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Internacionales

Nueva jornada de intensa búsqueda del asesino de Maine, en EE. UU.

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«Se está destinando una enorme cantidad de personal policial, tiempo y esfuerzo, las 24 horas del día» para hallar al principal sospechoso, dijo el jefe de policía de la ciudad de Lewiston, David St. Pierre, en una conferencia de prensa el viernes por la mañana.

Robert Card, de 40 años, un militar reservista del ejército, está acusado de abrir fuego en una bolera y en un bar-restaurante, matando a 18 personas e hiriendo a otras 13.

La policía y el FBI fueron desplegados el viernes en varios sitios, incluida la orilla de un río donde se encontró el automóvil del sospechoso, y planean explorar las profundidades con sonar y buzos.

La búsqueda parecía a punto de concluir el jueves por la noche, cuando la policía se había concentrado frente a una casa que pertenecía, según un vecino entrevistado por la AFP, a la familia del sospechoso.

«Por favor, salga», repitieron los policías a lo largo de la noche a través de megáfonos, «nos gustaría hablar con usted». Pero los policías se marcharon sin hacer declaraciones a los periodistas, muy numerosos en el lugar, sin haber localizado al sospechoso.

Drones, helicópteros y vehículos blindados habían sido desplegados en los alrededores.

«Lewiston fuerte»

Lewinston se ha transformado en una ciudad fantasma luego que sus 36.000 habitantes recibieran la orden de las autoridades de confinarse en sus casas por la peligrosidad de Card.

Las centros educativos y los comercios cerraron sus puertas y el estacionamiento de la escuela secundaria fue tomado por agentes de policía vestidos de uniforme y armados hasta los dientes.

En la fachada de un comercio, Jeremy Hiltz, un vecino, colocó una pancarta en la que se lee: «Lewiston Strong» (Lewistong fuerte).

Los habitantes de la ciudad «viven ahora con una sensación de vulnerabilidad de la que no creo que fuéramos conscientes» antes de la tragedia, dijo Hiltz.

Siete personas, una mujer y seis hombres, perdieron la vida en la bolera, ocho en el bar restaurante, a unos doce minutos de distancia, y finalmente tres heridos fallecieron en el hospital.

Testigos que se hallaban en la bolera «Just-In-Time» describieron cómo los clientes se escondían debajo de las mesas y en las máquinas al final de las pistas. «Me tiré encima de mi hija, y mi madre encima mío», describió Riley Dumont a la cadena ABC.

Una fotografía difundida por la policía muestra a un hombre vestido con una camiseta marrón entrando al establecimiento, con un rifle semiautomático al hombro.

Las autoridades no han comunicado las identidades de las víctimas, pero entre los fallecidos en el restaurante «Schemengees» se encuentra Joseph Walker, de 57 años, que trabajaba en el establecimiento, según declaró su padre a varios medios estadounidenses.

Walker -le contó la policía a su familia- intentó detener al asesino con un cuchillo de cocina antes de caer baleado.

Una nación «de luto»

«Es un día oscuro para Maine», declaró el jueves por la mañana Janet Mills, gobernadora del estado, al anunciar el elevado número de víctimas.

El presidente Joe Biden deploró un acto «trágico y sin sentido» y ordenó colocar a media asta la banderas nacional en los edificios federales.

«Una vez más, nuestra nación está de luto», dijo el mandatario, reclamando por enésima vez al Congreso la prohibición de las armas de asalto, un punto en el que demócratas y republicanos discrepan desde hace décadas.

La matanza del miércoles es la peor en Estados Unidos desde la de la escuela Uvalde, en Texas, donde un tirador mató a 19 niños y dos maestros en mayo de 2022.

El país está pagando un precio muy alto por la proliferación de armas de fuego en su territorio y la facilidad con la que los ciudadanos tienen acceso a ellas.

Excluyendo los suicidios, más de 15.000 personas han muerto a causa de la violencia armada desde principios de año en el país, según la organización no gubernamental Archivo de Violencia por Armas.

Maine es uno de los estados con la tasa más baja de homicidios por habitantes. Los 18 muertos del miércoles representan, de acuerdo a la asociación Everytown, más que la media anual de asesinatos por armas de fuego en el estado.

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Internacionales

Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen

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Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.

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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.

El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.

Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.

Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.

El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.

El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.

¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?

Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.

En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.

La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.

En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.

En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.

En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.

Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.

El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.

Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.

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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X

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La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.

«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.

La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.

La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.

A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.

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Venezuela ya exporta Gas Licuado de Petróleo

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.

«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.

La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.

El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.

Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.

Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.

Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.

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