Nacionales
Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN
Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.
Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.
Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época.
«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.
En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal.
El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador.
«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva.
La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder.
En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado.
Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia.
La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.
La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.
Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.
Por: Diario El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 5 de junio de 2026 finalizó sin registrar muertes violentas en El Salvador, sumando así cinco días consecutivos sin homicidios durante el mes de junio.
La institución dio a conocer el dato a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señaló que la jornada cerró con cero homicidios a nivel nacional.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el último homicidio registrado en el país ocurrió el 30 de mayo. La PNC indicó que el presunto responsable fue capturado en el distrito de Chalchuapa, en Santa Ana Oeste.
Las autoridades de seguridad señalaron que desde el 31 de mayo hasta el 5 de junio los reportes se han mantenido sin homicidios, en el marco de las labores de seguridad y despliegue territorial que desarrollan para la protección de residentes y visitantes.
Un joven de 19 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser sorprendido portando ilegalmente una pistola, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El detenido fue identificado como Jonathan Alfredo Hernández Arévalo, quien fue arrestado en flagrancia debido a que portaba el arma de fuego sin la documentación requerida. De acuerdo con las autoridades, esta conducta está contemplada en el Código Penal y es sancionada con pena de prisión.
A través de una publicación en la red social X, el ministro Villatoro señaló que la portación ilegal de armas constituye un delito y afirmó que este tipo de hechos no serán tolerados. Asimismo, indicó que las autoridades mantienen acciones para prevenir que personas armadas de forma ilegal alteren la tranquilidad de la población.
El funcionario también comparó la respuesta actual de las instituciones de seguridad con la aplicada en años anteriores y reiteró que el Gobierno mantiene una política de tolerancia cero contra la portación ilegal de armas.
Nacionales
Alejandro Gutman imparte Masterclass ADN de la Pobreza y la Cultura de Integración a los 40,000 participantes en Proceso Formativo
El Teatro Presidente resplandeció con la energía de casi 3,000 jóvenes que, distribuidos en 2 jornadas, protagonizaron el cierre espectacular de la gira que ha realizado el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, por todo el país para compartir con los 40,000 estudiantes de último año de bachillerato inscritos en Proceso Formativo.
El objetivo ha sido claro: conocer a cada uno de los participantes y motivarlos a esforzarse y continuar con sus estudios superiores, ahora que esta oportunidad es una realidad, gracias al apoyo del Presidente Nayib Bukele, quien ha hecho posible que el acceso a las universidades o escuelas técnicas deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho.
Este recorrido por varios destinos inició el 11 de marzo, con doble jornada en el Instituto Nacional Thomas Jefferson en Sonsonate, por la mañana, y el auditorio de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), en Santa Ana; en ambas, participó un promedio de 1,500 estudiantes. La gira continuó por destinos como San Miguel, Ahuachapán, Ilobasco, Soyapango, Chalatenango, la BINAES y el Gimnasio Nacional.
De la misma forma que en los encuentros anteriores, los estudiantes, padres de familia y sus maestros comparten momentos de diversión, dinámicas y mucha complicidad. También se contó con una feria de universidades, donde algunas de las casas de estudio superior y escuelas técnicas que tienen convenio con Integración presentan su oferta académica para que los jóvenes conozcan estas instituciones y dónde desarrollar su vocación profesional.
Luego de 20 encuentros, todos los inscritos en Proceso Formativo cuentan con las herramientas y el conocimiento necesarios para convertirse en protagonistas de su futuro y sumarse a los 16,000 jóvenes salvadoreños que estudian en casi 40 universidades y escuelas técnicas que ofrecen más de 307 opciones de carrera.
El 2027 se perfila como el año con la mayor cantidad de nuevos ingresos para educación superior en la historia de El Salvador. Esta es la muestra de la gran transformación cultural y educativa que ya se encuentra en marcha.
