Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el mes próximo, la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace poco más de un año.
Un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, reveló el miércoles a la AFP que la cita entre los presidentes latinoamericanos y Trump se realizará el 7 de marzo.
Todos esos líderes son más o menos cercanos al mandatario republicano, que ha hecho de las relaciones con sus vecinos del Sur un eje inesperado de su política exterior.
América Latina y el Caribe es la zona a vigilar imperativamente ante un nuevo orden mundial en el que China es el rival a batir, en opinión de Trump.
China lleva lustros invirtiendo en la región, y Trump quiere revertir esa tendencia.
Fiel a su particular visión personalista de la política, Trump es capaz, sin embargo, de dar giros inesperados, como sus conversaciones telefónicas con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o la acogida que dispensó la semana pasada al líder colombiano, Gustavo Petro, tras meses de insultos mutuos.
Del grupo inicial de mandatarios que acudirá a Miami, el argentino Javier Milei es el más cercano ideológicamente, y es el líder que más veces ha visto a Trump, empezando por las propias festividades que organizó el republicano tras su histórica victoria electoral de noviembre de 2024.
Argentina ha recibido ayuda financiera del Tesoro estadounidense, ha firmado un tratado de libre comercio y está dispuesto a acrecentar esa relación con la apertura a la inversión del vecino del Norte en sus yacimientos de tierras raras, una de las recurrentes de Trump.
Milei acudirá previsiblemente luego a la Argentina Week organizada a partir del 9 de marzo en Nueva York, una cita de negocios para atraer inversiones.
El salvadoreño Nayib Bukele es otro aliado clave porque decidió colaborar desde el primer momento con la dura política antimigratoria de Trump.
El Salvador acoge regularmente aviones con migrantes ilegales e incluso ha aceptado ingresar en sus cárceles de alta seguridad a los que tienen historiales criminales graves.
Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasry «Tito» Asfura, de Honduras, son líderes decididos a imitar en parte el modelo de seguridad ciudadana de Bukele, aunque cada uno de ellos tiene sus propias prioridades respecto a Washington.
Asfura fue recibido el pasado sábado por Trump en Florida.
Estados Unidos además le dio todo su respaldo en el largo y controvertido conteo de votos, que puso a prueba el sistema electoral hondureño.
Asfura está dispuesto a colaborar en temas de combate al narcotráfico y migratorios, pero tiene también un objetivo: lograr que Trump revierta el fin del estatuto de protección temporal (TPS) que benefició a miles de hondureños durante años.
Ecuador, con su petróleo e insumos como el café, y Bolivia, con sus grandes yacimientos de minerales, tienen también bazas a jugar ante el presidente estadounidense, que se ha autoproclamado «líder» de la región.
Trump incluso ha rebautizado la famosa Doctrina Monroe, de intervención en la región, como Doctrina Donroe, y la ha erigido como su estrategia de seguridad nacional.
El continente debía celebrar una Cumbre de las Américas en 2025 en República Dominicana, pero queda pospuesta sin fecha definida.
Internacionales
Francia lanza un llamado a testigos tras encarcelar a un hombre por violar a 89 menores
La justicia francesa lanzó un llamado a testigos para encontrar posibles víctimas de un hombre de 79 años, encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia.
El sobrino del hombre encontró en una memoria USB escritos de su tío en los que relataba «relaciones sexuales» con menores de 13 a 17 años, y se lo dió a las autoridades, indicó el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, en rueda de prensa.
Las agresiones tuvieron lugar en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, Portugal e India, así como en el suroeste de Francia y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, detalló.
«Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes», según el fiscal.
El examen de la memoria USB, que el sobrino halló cuando se interrogaba sobre la «vida afectiva y sexual» de su tío y que representa «15 tomos», permitió establecer el número de 89 menores agredidos, apuntó.
De estos, unos cuarenta pudieron ser identificados y presentaron una denuncia, pero los investigadores estiman que algunas víctimas quizás no figuran en los documentos encontrados.
Por ello, el fiscal hizo público el nombre del sospechoso, Jacques Leveugle, con el objetivo de que otras posibles víctimas se den a conocer, en el marco del llamado a testigos.
«Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas», pero «nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro», apuntó Manteaux, precisando que algunas de las 89 aparecen citadas por su nombre o por su apodo.
«El tiempo apremia», agregó el fiscal, que espera concluir la investigación este año vista la edad avanzada del acusado y para evitar eventuales prescripciones de los delitos.
En el caso de Colombia, Leveugle habría viajado al país andino entre 1996 y 2023, según el llamado a testigos publicado por las autoridades, en el que aparece con bigote y gafas.
Aunque el caso se dio a conocer ahora, el hombre fue detenido y encarcelado en 2024, acusado de violaciones y agresiones sexuales agravadas.
El acusado también indicó en sus «memorias» haber matado «voluntariamente a dos personas», explicó el representante del ministerio público.
Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.
Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando este tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer «le suplicaba que no se marchase».
El Ministerio Público indicó en su cuenta de la red social X que el funcionario fue arrestado en horas de la madrugada durante un operativo ejecutado de manera conjunta con la Policía Nacional en la provincia costera de Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil.
La Fiscalía precisó que la acción forma parte del caso denominado «Goleada», dentro del cual se ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra un total de 11 personas investigadas. Entre los detenidos figuran Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde.
Asimismo, el organismo difundió imágenes de la detención del alcalde de Guayaquil, así como otras evidencias incautadas durante el operativo, entre ellas teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Añadió que el operativo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los resultados de las diligencias y el avance del proceso judicial.
Medios locales difundieron que Álvarez fue trasladado inicialmente al Cuartel Modelo de Guayaquil y posteriormente llevado a Quito, la capital del país, donde se prevé la realización de la audiencia correspondiente.
Aquiles Álvarez también es investigado en otro caso denominado «Triple A», por supuesto tráfico de combustibles.
