Internacionales
Sancionan a agentes fronterizos por atacar a «caballazos» a migrantes haitianos
El Gobierno de EE.UU. concluyó este viernes que los agentes fronterizos que persiguieron a caballo el año pasado a migrantes haitianos no golpearon a los indocumentados con látigos ni riendas, pero anunció medidas disciplinarias contra cuatro de ellos por su falta de profesionalidad.
“No hay justificación alguna para las acciones de algunos miembros de nuestro personal, que tuvieron una conducta nada profesional y profundamente ofensiva”, dijo en rueda de prensa el encargado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Chris Magnus, quien evitó detallar el contenido de las acciones disciplinarias.
Magnus presentó este viernes las conclusiones de la investigación interna sobre el polémico operativo de septiembre del año pasado en que agentes fronterizos persiguieron desde sus caballos a migrantes, en su mayoría haitianos, en Del Río (Texas).
La agencia fronteriza concluyó que sus agentes no llevaban látigos, a pesar de lo que parecía en algunas fotografías, y no encontró “evidencia alguna” de que golpearan a los migrantes de “forma intencionada” con las riendas de los caballos.
La investigación también determinó que ninguno de los indocumentados fue “forzado” a regresar a México por parte de la patrulla.
No obstante, señaló que un agente “hizo comentarios denigrantes y ofensivos” sobre la nacionalidad y el género de los migrantes, además de que “puso en riesgo” a un niño al galopar demasiado cerca del menor.
Las pesquisas también encontraron que la patrulla a caballo no tenía “un entrenamiento, una supervisión ni una coordinación adecuada”, ni tampoco un protocolo sobre el uso de las riendas de los caballos.
“La situación en Del Río fue caótica y sin precedentes. Queda claro en la investigación que las decisiones que se tomaron en ese momento y la falta de políticas apropiadas y de entrenamiento contribuyeron al incidente”, afirmó.
Las cuatro personas sancionadas, de las que no se facilitó su identidad, todavía pueden recurrir. De acuerdo con el comisionado de CBP, el Departamento de Justicia descartó en marzo pasado proceder con cargos penales contra los implicados.
La investigación cuenta con 500 páginas y una treintena de entrevistas, que incluyen a agentes, testigos y reporteros, pero no fueron hallados los migrantes afectados.
Magnus se comprometió a que “lo que pasó en Del Río no vuelva a ocurrir” y anunció un nuevo protocolo sobre la actuación de la patrulla montada que restrinja el uso de las riendas en caso de multitudes y mejore su entrenamiento.
Cerca de 30,000 migrantes, en su mayoría haitianos, intentaron entrar en septiembre pasado a Estados Unidos a través de Del Río (Texas).
Las imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza persiguiendo a caballo y maltratando a los indocumentados dieron la vuelta al mundo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió entonces “consecuencias” por lo sucedido, que calificó de “vergüenza”, y su Gobierno anunció que los agentes a caballo dejarían temporalmente de patrullar en la frontera.
Tras lo ocurrido, el enviado especial de EE.UU. en Haití, Daniel Foote, presentó su renuncia en protesta por el trato “inhumano” a los migrantes en la frontera y por la política de deportaciones.
El Gobierno de Biden criticó a Foote y negó que hubiese expresado preocupación por los migrantes, y la “número dos” del Departamento de Estado, Wendy Sherman, fue más allá y aseguró que Foote había llegado a proponer el despliegue de tropas estadounidenses en Haití.
Internacionales
La UE ayudará a Google a abrir Android a los servicios de IA rivales
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Internacionales
Tormenta invernal paraliza gran parte de Estados Unidos y deja decenas de víctimas
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.


