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Indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar cárcel en Florida
Los inmigrantes indocumentados y quienes los ayuden podrían enfrentar prisión en algunos casos, según la nueva ley SB 1718, la cual fue promulgada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Esta norma es considerada la más estricta en asuntos migratorios en Estados Unidos, ya que podría perseguir penalmente, por ejemplo, a una madre que transporte a su hijo indocumentado a la escuela, o si el conductor de un autobús escolar sabe que el niño que traslada es indocumentado.
La norma tampoco reconoce las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados, por lo que estas personas no podrán manejar en la entidad.
DeSantis firmó la polémica ley durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”.
El republicano dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como “problema masivo en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como “dejadez” por parte de la Administración del presidente Joe Biden en materia migratoria, una “responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno”, dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrículas educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Esta ley y sus disposiciones fueron hoy fuertemente criticadas por múltiples organizaciones comunitarias que las calificaron de “discriminatorias y potencialmente inconstitucionales”, cuyo “único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes” de Florida.
“Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí”, dijo en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“¿Realmente ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?”, se preguntó Petit sobre una ley que una veintena de organizaciones tacharon de ser la normativa “antiinmigrante más extrema del país”.
Mariana Blanco, ejecutiva del Centro Maya-Guatemalteco, dijo, por su parte, que la mayor preocupación es “el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios”. El gobernador “no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra” y debería protegerla, agregó.
“Como alguien que llegó a EE.UU. como asilado político de Venezuela y luego se fue a Princeton y Oxford sé cuánto tienen para dar los inmigrantes a Florida y a la nación, si se nos da la oportunidad”, subrayó Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition.
DeSantis insistió en que el final del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes, producirá un “tremendo desastre” en la frontera sur.
“El propio gobierno de Joe Biden ha señalado que se espera la llegada de cerca de 30.000 personas diarias”, apuntó el gobernador.
El director ejecutivo del Centro Comunitario Hope en Apopka (Florida), Felipe Souza-Lazaballet, dijo tras la firma de la norma que la agenda “antiinmigrante, antihumana y antilatina liderada por el gobernador Ron DeSantis supone una victoria sobre la vida de miles de floridanos que ahora tendrán que sufrir, e incluso pagar con sus vidas, por el bien de su carrera política”.
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Un buque de la armada china se acercó a menos de 140 metros de un destructor estadounidense en el mar de China Meridional y por poco provoca una colisión, informó este sábado la emisora canadiense Global News.
El incidente se habría producido durante una misión conjunta de Canadá y Estados Unidos en el estrecho de Taiwán, cuando un buque de la Armada Popular de Liberación adquirió una velocidad considerable y cortó por delante de la proa del USS Chung-Hoon.
Los estadounidenses respondieron pidiendo a los chinos que se alejaran del barco, pero el USS Chung-Hoon tuvo que cambiar de rumbo y reducir la velocidad para evitar el choque. El buque chino se limitó a comunicar por radio a las embarcaciones canadienses y estadounidenses que estaban entrando en territorio chino.
En respuesta, el Mando Indo-Pacífico de EE.UU. emitió un comunicado en el que afirmaba que las acciones del buque chino «violaron» las normas de navegación segura en «aguas internacionales».
Por su parte, el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, defendió la navegación de su buque de guerra, explicando que las llamadas patrullas con «libertad de navegación» son una provocación para China.
En una reunión con algunos de los principales funcionarios de defensa del mundo, en el marco Diálogo de Shangri-La en Singapur este domingo, Li sugirió que EE.UU. y sus aliados habían creado el peligro y que, en su lugar, deberían centrarse en cuidar «bien su propio espacio aéreo y aguas territoriales».
«La mejor manera es que los países, especialmente los buques de guerra y los aviones de combate de los países, no realicen acciones de cierre en torno a los territorios de otros países», comentó. «¿Qué sentido tiene ir allí? En China siempre decimos: ‘Métete en tus propios asuntos’», añadió.
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Estados Unidos planea financiar con 250 millones de dólares la construcción de un corredor de transporte clave en el sur de África para garantizar el acceso a minerales críticos como el cobre y el cobalto, que se utilizan en la fabricación de dispositivos electrónicos y baterías de vehículos.
En concreto, se trata del corredor ferroviario Atlántico de Lobito, que se extiende a través de Angola y une las regiones mineras de Katanga, en la República Democrática del Congo, y la provincia de Copperbelt, en Zambia. El proyecto reduciría el tiempo de transporte de los minerales de semanas a días.
