Internacionales
El gobierno de Nuevo México publicó el resultado de la autopsia del niño migrante guatemalteco que murió bajo custodia en Estados Unidos
Agustín Gómez decidió a mediados de diciembre llevarse de Guatemala a su hijo de 8 años, para dejar atrás la miseria que los abrumaba en el país, que obliga a muchos como ellos a tomar el riesgo de emigrar por un sueño. El padre de Felipe Gómez Alonzo había escuchado rumores de que los adultos con niños podían cruzar la frontera de Estados Unidos.
Agustín estaba dispuesto a realizar el sueño de Felipe —tener una bicicleta—, pero su hijo se convirtió esta semana en el segundo menor guatemalteco que murió bajo la custodia de la patrulla fronteriza estadounidense en menos de 21 días. Su fallecimiento ocurrió justo en la Nochebuena, mientras estaba bajo resguardo migratorio en un hospital de Nuevo México tras sufrir tos, vómitos y fiebre.
La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México informó el jueves que la autopsia realizada a Felipe mostró que el niño tenía influenza, pero agregó que se necesitan hacer más pruebas antes de que pueda determinarse la causa de su muerte.
El deceso siguió al de otra niña guatemalteca, Jakelin Caal, de 7 años, ocurrido el 8 de diciembre.
«Escuchamos rumores de que podían pasar, dijeron que podían pasar con los niños (a Estados Unidos)», contó vía telefónica a The Associated Press Catarina Gómez Lucas, de 21 años y media hermana de Felipe, desde su comunidad en Yalambojoch, Huehuetenango, unos 450 kilómetros al occidente de Guatemala.
En este humilde poblado viven personas retornadas de México que huyeron de Guatemala en los años más cruentos de la guerra en la nación centroamericana (1960-1996).
Catarina dice que vive con la familia de su padre en una casa de madera y teja, con pisos de tierra y sin acceso a servicios básicos, y que los trabajos temporales en agricultura, en la tapisca o cosecha de café le generaban a su padre unos seis dólares al día, que no alcanzaban para mantener a la familia.
En medio de estas carencias y tras vender un terreno y pedir un préstamo, Agustín decidió que debía aprovechar «la oportunidad» de irse a Estados Unidos, por lo que agarró algo de ropa y le compró zapatos y vestimenta Felipe para el viaje. También se llevó un poco de dinero para comida, agrega su media hermana.
Catarina Alonzo Pérez, de 31 años y madre de Felipe, dijo a través de su hijastra que habló con su hijo un día antes de que llegaran a Estados Unidos. Ella no habla español, pero se comunica en un lenguaje indígena maya conocido como Chuj.
«Ya estoy en la frontera mami, cuando llegue allá voy a hablar contigo», le dijo Felipe a su madre, según cuenta la media hermana de Agustín. «No iba enfermo, aquí no estaba enfermo», agregó.
Sin embargo, a Agustín y a su hijo los detuvieron en la frontera. De acuerdo con las autoridades migratorias estadounidenses, el niño estuvo bajo custodia de unidades fronterizas durante una semana y fue trasladado de una instalación a otra junto con su padre. El último lugar en el que el menor estuvo detenido —después de la primera de dos visitas al hospital el día que murió— fue un retén en una carretera en Nuevo México.
El padre de Felipe no detectó ninguna enfermedad en su hijo hasta el lunes 24 de diciembre, según el cónsul guatemalteco Óscar Padilla, quien habló con él el miércoles 26.
Felipe y su padre partieron de Guatemala el 14 de diciembre y fueron detenidos en la frontera de México con Estados Unidos cuatro días después, dijo el diplomático centroamericano.
La historia de Felipe tiene muchas similitudes con la de la niña Caal: ambos fueron llevados por sus padres endeudados en un intento de llegar a Estados Unidos en busca de una mejor vida, provenían de dos comunidades rurales con extrema pobreza en Guatemala y los dos enfermaron fatalmente cuando estaban bajo custodia de la patrulla fronteriza norteamericana.
«Estaba muy feliz de irse», afirma la media hermana de Felipe. Por eso, asegura, la familia no entiende qué pasó con su salud.
La guatemalteca relata que dejaron de saber de su papá y su medio hermano desde el 18 de diciembre, cuando fueron detenidos por la patrulla fronteriza, y que en Navidad Agustín les llamó por teléfono alrededor de la una de la tarde para decirles que el niño había fallecido en un hospital.
«Nos dijo que estaba bien todo el día, que estuvo jugando con otros niños, (pero) luego el niño le dijo que se sentía mal, que le dolía el estómago», añadió Catarina. «Papi me siento muy mal, siento que algo se me queda atorado en mi garganta… El niño alcanzó a decirle a su padre que no llorara ‘ya no voy a recuperarme, si algo pasa no vas a llorar'», dice la media hermana al citar a su papá.
Agustín lo llevó en sus brazos, cuando fueron trasladados al hospital, y poco después de entregarlo a los médicos le informaron que su hijo había fallecido, según el relato de Catarina Gómez.
De acuerdo a la joven, Agustín se fue ahogado en deudas en su intento de alcanzar Estados Unidos. Había vendido un terreno para subsistir pero no fue suficiente, entonces accedió a un préstamo para poder hacer el viaje. Eso mismo le sucedió a la familia de Caal, la primera menor fallecida.
A Felipe le sobreviven cinco hermanos, dos del primer matrimonio de su padre, y tres más de su mamá y papá. Era como la niña Jakelin, el segundo hijo de la familia.
«Mi papá está mal por lo del niño, no sabemos qué va a pasar, no tenemos nada con qué vivir, no tenemos dinero», dice Catarina.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
