Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
Internacionales
El papa expresa «gran inquietud» por «aumento de las tensiones» entre Cuba y EE. UU.
El papa León XIV expresó este domingo su «gran inquietud» por «el aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, dos países vecinos».
Uniéndose al mensaje de los obispos cubanos, el primer papa estadounidense de la historia invitó desde el Vaticano «a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano».
El presidente estadounidense Donald Trump multiplicó las amenazas contra Cuba tras la redada de comienzos de enero en Caracas que condujo a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.
Trump instó a Cuba a aceptar «antes de que sea demasiado tarde» un «acuerdo» cuya naturaleza no precisó.
«¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!», amenazó el presidente estadounidense, que el jueves firmó un decreto por el que Estados Unidos podría imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a La Habana. Asegura que Cuba representa una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional estadounidense.
El jefe de la iglesia católica espera, por otro lado, que los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que se inauguran el viernes, sean la ocasión para «gestos concretos de distensión y diálogo».
«Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz», añadió León XIV, recordando que ese era el objetivo de la llamada «tregua olímpica».
Es una «costumbre antiquísima que acompaña el desarrollo de los Juegos», explicó León XIV a sólo unos días de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, del 6 al 22 de febrero, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.
«Deseo que todos los que tienen en su corazón la paz entre los pueblos y ocupan funciones de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para llevar a cabo gestos concretos de distensión y de diálogo», declaró el papa al término de la oración del ángelus en Roma.
El papa León XIV rezó también por las «numerosas víctimas del desprendimiento de tierras en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo», por quienes «sufren las tormentas que han azotado en los últimos días a Portugal y al sur de Italia», así como por las «poblaciones de Mozambique, duramente golpeadas por las inundaciones».
Las autoridades de Panamá incautaron unas tres toneladas de droga que eran trasportadas en una embarcación en aguas del Caribe, informó este sábado el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Panamá es la puerta de entrada en Centroamérica de la cocaína que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.
La Senan indicó en su cuenta X que el operativo junto a la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala permitió el decomiso de 3.029 «paquetes» de presunta droga, una lancha y la aprehensión de cinco hombres, cuya nacionalidad no detalló.
Aunque no especifica el tipo de sustancia incautada, las imágenes distribuidas muestran paquetes rectangulares de aproximadamente un kilo.
Desde 2023, la policía panameña ha incautado más de 360 toneladas de drogas. El año pasado incautó más de 118, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos.
El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, manifestó que 2025 fue un año «particularmente desafiante» para Panamá debido a la «sobreproducción de drogas en la región», donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.
Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años cuya detención dos semanas atrás en Mineápolis por parte de agentes federales migración dio la vuelta al mundo, regresó a su casa tras ser liberado el sábado, informó el domingo un legislador.
«Liam ya está en casa, con su gorro y su mochila», escribió en X Joaquín Castro, representante demócrata de Texas, junto a una fotografía del niño.
El 20 de enero, Liam y su padre fueron detenidos en las calles de Mineápolis en una redada efectuada por agentes del servicio de inmigración (ICE) destinada a detener y expulsar a indocumentados.
Este cuerpo federal está bajo el foco de la polémica por la manga ancha con la que operan tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente por la muerte de dos manifestantes a manos de dos agentes del ICE en enero en Mineápolis.
La foto del niño en el momento de su detención, en la que aparece asustado, con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila que sostiene una silueta vestida de negro, conmovió al mundo.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el niño había sido detenido por el ICE después de que su padre, presuntamente un inmigrante ilegal, tratara de huir para evitar su arresto.
Padre e hijo estuvieron 12 días en un centro de detención para familias migrantes en Texas, a 1,800 kilómetros de distancia de esta ciudad del estado norteño de Minesota.
Un juez federal ordenó el sábado la liberación de ambos.
El magistrado afirmó en su auto que «este asunto tiene su origen en la implantación, mal concebida y mal ejecutada por el Gobierno, de cuotas diarias de expulsiones, aunque ello implique traumatizar a los niños».
«También parece que el Gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia», escribió este juez de Texas nombrado por un presidente demócrata.
Tras la decisión del magistrado, padre e hijo salieron en libertad el sábado y Joaquín Castro, según dijo él mismo, los llevó el domingo por la mañana a Minesota.
«No nos detendremos hasta que todas las familias, todos los niños, estén de vuelta en sus hogares», aseguró.
