Internacionales
Nueva jornada de intensa búsqueda del asesino de Maine, en EE. UU.
«Se está destinando una enorme cantidad de personal policial, tiempo y esfuerzo, las 24 horas del día» para hallar al principal sospechoso, dijo el jefe de policía de la ciudad de Lewiston, David St. Pierre, en una conferencia de prensa el viernes por la mañana.
Robert Card, de 40 años, un militar reservista del ejército, está acusado de abrir fuego en una bolera y en un bar-restaurante, matando a 18 personas e hiriendo a otras 13.
La policía y el FBI fueron desplegados el viernes en varios sitios, incluida la orilla de un río donde se encontró el automóvil del sospechoso, y planean explorar las profundidades con sonar y buzos.
La búsqueda parecía a punto de concluir el jueves por la noche, cuando la policía se había concentrado frente a una casa que pertenecía, según un vecino entrevistado por la AFP, a la familia del sospechoso.
«Por favor, salga», repitieron los policías a lo largo de la noche a través de megáfonos, «nos gustaría hablar con usted». Pero los policías se marcharon sin hacer declaraciones a los periodistas, muy numerosos en el lugar, sin haber localizado al sospechoso.
Drones, helicópteros y vehículos blindados habían sido desplegados en los alrededores.
«Lewiston fuerte»
Lewinston se ha transformado en una ciudad fantasma luego que sus 36.000 habitantes recibieran la orden de las autoridades de confinarse en sus casas por la peligrosidad de Card.
Las centros educativos y los comercios cerraron sus puertas y el estacionamiento de la escuela secundaria fue tomado por agentes de policía vestidos de uniforme y armados hasta los dientes.
En la fachada de un comercio, Jeremy Hiltz, un vecino, colocó una pancarta en la que se lee: «Lewiston Strong» (Lewistong fuerte).
Los habitantes de la ciudad «viven ahora con una sensación de vulnerabilidad de la que no creo que fuéramos conscientes» antes de la tragedia, dijo Hiltz.
Siete personas, una mujer y seis hombres, perdieron la vida en la bolera, ocho en el bar restaurante, a unos doce minutos de distancia, y finalmente tres heridos fallecieron en el hospital.
Testigos que se hallaban en la bolera «Just-In-Time» describieron cómo los clientes se escondían debajo de las mesas y en las máquinas al final de las pistas. «Me tiré encima de mi hija, y mi madre encima mío», describió Riley Dumont a la cadena ABC.
Una fotografía difundida por la policía muestra a un hombre vestido con una camiseta marrón entrando al establecimiento, con un rifle semiautomático al hombro.
Las autoridades no han comunicado las identidades de las víctimas, pero entre los fallecidos en el restaurante «Schemengees» se encuentra Joseph Walker, de 57 años, que trabajaba en el establecimiento, según declaró su padre a varios medios estadounidenses.
Walker -le contó la policía a su familia- intentó detener al asesino con un cuchillo de cocina antes de caer baleado.
Una nación «de luto»
«Es un día oscuro para Maine», declaró el jueves por la mañana Janet Mills, gobernadora del estado, al anunciar el elevado número de víctimas.
El presidente Joe Biden deploró un acto «trágico y sin sentido» y ordenó colocar a media asta la banderas nacional en los edificios federales.
«Una vez más, nuestra nación está de luto», dijo el mandatario, reclamando por enésima vez al Congreso la prohibición de las armas de asalto, un punto en el que demócratas y republicanos discrepan desde hace décadas.
La matanza del miércoles es la peor en Estados Unidos desde la de la escuela Uvalde, en Texas, donde un tirador mató a 19 niños y dos maestros en mayo de 2022.
El país está pagando un precio muy alto por la proliferación de armas de fuego en su territorio y la facilidad con la que los ciudadanos tienen acceso a ellas.
Excluyendo los suicidios, más de 15.000 personas han muerto a causa de la violencia armada desde principios de año en el país, según la organización no gubernamental Archivo de Violencia por Armas.
Maine es uno de los estados con la tasa más baja de homicidios por habitantes. Los 18 muertos del miércoles representan, de acuerdo a la asociación Everytown, más que la media anual de asesinatos por armas de fuego en el estado.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
