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HISTORIA: El ranchero que despidió a sus empleados para defender hasta lo último su rancho de sicarios que lo mataron de un disparo en la cabeza
Alejo Garza Tamez fue reportado muerto por un comando de la Marina la mañana del 14 de noviembre de 2010 en la casona principal del San José, un rancho de tres mil hectáreas de monte donde había ganado, siembra, cacería y pesca en una presa colindante con los municipios de Güémez y de Padilla, en Tamaulipas, el estado fronterizo de México con Texas que se volvió un agujero negro de la realidad a lo largo de este primer cuarto de siglo.
Como muchas otras noticias trágicas del momento, el suceso no se difundió en la prensa de Tamaulipas, debido a las amenazas de la mafia. Sin embargo, una semana después, un periódico local de Monterrey dio a conocer los hechos.
En la nota se informaba que el ranchero, de 77 años, tras negarse a entregar su propiedad a un grupo de extorsionadores, se atrincheró en ella matando a cuatro de los invasores e hiriendo a otros dos, aunque al final recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida.
Pero el comando invasor no pudo lograr su objetivo: quedarse con la propiedad que don Alejo había comprado y cuidado con devoción desde mayo de 1976. Una valentía que inspiró novelas La revelación de esta historia ocurrió en uno de los momentos de más inseguridad del noreste del país.

Por ello, la figura del propietario del San José adquirió una dimensión heroica, al defenderse en medio de una nebulosa de violencia donde ocurrían de manera cotidiana asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, que no lograban ser contenidos por ninguna autoridad.
Convertida en leyenda desde entonces a la fecha, la valentía de don Alejo ha inspirado fragmentos de novelas de Don Wislow, películas de Hugo Stiglitz y cientos de corridos, aunque poco se ha documentado la historia real de su vida.
Cuando se inició la investigación, el personaje más valiente de los últimos tiempos de la región donde resultó también ser un ejemplar hombre de familia que vivía entre semana en Monterrey y los fines de semana en el San José.
La gente que sabe de caballos los clasifica por su sangre fría o su sangre caliente. También por su sangre tibia. Con un amigo de la infancia en Monterrey clasificábamos así, obviamente, en secreto a las personas que conocíamos.
Ahí parecían existir demasiados caballos sin sangre: Las principales atrocidades conocidas durante lo que el ex presidente Felipe Calderón llamó guerra contra el narco sucedían en ese lugar donde don Alejo —aunque radicado en Monterrey— levantó el rancho San José.
Ahora, varios años después de la muerte de don Alejo, la carretera que va de Monterrey a Ciudad Victoria. Son casi 300 kilómetros de distancia en los que la camioneta atraviesa primero las faldas de la sierra de Santiago, para luego dejar atrás Allende, Linares, Hualahuises y Montemorelos, pueblos productores de naranja y limón.
Al cruzar la línea divisoria de Nuevo León con Tamaulipas se enciende de forma inevitable una alerta: este lugar es lo más cercano a un estado fallido, un adjetivo quizá exagerado, pero que ya suele usarse de manera común para definir la situación que impera en ese lugar, donde los gobernadores anteriores —emanados del PRI— enfrentan acusaciones serias por vínculos con la mafia.
Uno de ellos, Tomás Yarrington, está preso en Italia; el otro, Eugenio Hernández, en una cárcel de México, y el tercero, Egidio Torre Cantú, está en libertad pero con señalamientos públicos de haber encubierto a sus antecesores y de no haber esclarecido ni siquiera el crimen de su hermano Rodolfo, asesinado justamente en la ciudad a la que me dirijo.
Estas carreteras no siempre fueron riesgosas para sus viajeros. Antes de que iniciara el nuevo siglo, era mucho más común que la gente de Monterrey tomara esta ruta para llegar a Tampico, una de las playas más cercanas de la ciudad.
El camino era un paseo en sí, que disfrutaban familias regiomontanas ansiosas de mar. Algunos ranchos abrían sus puertas para que los transeúntes entraran a comprar cítricos, quesos o carne seca.
