Internacionales
El colapso hospitalario evidencia los fallos en la contención de la pandemia en EE.UU.
Los hospitales del sur de Estados Unidos se enfrentan a un colapso inminente de sus unidades de cuidados intensivos con un nuevo aumento récord de los casos del COVID-19 que podría forzar a replantear la entrada al nuevo año escolar ante el riesgo de que se haga de manera desigual y caótica.
Estados Unidos añadió este jueves a sus 3 millones de infecciones por el COVID-19 otros 58.000 nuevos casos, otro máximo diario, según los datos recopilados por la universidad Johns Hopkins.
Los estados de Misuri, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental reportaron aumentos récord, mientras que algunos se enfrentan al temido colapso de las unidades de cuidados intensivos y ven en riesgo los planes de reapertura y reactivación económica en pleno verano.
Según datos del Southeast Texas Regional Advisory Council (SETRAC), los hospitales de Texas está al 95 % de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos, al tiempo que en Florida 56 centros hospitalarios han alcanzado el máximo en estas unidades críticas, con otros 35 al borde del colapso.
En Florida una de cada cinco pruebas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tiene resultado positivo, mientras que en Arizona esa ratio, difícil de encontrar en otra parte del mundo, es de una de cada cuatro.
Este dato desmiente los reiterativos tuits del presidente estadoundiense, Donald Trump, repetidos hoy con sonoras mayúsculas, de que el aumento de los casos se debe a que se están haciendo más pruebas, una afirmación que no se sostiene con los altos índices de resultados positivos.
De hecho, Arizona tiene el dudoso honor de ser la región del mundo con el mayor índice per cápita de casos de la COVID-19, con 3.300 contagios por cada millón de habitantes.
Esto hace temer que el sur de Estados Unidos se enfrente ahora a una situación difícil de controlar, pese a las nuevas medidas tomadas esta semana para cerrar bares, playas y gimnasios y forzar la población al uso de mascarillas y tapabocas en los estados más afectados.
MENSAJES CONTRADICTORIOS
El director del Centro de Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, aseguró hoy que no se van a cambiar las guías para reabrir colegios y guarderías en todo el país en septiembre, pese a que el vicepresidente, Mike Pence, sugirió este miércoles que sí habría una revisión de las recomendaciones a los estados.
En una entrevista con el programa matinal “Good Morning America”, Redfield evitó profundizar en las declaraciones de Trump, quien aseguró que las limitaciones en la reapertura de escuelas son “muy duras”.
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró que se van a presentar «guías adicionales» para que las escuelas puedan abrir en todo el país a la par que citó estudios que aseguran que los menores de 18 años «no tienen virtualmente posibilidad de enfermar seriamente» por el nuevo coronavirus.
Asimismo, la portavoz sugirió que el aumento de las hospitalizaciones está también relacionado con un aumento en las operaciones quirúrgicas comunes, con entre un 10 a un 40 % de las hospitalizaciones relacionadas con la COVID-19.
LA GUERRA DE LAS MASCARILLAS
Hay otras cosas que hacen a este país único en su lucha contra la pandemia de COVID-19: las divergencias de tintes ideológicos contra la imposición del uso de la mascarilla en lugares cerrados.
El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, se sigue negando en redondo a obligar por decreto al uso de mascarillas en lugares públicos, hasta el punto que ha prohibido a las ciudades que se han rebelado y han emitido sus propias ordenanzas a hacerlo.
La alcaldesa de Atlanta, la capital del estado, Keisha Lance Bottoms, ha hecho oídos sordos y ha ordenado desde este jueves la obligatoriedad de llevar mascarilla, una medida que podría no ser suficiente con los negocios abiertos y los casos al alza en esa zona metropolitana.
El gobernador republicano en Texas, Greg Abbott, que la pasada semana finalmente ordenó llevar máscara para evitar más contagios, tiene esta semana que enfrentarse a la rebelión opuesta.
Sheriffs de al menos nueve condados se niegan a hacer cumplir la orden de cubrirse las vías respiratorias cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, la medida más afectiva para contener la transmisión sin forzar a una reclusión.
Varios alguaciles de condados han aparecido en Facebook asegurando que es imposible forzar a la gente a ponerse la mascarilla so pena de multa y calabozo para los reincidentes y algunos piden a sus colegas y subordinados «no tomar acción alguna».
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
