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HISTORIA: El ranchero que despidió a sus empleados para defender hasta lo último su rancho de sicarios que lo mataron de un disparo en la cabeza
Alejo Garza Tamez fue reportado muerto por un comando de la Marina la mañana del 14 de noviembre de 2010 en la casona principal del San José, un rancho de tres mil hectáreas de monte donde había ganado, siembra, cacería y pesca en una presa colindante con los municipios de Güémez y de Padilla, en Tamaulipas, el estado fronterizo de México con Texas que se volvió un agujero negro de la realidad a lo largo de este primer cuarto de siglo.
Como muchas otras noticias trágicas del momento, el suceso no se difundió en la prensa de Tamaulipas, debido a las amenazas de la mafia. Sin embargo, una semana después, un periódico local de Monterrey dio a conocer los hechos.
En la nota se informaba que el ranchero, de 77 años, tras negarse a entregar su propiedad a un grupo de extorsionadores, se atrincheró en ella matando a cuatro de los invasores e hiriendo a otros dos, aunque al final recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida.
Pero el comando invasor no pudo lograr su objetivo: quedarse con la propiedad que don Alejo había comprado y cuidado con devoción desde mayo de 1976. Una valentía que inspiró novelas La revelación de esta historia ocurrió en uno de los momentos de más inseguridad del noreste del país.
Por ello, la figura del propietario del San José adquirió una dimensión heroica, al defenderse en medio de una nebulosa de violencia donde ocurrían de manera cotidiana asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, que no lograban ser contenidos por ninguna autoridad.
Convertida en leyenda desde entonces a la fecha, la valentía de don Alejo ha inspirado fragmentos de novelas de Don Wislow, películas de Hugo Stiglitz y cientos de corridos, aunque poco se ha documentado la historia real de su vida.
Cuando se inició la investigación, el personaje más valiente de los últimos tiempos de la región donde resultó también ser un ejemplar hombre de familia que vivía entre semana en Monterrey y los fines de semana en el San José.
La gente que sabe de caballos los clasifica por su sangre fría o su sangre caliente. También por su sangre tibia. Con un amigo de la infancia en Monterrey clasificábamos así, obviamente, en secreto a las personas que conocíamos.
Ahí parecían existir demasiados caballos sin sangre: Las principales atrocidades conocidas durante lo que el ex presidente Felipe Calderón llamó guerra contra el narco sucedían en ese lugar donde don Alejo —aunque radicado en Monterrey— levantó el rancho San José.
Ahora, varios años después de la muerte de don Alejo, la carretera que va de Monterrey a Ciudad Victoria. Son casi 300 kilómetros de distancia en los que la camioneta atraviesa primero las faldas de la sierra de Santiago, para luego dejar atrás Allende, Linares, Hualahuises y Montemorelos, pueblos productores de naranja y limón.
Al cruzar la línea divisoria de Nuevo León con Tamaulipas se enciende de forma inevitable una alerta: este lugar es lo más cercano a un estado fallido, un adjetivo quizá exagerado, pero que ya suele usarse de manera común para definir la situación que impera en ese lugar, donde los gobernadores anteriores —emanados del PRI— enfrentan acusaciones serias por vínculos con la mafia.
Uno de ellos, Tomás Yarrington, está preso en Italia; el otro, Eugenio Hernández, en una cárcel de México, y el tercero, Egidio Torre Cantú, está en libertad pero con señalamientos públicos de haber encubierto a sus antecesores y de no haber esclarecido ni siquiera el crimen de su hermano Rodolfo, asesinado justamente en la ciudad a la que me dirijo.
Estas carreteras no siempre fueron riesgosas para sus viajeros. Antes de que iniciara el nuevo siglo, era mucho más común que la gente de Monterrey tomara esta ruta para llegar a Tampico, una de las playas más cercanas de la ciudad.
El camino era un paseo en sí, que disfrutaban familias regiomontanas ansiosas de mar. Algunos ranchos abrían sus puertas para que los transeúntes entraran a comprar cítricos, quesos o carne seca.
Incluso, mucha gente de la ciudad tenía un pequeño terreno en la zona o un rancho el cual atendía los fines de semana. Ese era el caso de Alejo Garza Tamez, nacido en Allende, Nuevo León, quien se había asociado con sus hermanos para fundar El Salto, la maderería más próspera de Monterrey en aquella época.
