Política
Salvadoreños en el exterior son obligados por las AFP a renunciar a su nacionalidad para poder obtener sus ahorros, según diputado Francis Zablah
El diputado de GANA, Francis Zablah, denunció que las AFP están exigiendo a los salvadoreños residentes en el exterior renunciar a su nacionalidad para poder entregarles el dinero que ahorraron durante su vida de trabajo en el país.
Zablah planteó que el actual sistema no favorece a las personas que trabajaron y cotizaron durante toda su vida por el escaso monto que al final les toca en concepto de pensión. Sumado a eso, denunció lo que considera como inconstitucional, pues las AFP están poniendo condiciones a la hora de entregar el dinero a los cotizantes.
“Hay gente que vive en el exterior, que se fue y que estuvo pagando y que tiene sus ahorros y ahora para entregárselos les dicen que renuncien a la nacionalidad”, dijo el parlamentario en la entrevista de Frente a Frente.
Esta acción la considera inconstitucional, pues el dinero que reclaman los trabajadores es producto de una vida de trabajo, no es propiedad de las administradoras de pensiones.
“No pueden exigirle que renuncie a su nacionalidad, es una figura que han encontrado las AFP que para podérselo entregar les piden renunciar a su nacionalidad para comprobar que ya no van a regresar a vivir aquí… perdón la palabra, pero eso es estúpido”, expresó el diputado.
Por ese tipo de casos es que también ha presentado una reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores puedan acceder a su dinero de forma anticipada para casos de emergencia, tal como lo plantearon ciudadanos del movimiento “No Partidario” hace algunas semanas.
“Si aquí vamos a esperar lo que pasó en Chile, porque la gente ya no aguanta este sistema de pensiones, creo que sería irresponsable de parte de la Asamblea el no autorizar cambios”, advirtió.
Reformas al sistema
Francis Zablah planteó algunas reformas al sistema para que una persona pueda acceder a su dinero en casos de emergencia, en caso de enfermedades terminales, embargos de su vivienda o pérdida de empleo. Acompañado de bajar la comisión que obtienen las AFP por manejar el dinero, que en este momento es de 1.9 %.
“No son unas reformas que ponen una amenaza al sistema o que vayan a hacer quebrar a alguien, pero sí son unas reformas que ayudan a la gente que ha trabajado toda su vida a que hagan uso de sus ahorros cuando lo necesitan y no ya cuando no los puede ocupar”, manifestó.
Por la reforma de pensiones que se hizo en el 2017, un trabajador puede pedir prestado parte de su dinero, mismo que tiene que devolver y con una comisión mayor a las que las AFP rentabilizan el dinero; a criterio del diputado eso no puede ser así.
“Si tú ya retiraste tú préstamo, tenés que devolver el préstamo con un rendimiento más alto que el que tiene tu cuenta, si lo único que tienen que hacer es que si te tocan $60 mil y prestaste $10,000, te quedan $50,000 no tenés que regresar esos $10,000 para que te den los $50,000.”, agregó.
No es correcto jugar con el dinero de la gente
La reforma permite que un trabajador tenga prestado parte de su dinero, pero obliga a regresarlo y no permite pensionarse, si ese fuera el caso, sino ha terminado de pagar el préstamo y por lo tanto no puede acceder al resto de su pensión. Eso fue cuestionado por el parlamentario, “¿por qué vas a pagar para que te devuelvan el dinero?”.
“El único sentido que tienen es que cuando tú no podes pagar (el dinero prestado), le prolongan más el tiempo para su retiro, es seguir jugando con el dinero de la gente y no es correcto, primero porque estamos en un país libre donde debería de decidir dónde invertir tu dinero”, planteó legislador.
Diferentes sectores del país, incluido el Gobierno, han hecho hincapié en la necesidad de reformar el sistema de ahorros por las pensiones paupérrimas con las que la gente se está retirando.
“Ahorita les dicen, mirá 150 pesos de pensión, eso con lo que se van a retirar hoy, que va a ser menos dentro de cinco o diez años si nosotros no hacemos algo, no es justo”, finalizó.
Por: El Salvador Times.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
