Internacionales
Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde 2018
PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.
Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.
«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.
La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.
«Sigo luchando»
Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.
Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.
«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.
Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.
Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.
En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.
Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.
«Paz social»
Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.
Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.
En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.
«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.
La tarde del martes 13 de octubre de 2026, en una vivienda de la colonia Praderas, al norte de Piedras Negras, Coahuila, Karla Berenice Hernández de la Cruz, de entre 35 y 40 años según distintos reportes, fue hallada sin vida. Su pareja, Ángel de Jesús N., de 45 años, fue quien llamó al 911 para reportar lo ocurrido y se entregó a las autoridades en el lugar.
La necropsia confirmó la extrema violencia del ataque: más de 20 heridas de arma blanca y la amputación de una de sus manos. El caso se investiga bajo protocolo de feminicidio. Personal de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, encabezado por Katy Salinas, se desplazó desde Saltillo para apoyar las diligencias. El presunto agresor fue ingresado al Centro Penitenciario para Varones de Piedras Negras y enfrenta proceso.
Vecinos de la colonia contaron que la pareja se veía “amorosa” en el día a día, aunque reconocían discusiones frecuentes y celos. Familiares de Karla señalaron problemas por adicciones —se mencionó consumo de metanfetaminas por parte del hombre, pendiente de confirmar con toxicológicos— y desacuerdos económicos, pues él habría perdido el empleo. No existían denuncias formales previas ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.
En redes, la hija de la víctima, Bere Mendoza, publicó mensajes de dolor e indignación exigiendo justicia: “Maldito seas mil veces. Te prometo que te voy a hacer justicia, eso no se va a quedar así”. El contraste con las fotos de la pareja en las que aparecían abrazados y sonrientes generó aún más rechazo en la comunidad.
Con este caso, Coahuila suma al menos una docena de presuntos feminicidios en lo que va de 2026. Los funerales de Karla se realizaron en Funerales Socorro a partir del 15 de octubre. La investigación continúa para determinar si se acreditan los elementos del delito de feminicidio.
Un menor de 17 años, identificado como Abraham M.G. alias “El Zancudo”, fue vinculado a proceso por feminicidio en agravio de Dariana Valencia Serrano, de 15 años, en el municipio de Teziutlán, Puebla.
pueblaonline.com.mx
Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2026, cuando el adolescente citó a la estudiante de la Secundaria Federal Antonio Audirac y la llevó a una casa abandonada en el barrio de Xoloco. Ahí la sometió, la golpeó con un bloque y los puños, le provocó lesiones con tijeras y la estranguló con una corbata escolar.
El cuerpo fue localizado en la madrugada del 6 de octubre tras la búsqueda de familiares. La Fiscalía General del Estado de Puebla determinó como causas de muerte traumatismo facial, traumatismo craneoencefálico y asfixia por estrangulamiento. El imputado permanece en internamiento preventivo en el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes (CIEPA) mientras avanza el proceso.
unotv.com
Internacionales
¡25 AÑOS A CADENA PERPETUA! Salvadoreño es condenado en Estados Unidos por asesinar a su exsuegra durante celebración familiar
Un salvadoreño originario de Candelaria de la Frontera, Santa Ana, fue condenado a una pena de 25 años de prisión a cadena perpetua en Estados Unidos, tras declararse culpable del asesinato de su exsuegra. El sentenciado fue identificado como Erick Efrén Corado González, de 29 años, quien recibió la condena el jueves 15 de octubre de 2026, en un tribunal del condado de Nassau, Nueva York, por el crimen de Ana Ruth Espinoza, de 51 años, ocurrido en septiembre de 2024.
De acuerdo con la Fiscalía del condado de Nassau, el crimen ocurrió durante la madrugada del 29 de septiembre de 2024, cuando la víctima y varios familiares salían de una celebración de cumpleaños en el restaurante La Candela II, ubicado en West Hempstead, Long Island. Corado González, quien se encontraba separado de la hija de Espinoza y no había sido invitado a la reunión, se acercó a la mujer en el estacionamiento del establecimiento y la atacó con un arma blanca. El esposo de la víctima también resultó lesionado cuando intentó intervenir, mientras otro familiar fue amenazado durante el incidente.
Tras el ataque, Ana Ruth Espinoza fue trasladada a un hospital, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El responsable huyó de Nueva York, pero fue detenido ese mismo 29 de septiembre en Linden, Nueva Jersey, y posteriormente trasladado al condado de Nassau para enfrentar la justicia. Durante las investigaciones, las autoridades recuperaron un cuchillo en el estacionamiento del restaurante y un arma de imitación en el vehículo del acusado.
Corado González se declaró culpable el 3 de septiembre de 2026 de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado, antes de recibir su sentencia definitiva. Aunque la Fiscalía había solicitado una pena de 30 años a cadena perpetua, el tribunal estableció una condena de 25 años a cadena perpetua, lo que significa que deberá cumplir al menos ese período antes de poder optar a una eventual libertad condicional. La fiscal del condado de Nassau, Anne Donnelly, lamentó el impacto del crimen en la familia de Ana Ruth Espinoza, a quien sus seres queridos recordaron como una madre y abuela profundamente apreciada.
