Internacionales
Nueva jornada de intensa búsqueda del asesino de Maine, en EE. UU.
«Se está destinando una enorme cantidad de personal policial, tiempo y esfuerzo, las 24 horas del día» para hallar al principal sospechoso, dijo el jefe de policía de la ciudad de Lewiston, David St. Pierre, en una conferencia de prensa el viernes por la mañana.
Robert Card, de 40 años, un militar reservista del ejército, está acusado de abrir fuego en una bolera y en un bar-restaurante, matando a 18 personas e hiriendo a otras 13.
La policía y el FBI fueron desplegados el viernes en varios sitios, incluida la orilla de un río donde se encontró el automóvil del sospechoso, y planean explorar las profundidades con sonar y buzos.
La búsqueda parecía a punto de concluir el jueves por la noche, cuando la policía se había concentrado frente a una casa que pertenecía, según un vecino entrevistado por la AFP, a la familia del sospechoso.
«Por favor, salga», repitieron los policías a lo largo de la noche a través de megáfonos, «nos gustaría hablar con usted». Pero los policías se marcharon sin hacer declaraciones a los periodistas, muy numerosos en el lugar, sin haber localizado al sospechoso.
Drones, helicópteros y vehículos blindados habían sido desplegados en los alrededores.
«Lewiston fuerte»
Lewinston se ha transformado en una ciudad fantasma luego que sus 36.000 habitantes recibieran la orden de las autoridades de confinarse en sus casas por la peligrosidad de Card.
Las centros educativos y los comercios cerraron sus puertas y el estacionamiento de la escuela secundaria fue tomado por agentes de policía vestidos de uniforme y armados hasta los dientes.
En la fachada de un comercio, Jeremy Hiltz, un vecino, colocó una pancarta en la que se lee: «Lewiston Strong» (Lewistong fuerte).
Los habitantes de la ciudad «viven ahora con una sensación de vulnerabilidad de la que no creo que fuéramos conscientes» antes de la tragedia, dijo Hiltz.
Siete personas, una mujer y seis hombres, perdieron la vida en la bolera, ocho en el bar restaurante, a unos doce minutos de distancia, y finalmente tres heridos fallecieron en el hospital.
Testigos que se hallaban en la bolera «Just-In-Time» describieron cómo los clientes se escondían debajo de las mesas y en las máquinas al final de las pistas. «Me tiré encima de mi hija, y mi madre encima mío», describió Riley Dumont a la cadena ABC.
Una fotografía difundida por la policía muestra a un hombre vestido con una camiseta marrón entrando al establecimiento, con un rifle semiautomático al hombro.
Las autoridades no han comunicado las identidades de las víctimas, pero entre los fallecidos en el restaurante «Schemengees» se encuentra Joseph Walker, de 57 años, que trabajaba en el establecimiento, según declaró su padre a varios medios estadounidenses.
Walker -le contó la policía a su familia- intentó detener al asesino con un cuchillo de cocina antes de caer baleado.
Una nación «de luto»
«Es un día oscuro para Maine», declaró el jueves por la mañana Janet Mills, gobernadora del estado, al anunciar el elevado número de víctimas.
El presidente Joe Biden deploró un acto «trágico y sin sentido» y ordenó colocar a media asta la banderas nacional en los edificios federales.
«Una vez más, nuestra nación está de luto», dijo el mandatario, reclamando por enésima vez al Congreso la prohibición de las armas de asalto, un punto en el que demócratas y republicanos discrepan desde hace décadas.
La matanza del miércoles es la peor en Estados Unidos desde la de la escuela Uvalde, en Texas, donde un tirador mató a 19 niños y dos maestros en mayo de 2022.
El país está pagando un precio muy alto por la proliferación de armas de fuego en su territorio y la facilidad con la que los ciudadanos tienen acceso a ellas.
Excluyendo los suicidios, más de 15.000 personas han muerto a causa de la violencia armada desde principios de año en el país, según la organización no gubernamental Archivo de Violencia por Armas.
Maine es uno de los estados con la tasa más baja de homicidios por habitantes. Los 18 muertos del miércoles representan, de acuerdo a la asociación Everytown, más que la media anual de asesinatos por armas de fuego en el estado.
Como parte de los acuerdos de cooperación y de la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), mediante la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ha requerido al gobierno de Guatemala registrar y documentar los tatuajes que posean los reclusos.
Dicha medida busca cotejar información que pueda ligar a los detenidos con grupos criminales que operan en diversos países, con el fin de facilitar las investigaciones.
La medida está siendo implementada por el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y el Sistema Penitenciario (SP). Las autoridades continuamente realizan operativos sorpresa en diferentes centros penales.
