Internacionales
Este es el método de los cárteles de la droga que evita ser investigados por agencias de inteligencia
Al utilizar WhatsApp como su método de comunicación principal, los narcotraficantes evitan que agencias de inteligencia puedan realizar escuchas telefónicas autorizadas por un juez.
Por años esto ha sido el método principal para espiar sus movimientos, En una era en la que la privacidad de las comunicaciones se ha vuelto vulnerable, las aplicaciones se han visto obligadas a reforzar sus niveles de seguridad, lo que ha sido especialmente aprovechado por los integrantes de los cárteles y del crimen organizado en México.
Es el caso de la popular herramienta de comunicación WhatsApp y otras aplicaciones similares como Telegram, las cuales, gracias a su elevado nivel de encriptación, se han convertido en la herramienta preferida por los criminales
El periódico Milenio consultó a funcionarios del gabinete de seguridad en México quienes confirmaron que ese tipo de mensajes son prácticamente imposibles de penetrar, ya que utilizan información encriptada de un punto a otro, muy diferente a lo que ocurre con una llamada telefónica o un SMS, que pueden ser monitoreados por distintos tipos de equipos.
Detallaron que han detectado que los criminales prefieren hacer llamadas a través de la aplicación y no por medio de la telefonía celular convencional, pues de esta manera se sienten más seguros ante la posibilidad de que sus teléfonos estén intervenidos.
Al utilizar WhatsApp como su método de comunicación principal, los narcotraficantes evitan que agencias de inteligencia puedan realizar escuchas telefónicas autorizadas por un juez, el cual por años ha sido el método principal para espiar sus movimientos.
En octubre pasado, durante el fallido intento de captura a Ovidio Guzmán en Culiacán, el cártel de Sinaloa hizo uso intensivo de WhatsApp, al enviar mensajes ofreciendo 200 pesos a quien se sumara al operativo para liberarle. También mediante esta red alguien comunicó la orden de cese al fuego a los sicarios, tras negociar la liberación del capo.
Esos mensajes, que fueron filtrados por otros usuarios, en teoría no pudieron ser interceptados por el gobierno mexicano en tiempo real, dando a la organización criminal la ventaja táctica.
“En tiempos pasados, cuando tuvimos un éxito considerable en la lucha contra cárteles similares, la herramienta indispensable era la inteligencia de las comunicaciones. Sigue siendo la herramienta indispensable hoy”, explicó Barr durante un discurso que ofreció el año pasado.
Para ilustrar la problemática, el fiscal utilizó como ejemplo a un cártel mexicano, aunque no precisó cuál, y advirtió que mediante mensajes de la aplicación, ésta organización ha coordinado asesinatos y envíos de droga.
“Descubrimos que el cártel había utilizado WhatsApp con el propósito específico de coordinar los asesinatos de oficiales de policía con sede en México”, abundó al respecto en la Conferencia Internacional de Ciberseguridad, llevada a cabo el 23 de julio.
De acuerdo con lo narrado por Barr, el cártel, del que sólo detalló que recientemente comenzó a triangular grandes cantidades de fentanilo desde Asia a México y luego a los Estados Unidos -posiblemente el de Sinaloa-, terminó ordenando el asesinato de varios policías mediante chat. «Si hubiéramos podido obtener acceso legal al chat de manera oportuna, podríamos haber salvado estas vidas», lamentó.
En ese sentido, Barr sostuvo que acceder a dicha información permitiría «localizar envíos de fentanilo y confiscarlos en la frontera (…) si nuestras agencias de aplicación de la ley no recuperan la capacidad de obtener acceso legal a las comunicaciones y plataformas encriptadas, las posibilidades de enjuiciar con éxito la guerra contra las drogas por medios tradicionales de aplicación de la ley son escasas», concluyó Barr al respecto.
El término utilizado por los expertos en informática para describir el fenómeno de esconder las comunicaciones al margen de la ley, es conocido como “going dark, que podría traducirse como “obscurecerse”. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) describe el fenómeno con el siguiente escenario: “las agencias de aplicación de la ley, a todos los niveles, tienen la autoridad legal para interceptar y acceder a comunicaciones e información de conformidad con las órdenes judiciales, pero a menudo carece de la capacidad técnica para llevar a cabo esas órdenes debido a un cambio fundamental en los servicios y tecnologías de comunicaciones”.
