Política
Comisión Financiera inicia estudio de propuesta para reformar Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito
La Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa inició el estudio de la iniciativa que presentaron los legisladores de Nuevas Ideas para reformar la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito para beneficiar a la población que históricamente ha sufrido abusos por parte de la banca.
La propuesta presentada busca que se elimine el cobro de la membresía por poseer este producto, así como por los intereses por los sobregiros (sobrepasarse del límite de crédito aprobado) y las comisiones.
Inicialmente se había planteado que los bancos u otras entidades financieras pudieran cobrarles a los tarjetahabientes un monto que no excediera de $50 en concepto de membresía. Sin embargo, en la sesión de trabajo de este viernes la mayoría de diputados opinó que, por mucho tiempo, la banca privada ha cometido abusos contra los consumidores al cobrarles entre $30 y $250 anuales, por lo que es “justo” que se suprima dicho cobro.
Además, señalaron que en las modificaciones en la normativa se debe establecer que a las personas que no utilicen su tarjeta de crédito, durante un año, se les exonerará del pago de la membresía.
Las estadísticas de la Defensoría del Consumidor indican que el 34% de las denuncias que ha recibido, desde 2017 hasta la fecha, están relacionadas con el cobro de comisiones por membresía.
“Esa supuesta membresía es un servicio inherente al producto financiero que uno está solicitando al momento del contrato. Es un cobro ilegal. Para la población esto es un robo y una estafa. Además, concluimos que los cobros por los sobregiros tampoco se van a permitir. Nosotros no tenemos miedo a los grupos económicos y vamos a legislar siempre a favor de los usuarios”, expresó la presidenta de la mesa legislativa, Dania González.
El diputado de la bancada cyan, Héctor Sales; al igual que Juan Carlos Flores, de GANA, y el independiente Carlos Reyes secundaron a la legisladora porque señalaron que la supresión de ese cobro es una de las peticiones que más está pidiendo la ciudadanía.
“Esto (el cobro de la membresía) se convierte en un abuso para los consumidores. Aquí hacen competencia para ver cuál banco cobra más membresía al final del año”, increpó el diputado Sales.
Sobre los cobros de intereses por sobregiros, el funcionario opinó que las empresas financieras cometen abusos, ya que cuando los clientes ponen las respectivas denuncias los bancos demoran en emitir una resolución, mientras que en ese tiempo los intereses aumentan.
En la mesa de trabajo acordó que, debido a que hay cientos de personas que ya tienen firmado un contrato de tarjeta de crédito con los bancos y la ley no es retroactiva, se incorporará un artículo para que se haga una adenda de contrato para garantizar que cuando la normativa entre en vigencia no tengan que pagar la membresía.
Otra propuesta que analizaron los diputados es que los bancos supriman los productos financieros preaprobados.
La próxima semana, los legisladores continuarán afinando la propuesta de reforma para emitir un dictamen favorable y llevarlo ante el pleno del Órgano Legislativo para someterlo a votación.
La Ley del Sistema de Tarjeta de Crédito fue publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre del año 2009, por lo que la legislación en temas de tarjetas de crédito es relativamente nueva y es necesario adaptar el marco jurídico para garantizar los derechos de los consumidores y la protección a los derechos económicos y patrimoniales de todos los salvadoreños.
Antes de 2009, no existía un marco legal y eso permitía un mayor grado de discrecionalidad por parte de los emisores de estas tarjetas, que son utilizadas como instrumento financiero útil para acceder a una línea de crédito rotativa tradicional.
Dentro de un año los salvadoreños volverán a escribir un nuevo capítulo en la historia democrática del país, eligiendo al presidente y vicepresidente de la república que gobernarán en los siguientes seis años, de 2027 a 2033.
En esa misma jornada electoral, la ciudadanía también podrán elegir la representación política de los 60 escaños que conforman la Asamblea Legislativa, así como la renovación de los 44 Concejos Municipales Plurales que administran los 262 distritos a escala nacional.
La unificación de las elecciones para 2027 quedó normada el 31 de julio de 2025 por el Congreso a través de reformas a la Constitución de la República [artículos 75, 80 incisos 1°, 2° y 3°; y artículos 133, 152 y 154] con el fin de ordenar y homologar el ciclo electoral.
Estas enmiendas fueron aprobadas con 57 votos, en la sesión plenaria ordinaria 66, y ratificadas en la plenaria 67, «con el objetivo de actualizar el sistema electoral para fortalecer la democracia, optimizar recursos públicos y alinear las reglas con la voluntad popular», comunicó el Órgano Legislativo.
