Internacionales
La Iglesia católica española abre una investigación sobre miles de abusos sexuales infantiles ocurridos en los últimos 80 años
El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha informado este domingo de que se ha remitido a «las instancias competentes» un informe sobre abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española para que proceda según «la normativa canónica vigente», mientras que las autoridades eclesiásticas españolas abrirán una investigación sin precedentes sobre más de 1.000 casos de abusos pederastas sucedidos desde 1943.
Este escándalo, que parece un reflejo del que sacude a la institución en Francia, ha provocado la reacción del papa Francisco: «El Santo Padre siempre ha insistido en su atención y su cercanía a las víctimas de abuso, con las palabras, la oración y con muchos gestos», ha dicho el jefe de la oficina de prensa vaticana en un mensaje enviado a los medios.
Tanto la apertura de la investigación como la reacción del pontífice se producen después de que un periodista del diario El País hiciera llegar al papa un informe sobre los casos de pederastia registrados en España durante el vuelo papal realizado a Grecia el 2 de diciembre.
250 sacerdotes y 31 órdenes religiosas en el punto de mira
El escándalo sobre el abuso sexual de niños que ha sacudido a la Iglesia católica española parte de una investigación periodística del citado medio, que sitúa el número de víctimas registrado en 1.237, aunque se advierte de que la cifra podría aumentar a varios miles.
Los abusos se habrían producido durante casi 80 años: el primero de los documentados data de 1943, mientras que el último tuvo lugar en 2018. Se acusa a 251 sacerdotes y algunos miembros laicos del clero.
El documento, que se entregó al papa y que también se ha hecho llegar al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, contiene en 385 páginas el resultado de una investigación desarrollada durante tres años.
El papa Francisco remitió el documento a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia; mientras que Omella lo envió al tribunal eclesiástico de Barcelona para que iniciara la investigación.
Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual implican a 31 órdenes religiosas diseminadas por todo el territorio, en 31 de las 70 diócesis del país, que cumulan el 77 % de los casos. Pero estas órdenes religiosas no se encuentran bajo la autoridad de los obispados.
Estas congregaciones también han recibido la información de los casos que les afectan. Alguna se han negado a realizar ninguna investigación al respecto, otras afirman que remitirán las denuncias a la Fiscalía, donde ya están prescritas, mientras que la mayoría ha condenado los hechos y han afirmado que están dispuestas a esclarecerlos.
El número de víctimas podría multiplicarse
A excepción de 13, todos los casos recopilados por El País son inéditos, por lo que sumados a los que ya se conocían, ascienden a más de 600 el número de acusados, muchos de los cuales estarían implicados en el abuso de decenas de víctimas.
El registro realizado por este medio de comunicación es el único existente en un país en el que ni la Iglesia ni las autoridades ofrecen datos oficiales sobre este asunto.
Hasta ahora, la respuesta oficial de la Conferencia Episcopal Española ha venido de la mano de un comunicado publicado este mismo lunes. Valora como «una buena colaboración» cualquier iniciativa para ayudar a acabar con la lacra de los abusos sexuales infantiles, pero añade que «sería deseable que las acusaciones que recoge el citado informe tuvieran mayor rigor», porque su contenido de «carácter dispar» hacen difícil llevar a cabo una investigación.
Además, sostiene que «la Iglesia insiste en la importancia de denunciar los abusos y anima a todas las víctimas a presentar sus denuncias en las instituciones jurídicas, canónicas o sociales».
Internacionales
Ataque armado deja dos pandilleros muertos en Guatemala
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
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India aprueba por primera vez el uso de una vacuna contra el dengue
India aprobó por primera vez la comercialización de una vacuna contra el dengue. Se trata de Qdenga, de fabricación japonesa, informó este martes el Ministerio de Salud del país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de la población mundial está actualmente expuesta al riesgo de contraer esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, la cual provoca entre 100 y 400 millones de infecciones cada año.
En India, desde 2021 se han registrado más de un millón de casos de dengue, de los cuales al menos 1,500 han sido mortales.
El dengue puede provocar fiebre alta, dolores de cabeza, molestias musculares, náuseas, erupciones cutáneas y, en casos poco frecuentes, hemorragias e incluso la muerte.
El Ministerio de Salud indicó que la vacuna fue autorizada por la Organización Central de Control de Medicamentos (CDSCO). El biológico, fabricado por los laboratorios Takeda, está recomendado en un esquema de dos dosis para personas de entre 4 y 60 años.
Las autoridades también señalaron que este medicamento ya ha sido aprobado por los organismos reguladores de aproximadamente 40 países.
Por otra parte, el grupo farmacéutico indio Panacea Biotec inició la fase final de los ensayos clínicos de una vacuna contra el dengue de una sola dosis.
En contraste, Brasil anunció el mes pasado la suspensión del uso de otra vacuna de una sola dosis desarrollada en ese país, tras dos muertes sospechosas.
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Ecuador eleva a naranja la alerta por El Niño
El Gobierno de Ecuador declaró la alerta naranja en 17 de las 24 provincias del país como medida preventiva ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
La decisión responde al aumento de la temperatura del océano, explicó el funcionario. Previamente, en mayo, el Gobierno había decretado alerta amarilla en las provincias ubicadas hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar, consideradas más susceptibles a los efectos del fenómeno.
«Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes», señaló Luque.
El funcionario agregó que el Gobierno ha destinado alrededor de 600 millones de dólares para acciones de prevención ante la llegada de El Niño.
Según Luque, el incremento en la temperatura del océano ya ha tenido efectos en la pesca y en el avistamiento de aves. Además, el país prevé la ocurrencia de sequías en la Amazonía e incendios forestales.
El fenómeno de El Niño incrementa las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, provocando cambios en los patrones globales de viento, presión atmosférica y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas, prevé que entre julio y septiembre de este año se registre un «episodio fuerte».
De acuerdo con especialistas, El Niño suele presentarse cada dos a siete años y tiene una duración aproximada de entre nueve y doce meses.
El evento más intenso registrado en Ecuador desde 1950 ocurrió entre 1997 y 1998. Según cifras oficiales, dejó casi 300 fallecidos, alrededor de 20,000 damnificados y pérdidas económicas estimadas en 3,000 millones de dólares.






