Política
Pruebas de pacto entre Ernesto Muyshondt y las pandillas, lo inhabilita para ser candidato a reelección
Este medio a través de una fuente judicial que informó y documentó sus declaraciones, pero que habló bajo solicitud de reserva de anonimato, ha podido tener acceso tanto al expediente judicial que se tramitó ante el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, en el que fueron procesados cientos de miembros de maras, pero en el que se destacó en virtud de las declaraciones del testigo criteriado “NOÉ” y una serie de videos y grabaciones que desfilaron como prueba: “las conversaciones suscitadas entre políticos, entre ellos especialmente Ernesto Muyshondt -actualmente Alcalde de San Salvador y candidato a reelección- y representantes de pandillas”; además también se efectuaron indagaciones respecto al proceso penal que actualmente se tramita contra Muyshondt y otros, en el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador.
De acuerdo a la información recabada, quedaría en evidencia que bajo el actual criterio de la Sala de lo Constitucional sobre la obligación de verificar por parte del Tribunal Supremo Electoral, el cumplimiento del requisito de “honradez notaria” ante los señalamientos judiciales existentes contra Ernesto Muyshondt y las múltiples evidencias de su participación en actos propios del financiamiento de las “maras o pandillas” y asociaciones ilícitas, lo inhabilitan como candidato a la reelección como Alcalde de San Salvador, al no cumplir con los requerimientos para su inscripción.
“Los Pactos” entre Ernesto Muyshondt y las pandillas.
En la Sentencia pronunciada por el Juez Especializado, consta en las páginas 558 a la 566 la transcripción de las conversaciones entre Muyshondt y presuntos pandilleros, prueba documental que llevó al juzgado a considerar que efectivamente el actual Alcalde de San Salvador y candidato a la reelección pactó con las pandillas y les proveyó de recursos financieros. A continuación transcribrimos algunos de esos pasajes de interés que han sido seleccionados:
TRANSCRIPCIÓN DE VIDEOS (Pág. 586 de la Sentencia)
ERNESTO MUYSHONDT: También vamos a estar presentes en las alcaldías… Vamos a tener cuatro o cinco concejales.
… tenemos la voluntad, estamos con la gente haciendo números, haciendo cosas, de reunirnos más con ellos… ahí me va a ayudar a monitorear eso, de que demasiado, de que podemos perder uno o dos… vamos a ver que podemos sacarle, aunque sea para sectores normales…
APARENTE PANDILLERO: siempre y cuando nuestros compañeros tengan una forma de vida cuando están detenidos… de los antecedentes… de ellos depende para ganarse el sustento, lo que tenemos que hacer es uno, alejarnos… nosotros entendemos que usted tiene su cúpula…
ERNESTO MUYSHONDT: quien tiene acercamiento con la empresa privada somos nosotros, necesitamos también que la empresa privada se flexibilice para ustedes…
APARENTE PANDILLERO: Sí porque de qué nos sirve un uniforme o un plan de reinserción, pues sí…
ERNESTO MUYSHONDT: el gobierno ha quedado bien enhuevado con cinco mil trescientos millones y cinco mil millones más en gastos presupuestarios del gobierno anterior, eso se puede invertir en lo social, pero de qué sirve que se invierta en lo social si no se reduce la pobreza… usted tiene que ver la rentabilidad de la inversión, una rentabilidad panorámica, en lo social…
APARENTE PANDILLERO: Pues si, el dinero es la raíz de todos los problemas…
TRANSCRIPCIÓN DE VIDEO. (Pág. 560 de la Sentencia)
(…) ERNESTO MUYSHONDT: ¿cuántos hay a nivel nacional?
APARENTE PANDILLERO: Hay varios, la mara está en todos lados… divididos en ranflas(…) Hoy todos los teléfonos los ando con bloqueo porque peligroso.
ERNESTO MUYSHONDT: Pues sí… pero ahí dependiendo cuántos votos saque, en la siguiente voy a estar aquí… porque ahorita como van las tendencias actuales, vamos en los primeros lugares
(….) ERNESTO MUYSHONDT: me dijeron que había veinte en cada paquetito (Minuto 7:33) Se observa paquetes de dinero sobre la mesa.
APARENTE PANDILLERO: el día cero, se va a hacer la plana y todo… pero la onda es que aparezcan en el padrón(…) la onda es que tenemos que cuadrar, no solo en San Salvador, sino que vamos a cuadrar en todos lados, necesitamos tener un contacto en cuatro partes, Oriente, Occidente, Central y Paracentral… ese sería siempre el enlace… vaya pero nos tenemos que entender cuando ya nos pueda resolver, ahí le tiramos que ahí vea cómo hace…
(…)ERNESTO MUYSHONDT: vaya, mi compromiso es… salir ganador para ayudarlos… y todos los demás… (audio intelegible)
(…) APARENTE PANDILLERO: Ahí estamos, podemos ocupar a la mara ahorita.
