Internacionales
La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
Internacionales
Presidente Paz decreta estado de excepción en Bolivia tras más de seis semanas de protestas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción y ordenó la movilización de policías y militares tras más de seis semanas de protestas y bloqueos protagonizados por indígenas aimaras y campesinos afines al exmandatario Evo Morales, quienes exigen su renuncia.
Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas iniciaron una huelga y cortes de rutas para exigir al Gobierno soluciones a la crisis económica, considerada la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad, situación que generó malestar general.
Aunque el viernes el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país, indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros afines a Morales decidieron mantener los bloqueos de carreteras.
Ante la falta de acuerdos, los sectores movilizados incorporaron la demanda de renuncia presidencial y extendieron los bloqueos a nivel nacional. Asimismo, durante varios días se registraron enfrentamientos con la Policía en La Paz, ciudad que junto con su vecina El Alto enfrenta escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
“Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, afirmó Paz durante un mensaje difundido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno. El mandatario sostuvo además que la medida responde a “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.
El Gobierno de centroderecha de Paz, que asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobiernos de izquierda, acusa a Morales de impulsar las protestas y de utilizar recursos provenientes del narcotráfico, aunque no ha presentado pruebas. Morales permanece oculto en la región cocalera de Chapare para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor, acusación que niega. También ha rechazado los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
En su mensaje, Paz informó que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población.
El decreto, publicado posteriormente en la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Además, establece que los ministerios de Gobierno y Defensa podrán emitir resoluciones conjuntas para restringir, cuando sea necesario, los derechos de circulación, locomoción y reunión. La medida deberá ser ratificada por el Congreso, que convocará reuniones en las próximas horas.
La declaración del estado de excepción se produjo un día después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con la COB. Mario Argollo, máximo dirigente de la organización sindical, anunció el levantamiento de las medidas de presión a nivel nacional y destacó el compromiso gubernamental de cumplir de forma inmediata lo acordado.
Paz celebró el entendimiento alcanzado con la central sindical y afirmó que “el diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.
Durante la semana pasada, el Gobierno instaló mesas de trabajo con dirigentes sindicales y ministros para negociar una salida al conflicto. Entre los acuerdos alcanzados figura el estudio de la liberación de personas detenidas durante las marchas en La Paz y los bloqueos de carreteras. La Defensoría del Pueblo reportó más de un centenar de arrestados.
Asimismo, la administración de Paz se comprometió a no privatizar empresas estatales, una de las principales demandas de los sindicatos.
Sin embargo, tras conocerse el acuerdo, organizaciones campesinas y cocaleras anunciaron que mantendrían las medidas de presión. El dirigente campesino Antonio Mallku aseguró que se determinó radicalizar los grupos de huelga en las carreteras.
Por su parte, los cocaleros informaron en un comunicado difundido por una radio de su propiedad que mantendrán la movilización y los bloqueos de caminos, al tiempo que calificaron la firma del convenio entre el Gobierno y la COB como una “traición”.
Una alta funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que trabajadores de la salud estuvieron entre las primeras personas infectadas durante el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC).
La directora de Emergencias de la OMS, Marie Roseline Belizaire, señaló mediante videoconferencia desde el oriente de la RDC que, oficialmente, desde que se declaró el brote el 15 de mayo, 75 trabajadores sanitarios contrajeron ébola y 17 de ellos fallecieron.
“Es un precio verdaderamente elevado el que el sistema, el sistema de salud, está pagando porque no tenemos suficientes trabajadores sanitarios en RDC”, afirmó la funcionaria.
En respuesta a consultas de periodistas, Belizaire explicó que cerca del 90 % de los pacientes con ébola no presentaron inicialmente síntomas hemorrágicos. Debido a ello, muchas personas permanecieron en sus hogares automedicándose o buscaron atención con sanadores tradicionales. Asimismo, indicó que el cuerpo de una persona fallecida por ébola es más contagioso que cuando la persona estaba viva.
La directora de Emergencias de la OMS enfatizó que, aunque el brote de ébola continúa siendo una preocupación importante, otras enfermedades, especialmente la malaria, representan desafíos sanitarios significativos y no deben ser descuidadas.
Belizaire también informó que China desplegó un equipo médico para fortalecer los esfuerzos de respuesta ante la emergencia, mientras que Uganda se prepara para enviar otro contingente de apoyo.
La funcionaria advirtió que la situación sigue siendo grave y continúa evolucionando. Agregó que todavía se reportan nuevos casos en múltiples regiones, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener y acelerar las medidas de respuesta.
Hasta este viernes, la República Democrática del Congo confirmó 896 casos de ébola y 232 fallecimientos distribuidos en 33 zonas sanitarias de tres provincias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúa propagándose rápidamente, pese al fortalecimiento de las acciones para combatir el virus.
Marie-Roseline Belizaire, responsable de emergencias para África en la OMS, afirmó que el brote sigue siendo grave y está evolucionando con rapidez, al tiempo que alertó sobre una transmisión acelerada de la enfermedad.
En declaraciones ofrecidas a periodistas en Ginebra desde Bunia, capital de la provincia de Ituri, Belizaire señaló que, aunque la situación es preocupante, la respuesta sanitaria se fortalece cada día.
El brote fue declarado el 15 de mayo, aunque la transmisión de la rara cepa Bundibugyo del virus pasó desapercibida durante un período de tiempo.
Según el más reciente informe de la OMS, se han confirmado 896 casos de ébola en la RDC, incluidos 232 fallecimientos. Además, en las últimas 24 horas se registraron 21 nuevos contagios.
La epidemia se concentra principalmente en la provincia de Ituri, afectada por el conflicto y donde se reporta más del 90 % de los casos conocidos. No obstante, el virus también se ha extendido a las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.
Belizaire explicó que la velocidad con la que avanza la enfermedad obliga a acelerar la respuesta para evitar perder terreno frente al brote.
Entre los avances alcanzados, destacó el incremento en la disponibilidad de camas para pacientes con ébola, pasando de cero a más de 500 espacios de tratamiento.
Asimismo, los equipos de vigilancia investigan cerca de 400 alertas diarias y tienen capacidad para realizar más de 2,000 pruebas cada día.
Las autoridades sanitarias también han intensificado el rastreo de contactos de casos confirmados, alcanzando ya al 75 % de las personas identificadas. Sin embargo, la OMS indicó que es necesario localizar al 95 % de los contactos para lograr controlar la epidemia.
La organización recordó que el ébola se transmite mediante contacto estrecho con fluidos corporales infectados. Además, destacó que una mejor detección permite realizar entierros seguros y dignos, reduciendo el elevado riesgo que representa para los familiares la manipulación de cadáveres infectados.
La situación en la vecina Uganda presenta un panorama distinto. Ese país ha registrado 19 casos confirmados, incluidos dos fallecimientos, mientras que 10 pacientes se han recuperado. Además, no se han reportado nuevos casos durante los últimos 12 días.
