Internacionales
El gobierno de Nuevo México publicó el resultado de la autopsia del niño migrante guatemalteco que murió bajo custodia en Estados Unidos
Agustín Gómez decidió a mediados de diciembre llevarse de Guatemala a su hijo de 8 años, para dejar atrás la miseria que los abrumaba en el país, que obliga a muchos como ellos a tomar el riesgo de emigrar por un sueño. El padre de Felipe Gómez Alonzo había escuchado rumores de que los adultos con niños podían cruzar la frontera de Estados Unidos.
Agustín estaba dispuesto a realizar el sueño de Felipe —tener una bicicleta—, pero su hijo se convirtió esta semana en el segundo menor guatemalteco que murió bajo la custodia de la patrulla fronteriza estadounidense en menos de 21 días. Su fallecimiento ocurrió justo en la Nochebuena, mientras estaba bajo resguardo migratorio en un hospital de Nuevo México tras sufrir tos, vómitos y fiebre.
La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México informó el jueves que la autopsia realizada a Felipe mostró que el niño tenía influenza, pero agregó que se necesitan hacer más pruebas antes de que pueda determinarse la causa de su muerte.
El deceso siguió al de otra niña guatemalteca, Jakelin Caal, de 7 años, ocurrido el 8 de diciembre.
«Escuchamos rumores de que podían pasar, dijeron que podían pasar con los niños (a Estados Unidos)», contó vía telefónica a The Associated Press Catarina Gómez Lucas, de 21 años y media hermana de Felipe, desde su comunidad en Yalambojoch, Huehuetenango, unos 450 kilómetros al occidente de Guatemala.
En este humilde poblado viven personas retornadas de México que huyeron de Guatemala en los años más cruentos de la guerra en la nación centroamericana (1960-1996).
Catarina dice que vive con la familia de su padre en una casa de madera y teja, con pisos de tierra y sin acceso a servicios básicos, y que los trabajos temporales en agricultura, en la tapisca o cosecha de café le generaban a su padre unos seis dólares al día, que no alcanzaban para mantener a la familia.
En medio de estas carencias y tras vender un terreno y pedir un préstamo, Agustín decidió que debía aprovechar «la oportunidad» de irse a Estados Unidos, por lo que agarró algo de ropa y le compró zapatos y vestimenta Felipe para el viaje. También se llevó un poco de dinero para comida, agrega su media hermana.
Catarina Alonzo Pérez, de 31 años y madre de Felipe, dijo a través de su hijastra que habló con su hijo un día antes de que llegaran a Estados Unidos. Ella no habla español, pero se comunica en un lenguaje indígena maya conocido como Chuj.
«Ya estoy en la frontera mami, cuando llegue allá voy a hablar contigo», le dijo Felipe a su madre, según cuenta la media hermana de Agustín. «No iba enfermo, aquí no estaba enfermo», agregó.
Sin embargo, a Agustín y a su hijo los detuvieron en la frontera. De acuerdo con las autoridades migratorias estadounidenses, el niño estuvo bajo custodia de unidades fronterizas durante una semana y fue trasladado de una instalación a otra junto con su padre. El último lugar en el que el menor estuvo detenido —después de la primera de dos visitas al hospital el día que murió— fue un retén en una carretera en Nuevo México.
El padre de Felipe no detectó ninguna enfermedad en su hijo hasta el lunes 24 de diciembre, según el cónsul guatemalteco Óscar Padilla, quien habló con él el miércoles 26.
Felipe y su padre partieron de Guatemala el 14 de diciembre y fueron detenidos en la frontera de México con Estados Unidos cuatro días después, dijo el diplomático centroamericano.
La historia de Felipe tiene muchas similitudes con la de la niña Caal: ambos fueron llevados por sus padres endeudados en un intento de llegar a Estados Unidos en busca de una mejor vida, provenían de dos comunidades rurales con extrema pobreza en Guatemala y los dos enfermaron fatalmente cuando estaban bajo custodia de la patrulla fronteriza norteamericana.
«Estaba muy feliz de irse», afirma la media hermana de Felipe. Por eso, asegura, la familia no entiende qué pasó con su salud.
La guatemalteca relata que dejaron de saber de su papá y su medio hermano desde el 18 de diciembre, cuando fueron detenidos por la patrulla fronteriza, y que en Navidad Agustín les llamó por teléfono alrededor de la una de la tarde para decirles que el niño había fallecido en un hospital.
«Nos dijo que estaba bien todo el día, que estuvo jugando con otros niños, (pero) luego el niño le dijo que se sentía mal, que le dolía el estómago», añadió Catarina. «Papi me siento muy mal, siento que algo se me queda atorado en mi garganta… El niño alcanzó a decirle a su padre que no llorara ‘ya no voy a recuperarme, si algo pasa no vas a llorar'», dice la media hermana al citar a su papá.
Agustín lo llevó en sus brazos, cuando fueron trasladados al hospital, y poco después de entregarlo a los médicos le informaron que su hijo había fallecido, según el relato de Catarina Gómez.
De acuerdo a la joven, Agustín se fue ahogado en deudas en su intento de alcanzar Estados Unidos. Había vendido un terreno para subsistir pero no fue suficiente, entonces accedió a un préstamo para poder hacer el viaje. Eso mismo le sucedió a la familia de Caal, la primera menor fallecida.
A Felipe le sobreviven cinco hermanos, dos del primer matrimonio de su padre, y tres más de su mamá y papá. Era como la niña Jakelin, el segundo hijo de la familia.
«Mi papá está mal por lo del niño, no sabemos qué va a pasar, no tenemos nada con qué vivir, no tenemos dinero», dice Catarina.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