Los cambios a la Carta Magna dan un componente novedoso a las próximas elecciones, pues se habilitó la reelección presidencial indefinida sin menoscabar la voluntad democrática y soberana de los ciudadanos para escoger libremente a gobernantes.
Tampoco limita la participación de ninguno de los 11 partidos políticos que según el Tribunal Supremo Electoral [TSE] están, a la fecha, legalmente inscritos para competir en los comicios.
Estos son Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional [FMLN], Alianza Republicana Nacionalista [ARENA], Partido de Concertación Nacional [PNC], Partido Demócrata Cristiano [PDC], VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional [GANA], Democracia Salvadoreña [DS], Fuerza Solidaria [FS], Fraternidad Patriota Salvadoreña [FPS] y el Partido Independiente Salvadoreño [PAIS].
Con los cambios a la Constitución ahora la elección presidencial se definirá en primera vuelta, tras ser derogado el balotaje o segunda vuelta; además, quedó establecido que el período presidencial se prolongue a seis años. En 2027 iniciará el primer sexenio presidencial.
«Cada segunda vuelta electoral cuesta al Estado aproximadamente $50 millones», explicó durante la discusión de las reformas constitucionales Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.
MÁS DE $172 MILLONES HAN SIDO DESTINADOS PARA LAS ELECCIONES
Para el desarrollo de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre anterior asignar al TSE $125.4 millones, además de $46.7 millones para financiar el voto desde el exterior, que será mediante un sistema de votación remota por internet y de forma presencial en embajadas, consulados u otras sedes habilitadas por el TSE. Dichos recursos serán utilizados en logística, tecnología y para el escrutinio.
Del total asignado, $56 millones servirán para el soporte del escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), transmisión, procesamiento y divulgación de los resultados.
Los cambios a la ley superior también fueron acatados por el TSE, que informó que los mismos permiten al país un ahorro acumulado de hasta $560 millones en procesos electorales, ya que pasará de 13 a nueve eventos en un periodo de 25 años.
Según los registros del TSE, el padrón electoral ya supera los 6 millones de salvadoreños, de los cuales 932,316 residen en el extranjero, una cifra que creció en casi 200,000 respecto al último proceso comicial de 2024, para el cual el padrón cerró con 6,214,399; de estos, 741,094 eran residentes en el extranjero, según datos de la memoria de labores del organismo colegiado.
En el caso de los connacionales que hagan uso de la votación remota por internet, podrán comenzar un mes antes del día establecido por el TSE para la elección que se desarrollará en el país, es decir, el 30 de enero, según lo establece el artículo 16 de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
Para los salvadoreños en el exterior que utilicen la votación electrónica presencial, será continua; es decir, iniciará a las 7 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde, según el horario del centro de votación designado por el tribunal en el extranjero.
Los ciudadanos tienen 12 días, a partir de hoy, para efectuar modificaciones en la dirección de residencia que aparece en el Documento Único de Identidad (DUI), de cara a las elecciones generales que se realizarán el 28 de febrero de 2027, según ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Si te mudaste recientemente, actualiza tu dirección en el DUI para que puedas votar más cerca de tu nuevo hogar. Realiza el trámite en cualquier duicentro del país», indicó la institución a través de sus diferentes plataformas de redes sociales.
El tribunal reiteró a la ciudadanía que tiene como plazo límite el 27 de febrero próximo para realizar los respectivos cambios en el documento.
«Si quieres votar más cerca de tu casa aún estás a tiempo», enfatizó el ente electoral.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) también desarrolla jornadas móviles en el extranjero para dar oportunidad a que los connacionales realicen actualización de la dirección.
El TSE también ha comunicado los avances de las etapas del ciclo electoral salvadoreño, del que detalló que en este momento se ejecuta la segunda fase de este período.
«Esta etapa está compuesta por seis fases claves, diseñadas para organizar, supervisar y garantizar que cada salvadoreño dentro y fuera del país sea el protagonista de un proceso electoral moderno y eficiente», indicó.
LAS FASES DEL PROCESO ELECTORAL
Para tener una mejor comprensión de las seis fases claves a las que el TSE ha hecho referencia, estas han sido organizadas de la siguiente forma: logística y preparación de los centros de votación en el país; sigue la etapa de instalación de la Juntas Receptoras de Votos (JRV) y apertura de los centros de votación que serán habilitados en instalaciones previamente anunciadas por la institución a escala nacional.
En tercer lugar está la apertura de votación en el territorio nacional; después viene la observación electoral, que estará a cargo de las entidades y organismos nacionales e internacionales debidamente acreditados por el tribunal.
Luego viene el escrutinio, la transmisión y divulgación de los resultados preliminares; y finalmente, la recolección y traslado de las actas y el material electoral que será destinado para el evento.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
