Internacionales
La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
