Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
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Un submarino de EE. UU. hunde un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka
Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, dijo este miércoles el Pentágono en el quinto día de guerra en Oriente Medio que no deja de expandirse.
Después de incendiar la región con sus acciones contra Israel y posiciones estadounidenses en el Golfo, Irán atacó este miércoles a grupos opositores en el Kurdistán iraquí y lanzó un misil interceptado por la OTAN cuando amenazaba a Turquía.
Los ataques a las monarquías petroleras del Golfo y la situación en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán dice controlar, dispararon el precio de los hidrocarburos.
«Guerra injusta»
El conflicto tiene repercusiones a miles de kilómetros de Teherán: un submarino estadounidense torpedeó y hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, según el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial.
Las autoridades de Sri Lanka dijeron que habían recuperado los cuerpos de 87 marineros iraníes.
Personal de salud transporta (hasta la morgue del hospital Karapitiya en Galle) los cuerpos de los marineros iraníes fallecidos en un ataque con torpedos estadounidenses contra su fragata IRIS Dena, frente a la costa sur de Sri Lanka. Foto: AFP
Irak también se vio involucrado en la crisis: Irán atacó en la vecina región del Kurdistán iraquí, a grupos de oposición kurdos armados y hostiles a la república islámica. Un combatiente murió, según un portavoz del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).
La máxima autoridad chiita de Irak, el gran ayatolá Alí Sistani, nacido en Irán, denunció por su parte la «guerra injusta» librada contra Irán, e instó a todos los países a «desplegar todos los esfuerzos para ponerle fin».
Las defensas de la OTAN se activaron también para interceptar un misil disparado desde Irán que amenazaba a Turquía. Un responsable turco afirmó, no obstante, que el objetivo era probablemente una base militar en Chipre, ya alcanzada por un ataque iraní a principios de semana.
Además, el ejército iraní amenazó con atacar las embajadas israelíes en todo el mundo si ese país golpea la misión en Teherán en Líbano.
La inteligencia artificial todavía no está eliminando empleos en Europa y las empresas que la utilizan de forma intensiva incluso son más propensas a contratar a medio plazo, afirmaron en un documento este miércoles dos economistas del Banco Central Europeo.
«En conjunto, en términos de creación y destrucción de empleo, no encontramos ninguna diferencia significativa entre las empresas que declaran utilizar la IA y aquellas que no la utilizan», afirmaron dos economistas del banco en una entrada de blog sobre una encuesta realizada en 2025 a 5.000 empresas europeas.
Incluso, el estudio señala que las empresas que usan frecuentemente la IA tienen 4% más de probabilidades de contratar que aquellas que recurren a ella con menor frecuencia.
Lo mismo ocurre con las empresas que invierten, que presentan 2% más de probabilidad de contratar.
Esto es especialmente visible en las empresas que utilizan la IA para investigación, desarrollo e innovación, ya que la inversión en esta tecnología requiere la contratación de personal altamente cualificado.
Del mismo modo, las empresas que prevén invertir en IA en el plazo de un año anticipan, de media, una mayor creación de empleo.
Por el contrario, las empresas que utilizan la IA para reducir sus costes laborales tienden a contratar menos y a despedir más, según los autores.
Estas conclusiones se inscriben en un debate aún abierto sobre el impacto real de la IA en el empleo a más largo plazo.
Durante una comparecencia ante el Parlamento Europeo a finales de febrero, la presidenta del banco, Christine Lagarde, subrayó que las inversiones masivas en IA se traducían en una «mejora de la productividad», pero que las «consecuencias en el mercado laboral» todavía no eran visibles.
«Seguiremos extremadamente atentos a esta cuestión en el futuro», añadió.
Una encuesta del instituto muniqués Ifo Institute indicó que más de una cuarta parte de las empresas esperaba reducciones de plantilla a causa de la IA en los próximos cinco años.
