Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
Será Donald Trump quien decidirá qué petroleras tienen su bendición y protección para operar en Vene zuela, después de que las fuerzas armadas de Estados Unidos sacaron de la ecuación hace una semana al depuesto presidente Nicolás Maduro, quien ahora guarda prisión junto con su esposa, Cilia Flores, en Brooklyn, Nueva York.
Trump y su equipo se reunieron ayer en la Casa Blanca, ante la mirada y preguntas de la prensa, con una veintena de empresas multinacionales petroleras y del sector energía. Los poderosos empresarios acudieron al llamado del republicano, pero demostraron gran cautela a la hora de hacer compromisos de comenzar a invertir de inmediato en Venezuela, como es el deseo de Trump, sin seguridad jurídica, un marco comercial establecido y estabilidad política.
«Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela», advirtió el mandatario, que busca que los inversores pongan $100,000 millones para reactivar la anticuada infraestructura venezolana, ya sea plantas petroleras o eléctricas.
En la rueda de prensa participaron los altos ejecutivos de ExxonMobil, Cono coPhillips, Continental Resources, Valero, Marathon Petroleum, Raisa Energy, Hil corp Energy, Aspect Holdings, Tallgrass Energy, Halliburton y Chevron, la única que sobrevivió a la era de las expropiaciones de Hugo Chávez, todos de Estados Unidos. Del ámbito internacional acudie ron Repsol, Shell, Eni, y Vitol Americas.
El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue tajante. Explicó que hoy por hoy no se puede invertir en Venezuela. «Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, no se puede invertir, por lo que es necesario realizar cambios significativos en esos marcos comercia les y en el sistema legal. Debe haber protecciones duraderas para la inversión y debe haber una reforma en la legislación sobre hidrocarburos del país», expresó Woods, que también le recordó a Trump que la gigantesca petrolera perdió todos sus recursos dos veces a manos del chavismo.
Fue en 2007 que la empresa abandonó Venezuela, cuando Chávez nacionalizó a la industria y esta no se doblegó y terminó perdiendo sus activos.
El director ejecutivo de ConocoPhi llips, Ryan Lance, elogió a Trump, como todos en la mesa, pero tampoco hizo compromisos. Conoco, dijo Lance, perdió $12,000 millones ante Chávez. Una buena «amortización», le respondió a Trump.
«Todo va a salir muy bien y habrá mucho dinero de sobra y ese será para Estados Unidos», señaló Trump.
«Son las compañías más grandes del mundo. Saben los riesgos. Los vamos a ayudar y van a estar ahí [en Venezuela] por mucho tiempo. Estaremos ahí, juntos, por mucho tiempo. Estarán haciendo que bajen los precios del petróleo. Estados Unidos será un gran beneficiario por lo que hemos hecho», añadió. El dirigente también dijo que cree que las compañías petroleras utilizarían principalmente trabajadores venezolanos en el terreno, además de estadounidenses.
«Bueno, habrá estadounidenses. Supongo que van a utilizar a muchos estadounidenses, pero me imagino que van a utilizar a mucha gente de Venezuela y otros lugares. Pero creo que sobre todo utilizarán trabajadores venezolanos», acotó. Harold Hamm, fundador de Continental Resources y amigo de Trump, tampoco se mostró positivo, destacando que necesita estabilidad política y regulatoria para invertir.
Para Trump, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez está cooperando con él de la forma adecuada. «Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están “Buscando la Paz” […], por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada», escribió también ayer el presidente en su plataforma Truth.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el viernes que estaban explorando la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, mientras una delegación del gobierno de Trump visitaba la nación sudamericana.
La visita marca un paso importante hacia el deshielo de las relaciones entre los gobiernos, históricamente adversarios.
El acercamiento ocurre menos de una semana después de que fuerzas militares estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaron a Nueva York, para que enfrente cargos federales por tráfico de drogas.
El pequeño equipo de diplomáticos estadounidenses y un grupo de seguridad viajó a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.
El Gobierno de Venezuela anunció el viernes que tiene previsto enviar una delegación a Estados Unidos, pero no especificó cuándo.
Es probable que cualquier delegación que viaje a Estados Unidos requiera que el Departamento del Tesoro levante las sanciones.
Sponsored Links
En un comunicado, el gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el acercamiento, explicando que «ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objetivo de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países».
El presidente Donald Trump ha presionado a Rodríguez y a otros antiguos leales a Maduro que ahora están en el poder para que impulsen su visión del futuro de la nación, uno de cuyos aspectos principales sería revitalizar el papel de las empresas petroleras estadounidenses en un país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo.
La diputada Gladys Aurora López, miembro de la bancada del Partido Nacional de Honduras, fue atacada con un explosivo mientras daba declaraciones en el edificio del parlamento.
La diputada se encontraba cerca de un elevador contestando preguntas de los periodistas en el parlamento de Honduras, cuando fue víctima del ataque.
Tras la explosión la diputada hondureña sufrió lesiones en la parte posterior de la cabeza y la espada, informaron medios de comunicación locales.
“No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”, dijo el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, reaccionando al ataque.
Hasta el cierre de esta nota la policía hondureña no ha informado sobre la detención de sospechosos de cometer el atentado.