Se trata de los tres puntos más relevantes del mapa, ya que la República Democrática del Congo es considerada como el mayor exportador de cobalto del mundo y representa cerca del 70 % de la producción mundial; Zambia posee grandes reservas de cobre y cobalto; mientras Angola es uno de los principales productores de petróleo en África y alberga minas de diamantes.
Sin embargo, la participación de EE.UU. en el proyecto supondría entrar en competencia directa con China, ya que sus empresas invierten una gran cantidad de dinero en la zona para obtener sus recursos, recoge South China Morning Post.
Uno de los principales segmentos del corredor de Lobito es el Ferrocarril de Benguela, en Angola, que tiene una longitud de 1.344 km y conecta el Puerto de Lobito con la ciudad de Luau, ubicada en la frontera con la República Democrática del Congo. Esta principal vía de transporte de minerales se cerró durante la guerra de Angola de 1975 a 2002.
Posteriormente, Angola pudo realizar la reconstrucción del ferrocarril con la financiación de China, que se completó en 2014. Sin embargo, la vía que pasa por la República Democrática del Congo sigue en mal estado, mientras Zambia tiene que construir su propio enlace ferroviario para conectarse a ella. Actualmente, esos dos países transportan sus minerales por carretera a puertos en Sudáfrica y África oriental.
«Las empresas chinas seguirán compitiendo por proyectos de infraestructura a lo largo del corredor de Lobito. Es probable que las inversiones chinas se concentren en mejorar la conectividad del transporte a lo largo de los corredores que unen el cinturón de cobre de Zambia y la República Democrática del Congo con el Océano Índico», dijo Tim Zajontz, investigador del Centro de Política Internacional y Comparada de Stellenbosch (Sudáfrica).
Sin embargo, la iniciativa de financiación de la infraestructura de transporte a lo largo del corredor de Lobito por parte de EE.UU. podría ser una medida geoestratégica debido a la creciente competencia en cadenas de suministro sensibles. Esta teoría fue apoyada por Gyude Moore, investigador principal de políticas en el Centro para el Desarrollo Global con sede en Washington, quien señaló que el transporte ferroviario seguro en la región es una prioridad para los socios del G7, ya que buscan eliminar el riesgo en el suministro relacionado con el dominio chino.
«Impulsar las inversiones estadounidenses en infraestructura de transporte y logística a lo largo del corredor de Lobito tiene como objetivo asegurar el acceso a materias primas críticas como el cobre y el cobalto, que se han convertido en un interés vital para las capitales occidentales», explicó Zajontz, agregando que Washington está dispuesto a «evitar situaciones» en las que las empresas chinas controlen las cadenas de suministro críticas por miedo a que Pekín «pueda aprovechar esto en caso de que empeoren las relaciones con Occidente».
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Una nueva tragedia sacudió a la India durante el viernes. Se trató del peor choque de trenes en lo que va de siglo XXI que dejó, al menos, 250 muertos y más de 900 personas con heridas de todo tipo.
El siniestro ocurrió en Balasore, en el Estado de Odisha, al este de la India, donde, según France 24, se vieron involucrados tres trenes: dos de pasajeros y uno de transporte de mercancía.
Según el citado medio, que recogió información del portavoz de Indian Railways, Amitabh Sharma, el primer choque ocurrió entre un tren de pasajeros y el que transportaba mercancía, y luego el otro tren de pasajeros, que pasaba a gran velocidad, impactó con varios de los vagones volcados.
Las imágenes de lo ocurrido ya le dieron la vuelta al mundo y algunas son realmente duras. Muchas muestran los 15 vagones volcados sobre las vías y fuera de estas mientras los socorristas intentan cortar los convoyes para poder entrar y atender y liberar a tanto número de víctimas como les sea posible.
France 24 precisó que hasta ahora van 280 muertos y cerca de 1,000 heridos, aunque la cifra podría cambiar en cualquier momento debido a las heridas de gravedad que presentaron muchas de las personas rescatadas.
El ministro de Ferrocarriles de la India, Ashwini Vaishnaw, ya anunció que se efectúa una investigación en profundidad para determinar qué sucedió, pues hasta ahora nadie puede o sabe decir por qué ocurrió esta tragedia.
En lo que va de siglo XXI ha sido el peor siniestro de este tipo. Los anteriores ocurrieron en agosto de 1999 cuando murieron 288 personas y en 1981, cuando un tren descarriló mientras cruzaba un puente y se precipitó en un río en el estado norteño de Bihar dejando aproximadamente 800 decesos.
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