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TESTIMONIO| “Mal comemos y aguantamos”, la dura realidad en la que sobreviven los vendedores ambulantes
Óscar Vives ha sido un vendedor ambulante durante 33 años, desde que tenía 17. Por más que hace memoria, por más que hurga en los sinsabores de esta actividad que en los últimos meses perdió más de ocho millones de empleos, nunca vivió algo similar sobre la reducción de sus ganancias.
—Simple y sencillamente no hay ventas —advierte en entrevista con este diario mientras guarda uno a uno en su camioneta los 10 pollos que sobraron de la oferta del día.
Con base en sus cuentas de buen marchante, de la matemática básica y dura de la calle, Oscar Vives, de 48 años, calcula que las compras de pollo disminuyeron un 60% en los cinco tianguis (mercados ambulantes) en los que participa en la ciudad de México por miedo a la pandemia y a pesar de que la capital mexicana pasó del semáforo rojo al naranja.
La familia esperó tres meses hasta que los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares pudieron volver a operar el pasado jueves 2 de julio. Los Vives (esposos y dos hijas) sobrevivieron a base de sus ahorros, de dejar de comprar ropa y zapatos y de comer prácticamente pollo todos los días. Un día pechuga asada; otro, muslos y el encuentros entomatados; alitas picantes; huacales en chile guajillo y así, pero… ¡De todos modos cansa!
Por eso les hacía ilusión volver a trabajar para poder comprar, al menos carne de res algún día a la semana. No contaban con que el covid-19, además de meter a medio mundo en casa, metió mucho miedo al contacto físico porque aún con todas las precauciones, el coronavirus esta ahí, sin una vacuna para frenarlo.
Las restricciones oficiales tampoco ayudan mucho: la instalación de puesto deberá respetar una distancia mínima de 1.5 metros, a su izquierda derecha, hacia el frente y hacia atrás y, sino es posible esto deben instalar separadores físicos como plásticos y acrílicos.
Además, los vendedores ambulantes sólo pueden operar hasta las 4:00 de la tarde y los compradores no pueden andar “tanteando” los productos, sólo el vendedor, algo que encanta hacer a los clientes de este tipo de comercios. Los locatarios, diableros y choferes deben usar cubrebocas, caretas y guantes desechables lo que da una imagen apocalíptica.
“Es necesario pero asusta”, dice Oscar Vives.
Dos familiares ignoraron estas medidas justamente porque les parecían exageradas y ridículas y el resultado fue mortal. Eran dos hombres sanos y fuertes, de 24 y 27 años, con dos niños pequeños, que hoy están huérfanos de padre.
“La vida del tianguista es dura, apenas comemos cualquier cosa por atender los puestos y mis sobrinos estaban tan desnutridos que no resistieron la enfermedad”.
Los esposos Vives hacen lo que tengan que hacer para mantener el negocio a flote mientras las hijas estudian a distancia, una para abogada y la otra para ciencias políticas. Entonces usan mascarillas, recogen su puesto temprano y esperan por tiempos mejores, comiendo lo mismo, trabajando sólo para la gasolina y los permisos oficiales que hacen las veces de impuestos.
“El gobierno prometió que iba a darnos un apoyo, pero no lo hemos visto, nos dan largas y, al final de cuentas, estamos solos”.
Del total de los 12 millones de empleos que se perdieron por la pandemia y que reconoció en días recientes el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, más de ocho millones eran del comercio informal, o sea, que de los 30.9 millones de personas que a principio de año estaban en el ambulantaje, quedan poco más de 22 millones y no precisamente en las mejores condiciones.
Los Vives han pensado en lleva domicilio, pero los pedidos son escasos. Han pensado en crear una aplicación o subcontratar a alguna que ya los haga como Rappi hasta que caen en cuenta que su pequeña vivienda no tiene espacio para almacenar un producto perecedero como es el pollo. “Estamos atrapados en un esquema de ventas que cambió”.
El gobierno no ha explicado el retraso de “las ayudas” prometidas al sector y lo cierto es que está también se encuentra en apuros. Al cierre del primer semestre del año, sus ingresos por recaudación fiscal cayeron 3.7% (que se traducen en millones de dólares) y la deuda se disparó en el primer semestre de 2020 hasta superar el 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) por el incremento del precio de los dólares.
Atrapados
México dejó a los estados tomar las decisiones de apertura económica frente al COVID-19 según sus criterios como federación. Por ello, los ambulantes dependen de los criterios de cada entidad para que se les permita salir a las calles o no.
