Tras la reversión por parte del Tribunal Supremo de EE.UU. de una norma que impedía llevar armas en público en Nueva York, los legisladores han aprobado una ley que restringe la obtención de licencia con nuevos requisitos que incluyen el escrutinio de las redes sociales de los potenciales compradores, una medida que causa división.

El texto firmado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul hace una semana exige a los solicitantes de licencia de armas que ofrezcan una lista de las cuentas de redes sociales actuales y antiguas de los últimos tres años para que las autoridades evalúen el “carácter y conducta” de la persona.

Jaclyn Schildkraut, directora ejecutiva interina del Consorcio de Investigación Regional sobre Violencia Armada del Instituto Rockefeller de Gobernanza, un “think tank” sin afiliación política, señaló a Efe que éstas pueden ser “pueden ser una herramienta muy útil (en cuestión de prevención de delitos) si se sabe lo que hay que buscar”.

Algunos tiroteos masivos que han conmocionado al país en los últimos años fueron perpetrados por jóvenes que habían compartido previamente en sus redes lo que se considera “señales de aviso” que no fueron reportadas por nadie de su alrededor ni escrutinizadas.

Según un artículo publicado por Schildkraut para el instituto Rockefeller en junio, precisamente un aspecto del proceso que desemboca en los tiroteos masivos es la “filtración”, que tiene lugar cuando los individuos están “tan consumidos” con sus planes que no pueden guardárselos o evitar hacer amenazas en redes sociales.

Esa entidad cita un estudio del Servicio Secreto de EE.UU. de 2019, que halló que más del 75 % de los responsables de tiroteos en escuelas comunicaron previamente sus intenciones, un comportamiento también seguido por tiradores masivos en general, y en el que es primordial que los allegados tomen medidas.

Generalmente, los investigadores destacan la importancia del entorno social para identificar señales de amenaza y reportarlas a las autoridades, pero Schildkraut reivindica la colaboración entre el público y las fuerzas del orden: “No podemos poner la responsabilidad en una persona o una entidad”, comenta.

Respecto a la nueva tarea revisora de las autoridades en Nueva York, reconoce que habrá “gente preocupada porque puede ser un terreno resbaladizo, por si lo que la gente cuelga en redes sociales puede ser potencialmente usado como arma contra ellos”.

Políticos republicanos y defensores del uso de las armas se han hecho eco de esas preocupaciones y han considerado que la revisión de las redes sociales por parte de las autoridades vulnera la privacidad y derechos constitucionales como el de libre expresión.

A nivel federal, muchas agencias gubernamentales hacen seguimiento de redes sociales de los ciudadanos y las que más inciden son el FBI, el Departamento de Estado o el de Seguridad Nacional para investigar, detectar amenazas o examinar a inmigrantes a la hora de dar visados.

Expertos de Brennan Center for Justice también señalaron en un artículo que el aumento, todavía poco regulado, de ese seguimiento de las redes sociales por parte de Gobierno podría ser perjudicial para los derechos y libertades, ya que los usuarios vuelcan su información personal.

Los riesgos son particularmente altos para “las comunidades negras, latinas y musulmanas que históricamente han sido objetivo de las fuerzas del orden e inteligencia”, recoge un artículo del Brennan fechado en enero.

No obstante, Schildkraut considera que la nueva política de control de armas Nueva York articula los criterios por los que se puede denegar una licencia, que tienen en cuenta factores contextuales en torno a posibles imágenes compartidas en internet.

La legislación que entrará en vigor en septiembre incluye más restricciones para la obtención de una licencia, como aportar referencias, recibir una formación de seguridad de 16 horas, hacerse pruebas periódicas o entregar los datos de contacto de la pareja u adultos que vivan en el hogar.

También incluye negar licencias a personas con condenas recientes y el porte de armas en espacios públicos de la Gran Manzana como Times Square, parques o museos, y en negocios privados, donde a diferencia de otros estados los dueños deberán señalar expresamente que las armas son bienvenidas.

Schildkraut, que dirige interinamente el consorcio investigador formado por acuerdo entre varios gobernadores para la prevención de la violencia tras el tiroteo en un instituto de Parkland (Florida) en 2018, destaca la utilidad del trabajo “proactivo”, que se refleja en sus cifras.

Según un mapa elaborado en 2020 por ese ente, los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachussetts son de lejos los que tienen una menor tasa de muertes por violencia armada por cada 100,000 habitantes, hasta cinco veces menos que los más afectados, que son Misisipí, Luisiana y Wyoming.

Eso se debe a que tienen una legislación más completa de control de armas y restricciones, explica la experta, que ante la decisión del Supremo añade: “No puedo predecir el futuro, pero ciertamente puedo decir que estos estados está actuando muy proactivamente”.