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Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente el domingo con aniquilar a Irán, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán, mientras un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos.
Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto, que comenzó el 28 de febrero, sigue siendo lejana.
«Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos», advirtió Trump en su plataforma Truth Social.
Emisarios de los dos países no hablan directamente desde una reunión en Pakistán a mediados de abril.
Antes incluso del mensaje de Trump, Teherán había lanzado una advertencia a Washington.
«El presidente estadounidense debería saber que si […] Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos», dijo el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.
El vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, declaró que si se atacaban las instalaciones petroleras iraníes, Irán golpearía instalaciones petroleras en la región.
La guerra ha provocado un bloqueo de facto del estratégico estrecho de Ormuz, por el que pasaba alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, y ha arrastrado a los vecinos Israel y Líbano a un mortífero conflicto paralelo.
Teherán, principal apoyo del grupo libanés Hezbolá, exige un alto el fuego duradero en Líbano para firmar la paz con Trump.
Un oficial militar israelí afirmó el domingo que Hezbolá había lanzado unos 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, a pesar de que Israel y Líbano acordaron prorrogar el alto el fuego.
El ministerio de Salud libanés informó que nuevos ataques israelíes el domingo en el sur del país dejaron cinco muertos, entre ellos dos niños.
Los ataques israelíes desde el inicio de la guerra provocaron la muerte de más de 2,900 personas en Líbano, incluidos 400 desde el inicio de la tregua el 17 de abril, según las autoridades libanesas.
Washington y Teherán acordaron un cese de hostilidades el 8 de abril, pero las negociaciones de paz se estancaron y los ataques esporádicos continuaron.
El domingo, medios iraníes aseguraron que Estados Unidos no había cedido en nada concreto en su última respuesta a la agenda propuesta por Irán para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.
La agencia de noticias Fars señaló que Washington había presentado una lista de cinco puntos que incluía la exigencia de que Irán mantuviera en funcionamiento solo una instalación nuclear y transfiriera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.
Washington también se negó a liberar «ni siquiera el 25%» de los activos iraníes congelados en el extranjero o a pagar reparaciones por los daños infligidos a Irán durante la guerra, según Fars
La agencia de noticias Mehr, por su parte, afirmó: «Estados Unidos, sin hacer concesiones tangibles, pretende conseguir concesiones que no logró obtener durante la guerra, lo que conducirá a un punto muerto en las negociaciones».
El domingo se registraron más disturbios en la región.
Un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos, sin que se reportaran heridos ni un aumento en los niveles de radiación.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó «su profunda preocupación» y afirmó que «cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable».
Grupos armados en Irak respaldados por Irán poseen drones de combate, y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, también.
Pakistán ha mediado en las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, y su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, se reunió el domingo en Teherán con el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.
En una publicación en redes sociales tras las conversaciones, Qalibaf afirmó que la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán había desestabilizado a todo Oriente Medio.
«Algunos gobiernos de la región creían que la presencia de Estados Unidos les traería seguridad, pero los acontecimientos recientes demostraron que esta presencia no solo es incapaz de proporcionar seguridad, sino que también crea las condiciones para la inseguridad», dijo.
Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, abordaron el tema del conflicto durante su cumbre de alto nivel esta semana.
Trump dijo que Xi le aseguró que China no se estaba preparando para enviar ayuda militar a Irán, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó el viernes en un comunicado que «las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible».
El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante «recorridos de disuasión» encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.
La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.
Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).
La metanfetamina incautada está relacionada con Audias «Jardinero» Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.
Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.
El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.
El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.
Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
