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La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
Las potencias del G7, incluido Estados Unidos, urgieron este miércoles a las empresas tecnológicas a desarrollar herramientas que garanticen la seguridad de los menores en línea, en medio de la creciente preocupación por las implicaciones del avance de la inteligencia artificial.
El llamado fue realizado al concluir una cumbre de tres días celebrada en Evian, al este de Francia, que finalizó con un almuerzo de trabajo al que asistieron directivos de empresas de inteligencia artificial de Norteamérica, Europa, India y Japón.
En una declaración conjunta, el G7 y representantes de Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia solicitaron a los proveedores de servicios digitales desarrollar e implementar tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas para cada edad.
Estados Unidos respaldó la postura de sus socios del G7 —Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido— respecto a la necesidad de proteger a los menores en las redes sociales.
Durante la cumbre, el primer ministro británico, Keir Starmer, recordó que el Reino Unido prohibirá a los menores de 16 años utilizar redes sociales, mientras que Francia estudia una medida similar.
Por su parte, la primera dama de Brasil, Rosangela “Janja” da Silva, propuso la creación de un pacto mundial sobre la protección de menores en el entorno digital.
Sin embargo, los países del G7 mantienen diferencias en temas relacionados con la fiscalidad y la regulación del sector digital.
La cumbre también estuvo marcada por la situación de Anthropic, empresa estadounidense de inteligencia artificial cuyo directivo, Dario Amodei, participó en el encuentro. La compañía suspendió el acceso a la versión más potente de su tecnología en cumplimiento de una orden de Washington basada en riesgos para la seguridad nacional.
En ese contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Estados Unidos y la Unión Europea deben ser socios sólidos en materia de inteligencia artificial y abogó porque ciudadanos y empresas puedan utilizar de forma segura los mejores modelos de esta tecnología.
Asimismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asistió como invitado al G7, pidió que las transiciones energética y digital no reproduzcan modelos que concentren los beneficios económicos en pocos actores.
Además, el grupo acordó reducir significativamente su dependencia de China como proveedor de minerales críticos y anunció el lanzamiento para noviembre de una red portuaria destinada a combatir el narcotráfico y fortalecer la cooperación entre los principales puertos marítimos.
En materia geopolítica, los líderes del G7 calificaron como una “oportunidad histórica” el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y coincidieron en aumentar la presión sobre Rusia para que termine el conflicto en Ucrania.
Según el documento difundido por el grupo, el acuerdo alcanzado bajo el liderazgo del presidente Donald Trump representa una oportunidad para impedir que Irán adquiera armas nucleares y para abordar amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas.
No obstante, Trump advirtió que si el acuerdo no se cumple, Estados Unidos retomará los bombardeos, previo a la ceremonia de firma prevista en Suiza.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, consideró que el pacto puede generar cambios significativos tanto en Oriente Medio como en otros escenarios internacionales, incluido el conflicto en Ucrania.
Trump también endureció su discurso hacia Moscú al señalar que Rusia debería alcanzar un acuerdo con Kiev y al sugerir la posibilidad de restablecer sanciones al petróleo y gas rusos.
Al cierre de la cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, invitó a Trump a una cena en el Palacio de Versalles, a las afueras de París. El mandatario estadounidense confirmó su asistencia y destacó el valor histórico del recinto, asociado al rey Luis XIV.
