Internacionales
Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que el país ha recibido nuevos apoyos para la estrategia gubernamental de ampliar la matriz productiva y garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños.
A través de sus redes sociales, el funcionario anunció que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) endosaron su apoyo a esta iniciativa.
«Tras una gira de campo por nuestras principales zonas productoras, ambas instituciones internacionales confirmaron su apoyo y expresaron optimismo y satisfacción por los avances alcanzados en tan solo un año», subrayó el funcionario.
Sumó que, con esta suma de esfuerzos, «este año el país duplicará los resultados obtenidos el año pasado. El Salvador produce cada vez más de su propia comida, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario».
En este contexto, explicó que representantes de estos organismos conocieron de primera mano los resultados del programa Aumento a la Producción obtenidos el 2025, y que este año sumaron apoyo de especialistas en diferentes áreas.
Al respecto, el representante de FAO en El Salvador, José Samaniego, resaltó el alza en la producción que han consolidado estos esfuerzos.
«Lo que miramos es muy gratificante, vemos que va a existir una altísima productividad y generación de empleo para productores», dijo.
En coincidencia, la directora de país de WFP, María Guimarães, resaltó la rapidez en que la estrategia agrícola del Gobierno de El Salvador ha consolidado estos beneficios, y opinó que el país podría capacitar a personas de otros países para implementar este método.
«Todo lo que se ha logrado en muy poco tiempo, menos de un año, es impresionante, yo creo que hay mucho para compartir también con los demás, hay otros países que pueden venir y aprender de los logros que tenemos acá», remarcó.
Para este año, el Gobierno a través del MAG ha fusionado dos iniciativas: Progresar Rural, financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas (FIDA); y el Programa Aumento a la Producción, liderado por el presidente Nayib Bukele, con una inversión total de $87.5 millones.
Los fondos que serán orientados a la reactivación de zonas productivas para suplir holgadamente la demanda nacional, al tiempo que se apostará por las exportaciones de varios productos, esto para mejorar la rentabilidad que obtienen los agricultores nacionales.
La apuesta contiene dos componentes: la rehabilitación de los cuatro distritos de riego (Zapotitán, Atiocoyo Norte, Atiocoyo Sur, y Lempa Acahuapa); y la transformación productiva y comercial sostenible e inclusiva, mediante elementos como la instalación de más infraestructuras protegidas como invernaderos y casas malla; así como la implementación de sistemas hidropónicos; mejora genética; capacitación y asistencia técnica para los agricultores; y acceso a insumos a bajo costo.
La NASA informó el jueves que realizó con éxito el ensayo general del lanzamiento de su enorme cohete SLS, que enviará astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.
Esta es la segunda prueba realizada por la agencia espacial estadounidense para el despegue de su misión Artemis 2. La primera, a comienzos de febrero, tuvo que ser interrumpida por problemas técnicos.
La NASA informó que todo transcurrió según lo previsto. Ahora, se espera que fije este viernes una fecha definitiva para la misión.
Los imprevistos ocurridos a inicios de febrero incluían una fuga de hidrógeno líquido, que acabaron con las esperanzas de ver despegar la misión Artemis 2 ese mismo mes.
Durante el simulacro, realizado en condiciones reales en Cabo Cañaveral, en Florida, los ingenieros repiten las maniobras que deberán llevarse a cabo el día del lanzamiento.
El llenado de hidrógeno líquido se realizó el jueves sin contratiempos, indicó más temprano la NASA, que lo celebró como un «avance importante».
La misión Artemis 2 constituirá el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Participarán en ella tres estadounidenses y un canadiense.
«La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad», dijo a comienzos de mes el director de la NASA, Jared Isaacman, en la red social X.
Andrés, que fue excluido de la monarquía a raíz de este escándalo, fue «puesto en libertad bajo investigación» el jueves por la noche.
El expríncipe pasó 11 horas en comisaría, a raíz de una sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011, cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de archivos de su investigación sobre Epstein, incluyendo unos documentos que parecen indicar que el expríncipe transmitió informaciones confidenciales al financiero estadounidense.
Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió «un informe confidencial» sobre oportunidades de inversión en Afganistán.
El correo se sumaba a otros documentos que sugieren que en 2010 Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.
Se trata de un caso distinto al de las acusaciones de agresión sexual formuladas contra Andrés por Virginia Giuffre, una estadounidense-australiana enviada por Epstein, que se suicidó en 2025.
Ese asunto se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022, por un monto que se mantiene confidencial pero que, según medios británicos, rondaría los 12 millones de dólares.
«Amenaza para la monarquía»
Este viernes, casi toda la prensa británica llevaba en portada este viernes la misma fotografía de Andrés, cuyo arresto coincidió con su 66º cumpleaños, saliendo de la comisaría en un vehículo, con aspecto demacrado y la mirada perdida.
«Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron», afirmó la policía local en la noche del jueves, tras haber allanado las fincas de Sandringham y la antigua residencia del expríncipe en la finca real de Windsor, al oeste de Londres.
Aunque todavía no se ha anunciado ningún cargo en su contra, la mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).
El rey Carlos III no cambió su agenda del jueves y asistió a la inauguración de la Semana de la Moda de Londres. En un comunicado, marcó distancias con su hermano y señaló que «la justicia debe seguir su curso».
Ed Owens, un famoso historiador, comentarista de la monarquía británica y autor especializado en la familia real moderna, reconoció a la AFP la crisis que atraviesa la institución británica.
«Es un momento enormemente significativo para la monarquía británica», dijo Owens, quien no se atrevió a aventurar si Andrew Mountbatten-Windsor, como debe ser llamado tras ser despojado de todos sus títulos, será formalmente acusado.
«Son los elementos desconocidos en este caso particular los que creo que generan tanta preocupación y, posiblemente, representan una amenaza para la monarquía», añadió Owens.
Al menos nueve fuerzas policiales del Reino Unido han confirmado que están evaluando denuncias derivadas de los archivos de Epstein, muchas de ellas relacionadas con Andrés.
