Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
Las autoridades guatemaltecas elevaron a nueve el saldo de policías asesinados el domingo durante una escalada de violencia de pandilleros, al fallecer este lunes un agente herido en los ataques que llevaron a decretar el estado de sitio.
Grupos criminales desataron una ola de atentados contra la policía en varias partes del país, en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a decenas de guardias para presionar su traslado a prisiones con menores medidas de seguridad, según el gobierno.
Ocho agentes murieron el domingo, mientras que otro, identificado como Frayan Medrano, falleció el lunes en un hospital público tras ser baleado cuando se desplazaba en una motocicleta junto a un compañero que se encuentra en «estado crítico», según reportes de la policía y el ministerio de Gobernación.
El ataque contra Medrano se produjo en un municipio al sur de la capital, en momentos en que la policía liberaba a 46 personas tomadas como rehenes el sábado pasado por presos acusados de pertenecer a pandillas, consideradas terroristas por Guatemala y Estados Unidos.
Debido a ello, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró la noche del domingo el estado de sitio por 30 días, una medida que autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.
El decreto está en vigor, aun cuando todavía debe ser aprobado por el Congreso, de mayoría opositora, según establece la legislación guatemalteca para los estados de emergencia.
En redes sociales se encuentra circulando un video, el cual muestra el momento en que ocurrió el ataque armado en contra de dos agentes la Policía Nacional Civil (PNC) que circulaban por la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
Las imágenes dan cuenta que los dos policías iban en un vehículo de dos ruedas por el mencionado lugar, de pronto un automóvil particular los alcanza y se escuchan los disparos.
El video muestra el momento en que los agentes caen a un costado de la ruta, mientras la camioneta desde la que se efectuaron los disparos huye del lugar.
De acuerdo con la información oficial, ambos agentes de la PNC murieron tras el hecho de violencia ocurrido la mañana de este domingo 18 de enero.
Tras la recuperación del control de la cárcel Renovación I, se registraron varios ataques simultáneos en contra de agentes de la PNC, en distintos puntos de la ciudad y otros municipios.
En una respuesta contundente a la escalada de violencia registrada este domingo, el Ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, anunció que el Ejército de Guatemala se encuentra en apoyo total al Ministerio de Gobernación. La medida surge tras una serie de ataques simultáneos perpetrados por bandas criminales contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diversas regiones del país.
El titular de la Defensa fue enfático al declarar que las fuerzas castrenses ya se encuentran operando en las calles. “El Ejército de Guatemala está al 100 por ciento en apoyo del Ministerio de Gobernación y todas sus fuerzas”.
Distribución estratégica: Elementos militares han sido desplegados específicamente en las zonas donde se registraron las agresiones contra los agentes policiales.
Operativos conjuntos: Se han iniciado patrullajes y acciones de seguridad combinadas a nivel nacional para retomar el orden público.
Uso del poder estatal: El Gobierno manifestó que utilizará el monopolio de la fuerza para garantizar la tranquilidad ciudadana ante las reacciones criminales.
El detonante: Éxito en la cárcel “Renovación I”
Las autoridades vinculan los ataques armados de este domingo con la exitosa operación realizada en el centro penitenciario Renovación I. Según el reporte oficial:
Toma de control: El centro carcelario fue recuperado sin registrarse bajas entre las autoridades ni entre la población privada de libertad.
Represalia criminal: Los ataques contra la PNC se ejecutaron de forma simultánea tras informarse sobre la toma de control de dicha cárcel.
Sin privilegios: El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reiteró que no se cederá ante peticiones de retornar privilegios en los centros penales.
“Con ellos no hay diálogo y vamos a seguir dando resultados… no se va a negociar con terroristas”, sentenciaron los ministros Sáenz y Villeda en conferencia de prensa.
Planes de seguridad: Cinturón de Fuego y Plan Centinela
Para combatir al crimen organizado y transnacional, el Ministerio de la Defensa y Gobernación mantendrán activos varios planes estratégicos de seguridad:
Cinturón de Fuego: Operación de vigilancia para proteger el territorio nacional.
Plan Centinela: Enfocado en el combate al narcotráfico, tráfico de personas y armas.
Tecnología avanzada: Se utilizarán puestos de control y vigilancia con tecnología de punta para blindar a las comunidades.
Enfoque en Escuintla: Se reforzará la Operación Centinela específicamente en el departamento de Escuintla.
