país al incrementar $0.23, respecto al mes pasado.
La gasolina superior, por su parte, se comercializará por $6.09 por galón, precio que refleja un alza intermensual de $0.27; y el diésel tendrá un valor de $5.94, y experimenta un aumento de $0.33.
Estas alzas son atribuidas al impacto internacional de la guerra que tiene lugar en Medio Oriente, y las consecuentes afectaciones por la inestabilidad en el paso por el estrecho de Ormuz, efectos que tienen incidencia en la adquisición de los productos terminados que importa la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Representantes del sector gasolinero y de transportes del país centroamericano han advertido que estas alzas impactarán directamente el costo de vida, incluyendo servicios como el transporte público y el precio de los bienes básicos.
Con los ajustes, Costa Rica se posiciona como la nación centroamericana más afectada por la escalada de precios de los hidrocarburos, mientras que El Salvador sigue siendo la que mayor contención registra con precios de máximos $4.64 para estos productos.
BTS se presentará en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo. Sheinbaum intentó promover, sin éxito, otros conciertos de la banda luego que las poco más de 135.000 entradas se vendieran en minutos y muchos quedaran frustrados por no conseguir lugar.
La reunión en el Palacio de Gobierno está prevista para las 17h00 locales (23h00 GMT) de este miércoles.
«Si viene mucha gente», dijo, «podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito de ahí para que los saluden porque pues es algo bonito y además de amistad entre Corea y México», dijo la presidenta.
«Tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse», añadió la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.
BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes, algunos incluso estudian coreano.
La presidenta envió una carta a su homólogo surcoreano para pedir que la banda abriera nuevas fechas para conciertos.
«Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos», aseguró Sheinbaum. «Gracias a él se pudo dar este encuentro», añadió.
Internacionales
Presidente de Guatemala nombra a nuevo fiscal general en reemplazo de sancionada por EE. UU.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó el martes al sucesor de la fiscal general Consuelo Porras, su mayor enemiga política y quien enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran corrupta y antidemocrática.
La salida de Porras, quien buscaba un tercer mandato, es considerada por juristas internacionales clave para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
La fiscal será reemplazada por Gabriel Estuardo García Luna, quien asumirá el 17 de mayo para un periodo de cuatro años, dijo Arévalo en un mensaje a la nación.
García Luna «no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios», sino a «servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio» de los guatemaltecos, señaló el mandatario socialdemócrata.
Porras, de 72 años, había quedado excluida del grupo de aspirantes que aprobó una comisión especial para que Arévalo escogiera al nuevo fiscal.
Y aunque hubiera integrado la baraja, el gobernante había descartado elegirla al considerarla «peligrosa» para el país.
Ampliamente cuestionada
La fiscal intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años y abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio.
Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, el bloque europeo y otra decena de países le impusieron sanciones al acusarla de entorpecer la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia.
Además, expertos de la ONU la vincularon recientemente con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil, cuando era administradora y tutora en un hogar estatal, señalamiento que ella rechaza.
Arévalo, por su parte, la acusa de operar para el «pacto de corruptos», un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales.
Porras fue condecorada recientemente por su par de El Salvador, lo que alimentó especulaciones de que podría trasladar su domicilio a ese país cuando deje el cargo.
El nuevo fiscal, de 49 años, acredita más de 20 años de experiencia en la administración de justicia y tiene una maestría en derecho penal.
Ha sido juez penal y magistrado regional, así como miembro de una junta de disciplina judicial y catedrático universitario.
Finaliza un «ciclo oscuro»
Para el exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos a raíz de causas legales abiertas por Porras, el fin de su mandato plantea la posibilidad de que «se cierre uno de los ciclos más oscuros para la justicia guatemalteca».
«No basta cambiar nombres en el Ministerio Público. Guatemala necesita una reforma profunda que garantice independencia, carrera fiscal, controles reales y el fin de la utilización política de la justicia», escribió Sandoval en X.
En tanto, el presidente de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, cercano a Porras, adelantó que «sin importar quién esté al frente» de la Fiscalía, la entidad continuará la persecución contra exfiscales y exjueces anticorrupción.
La Fundación se convirtió en querellante en varios procesos contra críticos de Porras, a quien califica como la «mejor fiscal en la historia» del país.