Por esos tiempos, al igual que otros nuevoleoneses, don Alejo compró tierra en Tamaulipas, aprovechando las enormes extensiones desocupadas y los buenos precios en que éstas se vendían. Así fue como nació el rancho San José, nombrado así en honor de su padre José Garza.
Entre extorsiones y comandos armados, fue a partir del año 2000 que la región empezó a volverse insegura. Además del cártel del Golfo, el grupo mafioso histórico de la zona, apareció una nueva banda llamada Los Zetas. Y en 2006, los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se volvieron sede de una batalla que durante los siguientes años fue expandiéndose hasta el resto del estado de Tamaulipas y el norte de Nuevo León.
En ese momento —entre otros problemas— se volvió ejercicio de alto riesgo recorrer las carreteras locales y muchos dueños de los ranchos de la zona comenzaron a ser extorsionados por los grupos armados que dominaban la región.
En algunos casos, los comandos exigían un pago mensual para no molestar a los rancheros, pero en otros, ocupaban las propiedades y las usaban como centros de operaciones o campos de entrenamiento.
Todo esto sucedía sin que fuera posible denunciar algo ante las autoridades —coludidas o intimidadas—, o la prensa, que padecía una condición similar. La impunidad imperante obligaba a que los dueños de los ranchos de la zona abandonaran sus propiedades para poder mantenerse con vida.
Por eso en noviembre de 2010, la noticia de que un hombre había enfrentado hasta la muerte a los bandidos que le querían quitar su rancho, produjo cierta conmoción nacional. Aún más, al revelarse algunos detalles épicos como el de que un día antes de que los bandidos fueran a atacar su rancho, don Alejo había despedido a sus trabajadores para enfrentarlos él solo y que cuando los bandidos llegaron los había recibido a balazos.
Varios años después de aquel hecho, llegó a Ciudad Victoria para revisar en la Procuraduría de Justicia del Estado el expediente del caso de don Alejo. En 2016, por primera vez en la historia moderna de Tamaulipas, llegó al poder un partido distinto al PRI.
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, emanado del PAN, triunfó en las elecciones con la promesa de acabar con la impunidad. Bajo este contexto, y después de una serie de solicitudes formales, fue que pude acceder a la investigación oficial de la muerte de don Alejo, con la condición de que solo podía leer el expediente sin fotografiarlo ni tomar notas.
Tras unas diligencias finales, tengo frente a mí lo que primero supongo es solo un resumen de la averiguación previa del caso. Al poco tiempo descubro que no es así. Que esto que está en mis manos es todo lo que hay como indagatoria oficial por la muerte de don Alejo.
Hojeo el legajo que contiene menos de 200 páginas y descubro que el raquítico expediente solo cuenta con algunos peritajes, unos pocos oficios burocráticos y misivas sin relevancia alguna. Aunque hay algunos datos que son imborrables de la mente.
En los peritajes balísticos se hace un recuento de casi 900 casquillos de bala percutidos en contra de don Alejo aquel domingo 14 de noviembre, los cuales fueron disparados mediante cinco armas distintas; en los peritajes forenses se aprecian también numerosas fotografías del cuerpo de don Alejo, tendido en el piso, en la entrada del baño de su recámara. Pese a los casi mil disparos lanzados en su contra, don Alejo solo recibió dos: uno en la cabeza y otro en el tórax.
Vestido con una pijama azul, las imágenes de la escena del crimen lo muestran rodeado de armas largas y cortas, así como también de sus respectivas cajas de municiones.
Además de esto, el expediente incluye copias de los permisos otorgados a don Alejo por la Secretaría de la Defensa Nacional para portar las armas de cacería con las cuales defendió su rancho.
También hay un listado de las camionetas Pickup halladas en el sitio y nada más. El expediente registra que los hechos ocurrieron la madrugada el 14 de noviembre, entre las 3 y 5 de la mañana.
Lo que más sorprende es que en ocho años ninguna persona fue llamada a declarar por lo sucedido. Ninguna. Tampoco hubo un solo reporte de investigación. Ninguno. El crimen más divulgado de 2010 en Tamaulipas y quizá en todo el norte de México nunca fue investigado de manera oficial.
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Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
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«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
