Internacionales
El colapso hospitalario evidencia los fallos en la contención de la pandemia en EE.UU.
Los hospitales del sur de Estados Unidos se enfrentan a un colapso inminente de sus unidades de cuidados intensivos con un nuevo aumento récord de los casos del COVID-19 que podría forzar a replantear la entrada al nuevo año escolar ante el riesgo de que se haga de manera desigual y caótica.
Estados Unidos añadió este jueves a sus 3 millones de infecciones por el COVID-19 otros 58.000 nuevos casos, otro máximo diario, según los datos recopilados por la universidad Johns Hopkins.
Los estados de Misuri, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental reportaron aumentos récord, mientras que algunos se enfrentan al temido colapso de las unidades de cuidados intensivos y ven en riesgo los planes de reapertura y reactivación económica en pleno verano.
Según datos del Southeast Texas Regional Advisory Council (SETRAC), los hospitales de Texas está al 95 % de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos, al tiempo que en Florida 56 centros hospitalarios han alcanzado el máximo en estas unidades críticas, con otros 35 al borde del colapso.
En Florida una de cada cinco pruebas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tiene resultado positivo, mientras que en Arizona esa ratio, difícil de encontrar en otra parte del mundo, es de una de cada cuatro.
Este dato desmiente los reiterativos tuits del presidente estadoundiense, Donald Trump, repetidos hoy con sonoras mayúsculas, de que el aumento de los casos se debe a que se están haciendo más pruebas, una afirmación que no se sostiene con los altos índices de resultados positivos.
De hecho, Arizona tiene el dudoso honor de ser la región del mundo con el mayor índice per cápita de casos de la COVID-19, con 3.300 contagios por cada millón de habitantes.
Esto hace temer que el sur de Estados Unidos se enfrente ahora a una situación difícil de controlar, pese a las nuevas medidas tomadas esta semana para cerrar bares, playas y gimnasios y forzar la población al uso de mascarillas y tapabocas en los estados más afectados.
MENSAJES CONTRADICTORIOS
El director del Centro de Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, aseguró hoy que no se van a cambiar las guías para reabrir colegios y guarderías en todo el país en septiembre, pese a que el vicepresidente, Mike Pence, sugirió este miércoles que sí habría una revisión de las recomendaciones a los estados.
En una entrevista con el programa matinal “Good Morning America”, Redfield evitó profundizar en las declaraciones de Trump, quien aseguró que las limitaciones en la reapertura de escuelas son “muy duras”.
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró que se van a presentar «guías adicionales» para que las escuelas puedan abrir en todo el país a la par que citó estudios que aseguran que los menores de 18 años «no tienen virtualmente posibilidad de enfermar seriamente» por el nuevo coronavirus.
Asimismo, la portavoz sugirió que el aumento de las hospitalizaciones está también relacionado con un aumento en las operaciones quirúrgicas comunes, con entre un 10 a un 40 % de las hospitalizaciones relacionadas con la COVID-19.
LA GUERRA DE LAS MASCARILLAS
Hay otras cosas que hacen a este país único en su lucha contra la pandemia de COVID-19: las divergencias de tintes ideológicos contra la imposición del uso de la mascarilla en lugares cerrados.
El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, se sigue negando en redondo a obligar por decreto al uso de mascarillas en lugares públicos, hasta el punto que ha prohibido a las ciudades que se han rebelado y han emitido sus propias ordenanzas a hacerlo.
La alcaldesa de Atlanta, la capital del estado, Keisha Lance Bottoms, ha hecho oídos sordos y ha ordenado desde este jueves la obligatoriedad de llevar mascarilla, una medida que podría no ser suficiente con los negocios abiertos y los casos al alza en esa zona metropolitana.
El gobernador republicano en Texas, Greg Abbott, que la pasada semana finalmente ordenó llevar máscara para evitar más contagios, tiene esta semana que enfrentarse a la rebelión opuesta.
Sheriffs de al menos nueve condados se niegan a hacer cumplir la orden de cubrirse las vías respiratorias cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, la medida más afectiva para contener la transmisión sin forzar a una reclusión.
Varios alguaciles de condados han aparecido en Facebook asegurando que es imposible forzar a la gente a ponerse la mascarilla so pena de multa y calabozo para los reincidentes y algunos piden a sus colegas y subordinados «no tomar acción alguna».
Sin precisar el número de desvinculaciones, el ministerio de Salud anunció hace una semana que decidió «optimizar recursos» luego de identificar una duplicidad de funciones y «otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales».
La Federación Médica Ecuatoriana (FME) reportó hasta 1.200 despidos entre médicos, enfermeras y personal administrativo.
«No tenemos lo necesario para trabajar. No pasa por el despido, pasa porque los pacientes que compran las cosas para poderse operar, porque hay pacientes de emergencia en lista de espera» para acceder a una cirugía, dijo a la prensa Juan Barriga, jefe de Traumatología del hospital Pablo Arturo Suárez.
