Internacionales
Honduras podría extraditar a Estados Unidos a un exdiputado acusado de narcotráfico
El exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez sabrá este viernes si será extraditado o no a Estados Unidos, país que le acusa de tres delitos asociados al narcotráfico y uso de armas, informó la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Martínez, quien fue diputado por el opositor Partido Liberal de Honduras durante los periodos 2010-2014 y 2014-2018, compareció este miércoles ante un juez a la segunda audiencia que se le fijó el 4 de diciembre, cuando se presentó a la primera y se le dictó arresto provisional.
Sin embargo, el juez de extradición de primera instancia anunciará hasta el viernes su “resolución de la solicitud de extradición” de Martínez, indicó el poder Judicial en un mensaje en redes sociales.
De acuerdo con información oficial, el exdiputado supuestamente realizó “negocios y apoyó de manera directa con el tráfico de drogas” al cártel de Los Cachiros, “proporcionándoles armas y facilitándoles el tráfico de sustancias ilegales”.
Martínez, quien habría recibido entre 2004 y 2014 al menos un millón de dólares de Los Cachiros, es reclamado en extradición por la Corte Federal de Nueva York.
Según la versión oficial, Martínez es acusado de participar en una conspiración para importar a EE.UU. “una sustancia controlada; fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y fabricar, distribuir y poseer una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en ese país en violación al título 21”.
El acusado dirigía operaciones con hombres fuertemente armados entre el este y oeste de su país, que movilizaban cargamentos de cocaína procedente de Venezuela y Colombia, que luego hacían llegar a Guatemala, en ruta hacia Estados Unidos, según denuncias difundidas en medios locales.
Cabe señalar que, entre 2014 y 2022, Honduras entregó en extradición a Estados Unidos a al menos 34 personas.
El ejército de Israel aseguró este sábado que ya había llevado a cabo unos 3,400 ataques en territorio iraní desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán, hace una semana.
El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7,500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación.
Por separado, el ejército de Israel informó el sábado por la noche que había comenzado una nueva «ola de ataques» en la capital iraní.
Ataque en depósito de petróleo
Estados Unidos e Israel bombardearon ese sábado un depósito de petróleo en Teherán, informó la prensa iraní, en el que sería el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la República Islámica.
«Un depósito de petróleo en el sur de Teherán fue atacado por Estados Unidos y el régimen sionista», señaló la agencia oficial de noticias IRNA.
El depósito se encontraba en una zona cercana a una importante refinería de petróleo.
Otra agencia noticiosa iraní, ILNA, informó de que las instalaciones de la refinería «no resultaron dañadas en los ataques».
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y destacó la relación entre ambos países durante la cumbre regional «Shield of the Americas», celebrada en Miami.
«Nayib Bukele es un hombre con quien nos hemos acercado mucho. Lo vi como un joven en mi primer mandato», afirmó Trump al referirse al mandatario salvadoreño durante el encuentro con líderes del continente.
El presidente estadounidense aseguró que Bukele «dirige bien la operación», en referencia a su gestión al frente del Gobierno salvadoreño, y añadió que ese desempeño es «todo lo que me importa».
Durante su intervención, el mandatario estadounidense agregó: «Eras joven y guapo; ahora eres mayor y guapo», antes de concluir que Bukele «ha sido un gran presidente» y que Estados Unidos «aprecia mucho la relación» con El Salvador.
Entre los asistentes figuran el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el de República Dominicana, Luis Abinader; y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, entre otros.
Internacionales
Bernardo Arévalo pierde batalla clave por renovar el sistema de justicia en Guatemala
La reelección de un magistrado acusado de favorecer a delincuentes en la máxima Corte de Guatemala postergó una vez más la aspiración de desbaratar un presunto entramado judicial en el que confluyen intereses políticos, económicos y criminales.
Roberto Molina Barreto fue elegido en el marco de un proceso para renovar a los miembros de las más altas instancias judiciales, incluida la Corte de Constitucionalidad, cuyos fallos son inapelables.
