Internacionales
Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde 2018
PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.
Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.
«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.
La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.
«Sigo luchando»
Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.
Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.
«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.
Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.
Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.
En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.
Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.
«Paz social»
Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.
Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.
En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.
«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.
Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador, fue liberado este jueves de un centro migratorio en el estado de Pensilvania por orden de una juez, informó a EFE su abogado.
un repaso semanal de las últimas noticias de la actualidad hispanohablante que se han publicado en distintos medios de comunicación de Suiza.
El letrado Sean Hecker confirmó la liberación horas después de que Paula Xinis, jueza federal del estado de Maryland, ordenara que Ábrego fuera liberado «inmediatamente» del centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dado que su detención se produjo «sin autoridad legal».
El salvadoreño, residente en Maryland, fue deportado en marzo a El Salvador y encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno de Nayib Bukele, a pesar de que un juez estadounidense había prohibido su expulsión.
Tras una ardua batalla legal con la Administración de Donald Trump, que lo acusa de haber participado en el tráfico de personas y de ser un pandillero, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.
Hasta ahora, Ábrego García se encontraba en el centro de procesamiento Moshannon Valley, en Pensilvania, y el Gobierno estadounidense buscaba la manera de deportarlo a un país africano dado que no puede enviarlo de nuevo a El Salvador.
La magistrada consideró que «ha permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país sin que exista una orden de expulsión legal».
«La conducta de los demandados (el Gobierno de EE.UU.) en los últimos meses desmiente que su detención haya tenido como objetivo fundamental llevar a cabo la expulsión, lo que refuerza aún más la idea de que Abrego García no debe permanecer detenido», escribió Xinis.
Aunque fue liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennesse, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que el Gobierno Trump planea recurrir la decisión de Xinis.
«La Casa Blanca y el Gobierno se oponen al activismo de una juez que, en realidad, actúa como activista judicial, algo que, lamentablemente, hemos visto en muchos casos en todo el país», explicó la portavoz.
Ábrego, de 30 años, es un ciudadano salvadoreño residente en Maryland que entró de forma irregular a Estados Unidos cuando era adolescente. Tiene esposa e hijos estadounidenses.
En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador debido al peligro que enfrentaba allí por parte de una pandilla.
Sin embargo, la Administración de Trump lo deportó igualmente al país centroamericano, y posteriormente tuvo que ser devuelto a Estados Unidos por orden de un tribunal.
Su caso se ha convertido en un emblema para las organizaciones defensoras de inmigrantes a la hora de denunciar las políticas antimigratorias de Trump.
Portugal registró este jueves en todo el país su primer paro tras 12 años, los servicios irregulares son los tres y las aerolíneas.
En el caso de los autobuses solo están funcionando una parte para trasladar a las personas a sus destinos.
Además, es la única opción de transportarse en Lisboa.
El paro se debe a reformas laborales que quiere ejecutar el Ejecutivo para modernizar el trabajo. Aunque los sindicatos están en contra que se realicen cambios
Un grupo de manifestantes marcharon e incendiaron el árbol de Navidad monumental que se encontraba en la plaza pública de Zitácuaro, Michoacán, en protesta para peidr justicia por el asesinato de una mujer que fue abatida a tiros por un agente de tránsito.
Familiares y amigos de la mujer llegaron a la plaza pública Benito Juárez, ubicada frente a la Presidencia Municipal luego de marchar por las principales calles al oriente de la ciudad.
Entre consignas, exigieron justicia y la detención inmediata del presunto responsable. En un momento de la protesta, los asistentes prendieron fuego al adorno navideño colocado en el centro de la plaza.
Hasta ahora, las autoridades municipales de seguridad no han emitido ningún posicionamiento. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas.
