Internacionales
Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde 2018
PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.
Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.
«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.
La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.
«Sigo luchando»
Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.
Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.
«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.
Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.
Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.
En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.
Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.
«Paz social»
Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.
Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.
En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.
«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de «buques hostiles».
El proyecto prevé también que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.
El responsable de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó el lunes que no existe «ninguna base legal» para reclamar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán dice querer instaurar.
«No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional», declaró Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en rueda de prensa.
Irán considera que su ejército debería tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz y está elaborando un proyecto de ley en este sentido, declaró este lunes un alto responsable.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que comenzó con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, el gobierno de Teherán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, vital para el suministro de hidrocarburos.
El sospechoso de irrumpir armado en una cena de gala a la que asistía Donald Trump comparecerá ante la justicia este lunes para responder por el ataque a tiros, el último episodio de violencia política en un Estados Unidos profundamente dividido.
Funcionarios de la administración dijeron que el sospechoso, un hombre de California, aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios en el evento con la prensa el sábado por la noche en un hotel de Washington, en lo que habría sido el tercer intento de acabar con la vida del presidente en dos años.
El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.
Trump, que fue evacuado a toda prisa del lugar por agentes del Servicio Secreto, publicó imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran al hombre armado tratando de correr a toda velocidad más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.
Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar. Trump publicó fotos del hombre esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.
Se espera que el sospechoso se presente ante la justicia federal de Washington hacia las 13H00 locales (17H00 GMT). La comparecencia será breve y se prevé que inicialmente lo acusen de agresión contra un agente federal y uso de un arma de fuego durante un delito de violencia, aunque la lista de cargos puede aumentar.
«Mundo loco»
En una entrevista en el programa «60 Minutes» de CBS, le preguntaron a Trump si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba la caótica escena.
«No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco», dijo Trump.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró el domingo a CBS que según la investigación preliminar el sospechoso «apuntaba a miembros de la administración».
Blanche agregó que no se conoce ningún otro motivo del ataque, y confirmó que el hombre -que según las autoridades iba armado con una escopeta, una pistola y cuchillo- se hospedaba en el Washington Hilton donde se celebró la cena de gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Sin aportar detalles, Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto «anticristiano».
«El tipo está enfermo», dijo Trump a Fox News. «Su hermana o su hermano, en realidad, se quejaban de ello. Incluso estuvieron presentando quejas ante las autoridades».
El New York Post informó que el sospechoso escribió en un mensaje que compartió con su familia poco antes del ataque, que sus objetivos serían «priorizados de mayor a menor rango».
En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados.
Trump dijo en una conferencia de prensa improvisada a última hora de la noche en la Casa Blanca que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se caía, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos.
«Parece que creen que actuó como un lobo solitario, y yo también lo siento así», dijo el presidente.
Un agente recibió un disparo a corta distancia en su chaleco antibalas y parecía no haber resultado gravemente herido.
Trump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos con los que mató a un asistente e hirió levemente al presidente en la oreja.
Meses más tarde, arrestaron a otro hombre después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde estaba Trump.
