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Honduras podría extraditar a Estados Unidos a un exdiputado acusado de narcotráfico
El exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez sabrá este viernes si será extraditado o no a Estados Unidos, país que le acusa de tres delitos asociados al narcotráfico y uso de armas, informó la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Martínez, quien fue diputado por el opositor Partido Liberal de Honduras durante los periodos 2010-2014 y 2014-2018, compareció este miércoles ante un juez a la segunda audiencia que se le fijó el 4 de diciembre, cuando se presentó a la primera y se le dictó arresto provisional.
Sin embargo, el juez de extradición de primera instancia anunciará hasta el viernes su “resolución de la solicitud de extradición” de Martínez, indicó el poder Judicial en un mensaje en redes sociales.
De acuerdo con información oficial, el exdiputado supuestamente realizó “negocios y apoyó de manera directa con el tráfico de drogas” al cártel de Los Cachiros, “proporcionándoles armas y facilitándoles el tráfico de sustancias ilegales”.
Martínez, quien habría recibido entre 2004 y 2014 al menos un millón de dólares de Los Cachiros, es reclamado en extradición por la Corte Federal de Nueva York.
Según la versión oficial, Martínez es acusado de participar en una conspiración para importar a EE.UU. “una sustancia controlada; fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y fabricar, distribuir y poseer una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en ese país en violación al título 21”.
El acusado dirigía operaciones con hombres fuertemente armados entre el este y oeste de su país, que movilizaban cargamentos de cocaína procedente de Venezuela y Colombia, que luego hacían llegar a Guatemala, en ruta hacia Estados Unidos, según denuncias difundidas en medios locales.
Cabe señalar que, entre 2014 y 2022, Honduras entregó en extradición a Estados Unidos a al menos 34 personas.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
