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Expandillero salvadoreño consigue asilo en Estados Unidos
Un juez de inmigración del país norteamericano detuvo la deportación de Juan Carlos Amaya, un expandillero salvadoreño, de la Mara Salvatrucha (MS-13), abriendo debate por otorgar asilo al criminal en Estados Unidos.
Con la llega del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, las políticas migratorias y de asilo han comenzado a salir del radicalismo aplicado en el anterior gobierno, la postura le cayó como del cielo a un pandillero, quien consiguió no ser deportado a El Salvador.
Un juez de inmigración de Estados Unidos aplazó la deportación de un ex integrante de la Mara Salvatrucha MS13, luego de dictaminar que su condición de ex pandillero lo ubica en un grupo social específico, lo que prendió el debate acerca de los precedentes que esto podría establecer para casos futuros.
Juan Carlos Amaya testificó que en 2003 fue obligado a vincularse a la MS13 en El Salvador. Un año más tarde se retiró de la pandilla, por lo cual recibió constantes amenazas de muerte por parte de sus ex compañeros, quienes lo consideraban un traidor. En 2009, Amaya se despidió de su hija y huyó hacia Estados Unidos, como señalan los documentos judiciales.
De hecho, el gobierno de Biden permitirá, desde esta semana, una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Unas 25 mil personas que ya tienen casos activos podrán ser aceptadas.
Esta nueva medida revierte las políticas del ex presidente Donald Trump, que en 2019 promulgó los Protocolos de Protección a Migrantes, también llamado Remain in Mexico (quédate en México), que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un “tercer país seguro” a que se resolviera su caso.
La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30 mil miembros, repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde 8 mil personas respaldan las acciones de la banda, según el Departamento del Tesoro.
Las pandillas MS-13 y la Barrio 18 son las más temibles y ambas mantienen una lucha por territorios que controlan en varias ciudades del país centroamericano, según las autoridades.
El joven Juan Carlos Amaya permaneció tres años en Estados Unidos, y en 2012 fue deportado a El Salvador, tras una condena por asalto. Los pandilleros no tardaron en darse cuenta de que había regresado. Cuando un amigo de la infancia le dijo que planeaban matarlo, Amaya volvió a huir a Estados Unidos, según los documentos judiciales.
En 2017, agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron en Maryland y restablecieron su orden de deportación. Amaya argumentó a los agentes que temía ser torturado o asesinado en El Salvador, y un funcionario de asilo le otorgó un permiso temporal para permanecer en Estados Unidos.
Según InSight Crime, el caso de Amaya llegó finalmente ante un juez de inmigración, a quien solicitó “alivio” (relief) frente a su orden de deportación. Para obtener dicho alivio, Amaya tenía que demostrar que perteneció a un grupo social bajo amenaza. Hasta la fecha, entre dichos grupos se encuentran miembros de partidos políticos o personas de determinada orientación sexual. Amaya adujo que su grupo social era la MS13.
Testificó que los pandilleros de la MS13 le habían disparado, metido un arma en la boca y amenazado con matarlo. Señaló, además, que recibió amenazas de la policía, que lo había arrestado por un triple asesinato, caso por el que luego fue exonerado.
Aun así, el juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó que su testimonio no era admisible y que no había pruebas suficientes para sustentar su reclamación. Además, el juez dictaminó que su pretensión de pertenecer a un grupo social particular, los ex pandilleros de la MS13 salvadoreños, era “demasiado amorfa y, por lo tanto, carecía de especificidad”, y que “para la sociedad resulta difícil determinar quién pertenece al grupo”, como se lee en los documentos judiciales.
El juez ordenó que fuera deportado, pero Amaya apeló ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA). La junta ratificó el análisis del juez de inmigración de que el grupo social particular de Amaya es “demasiado difuso y, por lo tanto, carece de la especificidad requerida”. Pero la BIA no consideró si su grupo social particular era “socialmente específico”, por lo que Amaya solicitó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que el Circuito 4° revisara su caso.
El 25 de enero de 2021, el Circuito 4° aceptó la petición de Amaya y dictaminó que la resolución de la BIA, al considerar que el grupo social particular del joven (los exintegrantes de la MS13 salvadoreños) carece de especificidad, era “irrazonable”.
El caso fue devuelto a la BIA para su reevaluación, pero la pregunta continúa sin respuesta: ¿La MS13 es un tipo de “grupo social” que valida la solicitud de asilo de una persona?
InSight Crime considera que mientras que los partidarios de la línea dura en materia de inmigración pueden ver esta decisión como la vía para una nueva ola de solicitudes de asilo en Estados Unidos, los abogados y defensores de inmigración dicen que el asunto es más complejo.
Es frecuente que los ex pandilleros de países como El Salvador huyan de la pandilla, usualmente hacia Estados Unidos, lo cual representa una de sus pocas vías de escape de organizaciones como la MS13.
