Internacionales
El colapso hospitalario evidencia los fallos en la contención de la pandemia en EE.UU.
Los hospitales del sur de Estados Unidos se enfrentan a un colapso inminente de sus unidades de cuidados intensivos con un nuevo aumento récord de los casos del COVID-19 que podría forzar a replantear la entrada al nuevo año escolar ante el riesgo de que se haga de manera desigual y caótica.
Estados Unidos añadió este jueves a sus 3 millones de infecciones por el COVID-19 otros 58.000 nuevos casos, otro máximo diario, según los datos recopilados por la universidad Johns Hopkins.
Los estados de Misuri, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental reportaron aumentos récord, mientras que algunos se enfrentan al temido colapso de las unidades de cuidados intensivos y ven en riesgo los planes de reapertura y reactivación económica en pleno verano.
Según datos del Southeast Texas Regional Advisory Council (SETRAC), los hospitales de Texas está al 95 % de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos, al tiempo que en Florida 56 centros hospitalarios han alcanzado el máximo en estas unidades críticas, con otros 35 al borde del colapso.
En Florida una de cada cinco pruebas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tiene resultado positivo, mientras que en Arizona esa ratio, difícil de encontrar en otra parte del mundo, es de una de cada cuatro.
Este dato desmiente los reiterativos tuits del presidente estadoundiense, Donald Trump, repetidos hoy con sonoras mayúsculas, de que el aumento de los casos se debe a que se están haciendo más pruebas, una afirmación que no se sostiene con los altos índices de resultados positivos.
De hecho, Arizona tiene el dudoso honor de ser la región del mundo con el mayor índice per cápita de casos de la COVID-19, con 3.300 contagios por cada millón de habitantes.
Esto hace temer que el sur de Estados Unidos se enfrente ahora a una situación difícil de controlar, pese a las nuevas medidas tomadas esta semana para cerrar bares, playas y gimnasios y forzar la población al uso de mascarillas y tapabocas en los estados más afectados.
MENSAJES CONTRADICTORIOS
El director del Centro de Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, aseguró hoy que no se van a cambiar las guías para reabrir colegios y guarderías en todo el país en septiembre, pese a que el vicepresidente, Mike Pence, sugirió este miércoles que sí habría una revisión de las recomendaciones a los estados.
En una entrevista con el programa matinal “Good Morning America”, Redfield evitó profundizar en las declaraciones de Trump, quien aseguró que las limitaciones en la reapertura de escuelas son “muy duras”.
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró que se van a presentar «guías adicionales» para que las escuelas puedan abrir en todo el país a la par que citó estudios que aseguran que los menores de 18 años «no tienen virtualmente posibilidad de enfermar seriamente» por el nuevo coronavirus.
Asimismo, la portavoz sugirió que el aumento de las hospitalizaciones está también relacionado con un aumento en las operaciones quirúrgicas comunes, con entre un 10 a un 40 % de las hospitalizaciones relacionadas con la COVID-19.
LA GUERRA DE LAS MASCARILLAS
Hay otras cosas que hacen a este país único en su lucha contra la pandemia de COVID-19: las divergencias de tintes ideológicos contra la imposición del uso de la mascarilla en lugares cerrados.
El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, se sigue negando en redondo a obligar por decreto al uso de mascarillas en lugares públicos, hasta el punto que ha prohibido a las ciudades que se han rebelado y han emitido sus propias ordenanzas a hacerlo.
La alcaldesa de Atlanta, la capital del estado, Keisha Lance Bottoms, ha hecho oídos sordos y ha ordenado desde este jueves la obligatoriedad de llevar mascarilla, una medida que podría no ser suficiente con los negocios abiertos y los casos al alza en esa zona metropolitana.
El gobernador republicano en Texas, Greg Abbott, que la pasada semana finalmente ordenó llevar máscara para evitar más contagios, tiene esta semana que enfrentarse a la rebelión opuesta.
Sheriffs de al menos nueve condados se niegan a hacer cumplir la orden de cubrirse las vías respiratorias cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, la medida más afectiva para contener la transmisión sin forzar a una reclusión.
Varios alguaciles de condados han aparecido en Facebook asegurando que es imposible forzar a la gente a ponerse la mascarilla so pena de multa y calabozo para los reincidentes y algunos piden a sus colegas y subordinados «no tomar acción alguna».
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que había alcanzado un acuerdo con su homólogo Donald Trump sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a su país en un eventual final de la guerra contra Rusia.
«Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas», dijo Zelenski a la prensa en el Foro de Davos, donde se reunió con Trump. «El documento tiene que ser firmado por las partes», agregó.
Sin embargo, otra de las cuestiones clave en las negociaciones para un acuerdo de paz con Rusia, la gestión del este de Ucrania parcialmente ocupado, «todavía no lo hemos resuelto», reconoció.
El mandatario ucraniano también afirmó que delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia se reunirán el viernes y el sábado en Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó la agencia noticiosa Interfax-Ucrania.
«Esta será la primera reunión trilateral en los Emiratos. Creo que será mañana [hoy] y pasadomañana [sábado]», dijo Zelensky durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
De acuerdo con Zelensky, la delegación ucraniana estará integrada por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania; Kyrylo Budanov, jefe de la oficina presidencial; David Arakhamia, presidente de la facción parlamentaria de Servidor del Pueblo; y Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Un pequeño tren metropolitano chocó este jueves con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia, provocando «varios heridos leves», informó una portavoz del operador nacional español Renfe, en una semana negra de accidentes ferroviarios en el país.
«Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra», dijo la portavoz a la AFP, precisando que ha sido la grúa la que «ha golpeado la unidad del tren».
El tren implicado es un FEVE, un pequeño tren de vía estrecha que se usa para transporte metropolitano en algunas provincias españolas.
Un portavoz del servicio de emergencias 112 de la región de Murcia dijo a AFP que el «tren no ha descarrilado» por el impacto, y que en el lugar del accidente, «trabajan bomberos, el 112, la Policía Nacional y Guardia Civil».
Este jueves se encontraron dos nuevos cuerpos entre los restos de los trenes que colisionaron el domingo en el sur de España, por lo que se elevó el balance a 45 muertos, una cifra que podría ser definitiva.
«Se han hallado en uno de los vagones», confirmó a AFP un portavoz del servicio de emergencias de Andalucía, sobre los que podrían ser los dos últimos cadáveres pendientes de encontrar, porque el número de denuncias de desaparecidos por parte de familiares ascendía exactamente a 45.
En Adamuz los expertos estudian todavía las causas de la que es la peor tragedia ferroviaria del país desde 2013.
Estos accidentes han puesto bajo el foco al ministro de Transporte, Óscar Puente y al Ministerio de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, a los gestores de las líneas férreas y en general al sistema ferroviario español.
Maquinistas de Cataluña se negaron el martes a reanudar el servicio de trenes de cercanías tras estar parado ya todo el lunes al considerar que no se reunían las condiciones de seguridad tras las fuertes lluvias del domingo, dejando a 400,000 usuarios diarios sin transporte.
Puente dijo que una de las culpables del accidente de Adamuz podría ser la infraestructura «es posible, sin duda, pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño», insistió este jueves y añadió que el proceso de investigación será «complejo» y largo.
Ante la escalada de la crisis en el sistema carcelario, el Gobierno de Guatemala podría enviar a los pandilleros de alta peligrosidad a cárceles militares. Analistas guatemaltecos consultados por La Hora GT opinan que es lo que el Estado debería hacer, considerando el descontrol y sobrepoblación en las prisiones.
El tema ha tomado especial relevancia ante la reciente matanza de diez policías a manos de mareros en venganza porque el Estado se negó a ceder ante las exigencias de Aldo Dupie Ochoa alias «El Lobo», líder de la pandilla Barrio 18, el grupo criminal responsable de la masacre de los uniformados.
El ministro de la Defensa Henry David Sáenz dijo al informativo de Guatemala que no se ha discutido de forma oficial la posibilidad de trasladar a los prisioneros de alta peligrosidad a brigadas militares, pero aclaró que esta es una práctica que no es ajena para el Ejército y es algo que «ya estábamos haciendo».
Ejemplo de esto es el centro penitenciario dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, donde hay varios privados de libertad bajo vigilancia militar. En ese reclusorio también hay reos de alto perfil, como el exfuncionario Eduardo Masaya, acusado de corrupción. En 2015 se selló en un acuerdo ministerial que dentro de la brigada se ubicaría el Centro de Detención de la Zona Diecisiete, para hombres y mujeres. Su capacidad máxima es de 114 privados de Libertad en la zona «a» y de 21 en la zona «b». Sin embargo, se acordó que estas instalaciones se usarían solo para civiles o militares en riesgo de atentados.
En adición, en el Cuartel Matamoros, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, funciona desde 2010 una cárcel que ha albergado reos peligrosos o de alto perfil. Sin embargo, la prensa ha señalado que estos son centros «VIP», sobre todo para exfuncionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina.
Sáenz dijo que los ataques del fin de semana fueron un ataque orquestado por fuerzas políticas que desean ver caer al Gobierno de Bernardo Arévalo, pero que donde el Ejército si colaborará será en asegurar que este finalice su periodo; en 2028.
Algunos expertos citados por La Hora GT consideran que los reos más peligrosos pueden irse a cárceles en el exterior, ya que la Ley Antipandillas así lo permite. Pero no es una opción de la que hable todavía el Ejecutivo de forma oficial.
El artículo transitorio del Decreto 11-2025, que se aprobó como parte de la nueva Ley Antipandillas, autoriza al Gobierno de Guatemala a celebrar convenios bilaterales con otros países para que los reclusos condenados por pertenecer a maras o pandillas puedan cumplir sus penas en cárceles del extranjero mientras Guatemala construye sus propios centros penitenciarios de máxima seguridad. La medida sería temporal.
«El Cecot —Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador—, por ejemplo, es una prisión en donde en una misma celda se reúne a 100 sujetos de alta peligrosidad sin posibilidad de tener contacto con el mundo exterior», así lo dijo el investigador de temas de seguridad pública y defensa, Mario Mérida.
Por otra parte, el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, opina que hay «cero control» sobre el sistema penitenciario, y que es inaudito que la policía no haya anticipado los ataques del fin de semana.
La ofensiva criminal «no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales», sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
La violencia incluso ha llevado a que sean cancelados grandes eventos de entretenimiento y culturales. Mazatenango canceló su carnaval 2026, el evento más importante de Suchitepéquez, por motivos de seguridad, tras recientes ataques armados contra agentes de la PNC vinculados a la pandilla del Barrio 18. Se celebra desde 1885.
El cantante Nicky Jam canceló un concierto para priorizar la seguridad de todos los asistentes, del personal técnico y del equipo de producción.
