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Tres claves para entender la victoria de Claudia Sheinbaum en México
Claudia Sheinbaum, una científica dedicada a la política, se convirtió el domingo en la primera presidenta de la historia de México con una aplastante votación que asegura la continuidad de la izquierda al frente de la segunda economía de Latinoamérica.
Sheinbaum, de 61 años, sucederá desde el 1 de octubre al mandatario Andrés Manuel López Obrador, cuya aprobación ronda 66% en gran parte debido a su carisma y a la entrega de millonarias ayudas directas para jóvenes, adultos mayores y discapacitados.
Aquí tres claves de la victoria de la exalcaldesa de Ciudad de México, que sacó unos 32 puntos de ventaja a la centroderechista Xóchitl Gálvez, según el conteo rápido oficial.
Candidata sólida
Combativa activista estudiantil, académica galardonada y con un probado récord como funcionaria electa para afrontar crisis mayúsculas -desde el desplome de una línea de metro hasta la pandemia-, Sheinbaum ha demostrado solidez.
Simpatizantes y críticos reconocen su inteligencia, y subrayan una trayectoria congruente en la defensa de ideales de izquierda que hoy conforman el proyecto político de López Obrador.
El triunfo de Sheinbaum puede atribuirse «a su compromiso con temas populares como la energía renovable y la educación, y a su experiencia al frente del gobierno de Ciudad de México», opina Michael Shifter, investigador del centro de análisis Diálogo Interamericano.
El peso de López Obrador
Sheinbaum no se cansó de repetir que mantendría el camino trazado por el presidente saliente.
«Era un mensaje fácil de entender, contundente, que a fuerza de repetición y disciplina realmente logró penetrar», señala el académico Carlos Bravo Regidor.
Se benefició asimismo de la amplia red nacional de su partido Morena y tuvo el apoyo de la maquinaria del Estado.
«Desde la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Morena se ha convertido probablemente en el modelo de partido más exitoso a nivel nacional», dice Gustavo Urbina, académico del Colegio de México.
EL PRI gobernó México de forma ininterrumpida durante siete décadas, hasta el año 2000.
Pero es prematuro hablar de una nueva hegemonía partidista. Fundado en 2014, Morena es un partido joven con pocas elecciones en su historial, donde la disciplina militante se basa en la lealtad a AMLO, como es conocido por sus iniciales.
«El presidente sigue cumpliendo una función simbólica, moral y de toma de decisiones que es fundamental. Habrá que ver cómo cambia este esquema ahora que pasemos a la figura de Claudia», señala Urbina.
Shifter destaca además el peso de AMLO en la nominación de Sheinbaum como candidata, que, si bien ganó una consulta interna del partido, fue vista siempre como la favorita del mandatario.
«Los partidarios de AMLO confían en su criterio y se han unido para apoyar a su sucesora», subraya.
Una oposición desacreditada
El desprestigio de los partidos tradicionales que conforman la coalición opositora -el centrista PRI, el derechista PAN y el izquierdista PRD- actuó como estímulo para los votantes de Sheinbaum y socavó los esfuerzos de Xóchitl Gálvez.
«Tienen muy mala reputación, los electores mexicanos los asocian con atributos negativos y creo que ese fue un fardo que detuvo mucho el potencial crecimiento de Xóchitl», apunta Bravo Regidor.
En contraste, Morena, partido del que tanto AMLO como Sheinbaum son fundadores, es visto por los votantes como «relativamente nuevo y diferente», y se le asocia con aspectos positivos, añade.
Pero el pecado mortal de la oposición ha sido no reparar en la «inconformidad real, vigente y genuina» de muchos mexicanos, señala el escritor y analista Jorge Zepeda Patterson.
«El gran error de la oposición en este sexenio fue creer que podían recuperar el poder simplemente desengañando, mostrando la demagogia» o ineficiencia de López Obrador para atender problemas como la violencia o el acceso a la salud, explica.
Ante esos cuestionamientos «la gente dirá, ‘a lo mejor, pero por lo menos lo está intentado’ mientras los partidos tradicionales «ni siquiera lo intentan’», plantea Zepeda Patterson.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
