Internacionales
Colombia registra 361 ambientalistas asesinados desde 2018
PARES contabiliza 361 asesinatos desde 2018, con el mayor pico de violencia en 2023, cuando se registraron 81 muertes violentas en el país sudamericano, que alberga hasta el 1 de noviembre la COP16, la cumbre de las Naciones Unidas para la protección de la biodiversidad.
Según la ONG Global Witness, en el 2023 Colombia también fue el país donde más asesinatos de ambientalistas se registraron.
«La disputa de actores armados por el control territorial de zonas de interés para los mismos se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para las personas defensoras del medioambiente», señala PARES en el informe divulgado en Cali (suroeste), sede de la COP16.
La mayoría de los asesinatos de defensores del medioambiente (66%) quedaron en la impunidad.
«Sigo luchando»
Tras sobrevivir a un «atentado» en 2017, la defensora de manglares Marlín Salas vive su día a día en el departamento del Atlántico (norte) con custodia policial, relató a la AFP durante la presentación del informe.
Las «amenazas de muerte, amenazas de que te tienes que ir del municipio, de los territorios» forman ya parte de la rutina en su trabajo como lideresa ambientalista.
«Pero yo sigo ahí con la causa, luchando incansablemente», dice.
Según el informe de PARES, un 53% de los homicidios a ambientalistas ocurrieron en tres departamentos: Antioquia (noroeste), Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador.
Estas últimas dos regiones del suroeste colombiano son bastiones de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, que rechazaron el histórico acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
En ambos departamentos, el 57% de los homicidios registrados (89 casos) fueron de líderes indígenas.
En un 31% de ataques mortales los responsables fueron identificados como miembros de algún grupo armado ilegal.
Algunos líderes que se oponían a megaproyectos legales como minas e hidroeléctricas también fueron asesinados, denuncia PARES.
«Paz social»
Las principales agrupaciones involucradas en violencia homicida contra líderes ambientales son las disidencias de las FARC, que acumulan más de la mitad de los casos cuyo autor fue identificado.
Algunas facciones disidentes adelantan nuevas conversaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que llegó poder en 2022 y goza de amplio respaldo de ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, «la baja coordinación de las instituciones del Estado ha impedido dar respuesta a esta violencia selectiva», señala el informe.
En otro 20% de los casos estuvo involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el gobierno suspendió los diálogos de paz, instalados en 2022, tras un ataque con explosivos a una base militar en septiembre que dejó tres soldados muertos.
El Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante del país, que también dialoga con el gobierno, fue responsable de un 16% de los homicidios.
Colombia vive un conflicto armado interno de seis décadas que ha dejado más de 9 millones de víctimas, la mayoría de ellos desplazados y asesinados.
«No hay paz ambiental si no hay paz social», es el mensaje que busca enviar la activista Marlín Salas a los delegados que participan en la toma de decisiones y están reunidos en Cali. «Los líderes sociales estamos sin voz», denuncia.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.
«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.
La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.
Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.
«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.
Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.
Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.
«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.
Embajada venezolana en Washington
Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.
El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.
Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.
Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.
Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.
Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.
Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.
Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.
Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
Internacionales
La justicia española determina que un beso en la mano puede ser una agresión sexual si no hay consentimiento
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada el lunes por la AFP.
La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús.
La defensa del acusado pretendía recalificar los hechos como un simple «acoso callejero», pero los magistrados consideraron que cualquier contacto físico con connotación sexual sobrepasaba dicha categoría y que debía abonar la multa de 1,620 euros (1,850 dólares) prevista en su primera condena.
Pero según los magistrados «no se trató de un mero acto de cogerle de la mano» sino que el acusado «actuó con intención de atentar contra su integridad sexual, le cogió la mano besándosela al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara, ofreciéndole dinero».
«Hubo, por ello, un acto de agresión sexual por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual que la víctima no tenía obligación de soportar con claro contenido sexual y ataque a la víctima cosificándola», añade.
«Existe, por tanto, un acto de agresión sexual en la medida en que la acción describe un contacto de naturaleza y tono sexuales que la víctima no tenía ninguna obligación de soportar, con un contenido claramente sexual y un atentado a la víctima al reducirla a un objeto», prosigue la resolución.
España está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y en 2004 aprobó una ley pionera en Europa contra la violencia contra las mujeres.
En 2025, el caso conocido como el del «beso forzado» vio cómo el que era entonces el hombre fuerte del fútbol español, el presidente de la federación española, Luis Rubiales, fue condenado por agresión sexual por un beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Sídney, en agosto de 2023.
Una investigación estadounidense lo vincula con una organización que traficaba fentanilo y cocaína, cuyo centro de operaciones estaba en Guatemala.
En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, alias Lucas o Pepe, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La PNC del vecino país calificó la detención como «un nuevo golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico». Al salvadoreño, quien también tiene nacionalidad guatemalteca, lo arrestaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y es la extradición número 21 que realizaran a Estados Unidos, según el informe publicado por el Ministerio de Gobernación.
La cartera de Estado guatemalteca detalló que, con la captura, se da cumplimiento a una orden emitida el 4 de marzo de 2026 por un juzgado que atendió la solicitud de Estados Unidos.
«Escobar Rodríguez es requerido por delitos relacionados con la conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Además, está señalado de portar un arma de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico. Durante su captura, se le incautó una pistola con 16 municiones, mientras se conducía a bordo de un pick-up», detalló el Ministerio de Gobernación guatemalteco.
En Estados Unidos, una investigación determinó que Escobar Rodríguez mantiene vínculos directos con el narcotráfico, al estar presuntamente involucrado en conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.
Según el informe, la conspiración tenía como objetivo fabricar y distribuir sustancias controladas, con la pretensión, conocimiento y claro conocimiento de que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos.
La conspiración tiene que ver con la intención de enviar aproximadamente cinco kilogramos de cocaína y unos 400 gramos de fentanilo. Además de la tentativa de distribución de una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos, sumado a la portación de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.
La PNC de esa nación también aprehendió en Ayutla, San Marcos, a Jorge Edy Peláez Martínez, quien, junto a Escobar Rodríguez, supuestamente forman parte de la organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su centro de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.
