Internacionales
Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde 2018
PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.
Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.
«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.
La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.
«Sigo luchando»
Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.
Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.
«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.
Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.
Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.
En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.
Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.
«Paz social»
Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.
Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.
En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.
«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que al asumir el cargo replicará el denominado «modelo Bukele» para reestablecer la seguridad de su país con medidas que garanticen la integridad de los ciudadanos.
Durante una entrevista con la cadena DW Español, Fernández manifestó ser admiradora del presidente Nayib Bukele y de sus políticas públicas en materia seguridad.
«Sí, señor, lo voy a replicar», respondió al entrevistador al ser cuestionada si implementará durante su mandato las estrategias del mandatario salvadoreño que han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.
Añadió: «¿Qué admiro yo del modelo de Nayib Bukele?, admiro que logró con su cárcel de máxima seguridad desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado».
Ejemplificó que, en Costa Rica, si una persona condenada por narcotráfico va a la cárcel, a pesar de estar detenida, sigue conectada con las bandas criminales. Asimismo, dijo que, por falta de una cárcel con verdaderos controles, los detenidos siguen operando en redes de crimen organizado.
«Eso es lo que quiero copiar del modelo de Nayib Bukele, copiar esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias costarricenses», enfatizó la presidenta electa.
Fernández, quien asumirá el Ejecutivo costarricense en mayo próximo cuestionó el rol de las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de detenidos y no de las víctimas de estos.
«A mi me llama la atención que muchas organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaros esos criminales. Yo admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica y hay cosas que ya se están replicando», aseveró.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria este viernes tras dos semanas internado por una bronconeumonía, y fue trasladado a su residencia en Brasilia, donde seguirá cumpliendo al menos temporalmente su condena por intento de golpe de Estado.
Bolsonaro «acaba de recibir el alta», dijo a periodistas en la puerta del hospital privado DF Star su médico Brasil Caiado, que dijo que el exmandatario deberá seguir una intensa rutina de fisioterapia y cuidados.
«En términos generales está más o menos equilibrado» su estado de salud, afirmó Caiado.
El líder ultraderechista, de 71 años, fue internado el 13 de marzo con una bronconeumonía tras sufrir en la cárcel un cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno y escalofríos.
Después de más de una semana en terapia intensiva, el lunes pasó a una habitación común, lo que despejó el camino para su salida.
Sin embargo, no vuelve a la cárcel, tras una decisión de la corte suprema que autorizó el traslado a su casa por razones «humanitarias» durante un plazo de 90 días prorrogables.
El juez Alexandre de Moraes accedió a otorgar el beneficio después de rechazar en reiteradas ocasiones pedidos similares de la defensa.
Durante meses, los abogados del expresidente habían argumentado que su estado de salud hacía inviable el cumplimiento de la pena en prisión, pero las solicitudes fueron sistemáticamente denegadas.
Fue la gravedad de esta última internación la que finalmente inclinó la balanza.
En su domicilio de Brasilia, Bolsonaro deberá usar una tobillera electrónica y tendrá prohibido utilizar teléfono celular, redes sociales o grabar cualquier video o audio. Podrá recibir visitas de familiares, abogados y médicos.
Transcurridos los 90 días, la corte volverá a analizar su situación, con posibilidad de recurrir a una pericia médica.
Larga historia clínica
La bronconeumonía es el episodio más reciente de una larga historia clínica que se remonta a 2018, cuando Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.
Desde entonces se ha sometido a múltiples cirugías y padece crisis recurrentes de hipo, a veces acompañadas de vómitos.
La infección que lo llevó al hospital fue consecuencia de un episodio de broncoaspiración vinculado a esas secuelas.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Preso inicialmente en su domicilio, en noviembre el supremo ordenó su traslado a una celda en instalaciones policiales tras descubrirse que había dañado su tobillera electrónica con un soldador, lo que la corte interpretó como un intento de fuga.
En enero fue llevado a un predio militar dentro del complejo penitenciario de Papuda, con mejores condiciones.
El retorno a su casa se produce a menos de siete meses de las elecciones presidenciales de octubre.
El exjefe de Estado (2019-2022) designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al izquierdista Lula, que buscará un cuarto mandato.
Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre ambos en una eventual segunda vuelta.
Internacionales
Víctimas de Epstein demandan al gobierno de EE.UU. y Google por divulgar sus identidades
Las víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein demandaron el jueves al gobierno de Estados Unidos y a Google por divulgar sus identidades en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia.
Esa entidad reveló en enero más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero, que dejaron entrever sus vínculos con figuras de alto perfil.
Pero varios de los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueron censurados.
El Departamento de Justicia «reveló la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes del depredador sexual condenado, al publicar su información privada e identificándolas ante el mundo», afirmaron los demandantes.
«Incluso después de que el gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de las sobrevivientes y retirara la información, sitios web como Google la siguen publicando continuamente, rechazando las súplicas de las víctimas para que la retiren», agregaron.
Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por IA, según el caso.
Periodistas del diario The New York Times también encontraron docenas de fotos de desnudos en los archivos que incluían los rostros de las personas.
Epstein fue condenado en 2008 por pedir favores sexuales a niñas menores de 14 años, pero murió en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 antes de que pudiera ser juzgado por cargos de tráfico sexual.
«Las sobrevivientes ahora enfrentan un trauma renovado. Extraños las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein», dice la demanda.