ERNESTO MUYSHONDT: Ojalá salga bien porque entre mejor salga, más poder de empujarlos, lo importante es que salgamos bien…
Con esta evidencia, el Juez concluyó lo siguiente (Pág. 562 de la Sentencia): “a) Se deduce el conocimiento del señor Ernesto Muyshondt de la filiación pandilleril de sus interlocutores y su calidad como representantes de la Mara Salvatrucha, con quienes tenía los acercamientos cuyo trasfondo de la conversación tiene como común denominador, el tema político electoral (…) notándose en el caso de Ernesto Muyshondt, dirigirse a los aparentes miembros de pandillas, con seguridad y reafirmando su condición de representante del partido político ARENA, mencionándose incluso a su órgano de decisión identificado como COENA(…) h) A partir del minuto siete con treinta y tres segundos Ernesto Muyshondt realiza una actividad de extraer paquetes de tamaño mediano, corte rectangular de un bolso o mochila, colocándose sobre la mesa mientras sentencia… “me dijeron que había veinte en cada paquetito”, deduciéndose se trata de dinero por su apariencia y la forma de su manipulación, además en otros instantes se observa a un sujeto desconocido, quien realiza una especie de conteo y recolección del botín”
A pesar de toda esa prueba, el Juzgador no pudo establecer responsabilidad penal para Ernesto Muyshondt, puesto que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez Ruiz y el Ex jefe de crimen organizado, Wil Walter Ruiz, en una gravísima omisión a la investigación ya que conocían de toda esta evidencia, noincluyeron a Muyshondt y otros en la acción penal. Ni Meléndez, ni Wil Ruiz han enfrentado aún la justicia por este hecho.
Actualmente, Ernesto Muyshondt y otros enfrentan proceso penal en el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, que prorrogó la etapa de instrucción que vencía el 19 de diciembre de 2020, por SEIS MESES más a petición de la fiscalía, a pesar que se cuenta con toda la prueba del caso y que según la fuente judicial consultada el impulso a la causa por fiscalía y la actividad judicial han sido prácticamente nulas.
La funcionaria judicial a cargo del caso es Edelmira Violeta Flores Orellana, quien participó como precandidata a la Corte de Cuentas de la República en el último proceso y que a comentarios de la fuente, contaba con apoyo del partido ARENA, para llegar al cargo y a quien actualmente se estaría impulsando para competir por una Magistratura. La jueza Flores Orellana, estaría además -según la fuente- emparentada con el Juez Rafael Eduardo Meléndez Contreras, actual juez interino del Juzgado Ambiental de Santa Tecla, a quien reiteradamente Muyshondt ha agradecido públicamente por darle la razón ante los reclamos y exigencias de sindicalistas de la municipalidad de San Salvador, a quienes ha ordenado su desalojo de inmediato, pese a que la causa de la crisis ambiental ha sido exclusivamente responsabilidad del Alcalde Muyshondt y su Tesorero Municipal, por haber malversado los fondos municipales y por cometer apropiación y retención indebida de las cuotas de créditos y laborales de los empleados municipales.
De manera que en el caso de Ernesto Muyshondt, se incumple con el requisito de “honradez notoria” por su clara vinculación y financiamiento a las pandillas; por su mala gestión administrativa que ha incurrido en delitos de malversación y apropiación indebida de cuotas laborales; y por posibles actos de corrupción en el sistema judicial para lograr su impunidad.
El Presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de exonerar del pago de este tributo a los salarios mensuales de hasta $550. La medida busca beneficiar a miles de familias como parte de la estrategia económica del gobierno para aliviar el bolsillo de los salvadoreños.
«Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas», anunció el mandatario en su cuenta en X.
El presidente agregó que este incentivo fiscal también «favorecerá los aumentos salariales en los rangos más bajos, incluyendo aquellos que actualmente ya superan el salario mínimo». Esto en referencia a la propuesta enviada el pasado viernes al Consejo Nacional del Salario Mínimo para incrementar en un 12 % los sueldos a partir de junio en los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios.
Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta exonera del tributo a quienes perciben hasta $472 mensuales. Con la reforma, este tramo se ampliaría a $550 una vez sea aprobada por la Asamblea Legislativa.
Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
La sesión plenaria ordinaria realizada ayer en la Asamblea Legislativa marcó un hecho inédito: fue la primera en desarrollarse sin votaciones en abstención, tras la reciente reforma al Reglamento Interior de ese órgano del Estado.
El Reglamento Interior del Congreso, vigente desde el 1 de mayo de 2006 y publicado previamente en el Diario Oficial, no definía con claridad los tipos de votación permitidos en las sesiones plenarias, específicamente en su artículo 86.
Con la enmienda aprobada, ahora se establece que «las votaciones deberán consignarse a favor o en contra de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este Reglamento y la Constitución».
Desde la entrada en vigencia de la reforma, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, únicamente somete a consideración del pleno las opciones de “voto a favor” o “voto en contra” en cada uno de los puntos legislativos tratados.