En el estado de Michoacán, por ejemplo, aún están restringidos; en otros, aunque están autorizados, las zonas donde anteriormente hacían sus ventas están cerradas y el drama es el mismo: una caída estrepitosa del comercio. En Coahuila, los ambulantes de Saltillo reportaron la semana pasada una baja de hasta el 70%.
Los comerciantes informales de Puebla —una de las más ciudades con mayor contagio del país— reportaron que, mientras sigan cerradas las escuelas, será imposible recuperase.
Alfredo Benítez, un vendedor de jugos que es parte del Frente de Organizaciones Ciudadanas en Movimiento, una organización popular de defensa del ambulantaje, reportó que en mayo, cuando se hablaba mucho del regreso a la normalidad pensaban que sería un retorno optimista. “La nueva normalidad es atole con el dedo porque no hay clientes”.
Más al centro del país, mientras guarda los mangos marchitos que se quedaron sobre la mesa porque no hubo postor, Patricia Benítez, coincide en que esta etapa es de resistencia. Y en eso se le van los días.
Ella había sido parte del desempleo del comercio informal porque se subcontrataba en un puesto de tortas cuyo dueño no se tocó el corazón para echara apenas se complicaron las cosas. Tampoco es fácil tener un puesto en el tianguis: hay que pagar a los líderes, a veces hasta 5,000 dólares por un permiso y eso es mucho dinero.
Por suerte para Patricia Benítez, su suegro, quien desde hacía décadas se había hecho de un espacio para vender frutas y verduras, decidió retirarse a esperar a que pasara la cuarentena porque ya roza los 70 y tiene diabetes. Así empezaron otras complicaciones para ella porque aunque tenía el permiso, el producto se echaba a perder pronto.
—Cuando las ventas bajan ya no tienes dinero para comprar más— observa. — No me quedó más que pedir dinero prestado.
Foto: Cortesía
Rusia lanzó una andanada de misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev, por segunda vez en una semana, dejando al menos 22 muertos, en la antesala de una cumbre de la OTAN en Turquía.
El ataque ocurre pocos días después de otro bombardeo en la capital ucraniana que dejó más de 30 fallecidos. En esta ocasión, el impacto de los proyectiles abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos, arrancando sus plantas superiores y partiendo el edificio en dos.
Durante la noche, periodistas de la AFP en Kiev reportaron más de diez explosiones en medio de una alerta por misiles balísticos. Uno de los impactos afectó el edificio donde reside Anna Misko, de 36 años, en el barrio de Pozniaki, al este de la capital.
“Tengo un hijo y siempre bajamos a la planta baja”, relató la mujer, quien afirmó haber sobrevivido por milagro, ya que los primeros pisos del edificio quedaron destruidos.
El ataque, el segundo consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos —considerados difíciles de interceptar— llevó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a reiterar su pedido de más sistemas de defensa aérea, en particular misiles Patriot de fabricación estadounidense.
Zelenski instó a sus aliados a adoptar “decisiones firmes” en apoyo a la defensa aérea de Ucrania, en vísperas de la cumbre de la OTAN que inicia este martes en Ankara, donde se prevé que el mandatario ucraniano sostenga conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea”, escribió Zelenski en redes sociales.
Las autoridades ucranianas informaron que los ataques nocturnos dejaron al menos 15 muertos en Kiev y siete en la ciudad de Vyshneve, cercana a la capital, además de decenas de heridos.
Un periodista de la AFP observó cómo equipos de rescate recuperaban el cuerpo de una víctima en el octavo piso de un edificio residencial en Kiev, mientras se escuchaban gritos de una mujer en el lugar.
Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 68 misiles y 351 drones durante el ataque.
En el distrito norte de Podilski, residentes describieron escenas de destrucción tras las explosiones.
“A la 01H30 de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más”, relató Oleksandr Bakhlukov, de 68 años. “Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento”, añadió.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber ejecutado un “ataque masivo” con misiles y drones contra “empresas del complejo militar-industrial” e instalaciones energéticas en distintas regiones de Ucrania.
Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas lograron derribar drones y misiles de crucero, aunque advirtió que el país cuenta con “un suministro insuficiente de misiles interceptores” para neutralizar proyectiles balísticos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el ataque evidencia la necesidad urgente de reforzar la defensa aérea de Ucrania, tema que será abordado en la reunión de la OTAN.
En paralelo, el ejército ruso informó haber derribado más de 500 drones ucranianos durante la misma noche, mientras que Ucrania reivindicó un ataque contra la refinería de Omsk, en Siberia, a unos 2.500 kilómetros de su frontera, una de las más grandes del país y la más lejana alcanzada por Kiev desde el inicio de la guerra.
