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#DenunciaCiudadana ISSS niega tratamiento a una paciente renal debido a supuesto “capricho” de funcionarios

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Una paciente renal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunció que algunos funcionarios de la institución le niegan el derecho de recibir tratamiento médico debido a un posible “capricho”, es decir, por una decisión supuestamente arbitraria, “sin justificación” de los responsables del área de Nefrología y de la dirección general del Hospital Médico Quirúrgico (MQ).

Mónica Alejandra Trujillo Contreras, de 34 años, fue diagnosticada de insuficiencia renal en octubre 2015 y aproximadamente un año después debió recibir hemodiálisis, como parte de su tratamiento. Acudía a la Unidad de Nefrología del MQ para recibir asistencia.

Al igual que a otros pacientes, se le colocó un catéter para drenar su sangre, limpiarla y ésta ya depurada -e introducida de nuevo a su torrente sanguíneo- hacía posible el buen funcionamiento de su organismo.

Los primeros meses en Nefrología marcharon bien: al menos dos veces a la semana, Mónica Alejandra era conectada a alguna de las 20 máquinas de “dialización” del Médico Quirúrgico y generalmente acudía a las jornadas de atención matutinas.

Desde el cáteter colocado en una vena a la altura de su pecho (al lado opuesto de su corazón) se realizaron las hemodálisis sin mayores problemas, pese a que siempre hay detalles como esperar a que concluya la atención de otro paciente o porque las máquinas no dan abasto, sobre todo, cuando alguna registra problemas de funcionamiento. Sin embargo, todo marchaba relativamente bien, asegura.

En diciembre 2017, Mónica Alejandra recibe la noticia que debían cambiarle el catéter del pecho por otro llamado “peritoneal”, el cual se coloca en el abdomen y ella recuerda que debían ubicarlo al lado izquierdo de su ombligo.

Hasta hoy se pregunta por qué decidieron cambiarle el catéter, si el suyo (de material rígido) le había dado buenos resultados, a excepción de una sola vez que se tapó.

En cambio, le proponen el “peritoneal” que es de material flexible, registra mayores complicaciones (se obstruye con regularidad) y lo peor -asegura- le recuerda el caso de un paciente que perdió la vida supuestamente porque no le funcionó bien ese tipo de materiales.

Según Mónica, tras esa decisión se esconden varias razones: una, y la más riesgosa para los pacientes renales, es que los catéteres peritoneales son más baratos pero inseguros; además, sostiene, en el ISSS se ha tomado la decisión de sustituir medicamentos siempre con la intención de bajar costos, lo que también pone en riesgo su vida y la de otros pacientes.

“Ese catéter no funciona bien, da problemas. Además, nos están dando medicina descontinuada”, sostuvo.

Pese a la desconfianza que le provoca el catéter “peritoneal”, la joven decidió someterse a cirugía para que le fuera colocado uno de estos. En tres ocasiones (en fechas distintas) llegó al ISSS para ser intervenida y por “no reunir las condiciones” necesarias, sobre todo por su frágil salud, no fue admitida por el cirujano.

Algunos miembros de Nefrología la señalan como responsable de no colaborar con el cambio de catéter, un requisito que consideran imprescindible si es que desea seguir con los tratamientos de hemodiálisis.

Una fecha terrible: 5 de marzo

El pasado 5 de marzo se complicó todo para Mónica Alejandra. Luego de fallidas tres operaciones para cambiarle el catéter, recibió la terrible noticia que ya no recibiría hemodiálisis en el Seguro Social.

“Me han quitado los cupos desde el 5 de marzo”, sostiene la joven, quien en compañía de su madre, Concepción Castellanos, han debido rebuscar soluciones, no sin antes denunciar dentro del ISSS, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que ocurre.

“Actúan de manera negligente y le quitaron los cupos… la directora del MQ le negó el tratamiento. Llegábamos desde las 5:00 de la mañana para ver el cupo, eran las 10:00 de la noche y nada”, expuso doña Concepción, quien ha debido cubrir por cuenta propia las hemodiálisis para su hija.

Una factura comercial comprueba que 1 hemodiálisis cuesta $125. Mónica Alejandra recibía al menos dos tratamientos semanales en el ISSS para garantizar la limpieza de su sangre, pero el alto costo de la atención en el sector privado la obliga a practicarse solo uno a la semana: “esto pone en riesgo la vida de mi hija”, advierte doña Concepción.

Mónica y su madre aseguran que en este problema -de suspender las hemodiálisis- están involucrados varios funcionarios del ISSS: señalan a la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; a la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro, y, por supuesto, a la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.

“No le dan cupos, no la transfieren; insisten en la operación, pero no le dan la opción de cirugía”, se queja la madre.

“Están poniendo en riesgo la vida de la paciente”

Don Omar Vásquez es paciente renal del ISSS y presidente de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL).

Conoce muy bien el caso de Mónica Alejandra y acuerpa la idea de que a la joven le niegan las hemodiálisis por “capricho” de las autoridades del Seguro Social.

“Por ley quieren (las autoridades del ISSS) que se ponga el tercer catéter blando, y como modo de presión, porque no acepta el tercer catéter, le quitaron los tratamientos”, sostuvo don Omar.

“En este mes y medio (desde el pasado 5 de marzo) ella paga, de alguna manera sus hemodiálisis privadas… pero con esto están poniendo en riesgo la vida de la paciente… y ellos tienen la obligación de respetar el derecho al consentimiento informado de los pacientes”, añadió el presidente de APREDESAL.