Incluso, mucha gente de la ciudad tenía un pequeño terreno en la zona o un rancho el cual atendía los fines de semana. Ese era el caso de Alejo Garza Tamez, nacido en Allende, Nuevo León, quien se había asociado con sus hermanos para fundar El Salto, la maderería más próspera de Monterrey en aquella época.
Por esos tiempos, al igual que otros nuevoleoneses, don Alejo compró tierra en Tamaulipas, aprovechando las enormes extensiones desocupadas y los buenos precios en que éstas se vendían. Así fue como nació el rancho San José, nombrado así en honor de su padre José Garza.
Entre extorsiones y comandos armados, fue a partir del año 2000 que la región empezó a volverse insegura. Además del cártel del Golfo, el grupo mafioso histórico de la zona, apareció una nueva banda llamada Los Zetas. Y en 2006, los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se volvieron sede de una batalla que durante los siguientes años fue expandiéndose hasta el resto del estado de Tamaulipas y el norte de Nuevo León.

En ese momento —entre otros problemas— se volvió ejercicio de alto riesgo recorrer las carreteras locales y muchos dueños de los ranchos de la zona comenzaron a ser extorsionados por los grupos armados que dominaban la región.
En algunos casos, los comandos exigían un pago mensual para no molestar a los rancheros, pero en otros, ocupaban las propiedades y las usaban como centros de operaciones o campos de entrenamiento.
Todo esto sucedía sin que fuera posible denunciar algo ante las autoridades —coludidas o intimidadas—, o la prensa, que padecía una condición similar. La impunidad imperante obligaba a que los dueños de los ranchos de la zona abandonaran sus propiedades para poder mantenerse con vida.
Por eso en noviembre de 2010, la noticia de que un hombre había enfrentado hasta la muerte a los bandidos que le querían quitar su rancho, produjo cierta conmoción nacional. Aún más, al revelarse algunos detalles épicos como el de que un día antes de que los bandidos fueran a atacar su rancho, don Alejo había despedido a sus trabajadores para enfrentarlos él solo y que cuando los bandidos llegaron los había recibido a balazos.
Varios años después de aquel hecho, llegó a Ciudad Victoria para revisar en la Procuraduría de Justicia del Estado el expediente del caso de don Alejo. En 2016, por primera vez en la historia moderna de Tamaulipas, llegó al poder un partido distinto al PRI.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, emanado del PAN, triunfó en las elecciones con la promesa de acabar con la impunidad. Bajo este contexto, y después de una serie de solicitudes formales, fue que pude acceder a la investigación oficial de la muerte de don Alejo, con la condición de que solo podía leer el expediente sin fotografiarlo ni tomar notas.
Tras unas diligencias finales, tengo frente a mí lo que primero supongo es solo un resumen de la averiguación previa del caso. Al poco tiempo descubro que no es así. Que esto que está en mis manos es todo lo que hay como indagatoria oficial por la muerte de don Alejo.
Hojeo el legajo que contiene menos de 200 páginas y descubro que el raquítico expediente solo cuenta con algunos peritajes, unos pocos oficios burocráticos y misivas sin relevancia alguna. Aunque hay algunos datos que son imborrables de la mente.
En los peritajes balísticos se hace un recuento de casi 900 casquillos de bala percutidos en contra de don Alejo aquel domingo 14 de noviembre, los cuales fueron disparados mediante cinco armas distintas; en los peritajes forenses se aprecian también numerosas fotografías del cuerpo de don Alejo, tendido en el piso, en la entrada del baño de su recámara. Pese a los casi mil disparos lanzados en su contra, don Alejo solo recibió dos: uno en la cabeza y otro en el tórax.
Vestido con una pijama azul, las imágenes de la escena del crimen lo muestran rodeado de armas largas y cortas, así como también de sus respectivas cajas de municiones.
Además de esto, el expediente incluye copias de los permisos otorgados a don Alejo por la Secretaría de la Defensa Nacional para portar las armas de cacería con las cuales defendió su rancho.
