Internacionales
Nueva jornada de intensa búsqueda del asesino de Maine, en EE. UU.
«Se está destinando una enorme cantidad de personal policial, tiempo y esfuerzo, las 24 horas del día» para hallar al principal sospechoso, dijo el jefe de policía de la ciudad de Lewiston, David St. Pierre, en una conferencia de prensa el viernes por la mañana.
Robert Card, de 40 años, un militar reservista del ejército, está acusado de abrir fuego en una bolera y en un bar-restaurante, matando a 18 personas e hiriendo a otras 13.
La policía y el FBI fueron desplegados el viernes en varios sitios, incluida la orilla de un río donde se encontró el automóvil del sospechoso, y planean explorar las profundidades con sonar y buzos.
La búsqueda parecía a punto de concluir el jueves por la noche, cuando la policía se había concentrado frente a una casa que pertenecía, según un vecino entrevistado por la AFP, a la familia del sospechoso.
«Por favor, salga», repitieron los policías a lo largo de la noche a través de megáfonos, «nos gustaría hablar con usted». Pero los policías se marcharon sin hacer declaraciones a los periodistas, muy numerosos en el lugar, sin haber localizado al sospechoso.
Drones, helicópteros y vehículos blindados habían sido desplegados en los alrededores.
«Lewiston fuerte»
Lewinston se ha transformado en una ciudad fantasma luego que sus 36.000 habitantes recibieran la orden de las autoridades de confinarse en sus casas por la peligrosidad de Card.
Las centros educativos y los comercios cerraron sus puertas y el estacionamiento de la escuela secundaria fue tomado por agentes de policía vestidos de uniforme y armados hasta los dientes.
En la fachada de un comercio, Jeremy Hiltz, un vecino, colocó una pancarta en la que se lee: «Lewiston Strong» (Lewistong fuerte).
Los habitantes de la ciudad «viven ahora con una sensación de vulnerabilidad de la que no creo que fuéramos conscientes» antes de la tragedia, dijo Hiltz.
Siete personas, una mujer y seis hombres, perdieron la vida en la bolera, ocho en el bar restaurante, a unos doce minutos de distancia, y finalmente tres heridos fallecieron en el hospital.
Testigos que se hallaban en la bolera «Just-In-Time» describieron cómo los clientes se escondían debajo de las mesas y en las máquinas al final de las pistas. «Me tiré encima de mi hija, y mi madre encima mío», describió Riley Dumont a la cadena ABC.
Una fotografía difundida por la policía muestra a un hombre vestido con una camiseta marrón entrando al establecimiento, con un rifle semiautomático al hombro.
Las autoridades no han comunicado las identidades de las víctimas, pero entre los fallecidos en el restaurante «Schemengees» se encuentra Joseph Walker, de 57 años, que trabajaba en el establecimiento, según declaró su padre a varios medios estadounidenses.
Walker -le contó la policía a su familia- intentó detener al asesino con un cuchillo de cocina antes de caer baleado.
Una nación «de luto»
«Es un día oscuro para Maine», declaró el jueves por la mañana Janet Mills, gobernadora del estado, al anunciar el elevado número de víctimas.
El presidente Joe Biden deploró un acto «trágico y sin sentido» y ordenó colocar a media asta la banderas nacional en los edificios federales.
«Una vez más, nuestra nación está de luto», dijo el mandatario, reclamando por enésima vez al Congreso la prohibición de las armas de asalto, un punto en el que demócratas y republicanos discrepan desde hace décadas.
La matanza del miércoles es la peor en Estados Unidos desde la de la escuela Uvalde, en Texas, donde un tirador mató a 19 niños y dos maestros en mayo de 2022.
El país está pagando un precio muy alto por la proliferación de armas de fuego en su territorio y la facilidad con la que los ciudadanos tienen acceso a ellas.
Excluyendo los suicidios, más de 15.000 personas han muerto a causa de la violencia armada desde principios de año en el país, según la organización no gubernamental Archivo de Violencia por Armas.
Maine es uno de los estados con la tasa más baja de homicidios por habitantes. Los 18 muertos del miércoles representan, de acuerdo a la asociación Everytown, más que la media anual de asesinatos por armas de fuego en el estado.
La comisión de investigación del accidente ferroviario que dejó 45 muertos en el sur de España el pasado domingo cree que existe la posibilidad de que un carril presentara una fractura a la altura de una soldadura, reveló un informe publicado este viernes.
La hipótesis proviene del hecho de que las ruedas de varios trenes de alta velocidad que pasaron por la estación de Adamuz justo antes del descarrilamiento inicial que desató la tragedia presentaban «muescas».
«Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado», afirmó la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), dependiente del Ministerio de Transportes.
«De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento», añadió la CIAF. Esta fractura estaría a la altura de «una soldadura».
Se trata de una «hipótesis de trabajo» que deberá ser «corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores», concluyó.
Las muescas en las ruedas del costado derecho se observaron en tres trenes que pasaron por Adamuz antes de que lo hiciera el de la compañía italiana Iryo cuyos últimos vagones descarrilaron justo cuando venía otro tren en dirección contraria que no pudo evitarlos y descarriló también.
Ambos trenes, que transportaban a un total de 480 personas, iban a una velocidad por encima de los 200 km/h, dentro de lo establecido para ese tramo, y se ha descartado un error humano de los maquinistas.
El actual gobierno se ha trazado la misión de erigir dos prisiones que aporten a la lucha contra las peligrosas pandillas.
Uno de los dos primeros penales de alta seguridad que se construirán en Guatemala está previsto que sea edificado en un plazo menor a un año y entregado durante 2026, según declaraciones del presidente Bernardo Arévalo. Para lograr tal objetivo se ha destinado que sea el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el encargado de su construcción. Esto ayudaría a que se entregue en un plazo más corto que si se somete a una licitación.
La primera prisión será edificada en Izabal (al nororiente del país). Se estima que la obra tenga una inversión de 1 mil 400 millones de quetzales, aproximadamente 182 millones de dólares estadounidenses. Su financiación estaba prevista en el Presupuesto General de la Nación 2026, pero debido a la suspensión provisional de la Corte de Constitucionalidad, al admitir diversos amparos por vicios formales en su aprobación, Arévalo comunicó que someterán a una ampliación el presupuesto actual.
La segunda cárcel estará en Masagua, y se hará por licitación, con fecha prevista de ejecución en 2027 y financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La división especializada de las Fuerzas Armadas de Guatemala trabaja en la revisión de planos, con la asesoría de expertos en prisiones del gobierno de Estados Unidos, informó el mandatario.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala tiene dos batallones: de Ingenieros de Construcción (BIC) y de Ingenieros de Combate (Zapadores). Entra las actividades que realizan están: mantenimiento vial, topografía, construcción, apoyo logístico, manejo de explosivos, instalación de puentes de emergencia, demolición de material pétreo y de pistas clandestinas.
El ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, ha asegurado que la división cuenta con el equipo humano y maquinaria necesaria para materializar este recinto penitenciario. En abril pasado, Prensa Libre publicó que Defensa autorizó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército un presupuesto de 147 millones 940 mil quetzales, unos 18 millones de dólares estadounidenses, en la adquisición de: 24 camiones de volteo, 16 pick-ups, 12 excavadoras, 12 retroexcavadoras, 12 motoniveladoras, 12 compactadoras, y 12 camiones cisterna, entre otros.
Una explosión en un laboratorio de cocaína dejó nueve muertos y ocho heridos en el Pacífico colombiano, en una zona cercana a la frontera con Ecuador, informó el gobierno regional.
Según las primeras investigaciones, un cilindro de gas explotó mientras cocinaban la droga en el territorio indígena awá, a unos 60 km del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), zona de producción de cocaína y con fuerte presencia de grupos armados ilegales.
El laboratorio artesanal «no es legal», «pero siempre se deben respetar los derechos humanos y a la vida», dijo Fredy Andrés Gámez, secretario del gobierno regional de Nariño.
Los sobrevivientes presentan severas quemaduras.
Las víctimas trabajaban para una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016 y que dialoga con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.
«Por fallas humanas y al manipular unos cilindros de gas (…) el lugar se incendió en cuestión de segundos», escribió el grupo ilegal en un comunicado.
El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, ha sido por décadas crucial en la producción de coca y en el tráfico de la droga hacia Estados Unidos.
Allí los grupos dedicados al narcotráfico ejercen un fuerte control con el apoyo de los carteles mexicanos.
«¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?», reclamó este viernes el presidente Petro desde Tumaco, en un discurso contra los cultivos ilícitos.
El presidente de Ecuador, el conservador Daniel Noboa, inició el miércoles una guerra comercial con Colombia con un arancel del 30% tras acusar al gobierno de Petro de no hacer suficiente contra el narcotráfico en la frontera común.
Petro aplicó la misma tarifa al país vecino y defendió su lucha contra los grupos ilegales.
Tras un año de acusaciones similares por parte de Estados Unidos, el presidente colombiano viajará a Washington y se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero para hablar sobre cómo combatir al narcotráfico conjuntamente.
