Judicial
Penalista denuncia y expone las irregularidades y atropellos de exfiscal Douglas Meléndez, Wil Walter Ruiz y Jorge Cortez
Sergio Toruño, abogado penalista y exfiscal, denunció al exfiscal general Douglas Meléndez, a su primo Wil Walter Ruiz, quien aún trabaja en la Fiscalía General de la República y Jorge Cortez exdirector contra la corrupción y la impunidad; por irregularidades y atropellos durante sus funciones en esta institución.
Toruño señala que fue uno de los abogados a los que la fiscalía de Douglas Meléndez persiguió arbitrariamente, durante tres años y lamenta que aún no se haga justicia ante las arbitrariedades del exfuncionario Meléndez y su séquito.
El jurista comenta el caso en el que fue presionada la señora Hilda Guadalupe Trigueros, en el caso que fue creado por el exfiscal Meléndez contra el empresario Enrique Rais.
La señora Trigueros buscó ayuda legal por un caso de violencia intrafamiliar, sin embargo, los fiscales utilizaron el caso para hacerlo mediático, a tal grado de difundir audios de llamadas entre la víctima y su abogado Ernesto Gutierrez, produciendo una revictimización.
El abogado Toruño explica que Meléndez mezcló 31 personas en casos no relacionados, creando uno solo, llamándolo «corruptela», con el principal propósito de buscar la reelección de su cargo.
Además indica que la noticia criminis de «corruptela», es el caso del Banco Promérica, que era por lavado de dinero y activos, sin embargo, Jorge Cortez lo dejó fuera del requerimiento.
Douglas Meléndez, apoyado por Wil Wlater Ruiz y Jorge Cortez reforzaron el caso corruptela creando una persecución arbitraria para todos los implicados, implementando un juicio mediático para presionar a los jueces para que resolvieran sus “caprichos e intereses y no con base en lo que dicta la ley”, subraya el abogado.
El abogado también indica que Hilda Trigueros le aseguró que nunca tuvo “absolutamente ninguna relación ni con el ex fiscal Luis Martinez ni jamás conoció al señor Enrique Rais”, pero que la incorporaron en el caso “por venganza de una fiscal que lleva el caso quien se aprovechó para incorporar a mi clienta” por ser amiga del papá de su ex esposo, que también es abogado.
Trigueros se declaró víctima del montaje de este caso, donde le incluyeron declaraciones falsas de siete fiscales que fueron supuestamente fueron torturados por Jorge Cortez, para que señalaran a Enrique Rais, explica Toruño.
La práctica de Meléndez, Cortez y Walter Ruiz era hasta criminalizar a los abogados de los casos mediáticos, tal y como señaló el abogado Mario Machado en un programa de Telecorporación Salvadoreña, a quien le intervinieron sus teléfonos y lo intimidaron, por ser el abogado que representó el caso del expresidente Elias Antonio Saca.
Actualmente Jorge Cortez y Wil Walter Ruiz, son parte de la FGR, a pesar de ser acusados por este tipo de ilegalidades.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
