Internacionales
Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde 2018
PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.
Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.
«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.
La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.
«Sigo luchando»
Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.
Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.
«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.
Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.
Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.
En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.
Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.
«Paz social»
Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.
Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.
En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.
«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, una medida que considera necesaria para la «seguridad nacional» pero que La Habana tachó de «brutal acto de agresión».
La decisión añade presión al régimen cubano, que apenas puede suministrar la mitad de sus necesidades en materia de electricidad.
La orden ejecutiva es presentada por la Casa Blanca como una respuesta a «una emergencia nacional», lo que permite iniciar «un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos».
El texto no menciona qué países ni a qué porcentaje ascenderían esos gravámenes. «Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba», indica el documento publicado por la Casa Blanca.
«El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos», añade una hoja explicativa. El jueves en la noche, el gobierno cubano tachó de «brutal acto de agresión» la orden ejecutiva del republicano.
«Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba», escribió en la red social X el canciller Bruno Rodríguez.
México, contra la espada y la pared
Trump advirtió tras la exitosa operación militar que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro que Cuba debía negociar «antes de que sea demasiado tarde».
La nueva amenaza del dirigente republicano llega cuando la isla atraviesa ya una situación energética precaria. istra en la actualidad crudo vital para la isla. Entre enero y septiembre del año pasado, la petrolera mexicana Pemex exportó a la isla 17,200 barriles de crudo diarios y 2,000 de derivados, por un total de $400 millones, según datos oficiales. Pero después de una reunión con Washington esa cifra pasó a ser de 6,000.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró el jueves que su gobierno seguiría siendo «solidario» con Cuba. Pero dio declaraciones confusas. Sheinbaum había confirmado recién el martes que ha habido suspensiones en el envío de petróleo a Cuba aunque lo hizo con mucha ambigüedad, sugiriendo que es parte de los vaivenes que existen en el suministro a la isla y de una «decisión soberana» de México y de la energética estatal no provocada por presiones externas.
Trump y Sheinbaum hablaron telefónicamente el jueves, y ambos calificaron de «productiva» la conversación.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
