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La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
El abogado Matías Morla, una de las personas más cercanas al exfutbolista argentino Diego Maradona, declaró en el juicio por la muerte del exjugador y aseguró que, de haber estado en buen estado de salud, Maradona «no pasaba ni 30 segundos» dentro de la vivienda de la localidad de Tigre, en el norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.
Maradona permaneció en esa residencia hasta su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio.
El proceso judicial, que se desarrolla en la localidad de San Isidro, evalúa la pertinencia y las condiciones de la internación domiciliaria, además de determinar la responsabilidad del equipo médico encargado de su atención.
Al igual que otros testigos que han comparecido durante el juicio, Morla sostuvo que la habitación donde permanecía el exfutbolista «estaba armada de manera muy precaria» y señaló que en la vivienda «no había aparatología ni ambulancia» para atender una eventual emergencia.
Durante la declaración, el abogado explicó que mientras Maradona estaba con vida administraba sus negocios y contrataba personal para atenderlo, aunque aseguró que no tuvo participación en la decisión sobre la internación domiciliaria.
«Todos confiábamos en Swiss Medical, no soy médico», manifestó.
Morla también fue uno de los pocos testigos que expresó respaldo al neurocirujano Leopoldo Luque, médico de confianza de Maradona y principal acusado en el proceso judicial.
«Diego amaba a Luque, tenía una confianza con él tremenda», afirmó.
La comparecencia de Morla había generado expectativa debido al conflicto judicial que mantiene con los hijos de Maradona en una causa paralela relacionada con la explotación de la marca «Diego Maradona».
Por ese caso, Morla, dos hermanas de Maradona y otras tres personas enfrentarán un juicio por el presunto delito de «administración fraudulenta».
Horas antes también declaró Jonathan Espósito, sobrino y asistente de Maradona, quien fue una de las primeras personas en encontrar al exfutbolista sin vida.
«Estaba hinchado, con la lengua afuera y el cuerpo helado», recordó durante su testimonio.
En este proceso, Leopoldo Luque y otros seis profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían causar la muerte del exfutbolista. Todos los acusados se han declarado inocentes.
Los procesados —entre ellos enfermeros, médicos y un psicólogo— enfrentan una pena de hasta 25 años de prisión. Una octava acusada, una enfermera, será juzgada en un proceso separado.
Una mujer de 27 años, identificada como Sindel Nicol Mejía Girón, fue capturada por la Policía de Honduras tras ser señalada de planificar su propio secuestro y exigir a su familia el pago de 10 mil dólares por su supuesto rescate.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en noviembre de 2025, cuando la mujer salió de su vivienda con destino a una discoteca.
Desde ese momento no se tuvo información sobre su paradero hasta que quienes se identificaban como sus secuestradores se comunicaron con sus familiares para exigir el pago del rescate.
Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestros permitieron establecer que el secuestro nunca existió.
Las autoridades concluyeron que la propia Sindel Nicol Mejía Girón habría organizado toda la situación con el propósito de obtener el dinero, debido a que atravesaba problemas económicos y mantenía deudas pendientes.
Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición del juzgado competente para continuar con el proceso judicial, detallaron las autoridades hondureñas.
Una niña de tres años y un hombre de 38 fallecieron la mañana de este jueves en Petén, Guatemala, luego de que un camión les cayera encima tras el colapso de un puente de madera.
El hecho ocurrió en la comunidad El Limón, en el municipio de Dolores, departamento de Petén, donde, según informaron autoridades locales, el derrumbe de la estructura dejó el saldo fatal de dos personas fallecidas.
La menor fue identificada como Kristel García Suchité, de tres años. En el caso del hombre, únicamente se informó que tenía 38 años.
De acuerdo con residentes de la zona, el puente de madera tenía más de 40 años de antigüedad, por lo que no soportó el paso del camión y terminó colapsando.
