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Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
Cerca de las 08H00 locales (11H00 GMT), el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó la barrera de contención.
«Tenemos tres personas fallecidas, 10 heridos, de distinta consideración, algunas graves», dijo a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien agregó que se investiga las causas del accidente.
La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital.
El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó «a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector».
Los bomberos combaten el incendio.
En 2025 Francia recibió dos millones más de visitantes internacionales que el año anterior, lo que le permitió obtener unos ingresos «récord» de 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), anunció el jueves el Ministerio de Turismo francés.
España declaró haber recibido 97 millones de turistas extranjeros e ingresos de 135.000 millones de euros (159.200 millones de dólares al cambio actual).
Atout France, la agencia que promociona el turismo francés en el extranjero, cuestiona los cálculos españoles y considera que los beneficios procedentes estrictamente de los extranjeros en el país ascienden a unos 105.000 millones de euros.
Si se suman las clientelas francesa e internacional, el consumo turístico interno alcanzó los 222.000 millones de euros el año pasado (unos 261.000 millones de dólares), impulsado por los alemanes, por delante de los italianos, los españoles, los belgas y los neerlandeses.
«España es un país de destino la mayoría de las veces, nosotros somos un país de tránsito», afirmó el ministro de Turismo francés Serge Papin, en rueda de prensa.
Debemos «hacer que la gente permanezca más tiempo en nuestro país», añadió, y recordó el objetivo de 100.000 millones de euros en ingresos para 2030.
En promedio, un turista extranjero permanece cerca de siete días en España, según las autoridades locales, frente a cinco en Francia, según el director general de Atout France, Adam Oubuih.
España «concentra un turismo más a inicios de año (…) con volúmenes de ofertas muy importantes en Andalucía, Canarias, Baleares», lo que hace bajar los precios, explicó Christian Mantei, presidente de Atout France.
Francia celebra que el gasto medio de un turista internacional en el país progresó 7% en 2025, hasta 760 euros.
Para reducir la brecha, Papin apuesta por la «diversificación», con el desarrollo del agroturismo, donde España e Italia son referentes, y el enoturismo.
También recordó la necesidad de mano de obra en el sector, con 61.000 empleos no cubiertos actualmente, sobre todo por la falta de alojamiento para los trabajadores temporales.
Y la demanda aumentará, con «una proyección de necesidad de 350.000 empleos» en los próximos tres a cinco años.
Entre el turismo proveniente de otros continentes, los hoteles registraron una afluencia mucho mayor de turistas estadounidenses (+17%), mientras que la clientela asiática, aunque en aumento, sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia de Covid-19, especialmente la china.
Aunque Francia sigue siendo el principal destino de los franceses, el atractivo del país se ha atenuado ligeramente (-5% de estadías) en beneficio de los viajes al extranjero (+4%), en particular hacia otros países del Mediterráneo.
El comienzo de 2026 dibuja «perspectivas alentadoras», con reservas aéreas «en fuerte aumento» en el primer trimestre con respecto a 2025, señala el ministerio, que cita entre los orígenes más dinámicos México (+19%), China (+17%) y Canadá (+7%).
En Europa también son más numerosos los españoles que optan por Francia en este inicio de año, con un aumento del 8% de las reservas en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En las estaciones de deportes de invierno, la temporada 2025/2026 se perfila con «buenos resultados», según el Gobierno francés, con reservas que dejan entrever un ligero aumento de los índices de ocupación.
Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.
«La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello», aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.
«Lo sentenciamos a prisión perpetua», expresó.
Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar «fuerzas antiestatales».
El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.
El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos.
«La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable», indicó el juez.
Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.
Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal capitalino con pancartas que decían «Yoon, grande de nuevo» o «Retiren los cargos contra el presidente Yoon».
Policías vestidos con chaquetas color neón se desplegaron frente al tribunal para impedir cualquier disturbio por el veredicto.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas «fuerzas antiestatales».
Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.
La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.
Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.
Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían «salvaguardar la libertad» y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una «dictadura legislativa» encabezada por la oposición».
La fiscalía lo acusó de dirigir una «insurrección» impulsado por un «deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo».
Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.
Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.
