Internacionales
Nueva jornada de intensa búsqueda del asesino de Maine, en EE. UU.
«Se está destinando una enorme cantidad de personal policial, tiempo y esfuerzo, las 24 horas del día» para hallar al principal sospechoso, dijo el jefe de policía de la ciudad de Lewiston, David St. Pierre, en una conferencia de prensa el viernes por la mañana.
Robert Card, de 40 años, un militar reservista del ejército, está acusado de abrir fuego en una bolera y en un bar-restaurante, matando a 18 personas e hiriendo a otras 13.
La policía y el FBI fueron desplegados el viernes en varios sitios, incluida la orilla de un río donde se encontró el automóvil del sospechoso, y planean explorar las profundidades con sonar y buzos.
La búsqueda parecía a punto de concluir el jueves por la noche, cuando la policía se había concentrado frente a una casa que pertenecía, según un vecino entrevistado por la AFP, a la familia del sospechoso.
«Por favor, salga», repitieron los policías a lo largo de la noche a través de megáfonos, «nos gustaría hablar con usted». Pero los policías se marcharon sin hacer declaraciones a los periodistas, muy numerosos en el lugar, sin haber localizado al sospechoso.
Drones, helicópteros y vehículos blindados habían sido desplegados en los alrededores.
«Lewiston fuerte»
Lewinston se ha transformado en una ciudad fantasma luego que sus 36.000 habitantes recibieran la orden de las autoridades de confinarse en sus casas por la peligrosidad de Card.
Las centros educativos y los comercios cerraron sus puertas y el estacionamiento de la escuela secundaria fue tomado por agentes de policía vestidos de uniforme y armados hasta los dientes.
En la fachada de un comercio, Jeremy Hiltz, un vecino, colocó una pancarta en la que se lee: «Lewiston Strong» (Lewistong fuerte).
Los habitantes de la ciudad «viven ahora con una sensación de vulnerabilidad de la que no creo que fuéramos conscientes» antes de la tragedia, dijo Hiltz.
Siete personas, una mujer y seis hombres, perdieron la vida en la bolera, ocho en el bar restaurante, a unos doce minutos de distancia, y finalmente tres heridos fallecieron en el hospital.
Testigos que se hallaban en la bolera «Just-In-Time» describieron cómo los clientes se escondían debajo de las mesas y en las máquinas al final de las pistas. «Me tiré encima de mi hija, y mi madre encima mío», describió Riley Dumont a la cadena ABC.
Una fotografía difundida por la policía muestra a un hombre vestido con una camiseta marrón entrando al establecimiento, con un rifle semiautomático al hombro.
Las autoridades no han comunicado las identidades de las víctimas, pero entre los fallecidos en el restaurante «Schemengees» se encuentra Joseph Walker, de 57 años, que trabajaba en el establecimiento, según declaró su padre a varios medios estadounidenses.
Walker -le contó la policía a su familia- intentó detener al asesino con un cuchillo de cocina antes de caer baleado.
Una nación «de luto»
«Es un día oscuro para Maine», declaró el jueves por la mañana Janet Mills, gobernadora del estado, al anunciar el elevado número de víctimas.
El presidente Joe Biden deploró un acto «trágico y sin sentido» y ordenó colocar a media asta la banderas nacional en los edificios federales.
«Una vez más, nuestra nación está de luto», dijo el mandatario, reclamando por enésima vez al Congreso la prohibición de las armas de asalto, un punto en el que demócratas y republicanos discrepan desde hace décadas.
La matanza del miércoles es la peor en Estados Unidos desde la de la escuela Uvalde, en Texas, donde un tirador mató a 19 niños y dos maestros en mayo de 2022.
El país está pagando un precio muy alto por la proliferación de armas de fuego en su territorio y la facilidad con la que los ciudadanos tienen acceso a ellas.
Excluyendo los suicidios, más de 15.000 personas han muerto a causa de la violencia armada desde principios de año en el país, según la organización no gubernamental Archivo de Violencia por Armas.
Maine es uno de los estados con la tasa más baja de homicidios por habitantes. Los 18 muertos del miércoles representan, de acuerdo a la asociación Everytown, más que la media anual de asesinatos por armas de fuego en el estado.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