También hay un listado de las camionetas Pickup halladas en el sitio y nada más. El expediente registra que los hechos ocurrieron la madrugada el 14 de noviembre, entre las 3 y 5 de la mañana.

Lo que más sorprende es que en ocho años ninguna persona fue llamada a declarar por lo sucedido. Ninguna. Tampoco hubo un solo reporte de investigación. Ninguno. El crimen más divulgado de 2010 en Tamaulipas y quizá en todo el norte de México nunca fue investigado de manera oficial.
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La embajada de Estados Unidos en Venezuela reanuda operaciones tras siete años
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.
«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.
La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.
Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.
«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.
Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.
Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.
«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.
Embajada venezolana en Washington
Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.
El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.
Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.
Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.
Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.
Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.
Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.
Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.
Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
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La justicia española determina que un beso en la mano puede ser una agresión sexual si no hay consentimiento
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada el lunes por la AFP.
La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús.
La defensa del acusado pretendía recalificar los hechos como un simple «acoso callejero», pero los magistrados consideraron que cualquier contacto físico con connotación sexual sobrepasaba dicha categoría y que debía abonar la multa de 1,620 euros (1,850 dólares) prevista en su primera condena.
Pero según los magistrados «no se trató de un mero acto de cogerle de la mano» sino que el acusado «actuó con intención de atentar contra su integridad sexual, le cogió la mano besándosela al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara, ofreciéndole dinero».
«Hubo, por ello, un acto de agresión sexual por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual que la víctima no tenía obligación de soportar con claro contenido sexual y ataque a la víctima cosificándola», añade.
«Existe, por tanto, un acto de agresión sexual en la medida en que la acción describe un contacto de naturaleza y tono sexuales que la víctima no tenía ninguna obligación de soportar, con un contenido claramente sexual y un atentado a la víctima al reducirla a un objeto», prosigue la resolución.
España está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y en 2004 aprobó una ley pionera en Europa contra la violencia contra las mujeres.
En 2025, el caso conocido como el del «beso forzado» vio cómo el que era entonces el hombre fuerte del fútbol español, el presidente de la federación española, Luis Rubiales, fue condenado por agresión sexual por un beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Sídney, en agosto de 2023.
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Guatemala extraditará hacia Estados Unidos a salvadoreño detenido por narcotráfico
Una investigación estadounidense lo vincula con una organización que traficaba fentanilo y cocaína, cuyo centro de operaciones estaba en Guatemala.
En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, alias Lucas o Pepe, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La PNC del vecino país calificó la detención como «un nuevo golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico». Al salvadoreño, quien también tiene nacionalidad guatemalteca, lo arrestaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y es la extradición número 21 que realizaran a Estados Unidos, según el informe publicado por el Ministerio de Gobernación.
La cartera de Estado guatemalteca detalló que, con la captura, se da cumplimiento a una orden emitida el 4 de marzo de 2026 por un juzgado que atendió la solicitud de Estados Unidos.
«Escobar Rodríguez es requerido por delitos relacionados con la conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Además, está señalado de portar un arma de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico. Durante su captura, se le incautó una pistola con 16 municiones, mientras se conducía a bordo de un pick-up», detalló el Ministerio de Gobernación guatemalteco.
En Estados Unidos, una investigación determinó que Escobar Rodríguez mantiene vínculos directos con el narcotráfico, al estar presuntamente involucrado en conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.
Según el informe, la conspiración tenía como objetivo fabricar y distribuir sustancias controladas, con la pretensión, conocimiento y claro conocimiento de que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos.
La conspiración tiene que ver con la intención de enviar aproximadamente cinco kilogramos de cocaína y unos 400 gramos de fentanilo. Además de la tentativa de distribución de una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos, sumado a la portación de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.
La PNC de esa nación también aprehendió en Ayutla, San Marcos, a Jorge Edy Peláez Martínez, quien, junto a Escobar Rodríguez, supuestamente forman parte de la organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su centro de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.






