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#DenunciaCiudadana ISSS niega tratamiento a una paciente renal debido a supuesto “capricho” de funcionarios
Una paciente renal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunció que algunos funcionarios de la institución le niegan el derecho de recibir tratamiento médico debido a un posible “capricho”, es decir, por una decisión supuestamente arbitraria, “sin justificación” de los responsables del área de Nefrología y de la dirección general del Hospital Médico Quirúrgico (MQ).
Mónica Alejandra Trujillo Contreras, de 34 años, fue diagnosticada de insuficiencia renal en octubre 2015 y aproximadamente un año después debió recibir hemodiálisis, como parte de su tratamiento. Acudía a la Unidad de Nefrología del MQ para recibir asistencia.
Al igual que a otros pacientes, se le colocó un catéter para drenar su sangre, limpiarla y ésta ya depurada -e introducida de nuevo a su torrente sanguíneo- hacía posible el buen funcionamiento de su organismo.
Los primeros meses en Nefrología marcharon bien: al menos dos veces a la semana, Mónica Alejandra era conectada a alguna de las 20 máquinas de “dialización” del Médico Quirúrgico y generalmente acudía a las jornadas de atención matutinas.
Desde el cáteter colocado en una vena a la altura de su pecho (al lado opuesto de su corazón) se realizaron las hemodálisis sin mayores problemas, pese a que siempre hay detalles como esperar a que concluya la atención de otro paciente o porque las máquinas no dan abasto, sobre todo, cuando alguna registra problemas de funcionamiento. Sin embargo, todo marchaba relativamente bien, asegura.
En diciembre 2017, Mónica Alejandra recibe la noticia que debían cambiarle el catéter del pecho por otro llamado “peritoneal”, el cual se coloca en el abdomen y ella recuerda que debían ubicarlo al lado izquierdo de su ombligo.
Hasta hoy se pregunta por qué decidieron cambiarle el catéter, si el suyo (de material rígido) le había dado buenos resultados, a excepción de una sola vez que se tapó.
En cambio, le proponen el “peritoneal” que es de material flexible, registra mayores complicaciones (se obstruye con regularidad) y lo peor -asegura- le recuerda el caso de un paciente que perdió la vida supuestamente porque no le funcionó bien ese tipo de materiales.
Según Mónica, tras esa decisión se esconden varias razones: una, y la más riesgosa para los pacientes renales, es que los catéteres peritoneales son más baratos pero inseguros; además, sostiene, en el ISSS se ha tomado la decisión de sustituir medicamentos siempre con la intención de bajar costos, lo que también pone en riesgo su vida y la de otros pacientes.
“Ese catéter no funciona bien, da problemas. Además, nos están dando medicina descontinuada”, sostuvo.
Pese a la desconfianza que le provoca el catéter “peritoneal”, la joven decidió someterse a cirugía para que le fuera colocado uno de estos. En tres ocasiones (en fechas distintas) llegó al ISSS para ser intervenida y por “no reunir las condiciones” necesarias, sobre todo por su frágil salud, no fue admitida por el cirujano.
Algunos miembros de Nefrología la señalan como responsable de no colaborar con el cambio de catéter, un requisito que consideran imprescindible si es que desea seguir con los tratamientos de hemodiálisis.
Una fecha terrible: 5 de marzo
El pasado 5 de marzo se complicó todo para Mónica Alejandra. Luego de fallidas tres operaciones para cambiarle el catéter, recibió la terrible noticia que ya no recibiría hemodiálisis en el Seguro Social.
“Me han quitado los cupos desde el 5 de marzo”, sostiene la joven, quien en compañía de su madre, Concepción Castellanos, han debido rebuscar soluciones, no sin antes denunciar dentro del ISSS, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que ocurre.
“Actúan de manera negligente y le quitaron los cupos… la directora del MQ le negó el tratamiento. Llegábamos desde las 5:00 de la mañana para ver el cupo, eran las 10:00 de la noche y nada”, expuso doña Concepción, quien ha debido cubrir por cuenta propia las hemodiálisis para su hija.
Una factura comercial comprueba que 1 hemodiálisis cuesta $125. Mónica Alejandra recibía al menos dos tratamientos semanales en el ISSS para garantizar la limpieza de su sangre, pero el alto costo de la atención en el sector privado la obliga a practicarse solo uno a la semana: “esto pone en riesgo la vida de mi hija”, advierte doña Concepción.
Mónica y su madre aseguran que en este problema -de suspender las hemodiálisis- están involucrados varios funcionarios del ISSS: señalan a la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; a la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro, y, por supuesto, a la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.
“No le dan cupos, no la transfieren; insisten en la operación, pero no le dan la opción de cirugía”, se queja la madre.
“Están poniendo en riesgo la vida de la paciente”
Don Omar Vásquez es paciente renal del ISSS y presidente de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL).
Conoce muy bien el caso de Mónica Alejandra y acuerpa la idea de que a la joven le niegan las hemodiálisis por “capricho” de las autoridades del Seguro Social.
“Por ley quieren (las autoridades del ISSS) que se ponga el tercer catéter blando, y como modo de presión, porque no acepta el tercer catéter, le quitaron los tratamientos”, sostuvo don Omar.
“En este mes y medio (desde el pasado 5 de marzo) ella paga, de alguna manera sus hemodiálisis privadas… pero con esto están poniendo en riesgo la vida de la paciente… y ellos tienen la obligación de respetar el derecho al consentimiento informado de los pacientes”, añadió el presidente de APREDESAL.
Don Omar explicó que dentro del Seguro hay una política de ahorro que se ha vuelto una imposición para los usuarios. Según él, Mónica -al igual que otros pacientes- deben aceptar el catéter blando para sí pasar del tratamiento de hemodiálisis a diálisis ambulatoria, lo que reduce los costos y las atenciones en el ISSS. Sin embargo, reclama que se haga con base en “evidencias científicas” y no por una imposición institucional.
“Cuando hay criterio médico válido porque el paciente no puede estar en hemodiálisis, entonces que lo pasen a diálisis, no estamos contra eso, pero que sea con criterios válidos… Lo que si no aceptamos es que por caprichos que ellos manejan, que porque es una norma institucional, eso no lo aceptamos ni lo permitimos”, agregó.
Don Omar respalda que el “capricho” de no atender a Mónica es responsabilidad directa de la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; de la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro y, por supuesto, de la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.
A este grupo de funcionarios añade al jefe del Departamento de Medicina Interna del ISSS, Otto Iván Meléndez Rivas, quien se ha negado a escuchar las quejas de los pacientes.
Don Omar sabe muy bien cuán “difíciles” e “incómodos” son los tratamientos por problemas renales, a lo que debe sumarse el “maltrato” que reciben en el Seguro Social.
“Qué difícil es estar luchando por sobrevivir con tratamientos incómodos, dolorosos, y también es difícil soportar el mal humor de las enfermeras y del personal del Seguro, y ahora es más porque todavía tenemos que luchar por ellos (los tratamientos), para que nos los den”.
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Costo de hemodiálisis en centro privado.
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Denuncia en PDDH.
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Denuncia (amparo) en la CSJ.
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.
Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.
Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.
«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.
Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».
Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.
«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.
Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.
