Política
Comisión Financiera inicia estudio de propuesta para reformar Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito
La Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa inició el estudio de la iniciativa que presentaron los legisladores de Nuevas Ideas para reformar la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito para beneficiar a la población que históricamente ha sufrido abusos por parte de la banca.
La propuesta presentada busca que se elimine el cobro de la membresía por poseer este producto, así como por los intereses por los sobregiros (sobrepasarse del límite de crédito aprobado) y las comisiones.
Inicialmente se había planteado que los bancos u otras entidades financieras pudieran cobrarles a los tarjetahabientes un monto que no excediera de $50 en concepto de membresía. Sin embargo, en la sesión de trabajo de este viernes la mayoría de diputados opinó que, por mucho tiempo, la banca privada ha cometido abusos contra los consumidores al cobrarles entre $30 y $250 anuales, por lo que es “justo” que se suprima dicho cobro.
Además, señalaron que en las modificaciones en la normativa se debe establecer que a las personas que no utilicen su tarjeta de crédito, durante un año, se les exonerará del pago de la membresía.
Las estadísticas de la Defensoría del Consumidor indican que el 34% de las denuncias que ha recibido, desde 2017 hasta la fecha, están relacionadas con el cobro de comisiones por membresía.
“Esa supuesta membresía es un servicio inherente al producto financiero que uno está solicitando al momento del contrato. Es un cobro ilegal. Para la población esto es un robo y una estafa. Además, concluimos que los cobros por los sobregiros tampoco se van a permitir. Nosotros no tenemos miedo a los grupos económicos y vamos a legislar siempre a favor de los usuarios”, expresó la presidenta de la mesa legislativa, Dania González.
El diputado de la bancada cyan, Héctor Sales; al igual que Juan Carlos Flores, de GANA, y el independiente Carlos Reyes secundaron a la legisladora porque señalaron que la supresión de ese cobro es una de las peticiones que más está pidiendo la ciudadanía.
“Esto (el cobro de la membresía) se convierte en un abuso para los consumidores. Aquí hacen competencia para ver cuál banco cobra más membresía al final del año”, increpó el diputado Sales.
Sobre los cobros de intereses por sobregiros, el funcionario opinó que las empresas financieras cometen abusos, ya que cuando los clientes ponen las respectivas denuncias los bancos demoran en emitir una resolución, mientras que en ese tiempo los intereses aumentan.
En la mesa de trabajo acordó que, debido a que hay cientos de personas que ya tienen firmado un contrato de tarjeta de crédito con los bancos y la ley no es retroactiva, se incorporará un artículo para que se haga una adenda de contrato para garantizar que cuando la normativa entre en vigencia no tengan que pagar la membresía.
Otra propuesta que analizaron los diputados es que los bancos supriman los productos financieros preaprobados.
La próxima semana, los legisladores continuarán afinando la propuesta de reforma para emitir un dictamen favorable y llevarlo ante el pleno del Órgano Legislativo para someterlo a votación.
La Ley del Sistema de Tarjeta de Crédito fue publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre del año 2009, por lo que la legislación en temas de tarjetas de crédito es relativamente nueva y es necesario adaptar el marco jurídico para garantizar los derechos de los consumidores y la protección a los derechos económicos y patrimoniales de todos los salvadoreños.
Antes de 2009, no existía un marco legal y eso permitía un mayor grado de discrecionalidad por parte de los emisores de estas tarjetas, que son utilizadas como instrumento financiero útil para acceder a una línea de crédito rotativa tradicional.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
