Internacionales
El colapso hospitalario evidencia los fallos en la contención de la pandemia en EE.UU.
Los hospitales del sur de Estados Unidos se enfrentan a un colapso inminente de sus unidades de cuidados intensivos con un nuevo aumento récord de los casos del COVID-19 que podría forzar a replantear la entrada al nuevo año escolar ante el riesgo de que se haga de manera desigual y caótica.
Estados Unidos añadió este jueves a sus 3 millones de infecciones por el COVID-19 otros 58.000 nuevos casos, otro máximo diario, según los datos recopilados por la universidad Johns Hopkins.
Los estados de Misuri, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental reportaron aumentos récord, mientras que algunos se enfrentan al temido colapso de las unidades de cuidados intensivos y ven en riesgo los planes de reapertura y reactivación económica en pleno verano.
Según datos del Southeast Texas Regional Advisory Council (SETRAC), los hospitales de Texas está al 95 % de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos, al tiempo que en Florida 56 centros hospitalarios han alcanzado el máximo en estas unidades críticas, con otros 35 al borde del colapso.
En Florida una de cada cinco pruebas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tiene resultado positivo, mientras que en Arizona esa ratio, difícil de encontrar en otra parte del mundo, es de una de cada cuatro.
Este dato desmiente los reiterativos tuits del presidente estadoundiense, Donald Trump, repetidos hoy con sonoras mayúsculas, de que el aumento de los casos se debe a que se están haciendo más pruebas, una afirmación que no se sostiene con los altos índices de resultados positivos.
De hecho, Arizona tiene el dudoso honor de ser la región del mundo con el mayor índice per cápita de casos de la COVID-19, con 3.300 contagios por cada millón de habitantes.
Esto hace temer que el sur de Estados Unidos se enfrente ahora a una situación difícil de controlar, pese a las nuevas medidas tomadas esta semana para cerrar bares, playas y gimnasios y forzar la población al uso de mascarillas y tapabocas en los estados más afectados.
MENSAJES CONTRADICTORIOS
El director del Centro de Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, aseguró hoy que no se van a cambiar las guías para reabrir colegios y guarderías en todo el país en septiembre, pese a que el vicepresidente, Mike Pence, sugirió este miércoles que sí habría una revisión de las recomendaciones a los estados.
En una entrevista con el programa matinal “Good Morning America”, Redfield evitó profundizar en las declaraciones de Trump, quien aseguró que las limitaciones en la reapertura de escuelas son “muy duras”.
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró que se van a presentar «guías adicionales» para que las escuelas puedan abrir en todo el país a la par que citó estudios que aseguran que los menores de 18 años «no tienen virtualmente posibilidad de enfermar seriamente» por el nuevo coronavirus.
Asimismo, la portavoz sugirió que el aumento de las hospitalizaciones está también relacionado con un aumento en las operaciones quirúrgicas comunes, con entre un 10 a un 40 % de las hospitalizaciones relacionadas con la COVID-19.
LA GUERRA DE LAS MASCARILLAS
Hay otras cosas que hacen a este país único en su lucha contra la pandemia de COVID-19: las divergencias de tintes ideológicos contra la imposición del uso de la mascarilla en lugares cerrados.
El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, se sigue negando en redondo a obligar por decreto al uso de mascarillas en lugares públicos, hasta el punto que ha prohibido a las ciudades que se han rebelado y han emitido sus propias ordenanzas a hacerlo.
La alcaldesa de Atlanta, la capital del estado, Keisha Lance Bottoms, ha hecho oídos sordos y ha ordenado desde este jueves la obligatoriedad de llevar mascarilla, una medida que podría no ser suficiente con los negocios abiertos y los casos al alza en esa zona metropolitana.
El gobernador republicano en Texas, Greg Abbott, que la pasada semana finalmente ordenó llevar máscara para evitar más contagios, tiene esta semana que enfrentarse a la rebelión opuesta.
Sheriffs de al menos nueve condados se niegan a hacer cumplir la orden de cubrirse las vías respiratorias cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, la medida más afectiva para contener la transmisión sin forzar a una reclusión.
Varios alguaciles de condados han aparecido en Facebook asegurando que es imposible forzar a la gente a ponerse la mascarilla so pena de multa y calabozo para los reincidentes y algunos piden a sus colegas y subordinados «no tomar acción alguna».
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
