Internacionales
Tribunal colombiano ordena suspender las operaciones de una brigada militar de EE.UU.
La sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado que el presidente de Colombia, Iván Duque, debe anular la autorización de las actividades de la brigada militar de EE.UU. desplegada en el país latinoamericano entre el pasado 27 de mayo y el 2 de junio.
La tutela correspondiente fue interpuesta por varios congresistas, que consideraron que la autorización del despliegue de los 53 efectivos estadounidenses debía de pasar por el Senado de la República.
El tribunal ha aclarado que se trata de una medida temporal, tomada con fin de que el gobierno de Duque en menos de 48 horas proporcione al Senado «toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad» del Ejército de EE.UU., (SFAB por sus siglas en inglés).
La reacción del Gobierno
«El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial», ha asegurado el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse el fallo.
«El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la Rama Judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial», ha asegurado el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, tras conocerse el fallo.
Al mismo tiempo, señaló que esta orden judicial se impugnará con el fin de que sea revisada por el Consejo de Estado —el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Colombia— porque, asegura, «la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere permiso del Senado de la República«.
Además, Holmes Trujillo subrayó la importancia de la cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. «El Gobierno Nacional continuará fortaleciendo esa lucha en el marco del ordenamiento jurídico vigente», concluyó.
Polémica en torno al despliegue
El anuncio del despliegue militar fue hecho el pasado 27 de mayo por la Embajada de Washington en Bogotá. Según esta oficina, se trata de una unidad especializada del Ejército de EE.UU. que tiene como objetivo «ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos». De acuerdo con la Embajada estadounidense, la acción contó con el aval del Ministerio de Defensa colombiano.
La llegada de militares estadounidenses al territorio colombiano causó reacciones cruzadas en ese país sudamericano. Así, muchos dirigentes locales criticaron que una decisión de esas características tendría que haber sido aprobada previamente por el Congreso. Así, el pasado 3 de junio, el Consejo de Estado pidió explicaciones al presidente Duque por el despliegue de la brigada del Ejército estadounidense.
La petición fue hecha a través de una carta, firmada por el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas, en la que solicitó al mandatario un «informe oficial» para aclarar el tema. Por su parte, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) señaló que la presencia de los militares de EE.UU. en Colombia «atenta contra la soberanía nacional y además es inconstitucional».
En contrapartida, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que «en ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares». Más en detalle, aclaró: «Se trata de un grupo de élite, netamente de carácter consultivo y técnico».
Ochenta y seis personas fueron detenidas por supuesta intrusión después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el recinto de una cárcel londinense en apoyo a un preso en huelga de hambre, indicó la policía británica este domingo.
El grupo «protestaba en apoyo a un prisionero de Palestine Action en huelga del hambre» el sábado y rechazó dejar el recinto de la cárcel cuando se le ordenó, escribió la policía metropolitana de Londres en X.
«Al parecer, impidieron la entrada y salida del personal penitenciario, amenazaron a los policías y algunos lograron entrar en la zona reservada al personal de un edificio de la prisión», precisó la policía. Todas las personas implicadas fueron arrestadas, añadió.
Un portavoz del Ministerio de Justicia calificó el incidente de «profundamente preocupante».
La intrusión se produjo en la prisión HMP Wormwood Scrubs, en el oeste de la capital británica, donde Muhammad Umer Jalid permanece detenido y lleva más de dos semanas en huelga de hambre, según la asociación Prisoners for Palestine.
Otros activistas han llevado a cabo huelgas de hambre en los últimos meses a la espera de ser juzgados por allanamiento y actos de vandalismo cometidos en nombre de la organización Palestine Action, antes de que esta fuera prohibida en Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista. Jalid y los demás niegan estas acusaciones y piden que se retiren.
China y Canadá alcanzaron acuerdos específicos para abordar debidamente asuntos comerciales relacionados con vehículos eléctricos, productos de acero y aluminio, canola, y productos agrícolas y acuáticos, según el Ministerio de Comercio de China.
