Internacionales
La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
Desplazarse sin Google Maps, dejar de deslizar el dedo por Instagram, guardar los auriculares para escuchar el canto de los pájaros: durante un mes, un grupo de jóvenes estadounidenses cambió sus teléfonos inteligentes por sencillos aparatos de tapa y se embarcó en una desintoxicación digital.
«Estaba esperando el autobús y no sabía cuándo llegaría», recordó Jay West, de 29 años, quien participó en el desafío «Un mes offline», organizado por una pequeña startup con el apoyo de un grupo comunitario local.
Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y West —que trabaja como analista de datos para el sistema de metro de Washington— comentó que a menudo se encontró metiendo la mano en el bolsillo para buscar su teléfono móvil, pese a que no lo llevaba encima.
Pero finalmente resultó ser una experiencia liberadora, asegura.
«A veces me aburría, y eso está bien!», recordó una tarde reciente en una huerta comunitaria de la ciudad donde los participantes de la experiencia se reunieron para compartir las dificultades y las alegrías de desconectarse. «Está bien aburrirse», dijo West.
Sentada a su lado estaba Rachael Schultz, de 35 años, quien tuvo que pedir indicaciones a desconocidos que pasaban en bicicleta. También Lizzie Benjamin, de 25, que desempolvó viejos CD que su padre había grabado para poder escuchar música sin recurrir a Spotify.
Antes de la desintoxicación, a Bobby Loomis —trabajador del sector inmobiliario de 25 años— le costaba ver siquiera un episodio completo de una serie de televisión sin mirar su teléfono.
Vida social «enriquecedora»
Desde hace tiempo, los científicos vienen alertando que la adicción a los teléfonos móviles está asociada con una menor capacidad de atención, problemas de sueño y ansiedad.
En un fallo histórico de fines de marzo, un tribunal de California dictaminó que Instagram y YouTube son responsables de la naturaleza adictiva de sus plataformas.
Un número creciente de jóvenes estadounidenses está, por fin, tomando nota de ello.
Según una encuesta de YouGov realizada el año pasado, más de dos tercios de las personas de entre 18 y 29 años desearían reducir su tiempo de uso de pantallas.
Y existen nuevas herramientas disponibles para lograrlo: aplicaciones, dispositivos para bloquear el teléfono y grupos —como el de Washington— que promueven desintoxicaciones de un mes.
En los campus universitarios se han popularizado las dietas de redes sociales de varias semanas, y las reuniones sin pantallas entre amigos se han convertido en una tendencia en las grandes ciudades.
Prescindir del teléfono inteligente, aunque sea solo por un par de semanas, conduce a un «mayor bienestar y a una mejor capacidad para mantener la atención», afirmó Kostadin Kushlev, investigador de psicología en la Universidad de Georgetown.
Los estudios preliminares sugieren que esos efectos perduran en el tiempo, añadió.
Josh Morin, uno de los organizadores de los programas de desintoxicación en Washington, considera que simplemente dejar de usar el teléfono no es suficiente y que resulta vital ofrecer una alternativa atractiva.
Su programa incluye una sesión semanal de debate para los participantes, en un bar de karaoke situado en un barrio de moda de la capital estadounidense.
«Para romper realmente con ese hábito, es necesario ofrecer una vida social, comunitaria y enriquecedora», señaló Morin.
«El comienzo de algo importante»
«Un mes offline» fue lanzado hace un año por una empresa llamada Dumb.co.
Participar cuesta aproximadamente 100 dólares por persona, tarifa que cubre el préstamo de un celular viejo precargado con herramientas esenciales —llamadas telefónicas, mensajes de texto y la aplicación Uber- que se sincronizan con el teléfono inteligente del usuario.
Hasta la fecha, la «startup» ha avanzado a paso lento. Espera superar la marca de mil participantes en mayo.
Pero los expertos vislumbran una tendencia más amplia.
Graham Burnett, profesor de historia en la Universidad de Princeton, cree estar frente al «amanecer de un movimiento auténtico», similar al surgimiento de la ola ecologista en la década de 1960, que dio lugar a importantes leyes de protección medioambiental.
Kendall Schrohe, de 23 años y empleada en una organización de vigilancia de la privacidad digital, completó el programa mensual de desintoxicación en Washington en enero.
Ahora es capaz de orientarse por su barrio sin depender de Google Maps; además, eliminó su cuenta de Instagram y organizó su propio grupo de «sobriedad digital».
«Adopté una perspectiva optimista y siento que realmente estamos ante el comienzo de algo importante», comentó.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
