Política
Salvadoreños en el exterior son obligados por las AFP a renunciar a su nacionalidad para poder obtener sus ahorros, según diputado Francis Zablah
El diputado de GANA, Francis Zablah, denunció que las AFP están exigiendo a los salvadoreños residentes en el exterior renunciar a su nacionalidad para poder entregarles el dinero que ahorraron durante su vida de trabajo en el país.
Zablah planteó que el actual sistema no favorece a las personas que trabajaron y cotizaron durante toda su vida por el escaso monto que al final les toca en concepto de pensión. Sumado a eso, denunció lo que considera como inconstitucional, pues las AFP están poniendo condiciones a la hora de entregar el dinero a los cotizantes.
“Hay gente que vive en el exterior, que se fue y que estuvo pagando y que tiene sus ahorros y ahora para entregárselos les dicen que renuncien a la nacionalidad”, dijo el parlamentario en la entrevista de Frente a Frente.
Esta acción la considera inconstitucional, pues el dinero que reclaman los trabajadores es producto de una vida de trabajo, no es propiedad de las administradoras de pensiones.
“No pueden exigirle que renuncie a su nacionalidad, es una figura que han encontrado las AFP que para podérselo entregar les piden renunciar a su nacionalidad para comprobar que ya no van a regresar a vivir aquí… perdón la palabra, pero eso es estúpido”, expresó el diputado.
Por ese tipo de casos es que también ha presentado una reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores puedan acceder a su dinero de forma anticipada para casos de emergencia, tal como lo plantearon ciudadanos del movimiento “No Partidario” hace algunas semanas.
“Si aquí vamos a esperar lo que pasó en Chile, porque la gente ya no aguanta este sistema de pensiones, creo que sería irresponsable de parte de la Asamblea el no autorizar cambios”, advirtió.
Reformas al sistema
Francis Zablah planteó algunas reformas al sistema para que una persona pueda acceder a su dinero en casos de emergencia, en caso de enfermedades terminales, embargos de su vivienda o pérdida de empleo. Acompañado de bajar la comisión que obtienen las AFP por manejar el dinero, que en este momento es de 1.9 %.
“No son unas reformas que ponen una amenaza al sistema o que vayan a hacer quebrar a alguien, pero sí son unas reformas que ayudan a la gente que ha trabajado toda su vida a que hagan uso de sus ahorros cuando lo necesitan y no ya cuando no los puede ocupar”, manifestó.
Por la reforma de pensiones que se hizo en el 2017, un trabajador puede pedir prestado parte de su dinero, mismo que tiene que devolver y con una comisión mayor a las que las AFP rentabilizan el dinero; a criterio del diputado eso no puede ser así.
“Si tú ya retiraste tú préstamo, tenés que devolver el préstamo con un rendimiento más alto que el que tiene tu cuenta, si lo único que tienen que hacer es que si te tocan $60 mil y prestaste $10,000, te quedan $50,000 no tenés que regresar esos $10,000 para que te den los $50,000.”, agregó.
No es correcto jugar con el dinero de la gente
La reforma permite que un trabajador tenga prestado parte de su dinero, pero obliga a regresarlo y no permite pensionarse, si ese fuera el caso, sino ha terminado de pagar el préstamo y por lo tanto no puede acceder al resto de su pensión. Eso fue cuestionado por el parlamentario, “¿por qué vas a pagar para que te devuelvan el dinero?”.
“El único sentido que tienen es que cuando tú no podes pagar (el dinero prestado), le prolongan más el tiempo para su retiro, es seguir jugando con el dinero de la gente y no es correcto, primero porque estamos en un país libre donde debería de decidir dónde invertir tu dinero”, planteó legislador.
Diferentes sectores del país, incluido el Gobierno, han hecho hincapié en la necesidad de reformar el sistema de ahorros por las pensiones paupérrimas con las que la gente se está retirando.
“Ahorita les dicen, mirá 150 pesos de pensión, eso con lo que se van a retirar hoy, que va a ser menos dentro de cinco o diez años si nosotros no hacemos algo, no es justo”, finalizó.
Por: El Salvador Times.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
