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Nacionales

Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN

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Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992. 

Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.  

Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época. 

«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.  

En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal. 

El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador. 

«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva. 

La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.  

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A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder. 

En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado. 

Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia. 

La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.

La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña. 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.

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Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.

Por: Diario El Salvador

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Nacionales

123, número de call center para denunciar a pandilleros en El Salvador

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El Ministerio de Justicia y Seguridad anunció la habilitación del número 123, con el objetivo de que los salvadoreños puedan denunciar actividades delictivas por parte de las pandillas en cualquier lugar del país.

De acuerdo con las autoridades, a través de este número telefónico, los ciudadanos podrán reportar la presencia de cabecillas, palabreros, gatilleros o cualquier colaborador de estos grupos que se encuentran en sus zonas.

«Este centro de llamadas recibirá reportes o información 7/24 de manera confidencial y anónima. Los salvadoreños podrán tener la confianza en esta nueva herramienta que se pone a disposición por parte de las autoridades», explicó el ministerio a través de un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades reportan que han capturado a más de 30 mil pandilleros, en le marco del régimen de excepción.

«Las reformas legales contra las pandillas aprobadas por la Asamblea Legislativa, contemplan la Ley de Recompensas y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo. Esta iniciativa brindará incentivos económicos a personas que proporcionen información sobre terroristas», añadió la institución.

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Gobierno lleva seguridad a comunidades y a negocios tras sacar de las calles a 32,951 pandilleros

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Durante el régimen de excepción aprobado desde el 27 de marzo en El Salvador se han registrado un total de 32,951 capturas en todo el territorio nacional.

El pasado viernes 20 de mayo se realizaron 422 capturas de terroristas en el país, según informó la Policía Nacional Civil.

Este día se reportó la detención de 15 terroristas en diferentes puntos del departamento de Cuscatlán, los cuales serán acusados por agrupaciones ilícitas, por lo cual podrían cumplir condenas de hasta 30 años de cárcel.

En la colonia Las Margaritas del municipio de Soyapango, se aprehendió a los terroristas identificados como Roberto Armando Ramos Parada, alias El Negro o Smokin y William Josué Martínez Bonilla, alias El Clipa.

El régimen de excepción ha permitido que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada trabajen de manera articulada para garantizar la seguridad de los salvadoreños. Estas acciones han permitido que el mes de mayo presente un total de 12 días con cero homicidios, de los cuales siete se contabilizan de forma consecutiva.

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Nacionales

Encuentran droga y un altar dedicado a pandillero fallecido en la Iberia

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La Fuerza Armada informó a través de su cuenta de Twitter sobre el hallazgo de un altar dedicado a un pandillero fallecido. El altar se encontraba en una champa destroyer ubicada en la colonia Iberia, de San Salvador.

«Gracias a información ciudadana, en colonia Iberia, San Salvador, ubicamos enterrados en una champa destroyer 3 kilos presuntamente de marihuana y artículos alusivos a miembro de pandilla de alto «rango» fallecido. El procedimiento fue entregado a la Policía», publicó la Fuerza Armada.

Durante la semana, las autoridades han reportado el hallazgo de al menos dos campamentos de pandilleros en Cabañas y Usulután.

Cartuchos, chalecos antibalas, máquinas para tatuar, un radio y hasta un botiquín para primeros auxilios fue parte de lo que el personal de la Fuerza Armada ubicó, el jueves, en un campamento de pandilleros situado en El Jícaro, en Ciudad Dolores, departamento de Cabañas.

Según las autoridades, en el procedimiento se incautaron 170 cartuchos calibre 7.62mm, cuatro chalecos antibalas, un radio de comunicación, siete hamacas, dos máquinas para tatuar y dos botes de tinta, además 50 yardas de plástico negro, un botiquín de primeros auxilios y una estampa de la santa muerte.

Este viernes, en un sector del departamento de Usulután, la Policía Nacional Civil (PNC) procedió al desmantelamiento de un campamento clandestino que servía como escondite y refugio de grupos de pandillas.

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El campamento fue localizado en el municipio de Jucuarán, Usulután. Durante el procedimiento, la Policía capturó a un pandillero quien fue identificado como José Ernesto López.

La Policía, además, incautó varios teléfonos celulares, un arma de fuego, dos motocicletas y varias mochilas. El detenido será acusado de los delitos de organizaciones terroristas y portación ilegal de arma de fuego.

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