Internacionales
La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
Internacionales
VIDEO | Tanque de agua cae desde edificio y deja a motociclista y acompañante lesionados
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motociclista y su acompañante son impactados por un tanque de agua que cayó desde un edificio de al menos seis niveles, en la ciudad de Veracruz, México.
Las imágenes, captadas por otro conductor, evidencian cómo el depósito —tipo Rotoplas— se desploma desde gran altura, impacta contra el suelo y rebota hacia los ocupantes de la motocicleta.
Tras el golpe, el conductor pierde el control del vehículo y derrapa sobre el pavimento.
De acuerdo con medios locales y testigos, ambas personas resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por paramédicos voluntarios, quienes las trasladaron a un centro asistencial.
El presidente Donald Trump amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.
Trump escribió en su red Truth Social que si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.
«Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca», lanzó al mandatario.
Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.
Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.
Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.
En una carta dirigida a los Estados miembros del bloque, el comisario de Energía Dan Jorgensen subraya «el impacto considerable» de la guerra en los mercados mundiales del petróleo y del gas.
En estas circunstancias, el comisario sugiere utilizar la «flexibilidad» autorizada por la legislación europea.
En lugar de llenar las reservas al 90 %, el nivel acostumbrado, la Unión Europea invita a los Veintisiete a fijar un objetivo del 80 %, con el fin de tranquilizar a los actores del mercado».
«Los recientes hechos indican que podría hacer falta más tiempo para que la producción catarí de gas natural licuado (GNL) vuelva a los niveles conocidos antes de la crisis», escribe Jorgensen.
«La seguridad de suministro de la Unión Europea sigue relativamente protegida en esta etapa, debido a su dependencia limitada de las importaciones procedentes de esta región y a los cargamentos de GNL que cruzaron el estrecho de Ormuz antes del conflicto», añade.
Pero precisa que «como importador neto de energía» los precios mundiales elevados y volátiles «podrían afectar a las inyecciones de gas en las reservas de la UE».
Los ataques a la principal instalación de producción de gas licuado (GNL) del mundo, en Ras Laffan, en Catar, han hecho resurgir el espectro de una crisis similar a la del comienzo de la guerra en Ucrania en 2022.
