Judicial
Capturan a mujer que se peleó con una joven por no cederle el asiento de la ruta 11-C
Una de las mujeres que protagonizó la viral pelea dentro de un microbús de la ruta 11-C fue detenida, la tarde de este jueves, así lo informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Oficiales identificaron a la mujer como Violeta Yamileth Alvarado, quien fue capturada en el departamento de San Salvador.
“El 18 de enero circuló un video en redes sociales, en el que se ve a una mujer agrediendo a una joven porque no le cedió el asiento en un microbús de la ruta 11-C”, dijo la PNC tras el arresto.
Asimismo, sin detallar el delito, autoridades policiales manifestaron que Alvarado “responderá ante la justicia”.
Por otro lado, la Policía no indicó si la otra mujer involucrada en el video también será procesada, pues en el clip se escucha decir a Alvarado que la joven estudiante también la agredió físicamente.
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Un peligroso pandillero sonrió al escuchar su condena a ocho años de cárcel por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación en perjuicio de una víctima protegida, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), en las últimas horas.
Se trata de Juan Carlos Salguero Sermeño, quien fue arrestado el año pasado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El informe precisó que, el primero de abril de 2022, Sermeño se acercó a la víctima cuando esta llegaba del trabajo y le dijo que ya no querían verlo en la zona porque lo matarían. Sin embargo, la víctima ingresó rápidamente a su vivienda.
Instantes después, Sermeño y otros miembros de una estructura terrorista tocaron la puerta, exigiéndole que saliera. La víctima escuchó que los sujetos estaban en el techo de su vivienda, por lo que llamó al sistema de emergencia 911 de la PNC y cinco minutos después los sujetos huyeron.
Al llegar los agentes policiales, auxiliaron a la víctima, quien abandonó su vivienda dejando en ella sus pertenencias. El 22 de agosto de ese mismo año, Sermeño fue detenido mediante una orden administrativa después de que la víctima lo reconoció en fotografías.
Finalmente, tras el desfile de pruebas, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Juan Carlos Salguero Sermeño a 08 años de prisión por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
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El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó el jueves 25 de mayo a Aurelio Wilfredo Vásquez a 12 años de prisión por robar a clientes de bancos. Vásquez fue condenado a 10 años por robo agravado en perjuicio de dos víctimas y dos años más por agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía determinó que Vásquez formaba parte de una estructura criminal dedicada al robo contra clientes de bancos. La banda delinquía en San Miguel, La Unión, Santa Ana y Chalatenango.
Los delincuentes visitaban las agencias bancarias para identificar a las personas que hacían retiros de grandes sumas de dinero. Luego las seguían y en la vía pública les robaban. En ocasiones las seguían hasta sus casas.
La estructura fue investigada desde el 2015 y se desarticuló en el 2018. Vásquez fue el líder de una célula de esa estructura y se encargaba de manejar los vehículos para seguir a las víctimas y después robarles.
Vásquez ya está purgando una pena de 10 años por violación, mientras que los otros miembros de la banda ya fueron condenados en otros juzgados.
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El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador se desarrolla la audiencia de vista pública en contra de Sandra Jeaneth Monterrosa y Wilson Oswaldo Anaya acusados de los delitos de trata de personas agravada en modalidad de servidumbre, trabajo forzado y esclavitud.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos por los cuales Monterrosa y Anaya son señalados ocurrieron en Mejicanos entre los años 2013 hasta abril de 2021 cuando obligaron a cuatro víctimas a realizar trabajos domésticos sin remuneración. Las víctimas lograron escapar.
La institución reveló que las víctimas también eran obligadas por los imputados a vender mercadería en las calles y si no cumplían con lo ordenado por la pareja les aplicaban severos castigos físicos.
Según fuentes fiscales, las víctimas «trabajaban para los imputados, pero eran sometidas a trabajos forzados, es decir, sin ningún tipo de remuneración y los obligaban a ejecutar todo tipo de trabajos y si no los realizaban correcta a criterio de ellos los golpeaban y sometían, los maltrataban física y psicológicamente con golpes extremos».
La misma fuente agregó que las víctimas estaban «sometidas en la vivienda y no las dejaban salir».
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