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Condenan a 20 años de prisión a un exsacerdote en Costa Rica por «abuso sexual y violación agravada» contra un menor
Un tribunal de Costa Rica condenó a 20 años de prisión al exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, al encontrarlo culpable de los delitos de «abuso sexual y violación agravada» contra un menor, informó el Ministerio Público del país centroamericano.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Desamparados. Los jueces Ana Mora, Henry Castro y Willy Escalante encontraron a Víquez, quien se desempeñó como vocero de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, responsable de agredir al menor cuando era párroco en la iglesia San Juan Bautista en Patarrá, en Desamparados, en la provincia de San José.
«De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en el 2003, cuando Víquez era cura en la iglesia de Patarrá de Desamparados. En ese momento, la víctima tenía 11 años de edad y trabajaba en distintas labores que le encargaban en el templo», detalló la Fiscalía.
El Ministerio Público señaló que pudo demostrar que Víquez «se aprovechó de su posición de poder, autoridad, relación de confianza con la víctima y de su condición de sacerdote, para cometer las agresiones sexuales».
Asimismo, dijo que el exsacerdote se valió de la «vulnerabilidad de la víctima y de sus condiciones personales» para cometer los delitos.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Víquez comenzó dando dinero al menor a cambio de mandados o tareas pequeñas; fue ganándose su confianza, lo abordó sexualmente hasta que lo violó.
Una de cuatro denuncias
La víctima, de apellidos Alvarado Quirós y ahora de 30 años, presentó la denuncia en contra de Víquez en 2018, al conocer las acusaciones que hicieron otros tres hombres, quienes aseguraron que el exsacerdote también abusó sexualmente de ellos.
Los otros tres denunciantes fueron Michael Rodríguez, Anthony Venegas y Carlos Muñoz. Sin embargo, sus denuncias fueron consideradas prescritas y solo prosperó la de Alvarado.
No obstante, Venegas, Rodríguez y Muñoz acompañaron a Alvarado en todo el proceso judicial y estuvieron presentes el miércoles en la sala de juicio. Al escuchar la sentencia, los cuatro se abrazaron.
«Somos un grupo de víctimas y sobrevivientes, unidos logramos modificar leyes, inspirar sanación, dar un mensaje de lucha y sobre todo encontrar justicia. Valientes y resilientes, lo logramos», escribió Venegas en su cuenta en Twitter.
La prescripción de las tres acusaciones contra el excura fueron apeladas y se está a la espera de lo que finalmente resuelvan los jueces a cargo.
Huida y captura
Tras ser denunciado penalmente en 2018, Víquez huyó de Costa Rica a principios de 2019; pero un juzgado giró una orden de captura internacional
En agosto de ese mismo año, el excura fue detenido en la localidad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, y fue extraditado a su país en mayo de 2021 para enfrentar a la justicia.
Víquez presuntamente habría sido encubierto por la Iglesia. Por ese motivo, el Arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, enfrenta también un juicio.
Tres presuntas víctimas de Víquez impusieron denuncias contra las autoridades eclesiásticas locales, al considerar que no se les dio la atención debida con sus procesos ante las acusaciones de abuso.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
