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Internacionales

Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde 2018

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PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.

Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.

«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.

La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.

«Sigo luchando»

Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.

Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.

«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.

Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.

Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.

En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.

En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.

Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.

«Paz social»

Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.

Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.

En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.

El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.

Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.

«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.

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¡DE SUPUESTO MILAGRO A INVESTIGACIÓN! Pastor que aseguró que su hija resucitó en pleno velorio está bajo la lupa en Guatemala

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Un caso que inicialmente fue presentado como una supuesta resurrección se ha convertido en una investigación de las autoridades guatemaltecas. El Ministerio Público de Guatemala abrió diligencias para esclarecer lo ocurrido con Yuleidy Ixcotoyac, una joven que recuperó el conocimiento mientras su familia preparaba su velorio en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, departamento de Quiché. Su padre, el pastor evangélico Abraham Ixcotoyac, está bajo investigación después de haber considerado fallecida a su hija sin contar con una certificación médica que confirmara su muerte.

Según el relato del pastor, la joven comenzó a sentirse mal durante la madrugada del sábado 10 de octubre y perdió el conocimiento mientras era trasladada hacia un hospital. El religioso aseguró que, al comprobar que aparentemente no respiraba ni tenía pulso, creyó que había fallecido y decidió regresar a su comunidad. Posteriormente, consiguió un ataúd y organizó los preparativos funerarios sin que la joven recibiera atención médica. Horas después, cuando familiares y vecinos se encontraban reunidos, Yuleidy comenzó a moverse dentro del féretro y recuperó el conocimiento, un momento que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La Fiscalía Municipal de Sacapulas, en coordinación con otras dependencias del Ministerio Público, investiga si existió negligencia, simulación del fallecimiento o alguna otra irregularidad. La Procuraduría General de la Nación también intervino para verificar las condiciones de la joven y garantizar su bienestar. Uno de los principales aspectos que examinan las autoridades es la decisión de suspender el traslado al hospital sin una valoración profesional. Aunque en redes sociales se ha señalado que el pastor podría enfrentar hasta cinco años de prisión, todavía no se ha confirmado una acusación penal formal ni se ha demostrado que la supuesta resurrección fuera un engaño planificado.

El caso ha provocado numerosas reacciones y cuestionamientos sobre las circunstancias en que la familia dio por muerta a la joven. Mientras sus familiares consideran lo sucedido como un milagro, las autoridades buscan determinar qué provocó la pérdida de conocimiento y si se incumplieron procedimientos legales o médicos. Hasta el momento, no existe evidencia médica que confirme que Yuleidy haya fallecido y posteriormente regresado a la vida, por lo que las investigaciones serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

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¡MADURO RECHAZA ACUSACIONES DE TORTURA EN EE. UU.! Él y Cilia Flores se declaran inocentes y enfrentarán juicio en 2027

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El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables este jueves 15 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentan nuevas acusaciones por presunta conspiración para cometer torturas contra opositores políticos, militares y ciudadanos estadounidenses. La comparecencia se desarrolló ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Manhattan, y representa una nueva etapa del proceso penal que ambos enfrentan en Estados Unidos, inicialmente relacionado con delitos de narcotráfico.

Durante la audiencia, Maduro rechazó las acusaciones presentadas por la Fiscalía estadounidense y aseguró que los señalamientos en su contra son falsos. El exmandatario intentó explicar su posición ante el tribunal, pero el juez interrumpió su intervención y ordenó registrar formalmente una declaración de no culpabilidad. Por su parte, Cilia Flores afirmó que había leído y comprendido la nueva acusación, antes de manifestar que era completamente inocente. Ambos comparecieron bajo custodia y con grilletes en los tobillos, después de haber sido trasladados a Estados Unidos tras una operación militar estadounidense realizada en Caracas en enero de 2026.

La nueva acusación amplía considerablemente el alcance del proceso judicial. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro y Flores habrían participado en una estructura de represión que utilizó detenciones arbitrarias, amenazas y torturas contra personas consideradas opositoras al Gobierno venezolano. Los fiscales sostienen que las víctimas fueron sometidas a prácticas como golpes, asfixia y descargas eléctricas, y que entre los afectados se encuentran ciudadanos estadounidenses. La acusación atribuye a Maduro responsabilidades de dirección y supervisión de estos presuntos abusos, mientras que Flores es señalada por su supuesta participación en la organización de ese sistema represivo.

El expediente también incluye acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos habrían utilizado posiciones de poder y recursos estatales para favorecer actividades criminales y proteger a organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. La acusación actualizada también amplía a Cilia Flores los señalamientos por presunta conspiración para cometer narcoterrorismo, un delito que anteriormente se atribuía únicamente a Maduro. Tanto el exmandatario como su esposa han rechazado las imputaciones.

Uno de los aspectos centrales del proceso será la discusión sobre la inmunidad que reclama la defensa. Los abogados de Maduro y Flores sostienen que su condición de exmandatario y exprimera dama debe ser considerada para solicitar la desestimación de los cargos. Sin embargo, la Fiscalía estadounidense mantiene su acusación y busca demostrar ante el tribunal que los hechos investigados constituyen delitos por los que ambos pueden ser procesados en Estados Unidos. Esta controversia jurídica deberá resolverse durante las próximas etapas del procedimiento.

El juez Alvin Hellerstein fijó el 14 de junio de 2027 como nueva fecha para el inicio del juicio, aplazando dos semanas el calendario establecido anteriormente debido a la incorporación de los nuevos cargos. Además, programó una audiencia para el 17 de diciembre de 2026, en la que se abordarán argumentos y solicitudes pendientes de las partes. De acuerdo con los reportes judiciales, Maduro y Flores podrían enfrentar una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión si fueran declarados culpables de todos los cargos que se les atribuyen.

Por ahora, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen bajo custodia estadounidense mientras continúa la preparación del juicio. Las acusaciones sobre torturas y narcotráfico deberán ser examinadas mediante las pruebas y testimonios que presenten las partes ante la justicia federal. Aunque la nueva imputación aumenta la gravedad del proceso, ambos mantienen su declaración de inocencia y conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad mediante una sentencia.

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Hombre muere baleado al detenerse a auxiliar en accidente vial en Alta Verapaz, Guatemala

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Allan José Mendoza Valiente, de aproximadamente 32 años, falleció tras recibir varios disparos cuando se detuvo junto a dos acompañantes para ayudar al conductor de una camioneta volcada en el kilómetro 182 de la carretera, en Tactic, Alta Verapaz, Guatemala. El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del martes 13 de octubre, según reportes de las autoridades locales.

De acuerdo con el relato de los sobrevivientes, los tres viajaban en una pick-up cuando observaron el vehículo accidentado a la orilla de la vía y decidieron bajarse para prestar auxilio. Sin embargo, el conductor de la camioneta habría disparado contra Mendoza por motivos que aún se desconocen, dejándolo sin vida en el interior del vehículo volcado.

En el lugar, las autoridades capturaron a César Heredia Lem Cal, de 32 años, señalado como presunto responsable del ataque. Durante la intervención, el detenido también habría disparado contra los agentes policiales, quienes respondieron el fuego y le ocasionaron una herida por rozón en el pie izquierdo.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar las responsabilidades penales del capturado, mientras la familia de la víctima exige justicia por la muerte de Mendoza Valiente, quien perdió la vida al intentar ayudar a otra persona en la carretera.

 

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