El gobernador de la región, Vitali Khotsenko, confirmó el ataque a través de Telegram y señaló que no se registraron víctimas.
Desde el inicio de la invasión en 2022, Rusia ha lanzado de forma recurrente ataques con misiles y drones contra ciudades ucranianas, en un conflicto considerado el más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Un nuevo corte eléctrico generalizado afecta este lunes a Cuba, el tercero registrado en los últimos seis meses, según informó la compañía eléctrica estatal en un contexto de profunda crisis energética que atraviesa la isla.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) comunicó a través de la red social X que se investigan las causas de la “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, que impacta a toda la isla, con una población de 9,6 millones de habitantes.
Las autoridades señalaron que el sistema eléctrico cubano enfrenta un fuerte deterioro debido al envejecimiento de su infraestructura, sumado a las restricciones derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero. Esta situación ha provocado apagones diarios de hasta 24 horas en la capital, mientras que en otras zonas del país pueden extenderse por más de 70 horas.
Cuba atraviesa además una severa crisis económica caracterizada por escasez de alimentos, medicinas y una elevada inflación, lo que se suma a los frecuentes apagones parciales registrados en los últimos meses. El corte de este lunes constituye el tercer apagón general en medio año y el octavo desde finales de 2024.
Desde enero, Washington solo ha autorizado la entrada de un petrolero ruso a la isla, con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo.
La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas con más de 40 años de operación, las cuales presentan fallas frecuentes o requieren mantenimiento constante. A ello se suma una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.
En un intento por reducir la dependencia del petróleo y enfrentar la crisis energética, el gobierno cubano ha impulsado inversiones en energía solar con apoyo de países como China.
Entre 2025 y comienzos de 2026, se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos en la isla, los cuales generan más de 1.000 megavatios, lo que representa aproximadamente el 10 % de la producción total de electricidad del país. A finales de 2024, esa cifra era del 3 %, mientras que las autoridades proyectan alcanzar el 15 % para finales de 2026.
El movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes la disolución del organismo que gobernó la Franja de Gaza durante casi dos décadas, una medida que allana el camino para que un comité de tecnócratas asuma la administración del territorio.
La decisión representa un cambio político significativo para el movimiento, que tomó el control del enclave en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.
Desde la entrada en vigor del cese al fuego entre Israel y Hamás en octubre, el grupo islamista ha reiterado su disposición a ceder el poder en Gaza a otra dirección palestina, aunque persisten asuntos pendientes como el desarme del movimiento.
De acuerdo con declaraciones a la AFP del jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás, Ismail al Thawabta, el jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, presentó su renuncia oficial y se decidió disolver dicho comité para facilitar la transición administrativa hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).
El NCAG, con sede en El Cairo, fue creado por la denominada “Junta de Paz”, establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las negociaciones que condujeron al alto el fuego entre Hamás e Israel.
Aunque se han planteado diversos escenarios para el futuro del territorio, la implementación en el terreno se mantiene estancada.
Uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo el desarme de Hamás, posibilidad que el movimiento vincula a una iniciativa política palestina, mientras que Israel se opone a esta condición.
El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, afirmó a la AFP que la decisión de renunciar a la administración de la Franja busca “privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio”.
Asimismo, un alto cargo del movimiento, que pidió el anonimato, señaló que la decisión fue comunicada a otras facciones palestinas durante una reunión reciente en El Cairo, y aseguró que estas la habrían aprobado.
El presidente del NCAG, Ali Shaath, escribió en la red social X que el organismo está preparado para asumir sus responsabilidades “tan pronto como estén disponibles los recursos y capacidades necesarios”. La “Junta de Paz” reiteró, por su parte, que el principio fundamental del proceso es la concentración de todas las armas bajo el control del NCAG.
El politólogo Mkhaimar Abusada calificó la medida como principalmente “simbólica”, al señalar que el principal obstáculo sigue siendo la aceptación del desarme de Hamás.
La primera fase del alto el fuego permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos por Hamás, a cambio de palestinos encarcelados en Israel. Sin embargo, el paso a la segunda fase, que contemplaba el desarme del movimiento y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, permanece estancado, mientras Israel ha reforzado su presencia en el territorio.
Israel ha descartado el regreso de Hamás al poder y, al mismo tiempo, se opone a que la Autoridad Palestina asuma el control.
En paralelo, Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad del movimiento, al menos 1,072 palestinos han muerto desde la entrada en vigor de la tregua, cifras que la ONU considera fiables. El ejército israelí, por su parte, reporta seis bajas en el mismo periodo, entre ellas cinco soldados y un contratista.
