Internacionales
Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde 2018
PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.
Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.
«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.
La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.
«Sigo luchando»
Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.
Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.
«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.
Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.
Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.
En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.
Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.
«Paz social»
Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.
Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.
En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.
«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.
Viral se ha vuelto el video en el que aparecen unos misioneros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, quienes participaron en la elaboración de una alfombra durante las celebraciones del Santo Entierro.
En el clip se observa a los religiosos que con determinación ayudan para que la alfombra quede lo más colorida posible.
Como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar y dejar comentarios de todo tipo.
Aunque no se detalla en que lugar ocurrió el curioso momento, usuarios de las redes manifiestan que fue en el vecino país de Guatemala.
Lo que debía ser una jornada de recogimiento y fe se convirtió en tragedia la tarde del Jueves Santo en el Barrio de San Miguel, uno de los más tradicionales de Celaya, estado de Guanajuato, México.
Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido durante la representación religiosa de la Semana Santa, donde cientos se dieron cita con fe y fervor.
La balacera tuvo lugar en la calle Diego Rivera, a escasos metros de la iglesia del barrio, donde decenas de personas se congregaban para presenciar la conmemoración litúrgica.
Según testigos, civiles armados abrieron fuego contra algunos asistentes, provocando escenas de pánico entre los presentes, indica El Heraldo México.
Socorristas y policías acudieron al lugar, donde confirmaron la muerte de una mujer debido a las heridas sufridas, quien solo ha sido identificada como Jazmín.
Un hombre más fue trasladado en estado delicado a un hospital cercano. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por este hecho y sobre las causas del mismo.
En medio de crecientes tensiones bilaterales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió un duro comunicado este sábado 19 de abril en respuesta a informaciones difundidas en medios de Ecuador. Según dichos reportes, estructuras criminales habrían enviado sicarios desde territorio mexicano con el objetivo de atentar contra el presidente, Daniel Noboa, y su gabinete.
La SRE negó de forma categórica cualquier participación mexicana en hechos delictivos y acusó al gobierno ecuatoriano de construir narrativas sin fundamento, a partir de comunicados oficiales o filtraciones.
El comunicado de la SRE califica de “reiterada e inescrupulosa” la creación de versiones oficiales que señalan a México como fuente de amenazas. “Rechazamos tajantemente que se aluda a México como origen de supuestos actos delictivos o situaciones internas en Ecuador”, señala el documento, que salió a la luz la tarde del sábado.
Asimismo, el gobierno mexicano remarcó que su política exterior se rige bajo el principio de no intervención, una doctrina histórica de México. La SRE considera que la filtración de documentos militares ecuatorianos que involucran a México en una supuesta operación criminal representa un intento de manipulación informativa.
Las tensiones entre ambos países escalaron de forma dramática el 5 de abril de 2024, cuando fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron en la embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político.
El hecho fue calificado por México como una grave violación al derecho internacional y a la soberanía de sus instalaciones diplomáticas.
Desde entonces, las relaciones diplomáticas están rotas, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente que no habrá restablecimiento de relaciones mientras Daniel Noboa continúe en el poder. En este contexto, los señalamientos de presuntos sicarios provenientes de México reavivan el conflicto y complican cualquier búsqueda de cooperación.
