Internacionales
La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
Agentes de policía hallaron los huesos de cuatro bebés y el cadáver de un quinto en el domicilio de una pareja ubicado en Orange, en el sureste de Francia, donde los restos se encontraban dentro de cajas, informaron este martes diversas fuentes.
La fiscalía local indicó que abrió una investigación por asesinato tras el hallazgo realizado la noche del lunes en un apartamento situado en el centro histórico de la ciudad.
De acuerdo con la institución, la mujer, de 32 años, dio a luz en su vivienda el domingo a un bebé sano antes de ser trasladada a un hospital.
El descubrimiento de los restos ocurrió luego de que el hombre, también de 32 años, comenzara a revisar la vivienda “tras descubrir, una vez más y muy tarde, que su pareja estaba embarazada”, según explicó la fiscalía.
Durante la inspección, el hombre encontró lo que parecían ser restos humanos y notificó al hospital, que posteriormente alertó a la fiscalía.
Un médico forense señaló que los restos probablemente pertenecen a cinco recién nacidos.
Hasta el momento, se desconocen las causas de la tragedia. Los investigadores aún no han podido entrevistar a la madre, quien permanece hospitalizada tras el parto.
La fiscalía informó además que la pareja tiene otros dos hijos, de ocho y nueve años.
Un vecino identificado como Florent Jean declaró a AFP que ambos niños asistían a una escuela primaria de la localidad y que la madre solía recogerlos al mediodía para almorzar, mientras su pareja permanecía fuera de casa por motivos laborales durante gran parte del día.
El martes, varias bicicletas permanecían apoyadas frente al apartamento de la familia, ubicado en la segunda planta del edificio, mientras la puerta se encontraba precintada con cinta roja.
Las autoridades señalaron que los casos de homicidios de bebés al nacer no son poco frecuentes y que, en ocasiones, están relacionados con una alteración del discernimiento de la madre o con la negación del embarazo, ocultándolo a su entorno.
Como antecedente, el texto recuerda que en febrero una mujer de 50 años fue detenida tras el hallazgo de dos bebés en un congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este de Francia.
Asimismo, menciona que el caso más grave de infanticidio registrado en Francia fue el de Dominique Cottrez, quien en 2015 fue condenada a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos, luego de que un jurado reconociera una alteración de su discernimiento.
Autoridades mexicanas detuvieron el pasado lunes a la viuda del alcalde de Temoac, en el estado de Morelos, asesinado la semana pasada en su despacho, bajo la sospecha de estar involucrada en un caso de extorsión, informaron la fiscalía y medios de comunicación.
Valentín Lavín, alcalde de Temoac, fue asesinado a balazos el jueves pasado dentro del palacio municipal. De acuerdo con la prensa mexicana, tenía alrededor de 40 años.
El crimen ocurrió en una zona donde operan distintos cárteles del narcotráfico.
La Fiscalía de Morelos informó sobre la captura de Marisol “N”, identificada por medios mexicanos como la viuda del alcalde. En el mismo operativo también fue detenido Geovany Emmanuel “N”, quien dirigía la Policía del municipio.
La dependencia señaló que ambos fueron arrestados como parte de una estrategia contra la extorsión, aunque no proporcionó más detalles sobre las circunstancias de su detención ni sobre una posible relación con el homicidio de Valentín Lavín.
Según el contexto presentado, México registra cerca de un centenar de asesinatos de alcaldes desde 2006, año en que se intensificó la violencia vinculada al narcotráfico.
Uno de los casos más recientes ocurrió en noviembre del año pasado, cuando Carlos Manzo, alcalde de un municipio del estado de Michoacán, una región reconocida por la producción de aguacates, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos.
El rapero estadounidense D4vd irá a juicio acusado de asesinar y descuartizar a una niña de 14 años, luego de que la jueza Charlaine Olmedo determinara, al concluir una audiencia de cinco días realizada el pasado lunes en Los Ángeles, que existe evidencia suficiente para que el caso avance a esa etapa.
El cantante, de 21 años y cuyo nombre real es David Anthony Burke, está acusado de apuñalar a muerte a Celeste Rivas Hernández, una adolescente estadounidense con quien, según la fiscalía, habría mantenido una relación sexual desde que ella tenía 13 años y él 18.
De acuerdo con los mensajes presentados por la fiscalía durante la audiencia, la menor amenazó con “acabar” la carrera del cantante aproximadamente 24 horas antes de su muerte y tres días antes de que D4vd publicara su primer álbum.
“Te voy a estrangular (…) acabaré con tu carrera y tu vida, lo arruinaré todo”, escribió Rivas en uno de los mensajes citados durante la audiencia.
Según el fiscal, al día siguiente, a finales de abril de 2025, Burke solicitó un servicio de Uber para trasladar a la adolescente hasta su vivienda con el propósito de “deshacerse” de ella.
La acusación sostiene además que el cantante intentó borrar sus huellas al ordenar motosierras por Amazon, una piscina inflable para presuntamente desmembrar el cuerpo y un incinerador de jardín que, según la fiscalía, era demasiado pequeño para incinerarlo.
El cuerpo de Celeste Rivas Hernández fue encontrado cuatro meses después, en septiembre de 2025, en el maletero de un Tesla registrado a nombre del artista.
Burke se declaró no culpable de los cargos de asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos. En caso de ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte.
Durante la audiencia también se conoció que la familia de la adolescente estaba al tanto de la relación con el cantante. Sus padres firmaron un documento notarial para autorizar que viajara con él a Londres en septiembre de 2024.
Asimismo, los mensajes de texto presentados por la fiscalía indican que la joven estuvo embarazada y posteriormente se practicó un aborto. También mantuvo comunicación con Burke durante varios meses después de su separación, ocurrida en noviembre de 2024.
Blair Berk, uno de los abogados del cantante, afirmó que en un caso sin testigos ni arma homicida “no hay evidencia de una intención deliberada de matar”.
Por su parte, la fiscal Beth Silverman respondió: “No hay nada en este caso que suene como un accidente”, y acusó a la defensa de intentar “ensuciar a la víctima”.
La próxima audiencia para definir la fecha del juicio fue programada para el 31 de agosto.
