Internacionales
Familia pide liberación de famosos hermanos que asesinaron a sus padres
Familiares de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, encarcelados en Estados Unidos tras un mediático juicio por el asesinato de sus padres en 1989, pidieron su liberación, en momentos en que el interés por su caso ha resurgido gracias a una serie de Netflix.
La muerte a tiros del magnate de la música José Menéndez y su esposa Kitty en su casa de Beverly Hills, y los posteriores juicios televisados de sus hijos, acapararon titulares a principio de los años 1990.
Ahora, la expectación por su historia ha revivido de la mano de la serie «Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez» de Netflix, que también les ha dedicado un nuevo documental.
Con 18 y 21 años en el momento de los hechos, ambos hermanos declararon entre lágrimas que habían matado a sus padres tras sufrir años de abusos sexuales a manos de su papá.
Fueron condenados por asesinato y cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional desde 1996.
«A medida que salían a la luz los detalles de los abusos sufridos por Lyle y Eric, quedaba claro que sus acciones, aunque trágicas, eran la respuesta desesperada de dos niños que intentaban sobrevivir a la crueldad indescriptible de su padre», dijo este miércoles Joan VanderMolen, su tía de 92 años.
«Lyle y Erik ya han pagado un precio muy alto, desechados por un sistema que no supo reconocer su dolor», añadió en una rueda de prensa a la que asistieron una treintena de familiares.
El juicio inicial, que comenzó en 1993, fue uno de los primeros casos de asesinato televisados que coparon los titulares de los periódicos de todo el mundo. Tras un juicio nulo debido al desacuerdo del jurado, los hermanos fueron declarados culpables en un segundo procedimiento.
La fiscalía los acusó de asesinar a sus padres para heredar su fortuna de 14 millones de dólares.
El año pasado, los abogados de los hermanos interpusieron una moción en la que presentaban nuevas pruebas que, según ellos, demuestran los abusos cometidos por José Menéndez, incluida una carta escrita por Erik a una prima.
La defensa ha pedido que se vuelva a dictar sentencia, lo que podría suponer la excarcelación de sus clientes dado el largo tiempo que han pasado entre rejas.
Incluso los fiscales aseguraron en un comunicado que el sistema de justicia penal de Los Ángeles «ha desarrollado una comprensión más moderna de la violencia sexual desde que los hermanos Menéndez se enfrentaron por primera vez a la acusación».
«Hoy en día, nuestra oficina reconoce que la violencia sexual es un problema generalizado que afecta a innumerables personas, de todas las identidades de género», escribieron, confirmando que el caso está siendo revisado en múltiples frentes.
A principios de este mes, el fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascon, dijo a los periodistas que tenía «la obligación moral y ética de revisar» el proceso.
Una audiencia está prevista para el 29 de noviembre.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
Autoridades penitenciarias de Honduras descubrieron un arsenal en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde pandilleros ocultaban armamento de guerra y equipo de vigilancia.
El hallazgo se realizó en una cocina del pabellón que era ocupado por miembros de pandillas, días después de que más de 160 reclusos de las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha fueran trasladados a cárceles de máxima seguridad.
Entre los objetos decomisados figuran un lanzacohetes RPG-7, dos fusiles AK-47, un fusil lanzagranadas, una pistola 9 milímetros, municiones, chalecos antibalas, gorros pasamontañas, cinco cámaras de seguridad, 40 enrutadores de internet, dinero en efectivo y drogas.
“¿Contra quién iban a pelear?”, cuestionó el coronel Ramiro Muñoz, director del Instituto Penitenciario, durante la presentación del material incautado.
Las cárceles hondureñas han sido calificadas por las propias autoridades como “bombas de tiempo”, debido al hacinamiento y su función como centros de operaciones del crimen organizado y las pandillas.
Internacionales
Brasil suspende producción en planta embotelladora de Coca-Cola por posible contaminación
El gobierno de Brasil suspendió de forma preventiva la producción y embotellamiento en una planta de la empresa Solar, segunda mayor fabricante de bebidas de Coca-Cola en el país, ubicada en el estado de Ceará (noreste), tras detectar una posible contaminación en el proceso industrial.
La medida fue anunciada por el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, quien detalló que unos nueve millones de litros de bebidas permanecen retenidos en la planta mientras se realizan análisis para determinar si hubo contacto del producto con un líquido utilizado en el sistema de refrigeración.
Fávaro aseguró que, pese a la suspensión, “no hay riesgo para la población”, ya que la refrigeración en dicha planta se realiza con etanol alimenticio y agua. No obstante, destacó que la decisión fue tomada con carácter preventivo para garantizar la seguridad del consumo.
La paralización fue ordenada la noche del martes, luego de identificarse una posible falla en el sistema que podría haber provocado una mezcla del refrigerante con el producto.
En un comunicado conjunto, Solar y Coca-Cola Brasil confirmaron la suspensión temporal de la producción y señalaron que están realizando exámenes rigurosos para garantizar la seguridad de sus bebidas.
Una vez concluidos los análisis, si se descarta la presencia de contaminantes, la empresa podrá reanudar sus operaciones y distribuir los productos retenidos, añadió el titular de Agricultura.
