Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
Un cliente que engañó a una prostituta con una falsa prueba de pago fue condenado en Bélgica por violación, decisión que la corte de Amberes consideró el jueves sin precedentes.
Bélgica es uno de los países europeos donde el trabajo sexual está reglamentado, y Amberes figura entre las ciudades que reivindica proteger a las personas que declaran esta actividad, en su gran mayoría mujeres.
No es excepcional que trabajadores sexuales acudan a la justicia cuando no son pagados por sus clientes, según una portavoz de la corte de apelaciones de Amberes contactada por AFP.
Pero es la primera vez que un rechazo de pago o «una astucia» como mostrar un falso justificativo de pago es considerado en un proceso como falta de consentimiento en la relación sexual, y por lo tanto violación, agregó la portavoz.
Según la corte, el código penal belga estipula que «hay violación cuando hubo penetración sexual a una persona que no consintió».
Por lo tanto «no hay consentimiento si el acto sexual se realizó con engaño u otro comportamiento castigable», señaló.
En su decisión, la corte de apelaciones consideró que el hombre engañó deliberadamente a su víctima al simular que efectuaba un pago a través de su aplicación bancaria.
Ocurrió seis veces con ella, cuando el cliente le mostró para engañarla la pantalla del teléfono donde aparecía una transacción no firmada o una correspondiente a un pago anterior que, si funcionó, indicó la corte.
El hombre, búlgaro de unos 30 años de edad, dijo que actuó bajo los efectos de la cocaína, según la portavoz.
Fue condenado a tres años de cárcel en suspenso y tiene la obligación de hacer una psicoterapia y someterse a controles regulares que prueben que ya no consume droga.
Un grupo de 89 cristianos secuestrados desde mediados de enero tras un ataque de bandas armadas contra tres iglesias en Nigeria fue liberado este jueves.
Los fieles, vestidos con camisetas naranjas, llegaron en un autobús escoltado por las fuerzas de seguridad y fueron acogidos por el gobernador del estado de Kaduna, Uba Sani.
La autoridad de este estado del norte de Nigeria afirmó que en total 183 personas fueron secuestradas, 11 lograron escapar y 83 regresaron hace unos días.
El secuestro masivo tuvo lugar el 18 de enero durante un ataque contra iglesias durante la misa dominical en una zona remota del estado de Kaduna.
Las circunstancias de la liberación no fueron reveladas. El pago de rescates es ilegal en Nigeria, pero hay sospechas de que el gobierno recurre habitualmente a esta práctica.
La semana pasada, un líder tradicional informó que la mitad de los secuestrados en realidad lograron huir durante el ataque y se escondieron en otras aldeas.
El país más poblado de África experimentó un resurgimiento de los secuestros masivos desde noviembre. Estados Unidos acusó al país de ser incapaz de frenar esta violencia.
El presidente estadounidense Donald Trump acusó a finales de 2025 a los grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas de «genocidio». A finales de diciembre Estados Unidos lanzó ataques en el estado de Sokoto, en el noroeste, contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico.
La ola de secuestros de finales del año pasado llevó al presidente nigeriano, Bola Tinubu, a declarar el estado de emergencia de seguridad nacional y a lanzar una campaña de reclutamiento de soldados y policías para combatir la inseguridad.
Internacionales
Cuba «dispuesta a un diálogo» con EE. UU. pero «sin presiones», dice presidente Díaz-Canel
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero «sin presiones», en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla.
«Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar», pero «sin presiones» ni «precondicionamientos», dijo Díaz-Canel en comparecencia en cadena de radio y televisión.
Ese diálogo tendrá que darse desde «una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación» y sin «injerencia en nuestros asuntos internos», agregó.
Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla.
Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una «amenaza excepcional» para su país.
El lunes, el magnate republicano aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.
Díaz-Canel destacó que las medidas anunciadas por el «gobierno imperial», que pretende asfixiar la economía de la isla, han llevado al país a «enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible».
Trump también ha instado a La Habana a «alcanzar un acuerdo» o enfrentar consecuencias no especificadas, e insiste en que ha iniciado conversaciones con altas autoridades de la isla y que estima que culminarían en un acuerdo.
«No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes», dijo el lunes a la AFP el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.
