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TESTIMONIO| “Mal comemos y aguantamos”, la dura realidad en la que sobreviven los vendedores ambulantes
Óscar Vives ha sido un vendedor ambulante durante 33 años, desde que tenía 17. Por más que hace memoria, por más que hurga en los sinsabores de esta actividad que en los últimos meses perdió más de ocho millones de empleos, nunca vivió algo similar sobre la reducción de sus ganancias.
—Simple y sencillamente no hay ventas —advierte en entrevista con este diario mientras guarda uno a uno en su camioneta los 10 pollos que sobraron de la oferta del día.
Con base en sus cuentas de buen marchante, de la matemática básica y dura de la calle, Oscar Vives, de 48 años, calcula que las compras de pollo disminuyeron un 60% en los cinco tianguis (mercados ambulantes) en los que participa en la ciudad de México por miedo a la pandemia y a pesar de que la capital mexicana pasó del semáforo rojo al naranja.
La familia esperó tres meses hasta que los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares pudieron volver a operar el pasado jueves 2 de julio. Los Vives (esposos y dos hijas) sobrevivieron a base de sus ahorros, de dejar de comprar ropa y zapatos y de comer prácticamente pollo todos los días. Un día pechuga asada; otro, muslos y el encuentros entomatados; alitas picantes; huacales en chile guajillo y así, pero… ¡De todos modos cansa!
Por eso les hacía ilusión volver a trabajar para poder comprar, al menos carne de res algún día a la semana. No contaban con que el covid-19, además de meter a medio mundo en casa, metió mucho miedo al contacto físico porque aún con todas las precauciones, el coronavirus esta ahí, sin una vacuna para frenarlo.
Las restricciones oficiales tampoco ayudan mucho: la instalación de puesto deberá respetar una distancia mínima de 1.5 metros, a su izquierda derecha, hacia el frente y hacia atrás y, sino es posible esto deben instalar separadores físicos como plásticos y acrílicos.
Además, los vendedores ambulantes sólo pueden operar hasta las 4:00 de la tarde y los compradores no pueden andar “tanteando” los productos, sólo el vendedor, algo que encanta hacer a los clientes de este tipo de comercios. Los locatarios, diableros y choferes deben usar cubrebocas, caretas y guantes desechables lo que da una imagen apocalíptica.
“Es necesario pero asusta”, dice Oscar Vives.
Dos familiares ignoraron estas medidas justamente porque les parecían exageradas y ridículas y el resultado fue mortal. Eran dos hombres sanos y fuertes, de 24 y 27 años, con dos niños pequeños, que hoy están huérfanos de padre.
“La vida del tianguista es dura, apenas comemos cualquier cosa por atender los puestos y mis sobrinos estaban tan desnutridos que no resistieron la enfermedad”.
Los esposos Vives hacen lo que tengan que hacer para mantener el negocio a flote mientras las hijas estudian a distancia, una para abogada y la otra para ciencias políticas. Entonces usan mascarillas, recogen su puesto temprano y esperan por tiempos mejores, comiendo lo mismo, trabajando sólo para la gasolina y los permisos oficiales que hacen las veces de impuestos.
“El gobierno prometió que iba a darnos un apoyo, pero no lo hemos visto, nos dan largas y, al final de cuentas, estamos solos”.
Del total de los 12 millones de empleos que se perdieron por la pandemia y que reconoció en días recientes el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, más de ocho millones eran del comercio informal, o sea, que de los 30.9 millones de personas que a principio de año estaban en el ambulantaje, quedan poco más de 22 millones y no precisamente en las mejores condiciones.
Los Vives han pensado en lleva domicilio, pero los pedidos son escasos. Han pensado en crear una aplicación o subcontratar a alguna que ya los haga como Rappi hasta que caen en cuenta que su pequeña vivienda no tiene espacio para almacenar un producto perecedero como es el pollo. “Estamos atrapados en un esquema de ventas que cambió”.
El gobierno no ha explicado el retraso de “las ayudas” prometidas al sector y lo cierto es que está también se encuentra en apuros. Al cierre del primer semestre del año, sus ingresos por recaudación fiscal cayeron 3.7% (que se traducen en millones de dólares) y la deuda se disparó en el primer semestre de 2020 hasta superar el 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) por el incremento del precio de los dólares.
Atrapados
México dejó a los estados tomar las decisiones de apertura económica frente al COVID-19 según sus criterios como federación. Por ello, los ambulantes dependen de los criterios de cada entidad para que se les permita salir a las calles o no.
En el estado de Michoacán, por ejemplo, aún están restringidos; en otros, aunque están autorizados, las zonas donde anteriormente hacían sus ventas están cerradas y el drama es el mismo: una caída estrepitosa del comercio. En Coahuila, los ambulantes de Saltillo reportaron la semana pasada una baja de hasta el 70%.
Los comerciantes informales de Puebla —una de las más ciudades con mayor contagio del país— reportaron que, mientras sigan cerradas las escuelas, será imposible recuperase.
Alfredo Benítez, un vendedor de jugos que es parte del Frente de Organizaciones Ciudadanas en Movimiento, una organización popular de defensa del ambulantaje, reportó que en mayo, cuando se hablaba mucho del regreso a la normalidad pensaban que sería un retorno optimista. “La nueva normalidad es atole con el dedo porque no hay clientes”.
Más al centro del país, mientras guarda los mangos marchitos que se quedaron sobre la mesa porque no hubo postor, Patricia Benítez, coincide en que esta etapa es de resistencia. Y en eso se le van los días.