En el marco de la aprobación de la Ley Antipandillas en Guatemala, en noviembre pasado, se comenzó a implementar el registro biométrico de los reclusos; el cual consiste en censar huellas dactilares, rasgos faciales, escaneo de iris, y recientemente la documentación de tatuajes, ya que a través de estos es posible descifrar la pertenencia a maras, pandillas u otros grupos delictivos que operen de manera coordinada en diversas naciones.
«Los tatuajes representan un elemento clave de identificación, ya que muchos están vinculados a estructuras criminales específicas o contienen símbolos únicos que facilitan la verificación de antecedentes a nivel internacional y la vinculación con esas organizaciones», aseguró una fuente interna del Sistema Penitenciario al medio guatemalteco Prensa Libre.
Tanto el ministro de Gobernación y la Embajada de Estados Unidos en dicho país «destacaron la importancia de continuar con la cooperación y el trabajo articulado para fortalecer la gobernanza democrática e impulsar iniciativas de interés. Esto, con el objetivo de contrarrestar y enfrentar las amenazas de seguridad», aseguró la cartera de Estado en X.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, dialogarán sobre comercio, migración y seguridad durante el encuentro que sostendrán este sábado en Florida, informó el viernes el mandatario centroamericano.
Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, recibió durante la campaña el firme apoyo de Trump. El mandatario estadounidense amenazó con cortar la ayuda al empobrecido país si el empresario conservador no resultaba electo en las presidenciales.
A las puertas de la votación, Trump también indultó al exmandatario conservador y copartidario de Asfura, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico.
«Estamos en toda la disposición para empezar de inmediato las pláticas», dijo Asfura antes de viajar este viernes a Florida en vuelo comercial para reunirse con Trump en su lujoso complejo de Mar-a-Lago.
En la agenda figuran temas como los aranceles que impuso Trump a las exportaciones hondureñas, como parte de su política proteccionista, según el mandatario, que evocó recientes acuerdos comerciales alcanzados por Guatemala y El Salvador con Washington.
Estados Unidos es el destino del 60% de las exportaciones de Honduras, uno de los países más empobrecidos y golpeados por la violencia del crimen organizado de Latinoamérica.
También estará sobre la mesa el asunto migratorio, y en particular la aspiración de Asfura de que Trump restablezca un estatuto especial que protegía a miles de hondureños de la deportación.
Asfura recordó que más de dos millones de hondureños residen en Estados Unidos y sus remesas representan 27% del Producto Interno Bruto del país.
El mandatario busca además atraer inversiones estadounidenses, y puso como ejemplo proyectos recientes de empresas como Cargill, Martori, Farm y OPC.
En medio del pulso entre Estados Unidos y China, Asfura ha dicho que evaluará retomar los vínculos con Taiwán.
Honduras entabló relaciones con China en 2023 bajo el anterior gobierno de la izquierdista Xiomara Castro.
Internacionales
Matan en México un narco implicado en el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar
Un narcotraficante vinculado con la muerte a tiros del futbolista colombiano Andrés Escobar, quien marcó un autogol en el Mundial de 1994, fue asesinado en México, informó este viernes el presidente Gustavo Petro.
El nombre de Santiago Gallón Henao apareció en la investigación por la muerte del central de la selección Colombia, baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra ante Estados Unidos durante un partido de la fase de grupos del torneo celebrado en ese país.
El crimen sacudió al mundo del fútbol ya Colombia, que vivía una de sus épocas más violentas por la violencia del narcotráfico tras la muerte dos años atrás a manos de uniformados de Pablo Escobar, que no tenía parentesco con el deportista.
Versiones indican que Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del homicidio, el 2 de julio de 1994, apenas 10 días después del autogol.
El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. Fue condenado a 43 años de cárcel en 1995 y recobró la libertad en 2005 al recibir una rebaja de condena.
Petro aseguró en la red X este viernes que Santiago Gallón fue asesinado el jueves en México y lo señaló como autor del crimen contra el defensor, que en aquel momento jugaba para Atlético Nacional.
Ese asesinato «acabó con la imagen internacional del país», sostuvo el mandatario izquierdista.
Una fuente de la fiscalía de Toluca aseguró a la AFP que Santiago Gallón fue asesinado a balazos en un restaurante de Huixquilucan, municipio del Estado de México.
Según testimonios de familiares, «se dedicaba a la ganadería y se iba a reunir con ganaderos» en el lugar donde ocurrió el crimen, agregó el responsable, que pidió anonimato.
Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin llegar a ser juzgados.
Los hermanos fueron incluidos en 2015 en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico al ser designados como miembros de La Oficina de Envigado, una organización criminal heredera del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.
José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con el capo mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán.
