Internacionales
El colapso hospitalario evidencia los fallos en la contención de la pandemia en EE.UU.
Los hospitales del sur de Estados Unidos se enfrentan a un colapso inminente de sus unidades de cuidados intensivos con un nuevo aumento récord de los casos del COVID-19 que podría forzar a replantear la entrada al nuevo año escolar ante el riesgo de que se haga de manera desigual y caótica.
Estados Unidos añadió este jueves a sus 3 millones de infecciones por el COVID-19 otros 58.000 nuevos casos, otro máximo diario, según los datos recopilados por la universidad Johns Hopkins.
Los estados de Misuri, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental reportaron aumentos récord, mientras que algunos se enfrentan al temido colapso de las unidades de cuidados intensivos y ven en riesgo los planes de reapertura y reactivación económica en pleno verano.
Según datos del Southeast Texas Regional Advisory Council (SETRAC), los hospitales de Texas está al 95 % de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos, al tiempo que en Florida 56 centros hospitalarios han alcanzado el máximo en estas unidades críticas, con otros 35 al borde del colapso.
En Florida una de cada cinco pruebas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tiene resultado positivo, mientras que en Arizona esa ratio, difícil de encontrar en otra parte del mundo, es de una de cada cuatro.
Este dato desmiente los reiterativos tuits del presidente estadoundiense, Donald Trump, repetidos hoy con sonoras mayúsculas, de que el aumento de los casos se debe a que se están haciendo más pruebas, una afirmación que no se sostiene con los altos índices de resultados positivos.
De hecho, Arizona tiene el dudoso honor de ser la región del mundo con el mayor índice per cápita de casos de la COVID-19, con 3.300 contagios por cada millón de habitantes.
Esto hace temer que el sur de Estados Unidos se enfrente ahora a una situación difícil de controlar, pese a las nuevas medidas tomadas esta semana para cerrar bares, playas y gimnasios y forzar la población al uso de mascarillas y tapabocas en los estados más afectados.
MENSAJES CONTRADICTORIOS
El director del Centro de Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, aseguró hoy que no se van a cambiar las guías para reabrir colegios y guarderías en todo el país en septiembre, pese a que el vicepresidente, Mike Pence, sugirió este miércoles que sí habría una revisión de las recomendaciones a los estados.
En una entrevista con el programa matinal “Good Morning America”, Redfield evitó profundizar en las declaraciones de Trump, quien aseguró que las limitaciones en la reapertura de escuelas son “muy duras”.
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró que se van a presentar «guías adicionales» para que las escuelas puedan abrir en todo el país a la par que citó estudios que aseguran que los menores de 18 años «no tienen virtualmente posibilidad de enfermar seriamente» por el nuevo coronavirus.
Asimismo, la portavoz sugirió que el aumento de las hospitalizaciones está también relacionado con un aumento en las operaciones quirúrgicas comunes, con entre un 10 a un 40 % de las hospitalizaciones relacionadas con la COVID-19.
LA GUERRA DE LAS MASCARILLAS
Hay otras cosas que hacen a este país único en su lucha contra la pandemia de COVID-19: las divergencias de tintes ideológicos contra la imposición del uso de la mascarilla en lugares cerrados.
El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, se sigue negando en redondo a obligar por decreto al uso de mascarillas en lugares públicos, hasta el punto que ha prohibido a las ciudades que se han rebelado y han emitido sus propias ordenanzas a hacerlo.
La alcaldesa de Atlanta, la capital del estado, Keisha Lance Bottoms, ha hecho oídos sordos y ha ordenado desde este jueves la obligatoriedad de llevar mascarilla, una medida que podría no ser suficiente con los negocios abiertos y los casos al alza en esa zona metropolitana.
El gobernador republicano en Texas, Greg Abbott, que la pasada semana finalmente ordenó llevar máscara para evitar más contagios, tiene esta semana que enfrentarse a la rebelión opuesta.
Sheriffs de al menos nueve condados se niegan a hacer cumplir la orden de cubrirse las vías respiratorias cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, la medida más afectiva para contener la transmisión sin forzar a una reclusión.
Varios alguaciles de condados han aparecido en Facebook asegurando que es imposible forzar a la gente a ponerse la mascarilla so pena de multa y calabozo para los reincidentes y algunos piden a sus colegas y subordinados «no tomar acción alguna».
Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron la noche del sábado en un accidente de tráfico ocurrido durante una gira de estudiantes en la isla de Fogo, Cabo Verde, informaron las autoridades en un comunicado divulgado este domingo por la radio pública.
El autobús transportaba a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión cerca del volcán Pico do Fogo. Según funcionarios locales, el recorrido formaba parte de una actividad anual dirigida a los niños antes de su regreso a clases.