Varias decenas de médicos con mandiles y enfermeras con sus uniformes blancos, así como pacientes y familiares, protestaron en el acceso a ese centro con carteles con leyendas como «No hay insumos, no hay medicamentos, la salud colapsa».
«Hay puros políticos y no hay políticas de salud para poder mejorar la salud», manifestó Barriga.
Apuntó que más de mil pacientes esperaban por una cirugía en el Pablo Arturo Suárez, uno de los sanatorios públicos más importantes de la capital.
El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, anunció el lunes la designación del sexto ministro de Salud en su gobierno. Nombró a Jaime Bernabé luego de que la vicepresidenta María José Pinto estuviera encargada de esa cartera desde noviembre pasado.
En medio de constantes denuncias de la población sobre la falta de medicamentos y atención, el mandatario dijo que Bernabé asumirá de forma inmediata para «acelerar lo que funciona y corregir lo que no».
«Ya hemos topado piso, se cierran los quirófanos, no hay personal para trabajar, no hay material», dijo Barriga mientras los manifestantes clamaban su rechazo a los despidos.
«Estamos ya hartos de ver tanta muerte y tanto dolor de la pobre gente», señaló a la prensa el presidente de la FME, Santiago Carrasco, quien anunció que habrá protestas similares a nivel nacional.
Yannick Alléno, ganador de 18 estrellas Michelin, prometió trabajar por una mayor protección de los jóvenes, después de que en 2022 un conductor ebrio atropellara mortalmente a su hijo Antoine, de 24 años, en París.
Y, este miércoles, arremetió contra los productores de óxido nitroso, cuyo mal uso provocó, según la asociación 40 Millones de Automovilistas, más de 450 accidentes de tráfico graves en Francia en 2025, cuarenta veces más que hace seis años.
El también llamado «gas de la risa» es un producto con fines médicos o alimentarios, pero muchos pervierten su uso con fines recreativos, inhalándolo con ayuda de globos tras perforar los cartuchos que lo contienen.
«Esto tiene efectos importantes en la salud pública. Hay jóvenes que pierden movilidad, sufren quemaduras, accidentes. Creo que es hora de tomar medidas de fondo», dijo a AFP Yannick Alléno.
Este producto puede provocar daños en el sistema nervioso, una alteración de las facultades cognitivas, así como trastornos del equilibrio y de los reflejos, creando un riesgo mayor en caso de conducción.
Según cifras oficiales, los casos registrados de intoxicaciones con óxido nitroso se triplicaron entre 2022 y 2023, y los más graves se cuadruplicaron en el mismo período. El 10% corresponde a menores, pese a que una ley de 2021 prohíbe su venta a estos últimos.
El complejo hospitalario Hospices Civiles de Lyon, en el este de Francia, lanzó en noviembre de 2024 un servicio de información y de tratamiento de los efectos del «gas de la risa», que atiende a decenas de pacientes, sobre todo jóvenes.
Julien (pseudónimo) es uno de ellos. Este joven de 21 años estuvo «enganchado» durante cuatro años hasta finales de 2025 y ahora teme «secuelas de por vida»: «Un placer efímero por un remordimiento eterno».
«Todo se vuelve muy complicado, incluso conducir. Cuando me da ese hormigueo, me duele muchísimo», asegura por su parte Sarah (pseudónimo), a quien le tiemblan las piernas cuando se levanta.
Para esta joven de 23 años se trata de «la peor droga», porque «está por todas partes». «Me habría gustado decirles a los jóvenes que no hicieran eso. Pero el problema es que lo saben», suspira.
El mal uso de este gas por jóvenes preocupa al gobierno. A inicios de abril lanzó una campaña de sensibilización con mensajes como: «Detrás de unos segundos de euforia, puede haber una parálisis de por vida, o peor aún, la muerte».
El Senado debe debatir en mayo un proyecto de ley para castigar la inhalación del «gas de la risa» con hasta un año de prisión y 3.750 euros (4.400 dólares) de multa, pena que aumentaría a 3 años y 9.000 euros si se conduce bajo sus efectos.
El chef Alléno también pide al gobierno que publique un decreto que incluya este producto en el delito de homicidio vial, pero va más allá. Este miércoles, su Asociación Antoine Alléno, que fundó en homenaje a su hijo, anunció a AFP una acción judicial.
La asociación demandó a dos empresas –el fabricante chino Zhuzhou Xingye Chemical y la distribuidora polaca IVM Firma Handlowa– que con «formas engañosas de comunicación» incitarían a los jóvenes a un mal uso del «gas de la risa».
En el punto de mira estarían los coloridos cartuchos de óxido nitroso comercializados bajo la marca Cream Deluxe para «crear bebidas y cócteles», aunque el chef no los ha visto «nunca» en cocina.
