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#DenunciaCiudadana ISSS niega tratamiento a una paciente renal debido a supuesto “capricho” de funcionarios
Una paciente renal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunció que algunos funcionarios de la institución le niegan el derecho de recibir tratamiento médico debido a un posible “capricho”, es decir, por una decisión supuestamente arbitraria, “sin justificación” de los responsables del área de Nefrología y de la dirección general del Hospital Médico Quirúrgico (MQ).
Mónica Alejandra Trujillo Contreras, de 34 años, fue diagnosticada de insuficiencia renal en octubre 2015 y aproximadamente un año después debió recibir hemodiálisis, como parte de su tratamiento. Acudía a la Unidad de Nefrología del MQ para recibir asistencia.
Al igual que a otros pacientes, se le colocó un catéter para drenar su sangre, limpiarla y ésta ya depurada -e introducida de nuevo a su torrente sanguíneo- hacía posible el buen funcionamiento de su organismo.
Los primeros meses en Nefrología marcharon bien: al menos dos veces a la semana, Mónica Alejandra era conectada a alguna de las 20 máquinas de “dialización” del Médico Quirúrgico y generalmente acudía a las jornadas de atención matutinas.
Desde el cáteter colocado en una vena a la altura de su pecho (al lado opuesto de su corazón) se realizaron las hemodálisis sin mayores problemas, pese a que siempre hay detalles como esperar a que concluya la atención de otro paciente o porque las máquinas no dan abasto, sobre todo, cuando alguna registra problemas de funcionamiento. Sin embargo, todo marchaba relativamente bien, asegura.
En diciembre 2017, Mónica Alejandra recibe la noticia que debían cambiarle el catéter del pecho por otro llamado “peritoneal”, el cual se coloca en el abdomen y ella recuerda que debían ubicarlo al lado izquierdo de su ombligo.
Hasta hoy se pregunta por qué decidieron cambiarle el catéter, si el suyo (de material rígido) le había dado buenos resultados, a excepción de una sola vez que se tapó.
En cambio, le proponen el “peritoneal” que es de material flexible, registra mayores complicaciones (se obstruye con regularidad) y lo peor -asegura- le recuerda el caso de un paciente que perdió la vida supuestamente porque no le funcionó bien ese tipo de materiales.
Según Mónica, tras esa decisión se esconden varias razones: una, y la más riesgosa para los pacientes renales, es que los catéteres peritoneales son más baratos pero inseguros; además, sostiene, en el ISSS se ha tomado la decisión de sustituir medicamentos siempre con la intención de bajar costos, lo que también pone en riesgo su vida y la de otros pacientes.
“Ese catéter no funciona bien, da problemas. Además, nos están dando medicina descontinuada”, sostuvo.
Pese a la desconfianza que le provoca el catéter “peritoneal”, la joven decidió someterse a cirugía para que le fuera colocado uno de estos. En tres ocasiones (en fechas distintas) llegó al ISSS para ser intervenida y por “no reunir las condiciones” necesarias, sobre todo por su frágil salud, no fue admitida por el cirujano.
Algunos miembros de Nefrología la señalan como responsable de no colaborar con el cambio de catéter, un requisito que consideran imprescindible si es que desea seguir con los tratamientos de hemodiálisis.
Una fecha terrible: 5 de marzo
El pasado 5 de marzo se complicó todo para Mónica Alejandra. Luego de fallidas tres operaciones para cambiarle el catéter, recibió la terrible noticia que ya no recibiría hemodiálisis en el Seguro Social.
“Me han quitado los cupos desde el 5 de marzo”, sostiene la joven, quien en compañía de su madre, Concepción Castellanos, han debido rebuscar soluciones, no sin antes denunciar dentro del ISSS, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que ocurre.
“Actúan de manera negligente y le quitaron los cupos… la directora del MQ le negó el tratamiento. Llegábamos desde las 5:00 de la mañana para ver el cupo, eran las 10:00 de la noche y nada”, expuso doña Concepción, quien ha debido cubrir por cuenta propia las hemodiálisis para su hija.
Una factura comercial comprueba que 1 hemodiálisis cuesta $125. Mónica Alejandra recibía al menos dos tratamientos semanales en el ISSS para garantizar la limpieza de su sangre, pero el alto costo de la atención en el sector privado la obliga a practicarse solo uno a la semana: “esto pone en riesgo la vida de mi hija”, advierte doña Concepción.