Molina fue seleccionado el viernes por el Congreso -adverso al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo-, en medio de denuncias de que la embajada de Estados Unidos cabildeó a su favor.
Con él ya fueron elegidos ocho de los diez magistrados. Solo restan los que designará el presidente, quien llegó al poder con la promesa de enfrentar la corrupción.
Arévalo pidió a Washington que aclarara su supuesta intervención, al anunciar que podría afectar las relaciones bilaterales.
El mandatario no fue invitado a la reunión que sostendrán este sábado en Florida la mayoría de sus vecinos con el presidente Donald Trump.
¿Quién es Molina Barreto?
Abogado de extrema derecha de 70 años, Molina Barreto ha integrado tres veces el máximo tribunal.
Es visto como agente de la patronal Cacif, parte de la élite que ha gobernado el país y señalada de conformar el «llamado pacto de corruptos», un supuesto entramado que perpetúa ese dominio y la corrupción.
El 60% de los 18 millones de habitantes de Guatemala vive en la pobreza.
En 2013, Molina anuló una sentencia por genocidio de indígenas mayas al exdictador Efraín Ríos Montt (1981-1982), fallecido cinco años más tarde.
También avaló el traslado de Aldo Ochoa, alias «El Lobo», jefe de la pandilla Barrio 18, a una prisión con menos controles. Ochoa es señalado de auspiciar motines y el asesinato de 11 policías el pasado 18 de enero, lo que forzó a Arévalo a declarar el estado de excepción.
Además, grupos humanitarios vinculan al magistrado con adopciones ilegales de niños cuando fue procurador general entre 2005 y 2006, un delito que también salpica a la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga número uno de Arévalo.
Diputados oficialistas acusaron a la embajada estadounidense de pedir a congresistas que votaran por Molina.
El presidente, quien asegura que estas elecciones judiciales son determinantes para la democracia, denunció «presiones externas» sin detallar el origen. Mientras, medios locales mencionaron un cabildeo de políticos y empresarios guatemaltecos en Estados Unidos a favor de Molina.
¿Cómo quedó la balanza?
Los analistas consideran que la reelección de Molina fue el golpe de gracia a los planos de sanear el sistema de justicia, que el fiscal general ha intentado usar contra Arévalo.
Porras, sancionada durante el gobierno de Joe Biden, pretendió impedir la posesión de Arévalo hace dos años por supuestas anomalías y ha buscado su destitución.
También ha empujado al exilio a varios de sus críticos, que la señalan como una de las principales operadoras del «pacto de corruptos».
La nueva Corte es «adversa a los intereses en la recuperación de la institucionalidad» porque va a «continuar esa captura, cooptación y control institucional», dijo a la AFP el politólogo Renzo Rosal.
Según este catedrático, las fuerzas que han dominado normalmente seguirán teniendo el 60 % de los magistrados.
Sin embargo, Luis Miguel Reyes, de la Fundación Libertad y Desarrollo, considera que hay dos magistrados «bisagras» que podrían inclinar la balanza para uno u otro lado.
Con la elección de la Corte, el país «se estaba jugando el futuro político institucional» para los próximos cinco años, declaró Reyes a la prensa.
Arévalo afirmó sin embargo que «la batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa».
El mandatario tiene la potestad de elegir en mayo al sucesor de Porras, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática».
¿Cómo impactará la nueva Corte?
Según los analistas, la nueva Corte podría complicar la gestión de Arévalo en los dos años que le restan.
Podría «generar condiciones adversas» en las elecciones generales de 2027 si se decide bloquear la participación de ciertos partidos y candidatos, señaló Reyes.
Incluso podría «interferir» en la elección del nuevo fiscal, agregó.
Este año el Congreso también debe elegir a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad durante el proceso para relevar a Arévalo, cuya gestión desaprueban el 60 % de los ciudadanos, según encuestas.
