Internacionales
Congreso de EEUU discutirá posibilidad de otorgar ciudadanía a 1,8 millones de “Dremers”
El Congreso de Estados Unidos debatirá este lunes la posibilidad de otorgar la ciudadanía a 1,8 millones de jóvenes inmigrantes indocumentados, con la presentación de un proyecto de ley que, sin embargo, enfrenta resistencia.
Las propuestas contra la reunificación familiar y de construir un muro con México, que también incluye el proyecto legislativo, son las que provocan más rechazo.
Un grupo de senadores de la mayoría republicana presentaran este lunes un texto que se apega al plan lanzado en enero por el presidente Donald Trump para reformar el sistema migratorio.
La iniciativa de ley ofrece una vía de 10 a 12 años para obtener la ciudadanía a 1,8 millones de «dreamers» (soñadores), jóvenes inmigrantes llevados a Estados Unidos de manera clandestina cuando eran niños. Un número mayor de beneficiarios que los que contemplaba la oposición demócrata.
Pero en contraposición, elimina el tradicional sorteo de visas de residencia (green cards) y recorta drásticamente la «migración en cadena» o reunificación familiar, que queda limitada a cónyuge e hijos menores de edad.
Además, aprovisionará 25.000 millones de dólares para la seguridad migratoria, incluyendo la construcción de un muro en la frontera con México, un pilar de la campaña electoral de Trump.
«Este es el único proyecto que tiene posibilidad de convertirse en ley, porque es el único que realmente solventará el problema subyacente», dijo uno de sus promotores, el senador republicano Tom Cotton.
«Este proyecto es generoso, humano y responsable, y ahora debemos enviarlo al presidente», dijo Cotton en un comunicado.
En el limbo están unos 690.000 «dreamers», registrados en el programa DACA, que podrían empezar a perder sus protecciones contra la deportación a inicios del próximo mes.
La fecha de expiración del programa -el 5 de marzo- no está grabada en piedra, sin embargo, pues un juez de San Francisco temporalmente bloqueó el fin de las protecciones de DACA ordenado por Trump a finales del año pasado.
Los demócratas y algunos republicanos rechazan la dura posición de Trump, especialmente en las restricciones a la reagrupación familiar y en la construcción del muro.
Pero al ofrecer la ciudadanía a todos los 1,8 millones -que suman a quienes están inscritos en DACA y quienes son candidatos para aplicar-, y sumándolo a otras reformas, Trump puso en un dilema a los demócratas, que solo esperaban una solución para los 690.000 inscritos en el programa.
Aun así, el texto estaría lejos de solventar el estado de la inmigración ilegal: unos 12 millones de personas viven de manera clandestina en Estados Unidos.
Trump ha responsabilizado de ataques terroristas internos y crímenes violentos a beneficiarios de la lotería de visas y de la reagrupación familiar. «Necesitamos un sistema migratorio del siglo XXI basado en el mérito», dijo en Twitter la semana pasada.
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
