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Paolo Lüers lanza duras críticas a Milena Mayorga
La noche de ayer jueves, el Presidente de la República, Nayib Bukele, hizo dos nuevos nombramientos de funcionarios de su Gabinete de Gobierno. Como embajadora de El Salvador ante los Estados Unidos nombró a Milena Mayorga, quien se desempeñó hasta la fecha como diputada de la Asamblea Legislativa, y a Rubén Alemán nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Milena Mayorga fue elegida como diputada por el partido ARENA en 2018, del que se desligó para declararse independiente.
De acuerdo con el mandatario, la nueva designada “podrá servirle al país increíblemente, sobre todo en la Embajada de nuestro socio más importante en el mundo”.
Bukele hizo estos anuncios durante una cadena nacional, en la que también anunció la desclasificación de archivos militares sobre la masacre de El Mozote.
Ante esto, el polémico periodista y analista político Paolo Lüers, lanzó duras críticas hacia Milena Mayorga, a través de su cuenta oficial de Twitter.
“Dejar la embajada en Washington acéfala durante 15 meses para luego darla como recompensa a una tránsfuga sin la más mínima calificación es una ofensa a Estados Unidos”, expresó Lüers.
Y es que a juicio de Lüers, Mayorga no tiene la capacidad para desempeñar el cargo y todo se trata más bien de un premio por haber renunciado al partido ARENA, con el cual llegó a la Asamblea Legislativa como diputada propietaria.
Sin embargo, el controversial periodista omite mencionar que en reiteradas ocasiones la nueva embajadora ante Washington, ha denunciado que el partido ARENA está secuestrado por los grupos empresariales del país, anteponiendo los intereses de ese sector, sobre los del pueblo salvadoreño.
Y es que precisamente esa fue la razón que obligó a Milena Mayorga a renunciar al partido de derecha. “No puedo anteponer mis interese personales al interés de los ciudadanos. No puedo ser cómplice de la corrupción que se está manifestando dentro de ARENA”, dijo Mayorga tras presentar su renuncia.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
