Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que designa el fentanilo como un arma de destrucción masiva, una medida que, afirmó, busca reforzar la respuesta del gobierno federal frente a la crisis provocada por esta droga sintética.
El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que subrayó la gravedad del impacto en el país del fentanilo, al que responsabilizó de miles de muertes por sobredosis cada año y de alimentar redes criminales transnacionales.
“Con esta histórica orden ejecutiva que firmaré hoy, clasificamos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que es”, dijo.
La Casa Blanca, que compartió la información en sus redes sociales, afirmó que la medida desplegará todas las herramientas para combatir a los cárteles y las redes extranjeras “responsables de inundar comunidades con esta sustancia mortal”.
Indicó que es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años.
¿Qué dice la orden ejecutiva que declara el fentanilo como un arma de destrucción masiva?
La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump establece que el fentanilo debe ser tratado como un arma de destrucción masiva debido a su alta letalidad y al impacto que ha tenido en la salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos.
El documento señala que apenas dos miligramos de esta sustancia, una cantidad casi imperceptible, pueden causar la muerte, y responsabiliza a las redes criminales organizadas de haber provocado la muerte de cientos de miles de personas por sobredosis.
Advierte además que la fabricación y distribución de fentanilo, así como de sus principales precursores químicos, financia a cárteles y organizaciones terroristas extranjeras, alimenta la violencia armada y representa una amenaza directa para la seguridad del país y sus fronteras.
También subraya el riesgo de que el fentanilo sea utilizado como arma en ataques terroristas de gran escala.
La orden instruye a varias agencias federales a reforzar la lucha contra esta droga.
Entre las medidas previstas figuran el inicio inmediato de investigaciones y procesamientos penales más severos por parte del Departamento de Justicia, el uso de sanciones financieras contra quienes participen o apoyen el tráfico de fentanilo, y la posible asignación de recursos del Departamento de Defensa para apoyar la aplicación de la ley.
Asimismo, se ordena actualizar los protocolos de respuesta de las Fuerzas Armadas ante incidentes químicos en territorio estadounidense para incluir la amenaza del fentanilo, y utilizar inteligencia relacionada con armas de destrucción masiva para identificar y desmantelar redes de contrabando.
En redes sociales circula un vídeo impactante que muestra el momento exacto del atentado terrorista en Bondi Beach, Sídney, Australia.
Diversos medios internacionales han compartido el vídeo que muestra al responsable del atentado disparando contra asistentes a una festividad judía.
Además, atacó a civiles que se encontraban auxiliando a los que resultaron lesionados tras el ataque.
Este material videográfico ahora forma parte de la investigación que autoridades australianas desarrollan bajo la hipótesis de terrorismo y que ha generado conmoción mundial por la crudeza de las escenas registradas
Al menos 15 personas murieron en el ataque a tiros contra un grupo que celebraba una festividad judía el domingo en una playa de Sídney, en Australia, informó la policía en un balance que suma a uno de los atacantes.
«La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer», dijo en X la policía de Nueva Gales del Sur, en la madrugada del lunes.
Este balance de 16 fallecidos incluye a uno de los sospechosos, que murió durante la balacera, precisó después la policía a AFP.
Dos hombres abrieron fuego el domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, contra cerca de 1.000 personas que celebraban la festividad judía de Janucá, un ataque calificado de «terrorista» y «antisemita» por las autoridades.