Don Omar explicó que dentro del Seguro hay una política de ahorro que se ha vuelto una imposición para los usuarios. Según él, Mónica -al igual que otros pacientes- deben aceptar el catéter blando para sí pasar del tratamiento de hemodiálisis a diálisis ambulatoria, lo que reduce los costos y las atenciones en el ISSS. Sin embargo, reclama que se haga con base en “evidencias científicas” y no por una imposición institucional.

“Cuando hay criterio médico válido porque el paciente no puede estar en hemodiálisis, entonces que lo pasen a diálisis, no estamos contra eso, pero que sea con criterios válidos… Lo que si no aceptamos es que por caprichos que ellos manejan, que porque es una norma institucional, eso no lo aceptamos ni lo permitimos”, agregó.

Don Omar respalda que el “capricho” de no atender a Mónica es responsabilidad directa de la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; de la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro y, por supuesto, de la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.

A este grupo de funcionarios añade al jefe del Departamento de Medicina Interna del ISSS, Otto Iván Meléndez Rivas, quien se ha negado a escuchar las quejas de los pacientes.

Don Omar sabe muy bien cuán “difíciles” e “incómodos” son los tratamientos por problemas renales, a lo que debe sumarse el “maltrato” que reciben en el Seguro Social.

“Qué difícil es estar luchando por sobrevivir con tratamientos incómodos, dolorosos, y también es difícil soportar el mal humor de las enfermeras y del personal del Seguro, y ahora es más porque todavía tenemos que luchar por ellos (los tratamientos), para que nos los den”.

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Costo de hemodiálisis en centro privado.

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Denuncia en PDDH.

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Denuncia (amparo) en la CSJ.

 

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El Salvador es uno de los países con menos casos de gusano barrenador en la región

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El Salvador continúa destacando en la región por su buena estrategia de prevención y control del gusano barrenador del ganado (GBG). De acuerdo con el boletín epidemiológico del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), correspondiente a la semana 33 (del 10 al 16 de agosto de 2025), el país reporta solo el 3.64% (4,131) de casos del total regional (113,391), posicionándose como uno de los países con menor incidencia desde Panamá hasta México.

El primer lugar en casos acumulados lo ocupa Panamá con el 46.85% (53,125), luego está Costa Rica con el 21.95% (24,896), Nicaragua está en tercer lugar con el 18.70% (21,212), seguido de México con 4.56% (5,178).

La baja incidencia en el país es gracias al esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud, el Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), organismos internacionales y, especialmente, el compromiso del sector agropecuario y de la población.

La estrategia comprende la prevención, la atención inmediata de casos sospechosos, aplicación de tratamientos larvicidas y seguimiento en campo. Entre los productos que los técnicos del MAG aplican para tratar los casos están la cipermetrina (insecticida de acción rápida), la violeta de genciana (antiséptico y cicatrizante) y el aceite de pino y citronela (repelentes naturales).

El MAG ha instalado puntos de inspección pecuaria en La Unión, Morazán y Usulután. Asimismo, lidera una campaña nacional de desparasitación, beneficiando a 51,000 animales desde el 30 de mayo hasta el 14 de agosto.

A esto se suma una intensa campaña educativa con distribución de materiales didácticos y capacitaciones, beneficiando hasta la fecha a 1,846 personas en comunidades rurales, ferias ganaderas, agroservicios y clínicas veterinarias.

El cuidado de los animales es responsabilidad de todos

Del total de casos reportados en el país, el 56.69% es en caninos, el 34.37% en bovinos, el 4.50% en felinos y en menor porcentaje las demás especies. Los departamentos con mayor incidencia son: San Salvador (1,089), Morazán (592), La Libertad (571), San Miguel (472), mientras que, los de menor incidencia son Ahuachapán (34) y Cabañas (29).

Debido a la data anterior, las acciones de prevención y contención que desarrolla el MAG son estratégicas, pues según la cartera de Estado del diciembre de 2024 al 16 de agosto de 2025 se registran 10,430 atenciones en actividades de vigilancia epidemiológica y medidas de prevención del GBG, de las cuales 1,805 se reportan en Morazán, 1,589 en La Unión, 1,362 en San Salvador, 1,358 en San Miguel, 793 en La Libertad y el resto en los demás departamentos.

Para fortalecer la respuesta nacional, el Gobierno ha destinado $700,000 del Fondo General, $146,335 del Fondo Extraordinario Regional del OIRSA y $353,350 provenientes del USDA para vigilancia epidemiológica (julio 2024 – julio 2025).

La población debe continuar con las medidas de cuidado animal y reportar cualquier caso sospechoso al Call Center 912, disponible para denuncias y solicitudes de asistencia técnica.

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Incendio consume vivienda en Ahuachapán; no se reportan víctimas

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Una vivienda quedó completamente destruida por un incendio la mañana de este miércoles 3 de septiembre en Ahuachapán, informó el Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES).

Según las autoridades, se trató de un incendio estructural que consumió por completo la casa, construida con lámina y madera, ubicada en la lotificación de la colonia Magaña, en Ahuachapán Centro.

Bomberos realizaron labores de remoción de escombros y refrescaron la zona para evitar la propagación de las llamas. No se reportaron personas fallecidas ni lesionadas.

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Accidente en San Miguel deja dos personas fallecidas

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Dos personas fallecieron la madrugada de este miércoles en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conduce al distrito de El Delirio, cerca del desvío al caserío Cantora, en San Miguel.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), un camión de volteo impactó contra el vehículo sedán en el que se transportaban las víctimas.

Socorristas de Cruz Verde confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales al momento de su llegada. Elementos del Cuerpo de Bomberos participaron en las labores de recuperación de los cuerpos, que quedaron atrapados entre los hierros del automóvil.

La PNC inició las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y deducir responsabilidades.

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