Judicial
Cámara niega petición a exsecretario de Saca y reitera que debe devolver más de $400,000 al Estado
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador denegó la petición de los abogados del exsecretario de la Presidencia, Carlos Antonio Rosales Franco, para declarar caducidad de la acción civil en su contra por presunto enriquecimiento ilícito por $481,984, y que según la Fiscalía General de la República (FGR) tienen que ser devueltos al Estado.
Rosales Franco desempeñó su cargo durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009, y según señalamientos de fiscales de la Unidad de Delitos contra la Corrupción, fueron detectadas irregularidades en el incremento de su patrimonio que no pudieron justificar, las cuales incluyeron las cuentas de su esposa Ana Leonor Morales Luna.
La Cámara dio a conocer su respuesta, este miércoles, durante la realización de una audiencia especial a la que fueron convocadas tanto la Fiscalía como los defensores de Rosales Franco.
«En su oportunidad lo demandamos por 15 irregularidades, 13 fueron por la cantidad de $467,794 en razón de que no pudo justificar el origen de depósitos en efectivo en cuentas de ahorro y cuentas corrientes», explicó uno de os fiscales sobre los señalamientos. Las dos irregularidades restantes fueron en el caso de la esposa del exfuncionario por la suma de $14,189.
«Los abogados [de Rosales Franco] alegaron caducidad de la acción civil respecto a este proceso. Hemos escuchado el adelanto del fallo y nos anunciaron que la declaran sin lugar la petición de los defensores y en su momento van a formalizar la resolución con todos los fundamentos y argumentos por los cuales se les declara sin lugar, lo que significa que el proceso continúa», agregó el fiscal del caso.
La Fiscalía estará a la espera de la fecha en que se va a realizar la audiencia probatoria.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
