Judicial
Señalan pésima actuación de FGR en supuesto caso de corrupción de Roberto Rubio y Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds
La Fiscalía General de la República (FGR), de nuevo, es blanco de críticas por su cuestionable accionar en sonados casos de corrupción donde se involucra a expresidentes de la República y a personajes como el economista Roberto Rubio, director de FUNDE, y al abogado Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds, este último vinculado a la irregular venta de tierras de la Finca El Espino y al manejo de acciones de la Central Hidroeléctrica (CEL) y LaGeo.
Desde el 2017, Rubio ha sido señalado de recibir sobresueldos durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009).
Según la denuncia interpuesta en aquel momento por el entonces bloguero Alejandro Muyshondt, Rubio habría recibido $4,600 de la «partida secreta» y sería uno de los 10 exfuncionarios de Saca que se habrían beneficiado con dinero público de forma irregular.
De acuerdo con el proceso judicial en contra de Saca, el entonces asistente de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Pablo Gómez, se habría ocupado de entregar dinero de la «partida secreta» para pagar favores a personajes como Rubio, Eduardo Zablah Touché, Eduardo Cálix, David Escobar Galindo, Rubén Rochi y Jorge Nieto.
Según unos recibos divulgados en 2017 por Muyshondt, los sobresueldos iban desde los $4,600 (como el caso de Roberto Rubio) hasta los $17,800 que era lo que supuestamente recibía el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto.
Hay recibos firmados por los sobresueldos recibidos, pero lo más grave es que ya pasaron tres años desde la denuncia de corrupción por los sobresueldos y aún no se procede contra buena parte de la red de corrupción.
Recientemente, se publicó en Medios de Comunicación digitales que la FGR tiene un expediente abierto en contra del economista Rubio, que es identificado como el caso 20-UIF-2017, evidenciando que se han hecho alguna indagaciones por caso de corrupción.
Se acota que se investiga a Rubio porque «recibió varios millones de dólares de la partida secreta» y ese dinero fue «ingresado a cuentas de FUNDE y a otras empresas relacionadas al caso».
Se destaca en las publicaciones el lento proceso fiscal realizado y se alerta que solo falta un año para que el caso se de por cerrado, es decir, ya no se perseguiría a Rubio ni a los otros señalados.
¿Por qué la FGR no ha procedido contra quienes recibieron sobresueldos? ¿Qué validez se dio a los recibos que presentó Alejandro Muyshondt en 2017 donde están las firmas de quienes recibían los sobresueldos? ¿Por qué la FGR no actúa de forma diligente?
El otro señalado
El nombre del abogado Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds ha sonado fuerte en los últimos años, sobre todo, por su supuesta vinculación a actos de corrupción.
Córdova Hinds ha sido identificado como abogado de la familia Dueñas, propietaria de una parte de la Finca El Espino.
La familia, por supuesto el abogado, han defendido que El Espino sea explotado económicamente, mediante la construcción de exclusivas residenciales.
En una publicación de septiembre 2010 de El Faro, el abogado niega irregularidades en la venta de El Espino, tal como señalan los miembros de la cooperativa del lugar.
En la publicación se le cuestiona sobre la pérdida de cientos de manzanas de terreno y, aunque al principio lo niega, termina aceptando que del patrimonio original de la finca solo sobrevive un pequeño porcentaje.
El Faro expone que de 660 manzanas de terreno solo quedan unas 127 manzanas.
Por este caso, el abogado es implicado en participar en una empresa identificada como Arcona, donde el 70% de acciones pertenecen al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano.
Este último, Manzano, también es vinculado al abogado Córdova Hinds, en otra empresa que se ocuparía de tareas agrícolas, pero en la práctica realizó trandacciones financieras ligadas a la compra-venta de terrenos que se usarían para la construcción de rellenos sanitarios. Esta empresa ha sido identificada como «Roda S.A. de C.V.»
Ahora bien, en 2013 el nombre de Córdova Hinds vuelve a sonar. Esta vez por su contratación como parte de una operación de la Compañía Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en relación a la participación accionaria de LaGeo.
La participación de Córdova Hinds es avalada por el entonces presidente de la autónoma, José Leopoldo Samour Gómez, quien el año pasado (2019) fue enviado a prisión por el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador por el caso de la represa El Chaparral, donde se vincula directamente al expresidente de la República y asilado político en Nicaragua, Mauricio Funes.
¿Qué falta para que la FGR procese judicialmente a este tipo de personajes que, solo siguiendo el rastro de publicaciones en Medios de Comunicación, evidencian el papel de negociadores, mediadores, posibles prestanombres, sobre todo, por el papel determinante que han jugado en gobiernos anteriores al momento de tomar deciones clave en el manejo de dinero y construcción de obras públicas?
¿Por qué esos personajes pueden moverse tan libremente de una entidad a otra, de abogado de la familia Dueñas a representante de CEL, sin que ello despierte alguna sospecha de que algo oscuro está pasando?
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
