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Quién es Santiago Peña, el joven economista que dirigirá Paraguay a la sombra de un controvertido expresidente
Un pañuelo rojo alrededor del cuello y un pin de la Asociación Nacional Republicana.
En 2017, el presidente de Paraguay de aquel momento, Horacio Cartes (2013-2018), no necesitó más que esas dos insignias para coronar al ministro de Hacienda, Santiago Peña, como su heredero en el histórico Partido Colorado.
En uno de los pocos países de América Latina sin segunda vuelta electoral, donde los presidentes no pueden ser reelectos, el ingreso en 2015 de Peña al gobierno conservador lo convirtió en una de las caras visibles de la principal fuerza política del país.
El Partido Colorado, que se mantiene en el poder casi de manera ininterrumpida desde 1947, con la excepción de los años de Fernando Lugo y Federico Franco, lo seguirá haciendo por un nuevo mandato.
Peña, economista de 44 años, logró imponerse este domingo con casi el 43% de los votos, con una amplia diferencia sobre la opción del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, candidato por la Concertación Nacional, una coalición amplia que abarcó a sectores de la centro derecha hasta de izquierda.
El día que estrenó su papel como ministro de Hacienda, Peña seguía siendo parte del opositor Partido Liberal. Fue recién en 2017, después de 21 años, cuando pasó a integrar las filas del Partido Colorado.
Hasta 2015, Peña era un cuerpo extraño en la política nacional.
Economista por la Universidad Católica de Asunción, en donde dio clases de Teoría Financiera y Teoría Económica, en 2001 viajó a Estados Unidos para cursar una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, Nueva York.
Peña integró en 2009 el equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, donde dirigió el vínculo del organismo con África. «En esos años me generaba un gran impacto el potencial que yo veía para mi país desde afuera», dijo a la prensa antes de las elecciones internas del partido.
Durante una década fue parte del Banco Central del Paraguay, primero en el área de Investigación Económica y luego como director, pero tuvo que esperar a 2015 para empezar a jugar en la política nacional.
«Peña es una persona que se presenta como tecnócrata, un especialista en economía de alto nivel. La pregunta es si eso puede compensar la falta de capital político», dice a BBC Mundo Magdalena López, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay de la Universidad de Buenos Aires.
Desde una mirada opuesta, José Duarte Penayo, doctor en Filosofía e hijo del expresidente colorado Nicanor Duarte Frutos, dice que «Peña nace del fracaso del proyecto reeleccionista de Cartes», en referencia al intento frustrado del expresidente en 2017 de modificar la Constitución para habilitar la reelección.
Hace seis años, Peña dijo que sintió que era momento de «bajar a la arena electoral para hacer más» y renunció a Hacienda para postularse como precandidato a presidente de Paraguay. En las internas del partido de 2017, Peña perdió ante Mario
En 2018, una vez terminado el gobierno de Cartes, Peña tuvo su primera experiencia en el sector privado. Ese año, pasó a integrar el directorio del Banco Basa, propiedad del Grupo Cartes, el conglomerado empresarial del expresidente que, según el propio Peña, representa un 2% del PIB nacional.
Entre sus fortalezas está haber pasado por la gestión y haber tejido con paciencia durante estos últimos cinco años un perfil público de mayor alcance. Abdo, al que ahora sustituirá en la presidencia.
Para unos, Peña es el «protegido» de Cartes. Para otros, es quién resguardará al exmandatario en los años que vienen.
En su discurso de celebración de este domingo, Peña le dedicó un especial agradecimiento a Cartes, presidente del partido.
«Tu aporte, presidente, no se paga sino con la moneda del respeto y la admiración. Gracias por esta victoria colorada», dijo Peña.
La situación de su principal aliado no es sencilla. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos definió a Cartes a mediados del año pasado como «significativamente corrupto».
«Cartes incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay. La carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito», dice el comunicado del Departamento de Estado.
Las sanciones económicas contra Cartes han alterado el mecanismo de financiamiento de la última campaña política, basado en la solicitud de créditos bancarios.
«Claro que salimos a buscar crédito y nadie nos lo quiso dar debido a la situación de nuestro presidente [del partido, Horacio Cartes]», dijo el diputado colorado Hugo Ramírez al periodista Federico Filártiga.
Los retos del nuevo presidente
Mantener una economía controlada y mejorar su desempeño será uno de los principales desafíos del nuevo presidente, que ha dicho que las cifras macroeconómicas del país, elogiadas en el exterior, no son la única medida de la economía.
Por eso, entre las promesas de campaña está la de responder a las necesidades más urgentes de las personas en condición de pobreza. «Todos los paraguayos deberían sentir esa mejoría, principalmente aquellos más vulnerables», dijo en campaña.
También asumirá con el desafío de crear medio millón de nuevos puestos de trabajo. «Crearemos 500.000 nuevos empleos para que mejore la situación de miles de familias paraguayas», prometió en campaña.
Pero además de la Economía también tendrá que alimentar a partir del 15 de agosto la unidad interna.
«Va a ser un gran desafío poder lidiar con los parlamentarios colorados en una doble situación: sin autonomía propia y con una división entre Mario Abdo y Horacio Cartes», dice Pérez Talia.
Los sujetos fueron presentados como Juan Carlos «N», de 33 años, y Jesse Kevin «N», de 22 años, miembros de una célula delictiva presuntamente implicada en secuestro y tráfico de drogas y armas.
Las investigaciones determinaron que Juan Carlos «N» tomó parte «en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo» y que tuvo como saldo la muerte de los niños, según un comunicado conjunto de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Guardia Nacional y la fiscalía federal.
Alexander, de 9 años; Gael, de 12; y el padre de ambos, Antonio Sarmiento, murieron el 19 de enero tras quedar atrapados en medio de un tiroteo en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Desde septiembre, esa ciudad ha sido azotada por la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Aunque la escalada criminal amainó en semanas recientes por el vasto operativo de las autoridades federales, hasta enero dejó un saldo de al menos 750 muertos y 900 desaparecidos, según cifras oficiales.
También desató la indignación de los habitantes de Culiacán, que salieron por miles a marchar a finales de enero exigiendo justicia por las muertes de Alexander y Gael.
La detención de los hombres fue resultado del cateo de tres inmuebles donde además fueron incautados 20 kg de cocaína, cristal, precursores químicos, 10 armas -incluida una ametralladora calibre 50-, municiones y seis vehículos, detalló por su parte el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.
«Esto es resultado del fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa», agregó el funcionario en su mensaje.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 480.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
El fiscal general Alejandro Gertz informó en la conferencia de prensa presidencial que se trata de «un asunto de carácter federal», tras la captura de un presunto operador del cartel Jalisco Nueva Generación, que brindó a las autoridades información sobre el caso.
«En este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos (expertos forenses) para determinar la realidad de lo que ahí hay», dijo el funcionario.
El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca, a la que organizaciones civiles describieron como un «campo de adiestramiento y exterminio».
Pero el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hasta el momento solo está confirmado que se trata de un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.
García Harfuch reconoció sin embargo que en el lugar se cometieron asesinatos de personas que se resistían a ser reclutadas.
Según las primeras indagatorias, numerosas personas fueran llevadas allí con falsas ofertas de trabajo para finalmente ser obligadas a recibir entrenamiento para sumarse a la organización delictiva.
La Fiscalía General está asumiendo las investigaciones que fueron iniciadas por la fiscalía estatal, que debe entregar toda la información en su poder.
El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.
«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».
Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.
De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.
También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.
Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».
