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TESTIMONIO| “Mal comemos y aguantamos”, la dura realidad en la que sobreviven los vendedores ambulantes
Óscar Vives ha sido un vendedor ambulante durante 33 años, desde que tenía 17. Por más que hace memoria, por más que hurga en los sinsabores de esta actividad que en los últimos meses perdió más de ocho millones de empleos, nunca vivió algo similar sobre la reducción de sus ganancias.
—Simple y sencillamente no hay ventas —advierte en entrevista con este diario mientras guarda uno a uno en su camioneta los 10 pollos que sobraron de la oferta del día.
Con base en sus cuentas de buen marchante, de la matemática básica y dura de la calle, Oscar Vives, de 48 años, calcula que las compras de pollo disminuyeron un 60% en los cinco tianguis (mercados ambulantes) en los que participa en la ciudad de México por miedo a la pandemia y a pesar de que la capital mexicana pasó del semáforo rojo al naranja.
La familia esperó tres meses hasta que los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares pudieron volver a operar el pasado jueves 2 de julio. Los Vives (esposos y dos hijas) sobrevivieron a base de sus ahorros, de dejar de comprar ropa y zapatos y de comer prácticamente pollo todos los días. Un día pechuga asada; otro, muslos y el encuentros entomatados; alitas picantes; huacales en chile guajillo y así, pero… ¡De todos modos cansa!
Por eso les hacía ilusión volver a trabajar para poder comprar, al menos carne de res algún día a la semana. No contaban con que el covid-19, además de meter a medio mundo en casa, metió mucho miedo al contacto físico porque aún con todas las precauciones, el coronavirus esta ahí, sin una vacuna para frenarlo.
Las restricciones oficiales tampoco ayudan mucho: la instalación de puesto deberá respetar una distancia mínima de 1.5 metros, a su izquierda derecha, hacia el frente y hacia atrás y, sino es posible esto deben instalar separadores físicos como plásticos y acrílicos.
Además, los vendedores ambulantes sólo pueden operar hasta las 4:00 de la tarde y los compradores no pueden andar “tanteando” los productos, sólo el vendedor, algo que encanta hacer a los clientes de este tipo de comercios. Los locatarios, diableros y choferes deben usar cubrebocas, caretas y guantes desechables lo que da una imagen apocalíptica.
“Es necesario pero asusta”, dice Oscar Vives.
Dos familiares ignoraron estas medidas justamente porque les parecían exageradas y ridículas y el resultado fue mortal. Eran dos hombres sanos y fuertes, de 24 y 27 años, con dos niños pequeños, que hoy están huérfanos de padre.
“La vida del tianguista es dura, apenas comemos cualquier cosa por atender los puestos y mis sobrinos estaban tan desnutridos que no resistieron la enfermedad”.
Los esposos Vives hacen lo que tengan que hacer para mantener el negocio a flote mientras las hijas estudian a distancia, una para abogada y la otra para ciencias políticas. Entonces usan mascarillas, recogen su puesto temprano y esperan por tiempos mejores, comiendo lo mismo, trabajando sólo para la gasolina y los permisos oficiales que hacen las veces de impuestos.
“El gobierno prometió que iba a darnos un apoyo, pero no lo hemos visto, nos dan largas y, al final de cuentas, estamos solos”.
Del total de los 12 millones de empleos que se perdieron por la pandemia y que reconoció en días recientes el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, más de ocho millones eran del comercio informal, o sea, que de los 30.9 millones de personas que a principio de año estaban en el ambulantaje, quedan poco más de 22 millones y no precisamente en las mejores condiciones.
Los Vives han pensado en lleva domicilio, pero los pedidos son escasos. Han pensado en crear una aplicación o subcontratar a alguna que ya los haga como Rappi hasta que caen en cuenta que su pequeña vivienda no tiene espacio para almacenar un producto perecedero como es el pollo. “Estamos atrapados en un esquema de ventas que cambió”.
El gobierno no ha explicado el retraso de “las ayudas” prometidas al sector y lo cierto es que está también se encuentra en apuros. Al cierre del primer semestre del año, sus ingresos por recaudación fiscal cayeron 3.7% (que se traducen en millones de dólares) y la deuda se disparó en el primer semestre de 2020 hasta superar el 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) por el incremento del precio de los dólares.
Atrapados
México dejó a los estados tomar las decisiones de apertura económica frente al COVID-19 según sus criterios como federación. Por ello, los ambulantes dependen de los criterios de cada entidad para que se les permita salir a las calles o no.
En el estado de Michoacán, por ejemplo, aún están restringidos; en otros, aunque están autorizados, las zonas donde anteriormente hacían sus ventas están cerradas y el drama es el mismo: una caída estrepitosa del comercio. En Coahuila, los ambulantes de Saltillo reportaron la semana pasada una baja de hasta el 70%.
Los comerciantes informales de Puebla —una de las más ciudades con mayor contagio del país— reportaron que, mientras sigan cerradas las escuelas, será imposible recuperase.
Alfredo Benítez, un vendedor de jugos que es parte del Frente de Organizaciones Ciudadanas en Movimiento, una organización popular de defensa del ambulantaje, reportó que en mayo, cuando se hablaba mucho del regreso a la normalidad pensaban que sería un retorno optimista. “La nueva normalidad es atole con el dedo porque no hay clientes”.
Más al centro del país, mientras guarda los mangos marchitos que se quedaron sobre la mesa porque no hubo postor, Patricia Benítez, coincide en que esta etapa es de resistencia. Y en eso se le van los días.