La profunda crisis política del país, que ha tenido ocho mandatarios en 10 años, el último designado hace apenas dos semanas, ha hecho que buena parte del electorado mire con desilusión estas elecciones con récord de postulantes.
Entre los candidatos figuran un prófugo de la justicia por presunta corrupción, un cómico de la televisión, un exfutbolista de la selección nacional y ex militares. Más de una veintena aparece en el rubro «otros» de los sondeos.
«No le tengo fe a ninguno», pues que el que gane «no va a hacer nada por nosotros», dice decepcionada López, madre de 43 años, frente a una estación de metro en Lima donde vende refrescos fríos en medio del verano.
Como ella, según una reciente encuesta de la consultora Ipsos, el 28% de los peruanos ya decidió no darle su voto a ninguno de los aspirantes que figurarán en una inédita papeleta de 65 centímetros de largo.
«Hay demasiados candidatos. A algunos ya los conocemos y sabemos que son un desastre», dice la médica Solange León, de 29 años, en una concurrida plaza del centro de la capital de 10 millones de habitantes.
Para el electorado, es muy difícil encontrar un postulante que lo convenza. «Los más conocidos tienen mucho rechazo» y el resto «son desconocidos», explica a la AFP el sociólogo David Sulmont.
Los actuales favoritos para pasar a un balotaje son el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que lidera con un 10%, y Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori, con 9%, según la misma encuestadora.
Entre los dos no llegan ni a una quinta parte de las preferencias.
– «No tengo esperanzas» –
El actual presidente interino, el izquierdista José María Balcázar, que reemplazó a mediados de febrero al destituido José Jerí, no puede ser candidato.
La fragmentación del panorama político significa que hay «muchas dificultades» para «representar intereses sociales» y que hay una desconexión «entre las demandas de la ciudadanía y el sistema político», según Sulmont.
Además, dice, la dispersión «ha roto el equilibrio de poder entre el Parlamento y el Ejecutivo».
Los presidentes en Perú, con un Parlamento muy dividido y sin una bancada numerosa, están constantemente amenazados por el fantasma de la destitución.
Desde el 2016, el Congreso cesó a cuatro. Dos renunciaron antes de enfrentar el mismo destino y apenas uno completó su mandato interino.
Walter Chávez, un abogado de 59 años, se debate entre cuatro posibilidades para votar. Aún así, se mantiene escéptico. «No tengo esperanzas» de que estas elecciones generen un cambio, dice.
«Los actores de la política han hecho la tarea perfecta de destruir la confianza» de la población en la democracia peruana, comenta Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos.
Acostumbrados a un congreso unicameral, los peruanos escogerán por primera vez desde 1990 diputados y senadores, tanto nacionales como regionales. Una cédula con cinco columnas aumentará su perplejidad.
Al menos 252 candidatos a todos los cargos en juego tienen condenas penales, de acuerdo con un informe de la radio RPP.
«Va a ser muy complicado para la ciudadanía», advierte Sulmont.
Las calles atiborradas de afiches, las estruendosas caravanas de campaña y los medios colmados de jingles siembran aún más incertidumbre.
«Buscamos un candidato que se asemeje a lo que queremos», pero no lo encontramos, dice Antony Cotrina, administrador de 36 años.
La desconfianza surge después de años de inestabilidad, falta de resultados de las autoridades, corrupción y una percepción general de ineficiencia.
El único consuelo de los electores es que pese a la crisis política, Perú se mantiene como una de las economías más estables de Latinoamérica. En 2025 registró la inflación más baja de la región (1,5%).
«Los escándalos de corrupción (…) hacen que la gente esté en su vida diaria, en la lucha permanente. No está para perder el tiempo en la política», dice Loli.
Eduardo Goytisolo, comerciante de 48 años, coincide. Asegura que no piensa leer los 36 planes de propuestas para la presidencia.
«El peruano es así. Trabaja y no necesita del Estado», anota.
