Internacionales
El colapso hospitalario evidencia los fallos en la contención de la pandemia en EE.UU.
Los hospitales del sur de Estados Unidos se enfrentan a un colapso inminente de sus unidades de cuidados intensivos con un nuevo aumento récord de los casos del COVID-19 que podría forzar a replantear la entrada al nuevo año escolar ante el riesgo de que se haga de manera desigual y caótica.
Estados Unidos añadió este jueves a sus 3 millones de infecciones por el COVID-19 otros 58.000 nuevos casos, otro máximo diario, según los datos recopilados por la universidad Johns Hopkins.
Los estados de Misuri, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental reportaron aumentos récord, mientras que algunos se enfrentan al temido colapso de las unidades de cuidados intensivos y ven en riesgo los planes de reapertura y reactivación económica en pleno verano.
Según datos del Southeast Texas Regional Advisory Council (SETRAC), los hospitales de Texas está al 95 % de su capacidad en las unidades de cuidados intensivos, al tiempo que en Florida 56 centros hospitalarios han alcanzado el máximo en estas unidades críticas, con otros 35 al borde del colapso.
En Florida una de cada cinco pruebas del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tiene resultado positivo, mientras que en Arizona esa ratio, difícil de encontrar en otra parte del mundo, es de una de cada cuatro.
Este dato desmiente los reiterativos tuits del presidente estadoundiense, Donald Trump, repetidos hoy con sonoras mayúsculas, de que el aumento de los casos se debe a que se están haciendo más pruebas, una afirmación que no se sostiene con los altos índices de resultados positivos.
De hecho, Arizona tiene el dudoso honor de ser la región del mundo con el mayor índice per cápita de casos de la COVID-19, con 3.300 contagios por cada millón de habitantes.
Esto hace temer que el sur de Estados Unidos se enfrente ahora a una situación difícil de controlar, pese a las nuevas medidas tomadas esta semana para cerrar bares, playas y gimnasios y forzar la población al uso de mascarillas y tapabocas en los estados más afectados.
MENSAJES CONTRADICTORIOS
El director del Centro de Control de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, aseguró hoy que no se van a cambiar las guías para reabrir colegios y guarderías en todo el país en septiembre, pese a que el vicepresidente, Mike Pence, sugirió este miércoles que sí habría una revisión de las recomendaciones a los estados.
En una entrevista con el programa matinal “Good Morning America”, Redfield evitó profundizar en las declaraciones de Trump, quien aseguró que las limitaciones en la reapertura de escuelas son “muy duras”.
La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró que se van a presentar «guías adicionales» para que las escuelas puedan abrir en todo el país a la par que citó estudios que aseguran que los menores de 18 años «no tienen virtualmente posibilidad de enfermar seriamente» por el nuevo coronavirus.
Asimismo, la portavoz sugirió que el aumento de las hospitalizaciones está también relacionado con un aumento en las operaciones quirúrgicas comunes, con entre un 10 a un 40 % de las hospitalizaciones relacionadas con la COVID-19.
LA GUERRA DE LAS MASCARILLAS
Hay otras cosas que hacen a este país único en su lucha contra la pandemia de COVID-19: las divergencias de tintes ideológicos contra la imposición del uso de la mascarilla en lugares cerrados.
El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, se sigue negando en redondo a obligar por decreto al uso de mascarillas en lugares públicos, hasta el punto que ha prohibido a las ciudades que se han rebelado y han emitido sus propias ordenanzas a hacerlo.
La alcaldesa de Atlanta, la capital del estado, Keisha Lance Bottoms, ha hecho oídos sordos y ha ordenado desde este jueves la obligatoriedad de llevar mascarilla, una medida que podría no ser suficiente con los negocios abiertos y los casos al alza en esa zona metropolitana.
El gobernador republicano en Texas, Greg Abbott, que la pasada semana finalmente ordenó llevar máscara para evitar más contagios, tiene esta semana que enfrentarse a la rebelión opuesta.
Sheriffs de al menos nueve condados se niegan a hacer cumplir la orden de cubrirse las vías respiratorias cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, la medida más afectiva para contener la transmisión sin forzar a una reclusión.
Varios alguaciles de condados han aparecido en Facebook asegurando que es imposible forzar a la gente a ponerse la mascarilla so pena de multa y calabozo para los reincidentes y algunos piden a sus colegas y subordinados «no tomar acción alguna».
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
