Política
Salvadoreños en el exterior son obligados por las AFP a renunciar a su nacionalidad para poder obtener sus ahorros, según diputado Francis Zablah
El diputado de GANA, Francis Zablah, denunció que las AFP están exigiendo a los salvadoreños residentes en el exterior renunciar a su nacionalidad para poder entregarles el dinero que ahorraron durante su vida de trabajo en el país.
Zablah planteó que el actual sistema no favorece a las personas que trabajaron y cotizaron durante toda su vida por el escaso monto que al final les toca en concepto de pensión. Sumado a eso, denunció lo que considera como inconstitucional, pues las AFP están poniendo condiciones a la hora de entregar el dinero a los cotizantes.
“Hay gente que vive en el exterior, que se fue y que estuvo pagando y que tiene sus ahorros y ahora para entregárselos les dicen que renuncien a la nacionalidad”, dijo el parlamentario en la entrevista de Frente a Frente.
Esta acción la considera inconstitucional, pues el dinero que reclaman los trabajadores es producto de una vida de trabajo, no es propiedad de las administradoras de pensiones.
“No pueden exigirle que renuncie a su nacionalidad, es una figura que han encontrado las AFP que para podérselo entregar les piden renunciar a su nacionalidad para comprobar que ya no van a regresar a vivir aquí… perdón la palabra, pero eso es estúpido”, expresó el diputado.
Por ese tipo de casos es que también ha presentado una reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores puedan acceder a su dinero de forma anticipada para casos de emergencia, tal como lo plantearon ciudadanos del movimiento “No Partidario” hace algunas semanas.
“Si aquí vamos a esperar lo que pasó en Chile, porque la gente ya no aguanta este sistema de pensiones, creo que sería irresponsable de parte de la Asamblea el no autorizar cambios”, advirtió.
Reformas al sistema
Francis Zablah planteó algunas reformas al sistema para que una persona pueda acceder a su dinero en casos de emergencia, en caso de enfermedades terminales, embargos de su vivienda o pérdida de empleo. Acompañado de bajar la comisión que obtienen las AFP por manejar el dinero, que en este momento es de 1.9 %.
“No son unas reformas que ponen una amenaza al sistema o que vayan a hacer quebrar a alguien, pero sí son unas reformas que ayudan a la gente que ha trabajado toda su vida a que hagan uso de sus ahorros cuando lo necesitan y no ya cuando no los puede ocupar”, manifestó.
Por la reforma de pensiones que se hizo en el 2017, un trabajador puede pedir prestado parte de su dinero, mismo que tiene que devolver y con una comisión mayor a las que las AFP rentabilizan el dinero; a criterio del diputado eso no puede ser así.
“Si tú ya retiraste tú préstamo, tenés que devolver el préstamo con un rendimiento más alto que el que tiene tu cuenta, si lo único que tienen que hacer es que si te tocan $60 mil y prestaste $10,000, te quedan $50,000 no tenés que regresar esos $10,000 para que te den los $50,000.”, agregó.
No es correcto jugar con el dinero de la gente
La reforma permite que un trabajador tenga prestado parte de su dinero, pero obliga a regresarlo y no permite pensionarse, si ese fuera el caso, sino ha terminado de pagar el préstamo y por lo tanto no puede acceder al resto de su pensión. Eso fue cuestionado por el parlamentario, “¿por qué vas a pagar para que te devuelvan el dinero?”.
“El único sentido que tienen es que cuando tú no podes pagar (el dinero prestado), le prolongan más el tiempo para su retiro, es seguir jugando con el dinero de la gente y no es correcto, primero porque estamos en un país libre donde debería de decidir dónde invertir tu dinero”, planteó legislador.
Diferentes sectores del país, incluido el Gobierno, han hecho hincapié en la necesidad de reformar el sistema de ahorros por las pensiones paupérrimas con las que la gente se está retirando.
“Ahorita les dicen, mirá 150 pesos de pensión, eso con lo que se van a retirar hoy, que va a ser menos dentro de cinco o diez años si nosotros no hacemos algo, no es justo”, finalizó.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
