Internacionales
La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
Internacionales
Milo, Draco y Fénix: los rescates que devuelven la esperanza tras los terremotos en Venezuela
Las redes sociales continúan difundiendo historias de rescate tras los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio. Entre ellas destacan los rescates de dos caninos que permanecieron durante 12 días bajo los escombros.
Uno de los casos es el de Milo, un perro de raza pequeña que fue localizado asomándose entre los restos de un edificio colapsado. La operación de rescate estuvo a cargo de elementos del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR El Salvador), en coordinación con los Topos Azteca de México y los Topos Azteca Nayarit.
Otro de los rescates fue el de Draco, un chihuahua de color negro y café claro que presentaba visibles signos de cansancio. Sus familiares buscaban a varias mascotas en un edificio de apartamentos ubicado en La Guaira, cuando un débil ladrido permitió localizarlo. Tras ser rescatado, recibió primeros auxilios e hidratación por parte de una brigada veterinaria y posteriormente fue trasladado a una clínica especializada para recibir tratamiento médico.
Por otra parte, la cuenta oficial en X de la Fuerza Armada de El Salvador informó el pasado domingo que la primera brigada de la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) llevó a cabo el rescate de Fénix, una perrita criolla de talla mediana que fue adoptada por la institución.
«A partir de ahora tendrá un nuevo hogar y una gran misión: entrenarse para convertirse en integrante de la UHR y salvar vidas junto a su manada», publicó la entidad castrense en su cuenta oficial de X, al darle la bienvenida a territorio salvadoreño.
Asimismo, el programa de asistencia veterinaria del gobierno venezolano, Misión Nevado, informó mediante un video publicado en redes sociales que 449 animales han sido rescatados y permanecen bajo resguardo y atención veterinaria en la granja Los Corales, en La Guaira.
Los trabajos de USAR El Salvador continúan en Venezuela. Hasta el cierre de esta nota, el contingente humanitario salvadoreño había rescatado a siete personas, además de recuperar cadáveres y rescatar mascotas, entre ellas Milo.
De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, los equipos de rescate han intervenido los edificios Miramar, OPP 26, Roca Park y el residencial Caribe. La misión humanitaria continúa desarrollándose en territorio venezolano.
La provincia canadiense de Columbia Británica informó el martes que prepara una demanda contra OpenAI por no haber reportado a las autoridades la actividad violenta registrada en ChatGPT por la persona que posteriormente cometió un tiroteo escolar.
La fiscal general de la provincia, Niki Sharma, explicó que el gobierno provincial busca responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial y a quienes toman sus decisiones por no haber notificado a las fuerzas del orden sobre las solicitudes de contenido violento realizadas en la plataforma antes de la tragedia ocurrida en Tumbler Ridge.
«La provincia está preparando acciones legales para responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial OpenAI y a quienes toman sus decisiones por su fracaso para notificar a las fuerzas de la ley las solicitudes violentas hechas en su plataforma ChatGPT por el perpetrador antes de la tragedia en Tumbler Ridge», declaró Sharma a periodistas.
La autora del ataque fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una persona transgénero de 18 años, quien mató a ocho personas en el pequeño pueblo minero de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica.
Según la información proporcionada, OpenAI suspendió una cuenta vinculada a Van Rootselaar en junio de 2025, ocho meses antes del tiroteo. La empresa bloqueó la cuenta debido a preocupaciones relacionadas con un posible uso asociado a actividades violentas, aunque aseguró que no informó a la policía porque no existían indicios de un ataque inminente.
Por su parte, un portavoz de OpenAI señaló el martes que la compañía ya reforzó sus medidas de seguridad, especialmente en la forma en que ChatGPT responde a señales de angustia.
«Aplicamos una política de tolerancia cero respecto al uso de nuestras herramientas para ayudar a cometer actos de violencia», afirmó la empresa en una declaración escrita.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un «golpe de Estado» y pidió a las Fuerzas Armadas «proteger» la democracia y desobedecer cualquier orden orientada a ese propósito.
Los trámites para la transmisión de mando, prevista para el 7 de agosto, se desarrollan en medio de tensiones entre el gobierno saliente de izquierda y el presidente electo de extrema derecha, quien cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.
Según De la Espriella, Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje celebrado en junio, en el que el abogado obtuvo la victoria por menos del 1 % de los votos sobre el candidato oficialista, Iván Cepeda. El presidente electo también acusa al gobierno saliente de corrupción.
«Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado», declaró De la Espriella, luego de suspender el proceso de transición con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.
El mandatario electo calificó la transición como una «auditoría exhaustiva» de la administración de Petro y afirmó haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, la concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud.
En respuesta, Petro escribió en X que De la Espriella «se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución (…) y entregó la soberanía nacional para ser presidente».
De la Espriella, quien posee nacionalidad colombiana y estadounidense, se ha declarado admirador de Trump y aseguró haber votado por él en las elecciones de 2024. Además, afirmó que bajo su administración Colombia y Estados Unidos tendrán una relación «como nunca antes».
Las diferencias entre Petro y Trump han quedado reflejadas en reiterados desacuerdos sobre política migratoria y la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, Petro afirmó que desconoce la «legitimidad» del presidente electo, sostiene que existió un «fraude electoral» y convocó protestas para el 20 de julio, fecha en la que ofrecerá su discurso de despedida de la Presidencia.
Aunque el senador Iván Cepeda, heredero político de Petro, reconoció los resultados electorales, anunció que se mantendrá en «desobediencia civil» frente al nuevo gobierno.
Sin embargo, observadores internacionales y las autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.
De la Espriella ha prometido impulsar la inversión privada, reducir el tamaño del Estado y endurecer el combate contra las guerrillas y los carteles del narcotráfico.
El abogado, conocido como «El Tigre», ha capitalizado el descontento de una parte de la población por los intentos fallidos del gobierno de Petro para negociar la paz con grupos armados, en medio de la peor ola de violencia registrada en la última década.
Asimismo, el presidente electo amenazó con llevar a Petro, a Cepeda y a sus aliados ante tribunales estadounidenses. Aseguró que estos tienen «miedo» por el «destape que vendrá, no solo frente a toda la corrupción (…) sino de las consecuencias legales que tendrán sus vínculos con el narcoterrorismo», aunque no presentó pruebas que respalden esas afirmaciones.
De la Espriella también sostuvo que las denuncias de fraude constituyen una «excusa para incendiar el país».
Mientras tanto, sectores de la derecha expresan preocupación por un eventual estallido de protestas, similares a las manifestaciones respaldadas por Petro contra el entonces presidente Iván Duque entre 2019 y 2021, las cuales dejaron decenas de fallecidos.
Pese a la suspensión de la participación del equipo del presidente electo, Petro aseguró que el proceso de transmisión de mando continuará.
«Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar», escribió el mandatario en su cuenta de X.
