Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
