Internacionales
La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
Cerca de las 08H00 locales (11H00 GMT), el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó la barrera de contención.
«Tenemos tres personas fallecidas, 10 heridos, de distinta consideración, algunas graves», dijo a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien agregó que se investiga las causas del accidente.
La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital.
El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó «a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector».
Los bomberos combaten el incendio.
En 2025 Francia recibió dos millones más de visitantes internacionales que el año anterior, lo que le permitió obtener unos ingresos «récord» de 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), anunció el jueves el Ministerio de Turismo francés.
España declaró haber recibido 97 millones de turistas extranjeros e ingresos de 135.000 millones de euros (159.200 millones de dólares al cambio actual).
Atout France, la agencia que promociona el turismo francés en el extranjero, cuestiona los cálculos españoles y considera que los beneficios procedentes estrictamente de los extranjeros en el país ascienden a unos 105.000 millones de euros.
Si se suman las clientelas francesa e internacional, el consumo turístico interno alcanzó los 222.000 millones de euros el año pasado (unos 261.000 millones de dólares), impulsado por los alemanes, por delante de los italianos, los españoles, los belgas y los neerlandeses.
«España es un país de destino la mayoría de las veces, nosotros somos un país de tránsito», afirmó el ministro de Turismo francés Serge Papin, en rueda de prensa.
Debemos «hacer que la gente permanezca más tiempo en nuestro país», añadió, y recordó el objetivo de 100.000 millones de euros en ingresos para 2030.
En promedio, un turista extranjero permanece cerca de siete días en España, según las autoridades locales, frente a cinco en Francia, según el director general de Atout France, Adam Oubuih.
España «concentra un turismo más a inicios de año (…) con volúmenes de ofertas muy importantes en Andalucía, Canarias, Baleares», lo que hace bajar los precios, explicó Christian Mantei, presidente de Atout France.
Francia celebra que el gasto medio de un turista internacional en el país progresó 7% en 2025, hasta 760 euros.
Para reducir la brecha, Papin apuesta por la «diversificación», con el desarrollo del agroturismo, donde España e Italia son referentes, y el enoturismo.
También recordó la necesidad de mano de obra en el sector, con 61.000 empleos no cubiertos actualmente, sobre todo por la falta de alojamiento para los trabajadores temporales.
Y la demanda aumentará, con «una proyección de necesidad de 350.000 empleos» en los próximos tres a cinco años.
Entre el turismo proveniente de otros continentes, los hoteles registraron una afluencia mucho mayor de turistas estadounidenses (+17%), mientras que la clientela asiática, aunque en aumento, sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia de Covid-19, especialmente la china.
Aunque Francia sigue siendo el principal destino de los franceses, el atractivo del país se ha atenuado ligeramente (-5% de estadías) en beneficio de los viajes al extranjero (+4%), en particular hacia otros países del Mediterráneo.
El comienzo de 2026 dibuja «perspectivas alentadoras», con reservas aéreas «en fuerte aumento» en el primer trimestre con respecto a 2025, señala el ministerio, que cita entre los orígenes más dinámicos México (+19%), China (+17%) y Canadá (+7%).
En Europa también son más numerosos los españoles que optan por Francia en este inicio de año, con un aumento del 8% de las reservas en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En las estaciones de deportes de invierno, la temporada 2025/2026 se perfila con «buenos resultados», según el Gobierno francés, con reservas que dejan entrever un ligero aumento de los índices de ocupación.
Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.
«La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello», aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.
«Lo sentenciamos a prisión perpetua», expresó.
Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar «fuerzas antiestatales».
El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.
El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos.
«La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable», indicó el juez.
Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.
Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal capitalino con pancartas que decían «Yoon, grande de nuevo» o «Retiren los cargos contra el presidente Yoon».
Policías vestidos con chaquetas color neón se desplegaron frente al tribunal para impedir cualquier disturbio por el veredicto.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas «fuerzas antiestatales».
Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.
La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.
Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.
Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían «salvaguardar la libertad» y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una «dictadura legislativa» encabezada por la oposición».
La fiscalía lo acusó de dirigir una «insurrección» impulsado por un «deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo».
Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.
Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.
