Internacionales
Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde 2018
PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.
Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.
«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.
La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.
«Sigo luchando»
Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.
Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.
«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.
Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.
Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.
En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.
Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.
«Paz social»
Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.
Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.
En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.
«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.
Indignados, temerosos y con calles semivacías, los guatemaltecos vivieron el lunes el primer día de un estado de sitio decretado por el gobierno tras el asesinato de diez policías a manos de pandilleros, para quienes exigen ahora el máximo castigo.
El miedo se disparó entre los habitantes de la capital y sus localidades vecinas, donde el domingo se registraron varios ataques contra instalaciones policiales y patrullas en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a 46 personas.
«Es preocupante porque no se puede salir tranquilo sin que pase nada», dijo el lunes a la AFP Alondra Flores, estudiante universitaria de 26 años.
Diez agentes, entre ellos dos mujeres y varios de reciente graduación, fallecieron en estos ataques.
Las autoridades afirman que las agresiones a la policía y los motines en tres prisiones se dieron para presionar el traslado de Aldo Dupie alias «El Lobo», un líder de la temida pandilla Barrio 18, a una cárcel de menor seguridad.
Dupie es señalado de orquestar los motines. El domingo, este cabecilla fue mostrado en televisión rodeado de agentes con armas largas, jadeante, arrodillado y con manchas de sangre.
También «deseaba que en el pabellón (donde estuviera preso) se instalara aire condicionado, que se dejara ingresar una cama «king size», que se dejara ingresar comida de ciertos restaurantes», denunció el ministro de gobernación, Marco Antonio Villeda.
Para el maestro Erwin Oliva, esos privilegios otorgados en el pasado por gobiernos «permisivos» envalentonaron a los criminales.
Se «está cosechando lo que se ha estado sembrando durante tantos años, con darles privilegios a los pandilleros, con tenerlos cómodos dentro de las cárceles», lamenta Oliva.
Dupie está condenado por varios homicidios y, según la prensa local, tiene estrechos vínculos con una familia de políticos.
Barrio 18 fue declarada el año pasado organización terrorista por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con su enemiga la Mara Salvatrucha.
Ambas operan además en Honduras y El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha logrado someterlas con una estrategia de mano dura, aunque criticada por organizaciones de derechos humanos.
En medio de escenas desgarradoras, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presidió el lunes el funeral de siete de los policías acribillados en la sede del ministerio de Gobernación.
Abrazó a varios de los familiares y, visiblemente compungido, pronunció un discurso junto a los féretros de quienes llamó «héroes».
Hay «indignación por la crueldad en contra de quienes están dispuestos a matar a quemarropa, de forma traicionera. No vamos a descansar ni a escatimar recursos para castigar a los responsables», afirmó el mandatario, quien denuncia que detrás de las pandillas hay poderosas mafias políticas a las que promete derrotar.
Arévalo decretó el estado de sitio la noche del domingo por 30 días.
La medida, que fue ratificada este lunes por el Congreso, autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación, aunque no se observaba aún un aumento de los patrullajes.
El presidente también declaró tres días de luto nacional, por lo que la bandera guatemalteca lucía a media asta en Gobernación y demás edificios públicos. Los empleados del poder judicial tampoco trabajaron por orden gubernamental.
Como medidas preventivas, la Policía recomendó además a la población permanecer en casa, en tanto el ministerio de Educación suspendió clases en escuelas privadas (las públicas están en vacaciones) y la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos.
Algunos colegios optaron por hacer clases virtuales.
Se estima que los operativos de seguridad aumenten en los próximos días con la coordinación de las fuerzas policiales y militares.
Sentado en una banca del centro histórico de Ciudad de Guatemala, un octogenario dice que apoya el estado de excepción, pero reclama medidas más radicales.
«Hay que volver a los tiempos de antes. Delincuente agarrado, delincuente muerto porque ya no hay de otra. Si no se le pone freno a esto, esto va a continuar», expresó el hombre, quien por temor prefirió reservarse su identidad.
Internacionales
España inicia tres días de luto por el accidente ferroviario que dejó al menos 41 muertos
En un nuevo balance difundido a primera hora de la mañana, el gobierno regional andaluz informó que se había hallado un nuevo cadáver entre los restos de uno de los trenes, con lo que el saldo de fallecidos subió a 41.
«La cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones» del tren de la compañía Iryo, informó el gobierno andaluz sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, en un balance que aún podría aumentar porque siguen en curso las tareas de búsqueda.
Además, «en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños. En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos», añadieron las autoridades.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, aventuró este martes que la cifra definitiva de fallecidos podría acabar asemejándose a las denuncias de desaparecidos, 43.
«Lo que hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente», explicó en la radio Onda Cero.
El hombre surfeaba en la zona de Mid North Coast, en el noreste de Nueva Gales del Sur, cuando fue mordido por lo que las autoridades creen que fue un tiburón toro.
Logró escapar con heridas «menores», indicó el servicio de salvavidas de Nueva Gales del Sur.
«Un surfista reportó haber visto un tiburón y emergió del agua con heridas en la parte baja del cuerpo. Las heridas fueron reportadas como menores», indicaron los socorristas en un comunicado.
Se trata de la cuarta persona atacada por un tiburón en las últimos 48 horas en Nueva Gales del Sur.
Dos personas fueron atacadas el lunes cuando surfeaban en playas del norte de Sídney y uno de ellos quedó en condición crítica.
Horas antes, un niño de 11 años logró escapar ileso cuando un tiburón mordió su tabla de surf.
La tarde del domingo, un menor de 12 años fue herido de gravedad por un tiburón cuando nadaba en una playa del puerto de Sídney y se encuentra hospitalizado en condiciones críticas.
Todas las playas del norte de esa ciudad australiana fueron cerradas hasta nuevo aviso, indicaron las autoridades.
Las fuertes lluvias han enturbiado el agua en la zona, lo que según los salvavidas crea condiciones propicias para la presencia de tiburones toro.
«Mejor vayan a una piscina local porque en este momento estamos avisando que las playas son inseguras», dijeron en su comunicado.
