Internacionales
La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
Decenas de países, entre ellos Estados Unidos y China, abogaron por una inteligencia artificial «segura, fiable y sólida», en una declaración común emitida el sábado tras la cumbre sobre este tema celebrada en Nueva Delhi.
«Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales», reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales.
El comunicado no incluye ningún compromiso concreto, pero destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.
«Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad», afirma el comunicado, publicado un día después de lo previsto.
La Cumbre sobre el Impacto de la IA, a la que asistieron decenas de miles de personas en Nueva Delhi, incluyendo CEOs de grandes empresas del sector, fue la cuarta cita anual sobre la inteligencia artificial generativa.
Estados Unidos no firmó la declaración del año pasado, y en esta edición hizo saber el viernes que rechazaba «totalmente» cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial.
Horas antes de ese posicionamiento de Washington, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la constitución de una comisión científica destinada a «convertir el control humano en una realidad técnica» para la inteligencia artificial.
Entre los temas más candentes que se abordaron, se cuentan las ventajas que puede aportar la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.
«Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas de IA eficientes desde el punto de vista energético», indicó el comunicado.
Igualmente, alienta a adoptar marcos «apropiados» que «estimulen la innovación al tiempo que promueven el interés público».
Los analistas ya avisaron que era improbable esperar compromisos concretos, a tenor del amplísimo enfoque de la cita y la vaguedad de las promesas hechas en las anteriores cumbres en Francia, Corea del Sur y Reino Unido.
Un centenar de activistas indígenas ocuparon este fin de semana una terminal portuaria de Cargill en el norte de Brasil, para protestar contra la explotación de los ríos amazónicos para el transporte de granos.
Los manifestantes llevaban más de un mes acampados frente a la entrada de la terminal en la ciudad nórdica de Santarém.
Alegando responder a una orden judicial de desalojo, decidieron intensificar su acción el sábado, entrando en las instalaciones y ocupando, entre otros sitios, las oficinas que albergan los sistemas de vigilancia. La ocupación continúa este domingo.
En un comunicado enviado a la AFP, Cargill indicó que las operaciones de la terminal habían sido suspendidas a causa de «incidentes violentos derivados de una disputa en curso entre las autoridades gubernamentales (brasileñas) y las comunidades indígenas».
Los manifestantes exigen la derogación de un decreto firmado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en agosto pasado, que designa los principales ríos amazónicos como zonas prioritarias para el transporte de carga y la expansión de puertos privados.
«Mientras no se derogue el decreto, nos quedaremos aquí», declaró a la AFP en la noche del sábado Alessandra Korap, líder del pueblo Munduruku.
Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, que consideran vitales para su modo de vida.
Hace dos semanas, el gobierno de Lula anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un importante afluente del Amazonas, «en respuesta a la movilización de los pueblos indígenas y (…) como gesto de diálogo».
Korap consideró insuficiente esta medida. «El gobierno intentó engañarnos», dijo.
En una gran estructura metálica con vistas a la terminal, los manifestantes colgaron una pancarta con el mensaje «No al dragado».
En su comunicado, Cargill instó a «las partes directamente involucradas a priorizar la seguridad, a entablar un diálogo constructivo y a trabajar para lograr una solución que permita la reanudación de las operaciones».
«Si la gente de Cargill quiere que nos vayamos, que presionen a Lula», replicó Korap.
La multinacional estadounidense, con sede en Minnesota, opera logística agrícola en todo Brasil, donde emplea a aproximadamente 11.000 personas.
El viernes, activistas indígenas también se manifestaron frente a las instalaciones de Cargill en São Paulo (sureste).
«El dragado contaminará el río, que dejará de ser un bien común para toda la humanidad y se convertirá en un patrimonio privado», declaró a la AFP Thiago Guarani, uno de los manifestantes.
Brasil es el principal exportador mundial de soja y maíz, y el desarrollo de puertos fluviales en la Amazonia busca reducir el costo del transporte de estos granos.
Rescatistas en California recuperaron el sábado el cuerpo de la novena y última persona fallecida en una fatal avalancha en las montañas de Sierra Nevada, informó la oficina del sheriff local.
Un alud impactó a un grupo de 11 esquiadores y cuatro guías el martes, cuando regresaban de un paseo de tres días en la región próxima al pico Castle, una montaña de 2.777 metros, popular destino turístico en la costa oeste de Estados Unidos.
Seis personas fueron rescatadas con vida por los socorristas el martes. Esta fue la avalancha más mortal en Estados Unidos desde 1981.
«Las nueve personas que perdieron la vida en la avalancha de pico Castle del 17 de febrero fueron recuperadas de forma segura de la montaña», señaló la oficina del sheriff del condado de Nevada en un comunicado.
«No hay palabras que realmente capten la magnitud de esta pérdida y nuestros corazones lloran junto a las familias de los afectados por este catastrófico suceso», declaró la sheriff Shannan Moon.
Las autoridades habían advertido el jueves que las operaciones de búsqueda se prolongarían durante el fin de semana por el mal tiempo en la zona.
Los sobrevivientes lograron pedir ayuda poco después de que se produjera el desastre, pero las condiciones de visibilidad nula y el riesgo de nuevos aludes de nieve hicieron que los equipos de rescate no pudieran llegar hasta ellos durante varias horas.
