Internacionales
La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
Internacionales
Bank of America acepta pagar $72,5 millones para cerrar un proceso civil vinculado a Epstein
Bank of America aceptó pagar 72,5 millones de dólares para cerrar una causa civil colectiva en la que se le acusaba de haber facilitado el «tráfico sexual» del financista Jeffrey Epstein, según documentos judiciales consultados por AFP.
«Esta resolución nos permite dejar el asunto atrás y le ofrece un cierre a los demandantes», indicó un portavoz de Bank of America, que de todos modos niega haber ayudado a Epstein en la comisión de delitos.
El acuerdo entre las partes debe aún ser ratificado por un juez de Nueva York.
Las demandantes, presentadas como víctimas sin identificar del fallecido financista, acusaban al banco estadounidense de haber «participado consciente e intencionalmente en la red de trata sexual de Jeffrey Epstein» al prestarle servicios bancarios a pesar de las «señales de alerta».
En el texto del acuerdo, Bank of America reiteró que impugna todas las acusaciones en su contra.
El banco específicamente negó «haber participado de cualquier manera» en la red criminal de Epstein.
Es el más reciente de los acuerdos de bancos con víctimas de Epstein, después de un acuerdo por 75 millones de dólares con JP Morgan y un pago reportado por 75 millones de dólares por parte de Deutsche Bank, ambos en 2023.
Epstein fue arrestado y acusado en julio de 2019 por explotación sexual de menores y conspiración. Fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de ese año, mientras esperaba ser juzgado. La autopsia concluyó que se trató de un suicidio.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en línea más de tres millones de archivos relacionados con la investigación en su contra. Los documentos muestran el alcance de sus vínculos con importantes personalidades en todo el mundo.
Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años.
Ese archipiélago asiático, de 284 millones de habitantes, se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los más jóvenes de los efectos perjudiciales de la exposición prolongada a contenidos adictivos en las plataformas digitales.
Las cuentas pertenecientes a menores de 16 años deberán empezar a desactivarse desde este sábado en redes consideradas «de alto riesgo», entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live -especializada en video en directo- y el videojuego Roblox.
X y Bigo ya aplicaron la nueva disposición y elevaron la edad mínima de uso a 16 y 18 años, respectivamente, indicó el viernes por la noche la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid, justo antes de que se aplicara la prohibición.
Las demás plataformas digitales deben «adaptar de inmediato sus productos, funcionalidades y servicios a la normativa vigente», añadió la funcionaria en una conferencia de prensa.
Advirtió que no habrá «margen para concesionesv» para las redes sociales que operan en Indonesia.
TikTok aseguró el viernes en un comunicado su compromiso de cumplir con la medida, incluyendo «tomar las medidas adecuadas con respecto a las cuentas de menores de 16 años».
Sin embargo, el gobierno indonesio no ha indicado cómo piensa controlar su veto.
La responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensiones si no aplican las nuevas medidas.
México denunció la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y exigió investigar las «graves omisiones» del centro de detención donde se hallaba el migrante.
Con este caso, según la cancillería de México, suman 14 los mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en redadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó una política antimigratoria desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
El hecho más reciente ocurrió en el estado de California la noche del miércoles. El mexicano estaba detenido en el centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la cancillería en un comunicado difundido la noche del viernes.
La institución exhortó a Estados Unidos a que «estos lamentables casos no continúen» y demandó «una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia».
Sin identificar al mexicano fallecido, la cancillería aseguró que el consulado en San Bernardino está en contacto con su familia y también con autoridades de Estados Unidos «para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas» al deceso.
El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. «Pedimos que se respeten los derechos humanos. (…) No estamos de acuerdo con estas formas de detención», declaró en rueda de prensa.
En un reporte difundido ese día, la cancillería detalló que seis de los casos conocidos hasta entonces están relacionados con «complicaciones médicas» y cuatro más fueron catalogados como «suicidio».
Además, otros dos mexicanos han fallecido en redadas migratorias y uno fue abatido durante un tiroteo contra instalaciones migratorias.
El año pasado, en medio de la política antimigratoria de Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.
