Política
Salvadoreños en el exterior son obligados por las AFP a renunciar a su nacionalidad para poder obtener sus ahorros, según diputado Francis Zablah
El diputado de GANA, Francis Zablah, denunció que las AFP están exigiendo a los salvadoreños residentes en el exterior renunciar a su nacionalidad para poder entregarles el dinero que ahorraron durante su vida de trabajo en el país.
Zablah planteó que el actual sistema no favorece a las personas que trabajaron y cotizaron durante toda su vida por el escaso monto que al final les toca en concepto de pensión. Sumado a eso, denunció lo que considera como inconstitucional, pues las AFP están poniendo condiciones a la hora de entregar el dinero a los cotizantes.
“Hay gente que vive en el exterior, que se fue y que estuvo pagando y que tiene sus ahorros y ahora para entregárselos les dicen que renuncien a la nacionalidad”, dijo el parlamentario en la entrevista de Frente a Frente.
Esta acción la considera inconstitucional, pues el dinero que reclaman los trabajadores es producto de una vida de trabajo, no es propiedad de las administradoras de pensiones.
“No pueden exigirle que renuncie a su nacionalidad, es una figura que han encontrado las AFP que para podérselo entregar les piden renunciar a su nacionalidad para comprobar que ya no van a regresar a vivir aquí… perdón la palabra, pero eso es estúpido”, expresó el diputado.
Por ese tipo de casos es que también ha presentado una reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores puedan acceder a su dinero de forma anticipada para casos de emergencia, tal como lo plantearon ciudadanos del movimiento “No Partidario” hace algunas semanas.
“Si aquí vamos a esperar lo que pasó en Chile, porque la gente ya no aguanta este sistema de pensiones, creo que sería irresponsable de parte de la Asamblea el no autorizar cambios”, advirtió.
Reformas al sistema
Francis Zablah planteó algunas reformas al sistema para que una persona pueda acceder a su dinero en casos de emergencia, en caso de enfermedades terminales, embargos de su vivienda o pérdida de empleo. Acompañado de bajar la comisión que obtienen las AFP por manejar el dinero, que en este momento es de 1.9 %.
“No son unas reformas que ponen una amenaza al sistema o que vayan a hacer quebrar a alguien, pero sí son unas reformas que ayudan a la gente que ha trabajado toda su vida a que hagan uso de sus ahorros cuando lo necesitan y no ya cuando no los puede ocupar”, manifestó.
Por la reforma de pensiones que se hizo en el 2017, un trabajador puede pedir prestado parte de su dinero, mismo que tiene que devolver y con una comisión mayor a las que las AFP rentabilizan el dinero; a criterio del diputado eso no puede ser así.
“Si tú ya retiraste tú préstamo, tenés que devolver el préstamo con un rendimiento más alto que el que tiene tu cuenta, si lo único que tienen que hacer es que si te tocan $60 mil y prestaste $10,000, te quedan $50,000 no tenés que regresar esos $10,000 para que te den los $50,000.”, agregó.
No es correcto jugar con el dinero de la gente
La reforma permite que un trabajador tenga prestado parte de su dinero, pero obliga a regresarlo y no permite pensionarse, si ese fuera el caso, sino ha terminado de pagar el préstamo y por lo tanto no puede acceder al resto de su pensión. Eso fue cuestionado por el parlamentario, “¿por qué vas a pagar para que te devuelvan el dinero?”.
“El único sentido que tienen es que cuando tú no podes pagar (el dinero prestado), le prolongan más el tiempo para su retiro, es seguir jugando con el dinero de la gente y no es correcto, primero porque estamos en un país libre donde debería de decidir dónde invertir tu dinero”, planteó legislador.
Diferentes sectores del país, incluido el Gobierno, han hecho hincapié en la necesidad de reformar el sistema de ahorros por las pensiones paupérrimas con las que la gente se está retirando.
“Ahorita les dicen, mirá 150 pesos de pensión, eso con lo que se van a retirar hoy, que va a ser menos dentro de cinco o diez años si nosotros no hacemos algo, no es justo”, finalizó.
Por: El Salvador Times.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