Ella había sido parte del desempleo del comercio informal porque se subcontrataba en un puesto de tortas cuyo dueño no se tocó el corazón para echara apenas se complicaron las cosas. Tampoco es fácil tener un puesto en el tianguis: hay que pagar a los líderes, a veces hasta 5,000 dólares por un permiso y eso es mucho dinero.
Por suerte para Patricia Benítez, su suegro, quien desde hacía décadas se había hecho de un espacio para vender frutas y verduras, decidió retirarse a esperar a que pasara la cuarentena porque ya roza los 70 y tiene diabetes. Así empezaron otras complicaciones para ella porque aunque tenía el permiso, el producto se echaba a perder pronto.
—Cuando las ventas bajan ya no tienes dinero para comprar más— observa. — No me quedó más que pedir dinero prestado.
Como parte de los acuerdos de cooperación y de la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), mediante la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ha requerido al gobierno de Guatemala registrar y documentar los tatuajes que posean los reclusos.
Dicha medida busca cotejar información que pueda ligar a los detenidos con grupos criminales que operan en diversos países, con el fin de facilitar las investigaciones.
La medida está siendo implementada por el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y el Sistema Penitenciario (SP). Las autoridades continuamente realizan operativos sorpresa en diferentes centros penales.
En el marco de la aprobación de la Ley Antipandillas en Guatemala, en noviembre pasado, se comenzó a implementar el registro biométrico de los reclusos; el cual consiste en censar huellas dactilares, rasgos faciales, escaneo de iris, y recientemente la documentación de tatuajes, ya que a través de estos es posible descifrar la pertenencia a maras, pandillas u otros grupos delictivos que operen de manera coordinada en diversas naciones.
«Los tatuajes representan un elemento clave de identificación, ya que muchos están vinculados a estructuras criminales específicas o contienen símbolos únicos que facilitan la verificación de antecedentes a nivel internacional y la vinculación con esas organizaciones», aseguró una fuente interna del Sistema Penitenciario al medio guatemalteco Prensa Libre.
Tanto el ministro de Gobernación y la Embajada de Estados Unidos en dicho país «destacaron la importancia de continuar con la cooperación y el trabajo articulado para fortalecer la gobernanza democrática e impulsar iniciativas de interés. Esto, con el objetivo de contrarrestar y enfrentar las amenazas de seguridad», aseguró la cartera de Estado en X.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, dialogarán sobre comercio, migración y seguridad durante el encuentro que sostendrán este sábado en Florida, informó el viernes el mandatario centroamericano.
Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, recibió durante la campaña el firme apoyo de Trump. El mandatario estadounidense amenazó con cortar la ayuda al empobrecido país si el empresario conservador no resultaba electo en las presidenciales.
A las puertas de la votación, Trump también indultó al exmandatario conservador y copartidario de Asfura, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico.
«Estamos en toda la disposición para empezar de inmediato las pláticas», dijo Asfura antes de viajar este viernes a Florida en vuelo comercial para reunirse con Trump en su lujoso complejo de Mar-a-Lago.
En la agenda figuran temas como los aranceles que impuso Trump a las exportaciones hondureñas, como parte de su política proteccionista, según el mandatario, que evocó recientes acuerdos comerciales alcanzados por Guatemala y El Salvador con Washington.
Estados Unidos es el destino del 60% de las exportaciones de Honduras, uno de los países más empobrecidos y golpeados por la violencia del crimen organizado de Latinoamérica.
También estará sobre la mesa el asunto migratorio, y en particular la aspiración de Asfura de que Trump restablezca un estatuto especial que protegía a miles de hondureños de la deportación.
Asfura recordó que más de dos millones de hondureños residen en Estados Unidos y sus remesas representan 27% del Producto Interno Bruto del país.
El mandatario busca además atraer inversiones estadounidenses, y puso como ejemplo proyectos recientes de empresas como Cargill, Martori, Farm y OPC.
En medio del pulso entre Estados Unidos y China, Asfura ha dicho que evaluará retomar los vínculos con Taiwán.
Honduras entabló relaciones con China en 2023 bajo el anterior gobierno de la izquierdista Xiomara Castro.
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Matan en México un narco implicado en el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar
Un narcotraficante vinculado con la muerte a tiros del futbolista colombiano Andrés Escobar, quien marcó un autogol en el Mundial de 1994, fue asesinado en México, informó este viernes el presidente Gustavo Petro.
El nombre de Santiago Gallón Henao apareció en la investigación por la muerte del central de la selección Colombia, baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos del torneo celebrado en ese país.
El crimen sacudió al mundo del fútbol ya Colombia, que vivía una de sus épocas más violentas por la violencia del narcotráfico tras la muerte dos años atrás a manos de uniformados de Pablo Escobar, que no tenía parentesco con el deportista.
Versiones indican que Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol.
El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Fue condenado a 43 años de cárcel en 1995 y recobró la libertad en 2005 al recibir una rebaja de condena.
Petro aseguró en la red X este viernes que Santiago Gallón fue asesinado el jueves en México y lo señaló como autor del crimen contra el defensor, que en aquel momento jugaba para Atlético Nacional.
Ese asesinato «acabó con la imagen internacional del país», sostuvo el mandatario izquierdista.
Una fuente de la fiscalía de Toluca aseguró a la AFP que Santiago Gallón fue asesinado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, municipio del Estado de México.
Según testimonios de familiares, «se dedicaba a la ganadería y se iba a reunir con ganaderos» en el lugar donde ocurrió el crimen, agregó el responsable, que pidió anonimato.
Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin llegar a ser juzgados.
Los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico al ser designados como miembros de La Oficina de Envigado, una organización criminal heredera del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.
José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con el capo mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán.
