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TESTIMONIO| “Mal comemos y aguantamos”, la dura realidad en la que sobreviven los vendedores ambulantes
Óscar Vives ha sido un vendedor ambulante durante 33 años, desde que tenía 17. Por más que hace memoria, por más que hurga en los sinsabores de esta actividad que en los últimos meses perdió más de ocho millones de empleos, nunca vivió algo similar sobre la reducción de sus ganancias.
—Simple y sencillamente no hay ventas —advierte en entrevista con este diario mientras guarda uno a uno en su camioneta los 10 pollos que sobraron de la oferta del día.
Con base en sus cuentas de buen marchante, de la matemática básica y dura de la calle, Oscar Vives, de 48 años, calcula que las compras de pollo disminuyeron un 60% en los cinco tianguis (mercados ambulantes) en los que participa en la ciudad de México por miedo a la pandemia y a pesar de que la capital mexicana pasó del semáforo rojo al naranja.
La familia esperó tres meses hasta que los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares pudieron volver a operar el pasado jueves 2 de julio. Los Vives (esposos y dos hijas) sobrevivieron a base de sus ahorros, de dejar de comprar ropa y zapatos y de comer prácticamente pollo todos los días. Un día pechuga asada; otro, muslos y el encuentros entomatados; alitas picantes; huacales en chile guajillo y así, pero… ¡De todos modos cansa!
Por eso les hacía ilusión volver a trabajar para poder comprar, al menos carne de res algún día a la semana. No contaban con que el covid-19, además de meter a medio mundo en casa, metió mucho miedo al contacto físico porque aún con todas las precauciones, el coronavirus esta ahí, sin una vacuna para frenarlo.
Las restricciones oficiales tampoco ayudan mucho: la instalación de puesto deberá respetar una distancia mínima de 1.5 metros, a su izquierda derecha, hacia el frente y hacia atrás y, sino es posible esto deben instalar separadores físicos como plásticos y acrílicos.
Además, los vendedores ambulantes sólo pueden operar hasta las 4:00 de la tarde y los compradores no pueden andar “tanteando” los productos, sólo el vendedor, algo que encanta hacer a los clientes de este tipo de comercios. Los locatarios, diableros y choferes deben usar cubrebocas, caretas y guantes desechables lo que da una imagen apocalíptica.
“Es necesario pero asusta”, dice Oscar Vives.
Dos familiares ignoraron estas medidas justamente porque les parecían exageradas y ridículas y el resultado fue mortal. Eran dos hombres sanos y fuertes, de 24 y 27 años, con dos niños pequeños, que hoy están huérfanos de padre.
“La vida del tianguista es dura, apenas comemos cualquier cosa por atender los puestos y mis sobrinos estaban tan desnutridos que no resistieron la enfermedad”.
Los esposos Vives hacen lo que tengan que hacer para mantener el negocio a flote mientras las hijas estudian a distancia, una para abogada y la otra para ciencias políticas. Entonces usan mascarillas, recogen su puesto temprano y esperan por tiempos mejores, comiendo lo mismo, trabajando sólo para la gasolina y los permisos oficiales que hacen las veces de impuestos.
“El gobierno prometió que iba a darnos un apoyo, pero no lo hemos visto, nos dan largas y, al final de cuentas, estamos solos”.
Del total de los 12 millones de empleos que se perdieron por la pandemia y que reconoció en días recientes el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, más de ocho millones eran del comercio informal, o sea, que de los 30.9 millones de personas que a principio de año estaban en el ambulantaje, quedan poco más de 22 millones y no precisamente en las mejores condiciones.
Los Vives han pensado en lleva domicilio, pero los pedidos son escasos. Han pensado en crear una aplicación o subcontratar a alguna que ya los haga como Rappi hasta que caen en cuenta que su pequeña vivienda no tiene espacio para almacenar un producto perecedero como es el pollo. “Estamos atrapados en un esquema de ventas que cambió”.
El gobierno no ha explicado el retraso de “las ayudas” prometidas al sector y lo cierto es que está también se encuentra en apuros. Al cierre del primer semestre del año, sus ingresos por recaudación fiscal cayeron 3.7% (que se traducen en millones de dólares) y la deuda se disparó en el primer semestre de 2020 hasta superar el 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) por el incremento del precio de los dólares.
Atrapados
México dejó a los estados tomar las decisiones de apertura económica frente al COVID-19 según sus criterios como federación. Por ello, los ambulantes dependen de los criterios de cada entidad para que se les permita salir a las calles o no.
En el estado de Michoacán, por ejemplo, aún están restringidos; en otros, aunque están autorizados, las zonas donde anteriormente hacían sus ventas están cerradas y el drama es el mismo: una caída estrepitosa del comercio. En Coahuila, los ambulantes de Saltillo reportaron la semana pasada una baja de hasta el 70%.
Los comerciantes informales de Puebla —una de las más ciudades con mayor contagio del país— reportaron que, mientras sigan cerradas las escuelas, será imposible recuperase.
Alfredo Benítez, un vendedor de jugos que es parte del Frente de Organizaciones Ciudadanas en Movimiento, una organización popular de defensa del ambulantaje, reportó que en mayo, cuando se hablaba mucho del regreso a la normalidad pensaban que sería un retorno optimista. “La nueva normalidad es atole con el dedo porque no hay clientes”.
Más al centro del país, mientras guarda los mangos marchitos que se quedaron sobre la mesa porque no hubo postor, Patricia Benítez, coincide en que esta etapa es de resistencia. Y en eso se le van los días.
Ella había sido parte del desempleo del comercio informal porque se subcontrataba en un puesto de tortas cuyo dueño no se tocó el corazón para echara apenas se complicaron las cosas. Tampoco es fácil tener un puesto en el tianguis: hay que pagar a los líderes, a veces hasta 5,000 dólares por un permiso y eso es mucho dinero.
Por suerte para Patricia Benítez, su suegro, quien desde hacía décadas se había hecho de un espacio para vender frutas y verduras, decidió retirarse a esperar a que pasara la cuarentena porque ya roza los 70 y tiene diabetes. Así empezaron otras complicaciones para ella porque aunque tenía el permiso, el producto se echaba a perder pronto.
—Cuando las ventas bajan ya no tienes dinero para comprar más— observa. — No me quedó más que pedir dinero prestado.
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
