Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
Internacionales
Cuba en crisis: falta de combustible, alimentos y turistas paraliza la vida en la isla
La vida cotidiana en Cuba enfrenta una situación de extrema dificultad debido a una profunda crisis económica que ha dejado al país sin suficiente combustible, afectando no solo la producción de energía y transporte, sino también el abastecimiento de alimentos y servicios básicos. La escasez ha provocado apagones prolongados, reducción de actividades productivas, cierre parcial de hoteles y cancelación de vuelos, mientras la población lidia con una calidad de vida deteriorada.
El déficit de combustible —ligado en gran parte a sanciones internacionales y a una fuerte reducción de los suministros de petróleo— ha provocado que sectores claves de la economía como el turismo se estanquen, generando la suspensión de vuelos por la falta de queroseno y la clausura temporal de instalaciones turísticas. Esto, a su vez, reduce ingresos y agrava las limitaciones para importar alimentos y bienes esenciales.
Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han emitido advertencias sobre las condiciones dentro de la isla y aconsejado precaución a ciudadanos que planeen viajar a Cuba. La acumulación de basura en las calles, la reducción del transporte y la interrupción de servicios públicos reflejan el impacto del desabastecimiento en la vida diaria de los residentes, mientras las autoridades buscan soluciones y apoyos internacionales para enfrentar la emergencia.
El saldo de los créditos verdes del país en moneda nacional y extranjera se situó en 44,8 billones de yuanes (6,46 billones de dólares) para el final de 2025, lo que supone un aumento interanual del 20,2 por ciento, según un informe publicado por el Banco Popular de China.
Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), los créditos verdes crecieron a una tasa media anual del 30,2 por ciento, es decir, 21,1 puntos porcentuales más que el total de créditos, mientras que su participación en el saldo absoluto de créditos aumentó del 6,7 por ciento al 16,2 por ciento.
Durante ese lapso, la emisión acumulada de bonos verdes alcanzó los 5,2 billones de yuanes, con un saldo pendiente de 2,4 billones de yuanes, lo que convirtió a China en uno de los mayores mercados de bonos verdes del mundo, de acuerdo con el informe.
De cara al futuro, el banco ampliará su apoyo para abarcar más áreas con beneficios en materia de reducción de carbono, ayudará a liberar el valor de los recursos y los activos medioambientales, y apoyará a las instituciones financieras para que participen de manera ordenada en el desarrollo del mercado nacional del carbono, destaca el informe.
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Takaichi es confirmada como primera ministra de Japón tras victoria en las elecciones
La Cámara Baja de Japón confirmó formalmente a Sanae Takaichi en sus funciones como primera ministra este miércoles, diez días después de su victoria en las elecciones.
La gobernante ha manifestado su intención de reforzar el ejército japonés, lo que probablemente tensará aún más las relaciones con China, y se encuentra bajo presión para impulsar la débil economía.
En noviembre sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentaba atacar a Taiwán.
Eso enfureció a China, que considera a esa isla de gobierno democrático como parte de su territorio y no descarta tomarla por la fuerza, si fuera necesario.
La disputa entre los dos países provocó una fuerte caída del turismo chino a Japón, que se redujo 60,7% en enero comparado con el mismo mes del año pasado, según la Organización Nacional de Turismo japonesa.
Una de las causas citadas es la advertencia del gobierno chino de no viajar a Japón debido al diferendo.
El gobierno de Takaichi también prevé impulsar una ley para crear una Agencia Nacional de Inteligencia y comenzar discusiones para una ley antiespionaje, según medios locales.
Asimismo, la primera ministra prometió reforzar las leyes migratorias, pese a que la segunda mayor economía de Asia lucha con la falta de mano de obra y el declive poblacional.
En un discurso de políticas previsto para el viernes próximo, Takaichi insistirá en su promesa de campaña de suspender por dos años el impuesto al consumo para alimentos para aliviar la presión inflacionaria sobre los hogares, indicaron los medios.
Esta promesa generó temores en los mercados por la enorme deuda japonesa, y llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a advertir que provocaría que los pagos de intereses sobre esa deuda se dupliquen entre 2025 y 2031.
Para aliviar esos temores, Takaichi insistirá en su mantra de tener una política fiscal «responsable, proactiva», y fijar una meta de reducción de la deuda pública, según los medios.
En su discurso del viernes, la primera ministra anunciará la creación de un «consejo nacional» con representación de todos los partidos para discutir la tributación y cómo financiar la seguridad social en una población que envejece.
Pero su primera tarea será conseguir la aprobación del presupuesto nacional para el año fiscal que inicia el 1 de abril, luego de que el proceso fue aplazado por la elección.
La coalición gobernante también quiere acelerar el debate sobre cambios constitucionales y la revisión de las reglas que rigen a la familia imperial para aliviar una posible crisis de sucesión.
Takaichi y muchos en su Partido Liberal Democrático (PLD) rechazan permitir que una mujer asuma como emperatriz, pero las reglas podrían ser modificadas para «adoptar» nuevos miembros masculinos.
La primera ministra tiene previsto dar una conferencia de prensa posteriormente el miércoles.