En este sentido, el caso de Amaya es un avance importante porque abre la puerta para que a los ex pandilleros salvadoreños se les conceda el asilo con base en su pertenencia (o antigua pertenencia, como en el caso de Amaya) a ese grupo social particular.
Sin embargo, varios abogados de inmigración y expertos consultados por InSight Crime dijeron que cada solicitud de asilo es diferente y que se juzga caso por caso, ya que el asilo es una forma discrecional de alivio.
La pareja formada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, recientemente comprometidos, ha reabierto el debate sobre la convivencia fuera del matrimonio en Arabia Saudita, un país donde las relaciones extraconyugales siguen prohibidas para los locales, pero se toleran para los extranjeros.
Desde su llegada al país en enero de 2023, la estrella portuguesa y su novia hispano-argentina han vivido juntos sin estar casados, provocando comentarios críticos en redes sociales, aunque la mayoría de la población y los medios sauditas han mostrado una recepción positiva. La publicación de su compromiso en agosto, con una foto del costoso anillo de compromiso, volvió a situar su estilo de vida ostentoso y glamour en el centro de la atención pública.
Expertos señalan que estos cambios reflejan la transformación social que experimenta Arabia Saudita. Sebastian Sons, del laboratorio de ideas alemán CARPO, destaca que “aunque las reglas conservadoras permanecen, se aplican con más flexibilidad y pragmatismo”. Desde 2016, la reducción del poder de la policía religiosa y reformas como la Visión 2030 han abierto el país a nuevas prácticas sociales y culturales, incluyendo la eliminación de la estricta separación de sexos en lugares públicos y la autorización para que las mujeres conduzcan desde 2018.
El fútbol se ha convertido en un vehículo clave de esta apertura. Ronaldo, como figura central de la Saudi Pro League, es considerado un “embajador ideal” del ambicioso proyecto gubernamental para proyectar la imagen del país en el deporte mundial. A pesar de algunos incidentes polémicos, como su suspensión en febrero de 2024 por gestos provocativos en un partido, la estrella del Al Nassr renovó su contrato hasta 2027.
La experiencia de Cristiano y Georgina en Arabia Saudita ilustra cómo el país está experimentando un cambio de doble velocidad: apertura y tolerancia para los extranjeros, mientras mantiene normas conservadoras para los ciudadanos locales.
Dos policías murieron y un tercero resultó herido el martes durante un tiroteo en una propiedad rural en Porepunkah, localidad ubicada entre Melbourne y Canberra, Australia, informaron las autoridades.
El comisario de Policía de Victoria, Mike Bush, señaló que el sospechoso continúa prófugo, está fuertemente armado y representa un peligro para la comunidad. “Se enfrentaron al atacante y fueron asesinados a sangre fría”, declaró Bush.
Las víctimas fueron identificadas como un detective de 59 años y un agente de 35. El oficial herido fue sometido a cirugía y su estado de salud no representa riesgo de vida.
El tiroteo ocurrió cuando diez policías ingresaron a la propiedad rural para ejecutar una orden de búsqueda. Según las autoridades, el atacante logró escapar entre los arbustos, dejando atrás a su esposa y dos hijos.
Se recomendó a la población de Porepunkah permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso, mientras la policía intensifica la búsqueda del sospechoso. “Nuestra prioridad es arrestarlo para que responda por sus acciones y garantizar la seguridad de la comunidad”, añadió Bush.
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Motín en cárcel juvenil de Guatemala deja empleados como rehenes por traslado de líderes de pandillas
Internos del Centro Especializado de Reinserción Juvenil en la capital de Guatemala tomaron este lunes como rehenes a tres empleados del centro, en un nuevo motín atribuido a represalias por el traslado de líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha a la cárcel de máxima seguridad Renovación I.
El gobierno reubicó el 30 de julio a 10 cabecillas de estas pandillas, quienes permanecen aislados y sin acceso a teléfonos celulares. Desde entonces se han registrado motines en cinco cárceles del país, en los que se han tomado guardias como rehenes, aunque fueron liberados sin incidentes mayores; en agosto, un vigilante murió durante una revuelta en la cárcel El Boquerón.
El presidente Bernardo Arévalo confirmó la toma de rehenes y aseguró que la Secretaría de Bienestar Social y el Ministerio de Gobernación trabajan para resolver la situación. “Los motines han surgido a partir de la decisión de poner en aislamiento a los cabecillas de las dos principales pandillas del país”, indicó el mandatario.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan el control de territorios en Guatemala, donde extorsionan a comerciantes, transportistas y ciudadanos, y también operan en Honduras. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha encarcelado a decenas de miles de presuntos pandilleros desde 2022 bajo un régimen de excepción, criticado por organizaciones de derechos humanos.
