Política
Comisión Financiera inicia estudio de propuesta para reformar Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito
La Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa inició el estudio de la iniciativa que presentaron los legisladores de Nuevas Ideas para reformar la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito para beneficiar a la población que históricamente ha sufrido abusos por parte de la banca.
La propuesta presentada busca que se elimine el cobro de la membresía por poseer este producto, así como por los intereses por los sobregiros (sobrepasarse del límite de crédito aprobado) y las comisiones.
Inicialmente se había planteado que los bancos u otras entidades financieras pudieran cobrarles a los tarjetahabientes un monto que no excediera de $50 en concepto de membresía. Sin embargo, en la sesión de trabajo de este viernes la mayoría de diputados opinó que, por mucho tiempo, la banca privada ha cometido abusos contra los consumidores al cobrarles entre $30 y $250 anuales, por lo que es “justo” que se suprima dicho cobro.
Además, señalaron que en las modificaciones en la normativa se debe establecer que a las personas que no utilicen su tarjeta de crédito, durante un año, se les exonerará del pago de la membresía.
Las estadísticas de la Defensoría del Consumidor indican que el 34% de las denuncias que ha recibido, desde 2017 hasta la fecha, están relacionadas con el cobro de comisiones por membresía.
“Esa supuesta membresía es un servicio inherente al producto financiero que uno está solicitando al momento del contrato. Es un cobro ilegal. Para la población esto es un robo y una estafa. Además, concluimos que los cobros por los sobregiros tampoco se van a permitir. Nosotros no tenemos miedo a los grupos económicos y vamos a legislar siempre a favor de los usuarios”, expresó la presidenta de la mesa legislativa, Dania González.
El diputado de la bancada cyan, Héctor Sales; al igual que Juan Carlos Flores, de GANA, y el independiente Carlos Reyes secundaron a la legisladora porque señalaron que la supresión de ese cobro es una de las peticiones que más está pidiendo la ciudadanía.
“Esto (el cobro de la membresía) se convierte en un abuso para los consumidores. Aquí hacen competencia para ver cuál banco cobra más membresía al final del año”, increpó el diputado Sales.
Sobre los cobros de intereses por sobregiros, el funcionario opinó que las empresas financieras cometen abusos, ya que cuando los clientes ponen las respectivas denuncias los bancos demoran en emitir una resolución, mientras que en ese tiempo los intereses aumentan.
En la mesa de trabajo acordó que, debido a que hay cientos de personas que ya tienen firmado un contrato de tarjeta de crédito con los bancos y la ley no es retroactiva, se incorporará un artículo para que se haga una adenda de contrato para garantizar que cuando la normativa entre en vigencia no tengan que pagar la membresía.
Otra propuesta que analizaron los diputados es que los bancos supriman los productos financieros preaprobados.
La próxima semana, los legisladores continuarán afinando la propuesta de reforma para emitir un dictamen favorable y llevarlo ante el pleno del Órgano Legislativo para someterlo a votación.
La Ley del Sistema de Tarjeta de Crédito fue publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre del año 2009, por lo que la legislación en temas de tarjetas de crédito es relativamente nueva y es necesario adaptar el marco jurídico para garantizar los derechos de los consumidores y la protección a los derechos económicos y patrimoniales de todos los salvadoreños.
Antes de 2009, no existía un marco legal y eso permitía un mayor grado de discrecionalidad por parte de los emisores de estas tarjetas, que son utilizadas como instrumento financiero útil para acceder a una línea de crédito rotativa tradicional.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