IVM Firma Handlowa negó a AFP ser la «distribuidora de Cream Deluxe» y aseguró que ya no lo venden en Francia.
En este caso por supuestas prácticas comerciales desleales, la asociación solicita a un tribunal de París que prohíba a ambas empresas operar en Francia, así como el pago de las costas judiciales.
Desplazarse sin Google Maps, dejar de deslizar el dedo por Instagram, guardar los auriculares para escuchar el canto de los pájaros: durante un mes, un grupo de jóvenes estadounidenses cambió sus teléfonos inteligentes por sencillos aparatos de tapa y se embarcó en una desintoxicación digital.
«Estaba esperando el autobús y no sabía cuándo llegaría», recordó Jay West, de 29 años, quien participó en el desafío «Un mes offline», organizado por una pequeña startup con el apoyo de un grupo comunitario local.
Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y West —que trabaja como analista de datos para el sistema de metro de Washington— comentó que a menudo se encontró metiendo la mano en el bolsillo para buscar su teléfono móvil, pese a que no lo llevaba encima.
Pero finalmente resultó ser una experiencia liberadora, asegura.
«A veces me aburría, y eso está bien!», recordó una tarde reciente en una huerta comunitaria de la ciudad donde los participantes de la experiencia se reunieron para compartir las dificultades y las alegrías de desconectarse. «Está bien aburrirse», dijo West.
Sentada a su lado estaba Rachael Schultz, de 35 años, quien tuvo que pedir indicaciones a desconocidos que pasaban en bicicleta. También Lizzie Benjamin, de 25, que desempolvó viejos CD que su padre había grabado para poder escuchar música sin recurrir a Spotify.
Antes de la desintoxicación, a Bobby Loomis —trabajador del sector inmobiliario de 25 años— le costaba ver siquiera un episodio completo de una serie de televisión sin mirar su teléfono.
Vida social «enriquecedora»
Desde hace tiempo, los científicos vienen alertando que la adicción a los teléfonos móviles está asociada con una menor capacidad de atención, problemas de sueño y ansiedad.
En un fallo histórico de fines de marzo, un tribunal de California dictaminó que Instagram y YouTube son responsables de la naturaleza adictiva de sus plataformas.
Un número creciente de jóvenes estadounidenses está, por fin, tomando nota de ello.
Según una encuesta de YouGov realizada el año pasado, más de dos tercios de las personas de entre 18 y 29 años desearían reducir su tiempo de uso de pantallas.
Y existen nuevas herramientas disponibles para lograrlo: aplicaciones, dispositivos para bloquear el teléfono y grupos —como el de Washington— que promueven desintoxicaciones de un mes.
En los campus universitarios se han popularizado las dietas de redes sociales de varias semanas, y las reuniones sin pantallas entre amigos se han convertido en una tendencia en las grandes ciudades.
Prescindir del teléfono inteligente, aunque sea solo por un par de semanas, conduce a un «mayor bienestar y a una mejor capacidad para mantener la atención», afirmó Kostadin Kushlev, investigador de psicología en la Universidad de Georgetown.
Los estudios preliminares sugieren que esos efectos perduran en el tiempo, añadió.
Josh Morin, uno de los organizadores de los programas de desintoxicación en Washington, considera que simplemente dejar de usar el teléfono no es suficiente y que resulta vital ofrecer una alternativa atractiva.
Su programa incluye una sesión semanal de debate para los participantes, en un bar de karaoke situado en un barrio de moda de la capital estadounidense.
«Para romper realmente con ese hábito, es necesario ofrecer una vida social, comunitaria y enriquecedora», señaló Morin.
«El comienzo de algo importante»
«Un mes offline» fue lanzado hace un año por una empresa llamada Dumb.co.
Participar cuesta aproximadamente 100 dólares por persona, tarifa que cubre el préstamo de un celular viejo precargado con herramientas esenciales —llamadas telefónicas, mensajes de texto y la aplicación Uber- que se sincronizan con el teléfono inteligente del usuario.
Hasta la fecha, la «startup» ha avanzado a paso lento. Espera superar la marca de mil participantes en mayo.
Pero los expertos vislumbran una tendencia más amplia.
Graham Burnett, profesor de historia en la Universidad de Princeton, cree estar frente al «amanecer de un movimiento auténtico», similar al surgimiento de la ola ecologista en la década de 1960, que dio lugar a importantes leyes de protección medioambiental.
Kendall Schrohe, de 23 años y empleada en una organización de vigilancia de la privacidad digital, completó el programa mensual de desintoxicación en Washington en enero.
Ahora es capaz de orientarse por su barrio sin depender de Google Maps; además, eliminó su cuenta de Instagram y organizó su propio grupo de «sobriedad digital».
«Adopté una perspectiva optimista y siento que realmente estamos ante el comienzo de algo importante», comentó.
