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TESTIMONIO| “Mal comemos y aguantamos”, la dura realidad en la que sobreviven los vendedores ambulantes
Óscar Vives ha sido un vendedor ambulante durante 33 años, desde que tenía 17. Por más que hace memoria, por más que hurga en los sinsabores de esta actividad que en los últimos meses perdió más de ocho millones de empleos, nunca vivió algo similar sobre la reducción de sus ganancias.
—Simple y sencillamente no hay ventas —advierte en entrevista con este diario mientras guarda uno a uno en su camioneta los 10 pollos que sobraron de la oferta del día.
Con base en sus cuentas de buen marchante, de la matemática básica y dura de la calle, Oscar Vives, de 48 años, calcula que las compras de pollo disminuyeron un 60% en los cinco tianguis (mercados ambulantes) en los que participa en la ciudad de México por miedo a la pandemia y a pesar de que la capital mexicana pasó del semáforo rojo al naranja.
La familia esperó tres meses hasta que los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares pudieron volver a operar el pasado jueves 2 de julio. Los Vives (esposos y dos hijas) sobrevivieron a base de sus ahorros, de dejar de comprar ropa y zapatos y de comer prácticamente pollo todos los días. Un día pechuga asada; otro, muslos y el encuentros entomatados; alitas picantes; huacales en chile guajillo y así, pero… ¡De todos modos cansa!
Por eso les hacía ilusión volver a trabajar para poder comprar, al menos carne de res algún día a la semana. No contaban con que el covid-19, además de meter a medio mundo en casa, metió mucho miedo al contacto físico porque aún con todas las precauciones, el coronavirus esta ahí, sin una vacuna para frenarlo.
Las restricciones oficiales tampoco ayudan mucho: la instalación de puesto deberá respetar una distancia mínima de 1.5 metros, a su izquierda derecha, hacia el frente y hacia atrás y, sino es posible esto deben instalar separadores físicos como plásticos y acrílicos.
Además, los vendedores ambulantes sólo pueden operar hasta las 4:00 de la tarde y los compradores no pueden andar “tanteando” los productos, sólo el vendedor, algo que encanta hacer a los clientes de este tipo de comercios. Los locatarios, diableros y choferes deben usar cubrebocas, caretas y guantes desechables lo que da una imagen apocalíptica.
“Es necesario pero asusta”, dice Oscar Vives.
Dos familiares ignoraron estas medidas justamente porque les parecían exageradas y ridículas y el resultado fue mortal. Eran dos hombres sanos y fuertes, de 24 y 27 años, con dos niños pequeños, que hoy están huérfanos de padre.
“La vida del tianguista es dura, apenas comemos cualquier cosa por atender los puestos y mis sobrinos estaban tan desnutridos que no resistieron la enfermedad”.
Los esposos Vives hacen lo que tengan que hacer para mantener el negocio a flote mientras las hijas estudian a distancia, una para abogada y la otra para ciencias políticas. Entonces usan mascarillas, recogen su puesto temprano y esperan por tiempos mejores, comiendo lo mismo, trabajando sólo para la gasolina y los permisos oficiales que hacen las veces de impuestos.
“El gobierno prometió que iba a darnos un apoyo, pero no lo hemos visto, nos dan largas y, al final de cuentas, estamos solos”.
Del total de los 12 millones de empleos que se perdieron por la pandemia y que reconoció en días recientes el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, más de ocho millones eran del comercio informal, o sea, que de los 30.9 millones de personas que a principio de año estaban en el ambulantaje, quedan poco más de 22 millones y no precisamente en las mejores condiciones.
Los Vives han pensado en lleva domicilio, pero los pedidos son escasos. Han pensado en crear una aplicación o subcontratar a alguna que ya los haga como Rappi hasta que caen en cuenta que su pequeña vivienda no tiene espacio para almacenar un producto perecedero como es el pollo. “Estamos atrapados en un esquema de ventas que cambió”.
El gobierno no ha explicado el retraso de “las ayudas” prometidas al sector y lo cierto es que está también se encuentra en apuros. Al cierre del primer semestre del año, sus ingresos por recaudación fiscal cayeron 3.7% (que se traducen en millones de dólares) y la deuda se disparó en el primer semestre de 2020 hasta superar el 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) por el incremento del precio de los dólares.
Atrapados
México dejó a los estados tomar las decisiones de apertura económica frente al COVID-19 según sus criterios como federación. Por ello, los ambulantes dependen de los criterios de cada entidad para que se les permita salir a las calles o no.
En el estado de Michoacán, por ejemplo, aún están restringidos; en otros, aunque están autorizados, las zonas donde anteriormente hacían sus ventas están cerradas y el drama es el mismo: una caída estrepitosa del comercio. En Coahuila, los ambulantes de Saltillo reportaron la semana pasada una baja de hasta el 70%.
Los comerciantes informales de Puebla —una de las más ciudades con mayor contagio del país— reportaron que, mientras sigan cerradas las escuelas, será imposible recuperase.
Alfredo Benítez, un vendedor de jugos que es parte del Frente de Organizaciones Ciudadanas en Movimiento, una organización popular de defensa del ambulantaje, reportó que en mayo, cuando se hablaba mucho del regreso a la normalidad pensaban que sería un retorno optimista. “La nueva normalidad es atole con el dedo porque no hay clientes”.
Más al centro del país, mientras guarda los mangos marchitos que se quedaron sobre la mesa porque no hubo postor, Patricia Benítez, coincide en que esta etapa es de resistencia. Y en eso se le van los días.
Ella había sido parte del desempleo del comercio informal porque se subcontrataba en un puesto de tortas cuyo dueño no se tocó el corazón para echara apenas se complicaron las cosas. Tampoco es fácil tener un puesto en el tianguis: hay que pagar a los líderes, a veces hasta 5,000 dólares por un permiso y eso es mucho dinero.
Por suerte para Patricia Benítez, su suegro, quien desde hacía décadas se había hecho de un espacio para vender frutas y verduras, decidió retirarse a esperar a que pasara la cuarentena porque ya roza los 70 y tiene diabetes. Así empezaron otras complicaciones para ella porque aunque tenía el permiso, el producto se echaba a perder pronto.
—Cuando las ventas bajan ya no tienes dinero para comprar más— observa. — No me quedó más que pedir dinero prestado.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