Para implementar los importantes consensos alcanzados por los líderes de China y Canadá, ambas partes sostuvieron recientemente varias rondas de intensas consultas a diversos niveles, enfocadas en asuntos económicos y comerciales clave de preocupación mutua, indicó el ministerio en una declaración.
Las dos partes alcanzaron consensos positivos sobre incrementar los vuelos directos, mejorar el entorno de negocios y la inspección y cuarentena de productos agrícolas, destaca el documento.
Durante la visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, ambos países firmaron una hoja de ruta de cooperación económica y comercial, lo que constituye un logro importante en el marco de la nueva asociación estratégica entre China y Canadá, declaró un funcionario del ministerio en el comunicado.
China y Canadá deberían ser socios con un respeto mutuo, desarrollo común, confianza y colaboración, afirmó el presidente chino, Xi Jinping.
Ambas partes acordaron fortalecer el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China-Canadá y ampliar integralmente la cooperación económica y comercial pragmática en todos los ámbitos. También alcanzaron un consenso positivo sobre la cooperación en marcos multilaterales y regionales, según la hoja de ruta.
Canadá realizará ajustes positivos a sus medidas unilaterales contra los vehículos eléctricos chinos, así como contra los productos de acero y aluminio, y también en casos específicos relacionados con la inversión y operación de empresas chinas en el país, de acuerdo con la misma fuente.
China ha tomado nota de la reciente declaración de Canadá de que permitirá la entrada de un cupo anual de 49,000 vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense con el arancel de nación más favorecido del 6.1 %, eximiéndolos del impuesto adicional del 100 % aplicado en 2024, manifestó el funcionario.
Considerando dicha declaración como «un paso positivo en la dirección correcta y una buena noticia para las empresas chinas de vehículos eléctricos que exploran el mercado canadiense», el funcionario afirmó que China espera que Canadá cumpla activamente sus compromisos y continúe trabajando con China para crear un entorno justo, estable y no discriminatorio que permita ampliar aún más la cooperación comercial y de inversión en el sector de los vehículos eléctricos mediante consultas amistosas.
China también ajustará sus medidas «antidumping» sobre la colza y las medidas antidiscriminatorias con respecto a ciertas importaciones agrícolas y acuáticas canadienses, de conformidad con la normativa pertinente. Se espera que estos acuerdos impulsen la cooperación industrial bilateral y beneficien a los pueblos de ambas naciones, afirmó el funcionario. Las dos partes aprovecharán plenamente el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China Canadá para seguir aumentando la cooperación, resolver problemas, gestionar las diferencias y promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales China-Canadá, añadió la entidad.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó el sábado a «alcanzar acuerdos» con la oposición para lograr la «paz» en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso al mandatario Nicolás Maduro.
Antes vicepresidenta de Maduro, Rodríguez asumió funciones de forma temporal luego de la captura del izquierdista el 3 de enero en un ataque militar que dejó cerca de un centenar de muertos.
La mandataria dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington, al tiempo que se comprometió a liberar un «número importante» de presos políticos.
«No puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela», dijo Rodríguez desde el costero estado La Guaira a la televisora estatal VTV.
«Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos», agregó.
La víspera, la presidenta pidió al jefe del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, un encuentro con los diferentes sectores políticos en el país con «resultados concretos, inmediatos».
«Que sea un diálogo político venezolano donde no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington ni desde Bogotá o Madrid, un dialogo político nacionalizado (…) que sea por el bien común de Venezuela», dijo el viernes.
Su gobierno asegura haber llevado a cabo un total de 626 excarcelaciones desde diciembre, aunque la cifra contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas, contabiliza 269 en el mismo periodo.
Más de 700 personas siguen detenidas por motivos políticos, según esa organización.
Los familiares, en tanto, denuncian un proceso a cuentagotas desde el 8 de enero, cuando se anunció oficialmente un «número importante» de liberaciones.
Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal. Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas.
Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.