Mónica y su madre aseguran que en este problema -de suspender las hemodiálisis- están involucrados varios funcionarios del ISSS: señalan a la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; a la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro, y, por supuesto, a la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.
“No le dan cupos, no la transfieren; insisten en la operación, pero no le dan la opción de cirugía”, se queja la madre.
“Están poniendo en riesgo la vida de la paciente”
Don Omar Vásquez es paciente renal del ISSS y presidente de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (APREDESAL).
Conoce muy bien el caso de Mónica Alejandra y acuerpa la idea de que a la joven le niegan las hemodiálisis por “capricho” de las autoridades del Seguro Social.
“Por ley quieren (las autoridades del ISSS) que se ponga el tercer catéter blando, y como modo de presión, porque no acepta el tercer catéter, le quitaron los tratamientos”, sostuvo don Omar.
“En este mes y medio (desde el pasado 5 de marzo) ella paga, de alguna manera sus hemodiálisis privadas… pero con esto están poniendo en riesgo la vida de la paciente… y ellos tienen la obligación de respetar el derecho al consentimiento informado de los pacientes”, añadió el presidente de APREDESAL.
Don Omar explicó que dentro del Seguro hay una política de ahorro que se ha vuelto una imposición para los usuarios. Según él, Mónica -al igual que otros pacientes- deben aceptar el catéter blando para sí pasar del tratamiento de hemodiálisis a diálisis ambulatoria, lo que reduce los costos y las atenciones en el ISSS. Sin embargo, reclama que se haga con base en “evidencias científicas” y no por una imposición institucional.
“Cuando hay criterio médico válido porque el paciente no puede estar en hemodiálisis, entonces que lo pasen a diálisis, no estamos contra eso, pero que sea con criterios válidos… Lo que si no aceptamos es que por caprichos que ellos manejan, que porque es una norma institucional, eso no lo aceptamos ni lo permitimos”, agregó.
Don Omar respalda que el “capricho” de no atender a Mónica es responsabilidad directa de la jefe de Nefrología, Ana Luisa Navas; de la jefa de enfermeras, Jenny Alfaro y, por supuesto, de la directora del Médico Quirúrgico (MQ), Margarita Leonor Linares de Cruz.
A este grupo de funcionarios añade al jefe del Departamento de Medicina Interna del ISSS, Otto Iván Meléndez Rivas, quien se ha negado a escuchar las quejas de los pacientes.
Don Omar sabe muy bien cuán “difíciles” e “incómodos” son los tratamientos por problemas renales, a lo que debe sumarse el “maltrato” que reciben en el Seguro Social.
“Qué difícil es estar luchando por sobrevivir con tratamientos incómodos, dolorosos, y también es difícil soportar el mal humor de las enfermeras y del personal del Seguro, y ahora es más porque todavía tenemos que luchar por ellos (los tratamientos), para que nos los den”.
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Costo de hemodiálisis en centro privado.
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Denuncia en PDDH.
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Denuncia (amparo) en la CSJ.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó escrituras de propiedad a familias de 21 lotificaciones, de diferentes puntos de El Salvador, quienes fueron estafadas por la corporación Argoz.
De acuerdo con las autoridades son 137 escrituras de propiedad entregadas estregadas este día, lo que garantiza la seguridad jurídica de los afectados por la Corporación Argoz S.A. de C.V.
«Hoy se están legalizando 137 lotes, en beneficio de familias que, incluso han esperado hasta 43 años por este documento», detalló la funcionaria.
Con la entrega de estas escrituras, el Ministerio de Vivienda recupera aproximadamente $1.4 millones en favor de las familias.
«Las familias beneficiadas provienen de 21 lotificaciones, ubicadas en 7 departamentos del país, y con esta entrega se está devolviendo un monto aproximado de $1.4 millones», destacó la ministra durante la entrega de escrituras.
Las familias beneficiadas residen en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Usulután y La Unión.
«Le doy gracias a Dios y al presidente Nayi Bukele. Antes todo era difícil, pero ahora vemos un cambio y eso nos llena de alegría. Me voy con una gran felicidad en el corazón por lo que estamos viviendo», dijo Lila Elvira Cuadra, residente de Santa María Portezuelo, Santa Ana.
Este martes, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez y el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, supervisaron las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Guastena, en Chalatenango. Esta nueva vía se construye mediante una inversión de $4.33 millones.
El nuevo puente que conectará a los distritos de Concepción Quezaltepeque con Comalapa, en Chalatenango, beneficiará al paso de cerca de 1,964 vehículos y un tránsito promedio diario de 1,081 conductores en la zona.
