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Internacionales

TESTIMONIO| “Mal comemos y aguantamos”, la dura realidad en la que sobreviven los vendedores ambulantes

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Óscar Vives ha sido un vendedor ambulante durante 33 años, desde que tenía 17. Por más que hace memoria, por más que hurga en los sinsabores de esta actividad que en los últimos meses perdió más de ocho millones de empleos, nunca vivió algo similar sobre la reducción de sus ganancias.

—Simple y sencillamente no hay ventas —advierte en entrevista con este diario mientras guarda uno a uno en su camioneta los 10 pollos que sobraron de la oferta del día.

Con base en sus cuentas de buen marchante, de la matemática básica y dura de la calle, Oscar Vives, de 48 años, calcula que las compras de pollo disminuyeron un 60% en  los cinco tianguis (mercados ambulantes) en los que participa en la ciudad de México por miedo a la pandemia y a pesar de que la capital mexicana pasó del semáforo rojo al naranja.

La familia esperó tres meses hasta que los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares pudieron volver a operar el pasado jueves 2 de julio. Los Vives (esposos y dos hijas) sobrevivieron a base de sus ahorros, de dejar de comprar ropa y zapatos y de comer prácticamente pollo todos los días. Un día pechuga asada; otro, muslos y el encuentros entomatados; alitas picantes; huacales en chile guajillo y  así, pero… ¡De todos modos cansa!

Por eso les hacía ilusión volver a trabajar para poder comprar, al menos carne de res algún día a la semana. No contaban con que el covid-19, además de meter a medio mundo en casa, metió mucho  miedo al contacto físico porque aún con todas las precauciones, el coronavirus  esta ahí, sin una vacuna para frenarlo.

Las restricciones oficiales tampoco ayudan mucho: la instalación de puesto deberá respetar una distancia mínima de 1.5 metros, a su izquierda  derecha, hacia el frente y hacia atrás y, sino es posible esto deben instalar separadores físicos como plásticos y acrílicos.

Además, los vendedores ambulantes sólo pueden operar hasta las 4:00 de la tarde y los compradores no pueden andar “tanteando” los productos, sólo el vendedor, algo que encanta hacer a los clientes de este tipo de comercios. Los locatarios, diableros y choferes deben usar cubrebocas, caretas y guantes desechables lo que da una imagen apocalíptica.

Mercado ambulante en la calle de Campeche, en el municipio de Cuauhtémoc, CDMX.

“Es necesario pero asusta”, dice Oscar Vives.

Dos familiares ignoraron estas medidas justamente porque les parecían exageradas y ridículas y el resultado fue mortal. Eran dos hombres sanos y fuertes, de 24 y 27 años, con dos niños pequeños, que hoy están huérfanos de padre.

“La vida del tianguista es dura, apenas comemos cualquier cosa por atender los puestos y mis sobrinos estaban tan desnutridos que no resistieron la enfermedad”.

Los esposos Vives hacen lo que tengan que hacer para mantener el negocio a flote mientras las hijas estudian a distancia, una para abogada y la otra para ciencias políticas. Entonces usan mascarillas, recogen su puesto temprano y esperan por tiempos mejores, comiendo lo mismo, trabajando sólo  para la gasolina y los permisos oficiales que hacen las veces de impuestos.

“El gobierno prometió que iba a darnos un apoyo, pero no lo hemos visto, nos dan largas y, al final de cuentas, estamos solos”.

Del total de los 12 millones de empleos que se perdieron por la pandemia y que reconoció en días recientes el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, más de ocho millones eran del comercio informal, o sea, que de los 30.9 millones de personas que a principio de año estaban en el ambulantaje, quedan poco más de 22 millones y no precisamente en las mejores condiciones.

Los  Vives han pensado en lleva  domicilio, pero los pedidos son escasos. Han pensado en crear una aplicación o subcontratar a alguna que ya los haga como Rappi hasta que caen en cuenta que su pequeña vivienda no tiene espacio para almacenar un producto perecedero como es el pollo. “Estamos atrapados en un esquema de ventas que cambió”.

El gobierno no ha explicado el retraso de “las ayudas” prometidas al sector y lo cierto es que está también se encuentra en  apuros. Al cierre del primer semestre del año, sus ingresos por recaudación fiscal cayeron  3.7% (que se traducen en millones de dólares) y la deuda se disparó en el primer semestre de 2020 hasta superar el 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) por el incremento del precio de los dólares.

Atrapados

México dejó a los estados tomar las decisiones de apertura económica frente al COVID-19 según sus criterios como federación. Por ello, los ambulantes dependen de los criterios de cada entidad para que se les permita salir a las calles o no.

En el estado de  Michoacán, por ejemplo, aún están restringidos; en otros, aunque están autorizados, las zonas donde anteriormente hacían sus ventas están cerradas y el drama es el mismo: una caída estrepitosa del comercio. En Coahuila, los ambulantes de Saltillo reportaron la semana pasada una baja de hasta el 70%.

Los comerciantes informales de Puebla —una de las más ciudades con mayor contagio del país— reportaron que, mientras sigan cerradas las escuelas, será imposible recuperase.

Alfredo Benítez, un vendedor de jugos que es parte del Frente de Organizaciones Ciudadanas en Movimiento, una organización popular de defensa del ambulantaje, reportó que en mayo, cuando se hablaba mucho del  regreso a la normalidad pensaban que sería un retorno optimista. “La nueva normalidad es atole con el dedo porque no hay clientes”.

Más al centro del país, mientras guarda los mangos marchitos que se quedaron sobre la mesa porque no hubo postor, Patricia Benítez, coincide en que esta etapa es de resistencia. Y en eso se le van los días.

Ella había sido parte del desempleo del comercio informal porque se subcontrataba en un puesto de tortas cuyo dueño no se tocó el corazón para echara apenas se complicaron las cosas. Tampoco es fácil tener un puesto en el tianguis: hay que pagar a los  líderes, a  veces hasta 5,000 dólares  por  un permiso y eso es mucho dinero.

Por suerte para Patricia Benítez, su suegro, quien desde hacía décadas se había hecho de un espacio para vender frutas y verduras, decidió retirarse a esperar a que pasara la cuarentena porque ya roza los 70 y tiene diabetes. Así empezaron otras complicaciones para ella porque aunque tenía el permiso, el producto se echaba a perder pronto.

Patricia Benítez.
Patricia Benítez.

—Cuando las ventas bajan ya no tienes dinero para comprar más— observa. — No me quedó más que pedir dinero prestado.

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Hallan muertos a tres adolescentes que viajaron a Tijuana por una oferta laboral

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La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.

Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.

De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.

Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.

La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.

Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.

El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Papa León XIV celebra el acuerdo EE. UU.-Irán y pide diálogo en Ucrania

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El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».

Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.

«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.

Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.

La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.

El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.

«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.

Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.

«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.

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Afganistán prohíbe el uso del smartphone a los empleados públicos

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Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.

De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.

«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.

La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.

El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.

La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.

Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.

«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.

Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.

El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.

Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.

Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.

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