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Cuba elegiría a su primer presidente «no castrista» después de 60 años
La Asamblea Nacional de Cuba sesiona el miércoles para elegir al nuevo presidente de la isla socialista, cuyo nombre se conocerá el jueves, en una transición histórica tras seis décadas de poder de los hermanos Castro.
A sus 86 años, Raúl Castro, sucesor de su hermano Fidel en el poder, será relevado en la presidencia de Cuba por un representante de una nueva generación. Se presume que el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel será el elegido.
Raúl ingresó al Palacio de las Convenciones de La Habana pasadas las 9:00 (hora local) flanqueado por Díaz-Canel, en medio de una ovación. Detrás de ellos se encontraban Ramón Machado Ventura y Ramiro Valdés, dos históricos de la revolución y también vicepresidentes de Cuba.
El encuentro se realiza a puerta cerrada y es transmitido en vivo por la señal oficial de televisión. La ceremonia inició con la lectura, uno a uno, de los nombres de los 605 diputados elegidos el 11 de marzo. Todos ellos juramentaron en el cargo. Luego elegirán a su mesa directiva.
Después de ese procedimiento, una comisión de candidaturas presentará a los diputados la propuesta de nombres para los 31 miembros del Consejo de Estado, incluidos el presidente -sucesor de Raúl Castro-, vicepresidente primero y cinco vicepresidentes.
Según informó la prensa oficial, la votación será este miércoles pero el nombre del nuevo presidente será dado a conocer en la sesión del jueves 19 de abril por la mañana.
La fecha es simbólica: corresponde al 57º aniversario de la victoria en Bahía de Cochinos (Playa Girón), cuando fueron derrotadas las tropas anticastristas, preparadas y financiadas por Estados Unidos en 1961.
Tras el triunfo de la revolución en 1959 y la elección de Fidel Castro como presidente en 1976, Cuba solo ha tenido una transición real, cuando en 2006 enfermó y le pasó el mando a su hermano menor.
Fidel Castro murió a fines de 2016 y ahora es Raúl, de 86 años, quien cederá su asiento a un representante de la nueva generación.
De no mediar sorpresas, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un civil de 57 años y número dos del gobierno desde 2013, asumirá la responsabilidad.
Durante varios años, Díaz-Canel, nacido después de la revolución, ha representado regularmente al gobierno en el extranjero y sus apariciones en los medios han sido cada vez más frecuentes.
Si es elegido, este ingeniero electrónico tendrá que hacer valer su autoridad y actualizar el modelo económico de la isla, de corte soviético.
Tarea difícil
Se trata de una tarea difícil para este militante de las canteras del Partido Comunista de Cuba, de cabello cano y con un parecido al actor estadounidense Richard Gere.
«Un factor a considerar es si (Díaz-Canel) puede resistir la presión de este cargo», consideró Paul Webster Hare, profesor de Relaciones Internacionales en Boston, Estados Unidos, y exembajador británico en Cuba.
Consideró que Fidel y Raúl nunca tuvieron que justificar su posición pues ganaron la revolución y nadie cuestionó su derecho a ser líderes.
«Pero no crearon un modelo democrático que impulse un cambio. Esa es la razón principal por la que Díaz-Canel se enfrenta a una tarea difícil «, agregó.
Por primera vez en décadas, el presidente no será un miembro histórico de la revolución de 1959, no vestirá el uniforme verde olivo ni será el líder del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), único autorizado a existir en la isla.
Pero podrá suplir su déficit de legitimidad histórica con el apoyo de Raúl Castro, quien mantendrá el liderazgo del PCC hasta 2021. En ese puesto, tendrá que movilizar a la vieja guardia, percibida en su mayoría como reacia a los cambios más ambiciosos.
El nivel de responsabilidad y el margen de maniobra que se le conceda como líder del nuevo Consejo de Estado será una señal de la voluntad de reforma que habrá en esta nueva era.
Para actuar deberá tener en cuenta los lineamientos aprobados por el PCC y el Parlamento, que trazan las orientaciones políticas y económicas hasta 2030.
«El gobierno que estamos eligiendo se va a deber al pueblo, el pueblo va a participar en las decisiones», dijo Díaz-Canel luego de votar en las últimas elecciones legislativas en su ciudad, Villa Clara (centro).
Según expertos, el futuro presidente deberá aplicar reformas para reactivar una economía que creció 1,6% en 2017, altamente dependiente de las importaciones y de la ayuda de su hoy debilitada aliada Venezuela.
La tarea más urgente es la unificación de las dos monedas nacionales que circulan en el mercado, además de la eliminación de tasas de cambio preferenciales para empresas estatales -que son la mayoría en la isla- una situación que genera distorsiones en la economía.
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