Las autoridades informaron que el puente cuenta con un 58.06 % de avance y que la estructura será una moderna estructura de dos claros de 32.5 metros cada uno, con apoyo central. Su superestructura estará conformada por vigas de concreto postensado y contará con una subestructura de concreto reforzado, diseñada para brindar mayor seguridad, durabilidad y protección a las fundaciones.
«Para mí es una alegría la construcción de este puente, por muchos años yo visitaba a mi familia y tenía el temor que al regreso no pudiera pasar porque el río crecía cuando llovía muy fuerte. Ahora gracias a Dios y a nuestro presidente Bukele ya se está ejecutando este proyecto», expresó Ana de Fuentes, profesora del Centro Escolar Concepción Quezaltepeque.
La construcción del puente sobre el río Guastena también incluye obras complementarias como drenajes laterales, iluminación solar, señalización vertical y horizontal, dispositivos de seguridad vial, ciclovía y la colocación de carpeta asfáltica en caliente, garantizando condiciones óptimas de circulación y mayor seguridad para los usuarios.
El distrito de Concepción Quezaltepeque es reconocido desde hace 145 años como «la cuna de las hamacas», cuya producción ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de El Salvador. Este proyecto fortalece la conectividad y potencial de desarrollo económico, turístico y cultural de la zona. En esta ruta se ubican importantes atractivos como la cascada El Saltón, además de restaurantes, balnearios y el centro escolar del cantón El Pepeto.
Durante la supervisión por parte de las autoridades se desarrolló una de las actividades más importantes del proyecto: el colado de 130 metros cúbicos de concreto en la losa del puente, correspondiente al claro 1 entre el estribo 1 y la pila central.
Las autoridades prevén que, durante la temporada de lluvias, colapsará uno de los estribos del antiguo puente, afectando la conectividad de la zona. Sin embargo, en el lugar se ha edificado una estructura provisional compuesta por una bóveda metálica doble tipo super-span y un puente metálico de un solo carril, lo que ha permitido mantener el paso vehicular mientras se desarrolla la obra definitiva.
«Vamos a garantizar que en este invierno no se generen las afectaciones anteriores, tendrá una mayor área hidráulica», detalló el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Claudia Hernández, gerente del Conapina, informó que los factores de riesgo que están identificando en casos de vulneración a la niñez y adolescencia se encuentran negligencia en el cuidado, maltrato y abuso sexual. Aseguró que ahora la primera medida no es retirar a los menores del hogar, sino a los agresores.
La gerente técnica del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en la entrevista de «El Urbano News», que las principales razones por cuales reciben denuncias y avisos de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia son negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual.
«Hay varios factores de riesgo, por un lado, las mayores razones por las cuales llegan casos a las Juntas de Protección tienen que ver con negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual. Estos son los mayores factores de riesgo por los cuales estamos captando casos y restituyendo derechos», comunicó.
Indicó que también registran nuevas amenazas en el entorno de la niñez y adolescencia vinculadas a drogas, adicciones, salud mental y el mundo virtual.
«El entorno virtual puede garantizar derechos, nos puede hacer más partícipes de la vida, pero también conlleva ciertos riesgos, como imitar otros patrones, desafíos que ponen en riesgo la vida de los adolescentes, filtrar información», detalló.
En ese sentido, Hernández explicó que con base a la Ley Crecer Juntos, el Conapina mantiene diversas medidas para brindar atención a los casos de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia.
Por ejemplo, cuenta con 16 juntas de protección, ubicada una en cada departamento del país y tres solo en San Salvador. También mantienen activada 24/7 la línea 119, en la cual reciben denuncias y avisos no solo de adultos, sino también de los mismos niños.
«Contamos con manuales, protocolos, planes, mecanismos, a través de los cuales la población puede alertarnos de situaciones para activar mecanismos. Uno de ellos son las juntas de protección. Estas son instancias administrativas de protección inmediata», explicó.
Por otro lado, informó que la institución está en proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia y de conformar comités locales de derechos en todos los municipios del país.
«Estamos en un proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y la adolescencia que están en la defensa de los derechos y en las cuales van a formar parte las mismas niñas, niños y adolescentes. Son células en cada comunidad. Luego tenemos los comités locales de derechos que están en cada municipio, estamos constituyéndolo y la meta es formar este año los 44 comités locales de derechos», añadió.
