Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
Internacionales
CAF celebró la cultura como motor de desarrollo en la antesala del Foro Económico Internacional
La cultura como motor de desarrollo, cohesión social e identidad colectiva fue el mensaje central que marcó ayer el inicio del Festival de Ideas «Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo», organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el Panama Convention Center, como preámbulo del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
El encuentro abrió con una presentación artística del Ballet Nacional de Panamá, que ofreció un recorrido por el folclore del país, sintetizando —como se subrayó durante la jornada— la diversidad cultural que caracteriza a América Latina y el Caribe. Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación de la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, bailarina profesional, quien deleitó al público con una interpretación de danza tradicional panameña, reforzando el mensaje de que la cultura no solo se gestiona, sino que también se vive.
Durante la inauguración, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que el encuentro fue concebido como un «festival de ideas» que antecede al foro económico, al sostener que «las ideas son el motor del crecimiento y la herramienta para reducir brechas». En esa línea, remarcó que no existe mejor antesala para un espacio de discusión económica que un escenario donde la cultura asuma un papel central, al vincularse directamente con la identidad, la esencia y el potencial compartido de América Latina y el Caribe.
Díaz-Granados destacó que, para CAF, el desarrollo no se mide únicamente en cifras, sino también en la capacidad de las sociedades para soñar, crear y reconocerse en su diversidad. Recordó que desde hace más de tres décadas el banco ha impulsado la gestión cultural como un pilar institucional y anunció que el futuro hub de operaciones de CAF en Panamá, cuya inauguración está prevista para el próximo año, funcionará también como un centro de difusión de la cultura latinoamericana y caribeña.
La jornada incluyó la ponencia «La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe», con la participación de la líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien hizo un llamado a reconocer la cultura como una construcción colectiva que nace de los pueblos y de la memoria histórica. Menchú subrayó que la cultura es clave para la autodeterminación, la dignidad y la transmisión de valores entre generaciones, y llamó a los liderazgos regionales a construir un desarrollo que parta de la conciencia y el respeto por las raíces.
El festival reunió también a referentes regionales del arte, la educación, el pensamiento y el periodismo, entre ellos Carmen Aristegui, así como a ministros de cultura y educación de distintos países, gestores culturales, artistas y representantes de organismos multilaterales. A lo largo del día se desarrollaron paneles y sesiones simultáneas sobre inversión cultural, patrimonio, mercados del arte, políticas públicas y experiencias culturales transformadoras en distintos territorios de la región.
El Festival de Ideas fue planteado por CAF como un espacio abierto y participativo para visibilizar cómo la cultura impulsa innovación, cohesión social y desarrollo local, reforzando la idea de que América Latina y el Caribe pueden proyectarse como una «región de soluciones» frente a los desafíos globales.
Tras esta jornada cultural, hoy se llevará a cabo la primera fecha del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que reunirá a autoridades, empresarios y tomadores de decisión para profundizar el diálogo entre el sector público y privado, con la cultura instalada, desde el inicio, como un eje estratégico del desarrollo regional.
Los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobaron por 17 votos a favor y 3 en contra un informe que aboga por una mejor protección de los titulares de derechos en línea, frente al auge de las herramientas de IA generativa.
Entre las recomendaciones aprobadas, los eurodiputados reclaman que las normas europeas sobre derechos de autor se apliquen a todas las IA generativas disponibles en la UE, independientemente del país o países en los que hayan sido diseñadas y entrenadas.
Esto implica que los servicios de IA informen de manera clara a los titulares de derechos cuando utilicen sus contenidos y que les paguen una «remuneración justa», bajo pena de sanciones en caso de incumplimiento.
Los eurodiputados también piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten medidas «para proteger el pluralismo de los medios de comunicación, amenazado por los sistemas de IA que agregan información de manera selectiva, desviando su tráfico y sus ingresos».
Según ellos esto pasa por una remuneración adecuada y un control total sobre el uso de sus contenidos en el entrenamiento de las IA y en la agregación de datos, incluido el derecho a oponerse.
El informe será sometido a votación del pleno del Parlamento Europeo en marzo.
Las condiciones en las que los principales actores de la inteligencia artificial utilizan datos disponibles en internet, incluidos contenidos periodísticos, para alimentar y entrenar los grandes modelos de IA generativa son objeto de numerosos litigios en Estados Unidos y en Europa.
La UE adoptó en 2024 una ley sobre inteligencia artificial, que obliga a los sistemas de IA a respetar la legislación europea sobre derechos de autor.
Sin embargo, el alcance de este principio y, en particular, su aplicación a los datos y contenidos utilizados para entrenar los sistemas de IA generativa, siguen siendo inciertos, según un estudio del Parlamento publicado el año pasado.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
