Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
Nigeria registró este viernes un nuevo secuestro masivo en la escuela mixta St. Mary’s, en el estado de Níger, donde hombres armados se llevaron a 303 estudiantes y 12 profesores, según la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN). El hecho ocurre días después del secuestro de 25 alumnas en el estado vecino de Kebbi, convirtiéndose en el segundo ataque de este tipo en una semana.
La cifra representa casi la mitad de los 629 alumnos inscritos en el centro. El reverendo Bulus Dauwa Yohanna, obispo de la diócesis de Kontagora, revisó el dato tras visitar la escuela y confirmar que otros 88 estudiantes habían sido capturados cuando intentaban huir.
El gobierno nigeriano no confirmó oficialmente el número de secuestrados y señaló que el recuento continúa. Estos ataques, sumados a un atentado reciente contra una iglesia, llevaron a las autoridades de los estados de Níger, Katsina y Plateau a ordenar el cierre de todas las escuelas. El Ministerio de Educación dispuso también el cierre de 47 internados de secundaria.
El presidente Bola Tinubu canceló sus compromisos internacionales para atender la crisis. En Estados Unidos, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, instó al gobierno nigeriano a tomar medidas urgentes para frenar la violencia contra los cristianos.
Los secuestros se producen en un contexto de violencia ejercida por yihadistas y por bandas criminales conocidas como «bandidos», que desde hace años operan en regiones con débil presencia estatal, realizando ataques y secuestros para obtener rescates. La creciente cercanía entre estos grupos preocupa a las autoridades del país.
Al menos 10 personas murieron y otras 20 resultaron heridas este sábado por un accidente de autobús en el occidental estado mexicano de Michoacán, informaron autoridades locales.
El siniestro ocurrió en la carretera que une Morelia, capital de Michoacán, con el poblado de Pátzcuaro, informó la policía de Morelia en un comunicado.
«Se informa que hay alrededor de 10 personas sin vida y cerca de 20 personas lesionadas, por lo que se realizan labores de extracción atención médica en el lugar», dijo la corporación.
Añadió que la circulación en la vía permanece cerrada mientras trabajan cuerpos de rescate.
Hasta el momento, las autoridades no han especificado la causa del accidente.
En México se suelen registrar accidentes en las carreteras, ya sea por exces de velocidad o falta de mantenimiento en los vehículos, principalmente autobuses o camiones de carga.
En septiembre, un camión cargado con casi 50.000 litros de gas estalló en un cruce de Ciudad de México, lo que provocó 32 muertes.
La Defensa Civil de Gaza anunció la muerte de al menos siete personas en ataques israelíes en el el territorio palestino, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar la frágil tregua.
El portavoz de esta organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, Mahmud Basal, informó de tres personas muertas en Ciudad de Gaza (norte), tres en Deir al Balah (centro) y un muerto en la región de Nuseirat (centro).
El ejército israelí publicó casi simultáneamente un comunicado en el que afirmaba haber matado el sábado a un «terrorista armado» en el sur del territorio palestino, que, según dijo, había disparado contra sus soldados y cruzado una línea que marcaba sus posiciones.
Por otra parte el ejército israelí dijo haber llevado a cabo el sábado nuevos ataques contra Hezbolá en el sur del Líbano, a pesar de un alto el fuego acordado con el movimiento proiraní, al que acusa de intentar rearmarse.
«Hace poco, el ejército israelí atacó varios lanzadores de Hezbolá que habían sido identificados recientemente y que estaban instalados en sitios militares en el sur de Líbano», indica el comunicado militar israelí, que precisa que otros ataques tuvieron lugar en el Valle de Becá.