El accidente ocurrió en un archipiélago de África Occidental de aproximadamente 550,000 habitantes, ubicado en el océano Atlántico frente a las costas de Senegal. Las autoridades señalaron que los accidentes de gran magnitud son poco frecuentes en Cabo Verde y que, en general, el país cuenta con carreteras en buen estado.
Otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, informó José Canuto, representante de Protección Civil de la municipalidad de Sao Filipe.
De acuerdo con testigos, el accidente se produjo cuando uno de los neumáticos del autobús explotó. El vehículo derrapó y terminó cayendo en un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad, ubicado en un valle de difícil acceso.
El Ministerio de Defensa de Bolivia elevó a seis la cifra de personas fallecidas tras las dos explosiones registradas el viernes por la tarde en una unidad militar de la ciudad de Viacha, ubicada a 30 kilómetros al suroeste de La Paz y con una población superior a los 100,000 habitantes. La actualización se produjo luego de que los equipos de rescate localizaran tres nuevos cadáveres entre los escombros.
Según el Ministerio de Defensa, en el recinto militar se almacenaba material pirotécnico decomisado, granadas y explosivos con base de TNT. De las seis personas fallecidas, tres han sido identificadas y corresponden a soldados, mientras que las identidades de los otros tres cuerpos recuperados permanecen pendientes de confirmación.
“El número de personas fallecidas tras las explosiones registradas el viernes en instalaciones militares de Viacha se elevó a seis (…) Tres de las víctimas fueron identificadas (…) mientras que otras tres permanecen en proceso de identificación”, indicó el comunicado oficial.
La cartera de Defensa señaló que se mantiene la cifra de 11 personas desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda entre las estructuras destruidas. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que todavía existen sectores afectados, materiales que deben ser revisados por especialistas y estructuras comprometidas.
Familiares de los soldados permanecían en los alrededores del cuartel en busca de información sobre sus seres queridos. Mientras tanto, las causas de las explosiones continúan bajo investigación. La Fiscalía abrió una causa por “homicidio culposo” y otros delitos.
El expresidente Evo Morales, opositor del mandatario Rodrigo Paz, calificó lo ocurrido como un “crimen de guerra” y cuestionó la actuación del Gobierno. A través de la red social X, afirmó que lo sucedido debería motivar una demanda ante la Corte Penal Internacional y pidió que la Fiscalía actuara de oficio.
Morales también señaló que el incidente afectó a varias familias de soldados que cumplían con su deber de servir a Bolivia.
Las explosiones provocaron daños en decenas de viviendas de los alrededores. Entre las afectaciones se reportaron ventanas hechas añicos, techos removidos, piedras esparcidas y árboles derribados como consecuencia de las ondas expansivas. Además, las puertas de algunos establecimientos comerciales quedaron retorcidas por la fuerza de las detonaciones.
Las autoridades de Indonesia cerraron este domingo ocho aeropuertos, entre ellos el principal de Yakarta, luego de la erupción del volcán Anak Krakatoa, una situación que dejó varados a más de 150,000 pasajeros y afectó 467 vuelos, de los cuales 58 correspondían a rutas internacionales y 409 a vuelos nacionales, informó el Ministerio de Transportes.
La suspensión de operaciones en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, en Yakarta, comenzó a la 01:30 de la madrugada del domingo y fue prorrogada en varias ocasiones. Durante la noche, las autoridades extendieron nuevamente el cierre hasta las 23:59 horas locales (16:59 GMT).
De acuerdo con el Ministerio de Transportes, los análisis realizados durante la jornada detectaron dispersión de cenizas volcánicas en la zona del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, por lo que se ordenó el cierre de la terminal aérea.
El volcán Anak Krakatoa entró en erupción el sábado, expulsando lava y provocando explosiones que, según la agencia indonesia de vulcanología, pudieron escucharse hasta a 700 kilómetros de distancia. El organismo también informó que el domingo se registraron otras dos erupciones del volcán, ubicado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.
Las cenizas volcánicas, consideradas peligrosas para los motores de los aviones, se dispersaron por el espacio aéreo de varios aeropuertos y alcanzaron también la ciudad de Bandar Lampung, en el extremo sur de Sumatra, donde cubrieron vehículos estacionados y los bordes de las carreteras.
Ante esta situación, las escuelas de Yakarta permanecerán cerradas el lunes y las clases serán impartidas a distancia. La administración de la capital anunció la medida mediante un comunicado, aunque no precisó durante cuánto tiempo permanecerá vigente.
El Anak Krakatoa registra actividad intermitente desde su aparición a comienzos del siglo XX, dentro de la caldera formada tras la erupción del Krakatoa en 1883.
Aquella erupción fue una de las catástrofes más mortíferas y destructivas de la historia, con un saldo estimado de 35,000 personas fallecidas.