Ella había sido parte del desempleo del comercio informal porque se subcontrataba en un puesto de tortas cuyo dueño no se tocó el corazón para echara apenas se complicaron las cosas. Tampoco es fácil tener un puesto en el tianguis: hay que pagar a los líderes, a veces hasta 5,000 dólares por un permiso y eso es mucho dinero.
Por suerte para Patricia Benítez, su suegro, quien desde hacía décadas se había hecho de un espacio para vender frutas y verduras, decidió retirarse a esperar a que pasara la cuarentena porque ya roza los 70 y tiene diabetes. Así empezaron otras complicaciones para ella porque aunque tenía el permiso, el producto se echaba a perder pronto.
—Cuando las ventas bajan ya no tienes dinero para comprar más— observa. — No me quedó más que pedir dinero prestado.
El Congreso de Honduras, controlado por la derecha, suspendió la noche del lunes al fiscal general, Johel Zelaya, cercano al anterior gobierno izquierdista, para someterlo a un juicio político acusado de abuso de autoridad y persecución en los comicios de noviembre pasado.
El proceso contra Zelaya es secuela de las reñidas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude y en las que fue proclamado ganador, tras un conteo de votos de casi un mes, el derechista Nasry Asfura, el candidato respaldado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Con el voto de 93 de los 128 diputados, el Congreso aprobó en una turbulenta sesión legislativa, en la que incluso hubo empujones, la apertura del juicio político y designó una comisión que tendrá 30 días para investigar y recomendar al plenario la destitución o continuidad de Zelaya.
El funcionario había asumido el cargo en 2023 con el apoyo del entonces oficialista partido Libre.
«Este juicio (…) es el control constitucional que corresponde al Congreso cuando un alto funcionario actúa al margen de la ley», afirmó el presidente parlamentario, el oficialista Tomás Zambrano.
Según la denuncia leída en la sesión, el fiscal señaló durante la campaña electoral de supuestas conspiraciones a autoridades electorales y presentó acciones penales contra magistrados afines a los partidos de derecha, con el ánimo de favorecer a Libre.
Agrega que Zelaya, también señalado de negligencia e incompetencia, afectó la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, y actuó de «forma selectiva en la persecución penal».
«Compareceré ante el Congreso Nacional para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos», manifestó en la red social X el fiscal general, al asegurar que asume el proceso con serenidad.
Mientras es investigado, la jefatura del Ministerio Público (fiscalía) la asumirá el fiscal adjunto Marcio Cabañas, del Partido Liberal.
La sesión se desarrolló en un clima tenso. Miembros de la bancada de Libre, el partido de la expresidenta Xiomara Castro, intentaron boicotear la votación haciendo sonar silbatos, y se registraron algunos forcejeos entre legisladores.
El actual gobierno del Partido Nacional ha logrado alianzas con la segunda fuerza política, el Partido Liberal, lo que le permitió lograr por primera vez un juicio político que requiere un mínimo de 86 votos.
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Presidente Nicolás Maduro vuelve a comparecer en un tribunal de Nueva York tras invasión de EEUU en Venezuela
La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.
La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.
El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera.
Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.
Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado en una operación estadounidense el 3 de enero. A lo largo de esos años fue acusado de fraude en los comicios para sus dos reelecciones.
Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.
El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano.
Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente.
«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.
«Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días», añadió el también diputado.
«Prisionero de guerra»
De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un «prisionero de guerra» en una audiencia el 5 de enero.
Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados «terroristas» por Washington.
Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.
Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.
«Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (…) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección», escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.
Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede «costear de otro modo un abogado».
Los fiscales respondieron en un escrito judicial que «incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica».
Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.
Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.
Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.
Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.
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Francia investigará al exdirector de Frontex por complicidad en crímenes contra la humanidad
Un juez de instrucción francés investigará al eurodiputado de extrema derecha Fabrice Leggeri, exjefe de la agencia europea de control fronterizo, tras una denuncia por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad, anunció el martes a la AFP una fuente judicial.
Leggeri dirigió entre enero de 2015 y abril de 2022 la agencia Frontex, responsable del control de fronteras de la Unión Europea.
En 2024, se había incorporado al Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha) como número tres de su lista para las elecciones europeas.
Como director de Frontex, fue acusado regularmente por las ONG de tolerar devoluciones ilegales de migrantes, erigiéndose en un defensor de la impermeabilidad de las fronteras europeas.
La Liga de los Derechos Humanos lo acusó en particular de haber «alentado» a sus agentes a facilitar las interceptaciones de embarcaciones de migrantes por parte de las autoridades libias y griegas, según la denuncia presentada en 2024 de la que tuvo conocimiento la AFP.
También se le reprocha haber «optado por una política destinada a impedir, fuera cual fuera el precio —en vidas humanas especialmente—, la entrada de personas migrantes en la UE».
Después de un trámite procesal de dos años, el Tribunal de Apelación de París decidió el 18 de marzo abrir una investigación, según la fuente judicial.
«El señor Leggeri no estaba informado de estos avances y, por tanto, no tiene comentarios que hacer en esta fase», indicó a la AFP una fuente de su entorno.
«Por primera vez, uno o varios jueces de instrucción franceses van a examinar las condiciones de la eventual responsabilidad penal de Fabrice Leggeri en la hecatombe que ha causado miles de muertos en el Mediterráneo, en particular niños y mujeres», celebró por su parte el martes el abogado de la LDH, Emmanuel Daoud.
Unos 82,000 migrantes han muerto o desaparecido desde 2014, principalmente en el Mediterráneo (34,000), la ruta migratoria más mortífera del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Una cifra subestimada, según la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (Manul) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en un reciente informe señalaron las «graves violaciones» sufridas por las personas migrantes «detenidas arbitrariamente en centros de detención oficiales y no oficiales» en Libia.
