Judicial
Denuncian a Wil Walter Ruiz y Douglas Meléndez por omisión de la investigación al no enjuiciar a E. Muyshondt por financiar pandillas y avisan al TSE
El abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de República (FGR) contra el exjefe fiscal Wil Walter Ruiz y su primo el exfiscal general Douglas Meléndez, ya que pese a la extensa prueba contra el alcalde Ernesto Muyshondt omitieron llevarlo ante los tribunales por financiar a dichos grupos terroristas y pagar millones de dólares por comprar votos.
Los posibles delitos que según el abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño podrían haber cometido los señalados son incumplimiento de deberes y omisión de la investigación, ya que pasaron por alto los videos en el juicio conocido como “Tregua entre pandillas”, donde se observa a Ernesto Muyshondt reunido con pandilleros, negociando y entregado dinero a los cabecillas de pandillas.
Tanto Wil Walter Ruiz como el entonces fiscal General Douglas Meléndez pasaron por alto la indicación directa del juez Especializado “A” de Sentencia, que los mandó a investigar a otros implicados en el caso de la tregua entre pandillas por entregar dinero para la campaña para las elecciones presidenciales de 2014, de lo cual se documentó ampliamente en los distintos medios de comunicación.
El exjefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz, y el extitular del ministerio público, Douglas Meléndez, obviaron los videos que la misma FGR presentó como evidencia de cargo en el juicio “Tregua entre Pandillas”, donde se incrimina a Ernesto Muyshondt, ignorando una indicación del citado juez especializado.
De forma paralela, el abogado Sergio Ernesto Potillo Toruño presentó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un escrito demandando que se declare la nulidad de la candidatura de Ernesto Muyshondt, ya que carece de la honradez y moralidad notorias, que constitucionalmente son requisitos para optar a un cargo de elección popular.
Del mismo modo se entregó otro escrito a la fiscal electoral para que se proceda en concordancia con la jurisprudencia ya existente en el país, sobre estos casos donde se argumenta la carencia de requisitos como la honradez y moralidad notorias.
El profesional del derecho espera que los magistrados del TSE actúen en concordancia con la más reciente medida cautelar, dictada por la Sala de lo Constitucional, que dejó fuera de la contienda a Walter Araujo por tener abierto un proceso judicial.
En el caso contra Ernesto Muyshondt hay dos razones para anular su candidatura, ya que en el juzgado 2° de Instrucción se le procesa por fraude electoral por entregar dinero a cambio de votos a los pandilleros y en el tribunal 8° de Instrucción hay un juicio en desarrollo, por no pagar las retenciones salariales a los trabajadores de la alcaldía de San Salvador.
Ante los hechos expuestos, el abogado Sergio Ernesto portillo Toruño espera que en lo inmediato los magistrados del TSE anulen la candidatura de Ernesto Muyshondt porque no tiene la moralidad y honradez notorias, y la FGR inicie las investigaciones contra Wil Walter Ruiz y su primo Douglas Meléndez, por omisión de la investigación e incumplimiento de deberes.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