El que cualquier usuario de estas plataformas pueda «obscurecerse» ha desatado un intenso debate en EU y otras partes del mundo, desde donde las autoridades han exigido a los gigantes de la industria como Facebook que les otorguen una forma de leer los mensajes encriptados.
Tres personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de un niño de cinco años, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública por la crueldad del crimen y el motivo que lo originó: una deuda de apenas 1,000 pesos (unos 54 dólares).
Según informó la Fiscalía del Estado de México, el menor fue raptado el pasado 28 de julio en el municipio de La Paz, luego de que su madre informara a dos mujeres que no podía pagar un préstamo. En represalia, las agresoras secuestraron al niño con la amenaza de no devolverlo hasta que la deuda fuera saldada.
Días después, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del menor escondido en una vivienda vinculada a los presuntos responsables. La Fiscalía no ha revelado aún la causa de muerte, pero confirmó que las dos mujeres y un hombre fueron encarcelados en un penal estatal, acusados de delitos relacionados con la desaparición de personas.
El caso ocurre en medio de una creciente ola de extorsiones en México. Apenas en julio, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció una estrategia nacional contra este delito, luego de reconocer que los esfuerzos anteriores no han logrado frenar su impacto.
La ofensiva se intensificó tras casos como el de una maestra jubilada, asesinada en el estado de Veracruz luego de ser extorsionada y aparecer en un video amarrada y rodeada por hombres armados.
La violencia vinculada a préstamos informales y redes de agiotistas ha afectado tanto a pequeños comerciantes como a ciudadanos comunes. En el Estado de México, las autoridades han desarticulado recientemente al menos dos bandas de extorsionadores.
El asesinato del niño ha reavivado el debate sobre la urgencia de medidas más efectivas para proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, pasando de $25 a $50 millones. Así lo informó la fiscal general Pam Bondi a través de la red social X.
“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, escribió Bondi.
Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de narcotráfico, corrupción y vínculos con redes criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, declarado organización terrorista global por Washington.
La administración del demócrata Joe Biden ya había elevado la recompensa a $25 millones. Tanto Biden como Trump han respaldado al opositor Edmundo González Urrutia, a quien reconocen como “presidente legítimo” tras las cuestionadas elecciones de 2024 en Venezuela.
Pese a las tensiones, la Casa Blanca ha sostenido contactos con altos funcionarios venezolanos para lograr acuerdos humanitarios. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela, como parte de un pacto negociado con apoyo de El Salvador.
Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando la administración Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino y aplicó sanciones económicas en un intento fallido por propiciar la salida de Maduro. Ese gobierno interino fue disuelto por la propia oposición venezolana en enero de 2023.
La fiscalía de Aix-en-Provence informó este viernes la detención de dos personas acusadas de liderar una red criminal que reclutaba a jóvenes latinoamericanas bajo falsas promesas laborales, para luego obligarlas a prostituirse en varias ciudades del sureste de Francia.
Durante un operativo, agentes franceses capturaron a un hombre y una mujer e incautaron más de 200,000 euros, de los cuales 194,000 estaban en efectivo. Según las autoridades, los implicados operaban en localidades como Aix-en-Provence, Cannes y Menton.
Las víctimas, al menos 14 mujeres reclutadas durante los últimos dos años, afirmaron haber sido contactadas en sus países de origen a través de redes sociales encriptadas, donde se les ofrecía trabajo como “damas de compañía”. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Niza eran trasladadas directamente a apartamentos donde debían prostituirse hasta 16 horas al día.
Los testimonios revelan que las mujeres eran despojadas de sus documentos y ganancias, además de tener restringida su movilidad.
Ambos detenidos enfrentarán cargos por proxenetismo agravado, secuestro arbitrario, trata de seres humanos y lavado de dinero, y deberán comparecer ante un juez en las próximas horas.
