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Nacionales

Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN

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Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992. 

Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.  

Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época. 

«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.  

En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal. 

El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador. 

«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva. 

La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.  

A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder. 

En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado. 

Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia. 

La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.

La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña. 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.

Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.

Por: Diario El Salvador

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Nacionales

Conozca las emergencias atendidas por las lluvias

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El Fondo de Conservación Vial (Fovial) publicó un informe preliminar sobre las emergencias atendidas hasta el domingo 16 de junio de 2024 a las seis de la mañana, en donde registran 181 incidentes, en diferentes puntos del país.

Según el informe, se han registrado un total de 181 incidentes en la red de carreteras Fovial y se han retirado más de 1,549.50 metros cúbicos de material de arrastre de las carreteras. El recuento indica que son 77 árboles caídos, 73 derrumbes, 9 cárcavas y 22 inundaciones.

De acuerdo con las autoridades, la mayoría de estos incidentes ocurrieron en Chalatenango, San Salvador y La Libertad, que representan el 61 % del total de emergencias.

«Todas las emergencias ya se encuentran en proceso de atención o finalizadas para mantener la transitabilidad de la población», explica el comunicado de prensa.

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Nacionales

ATENCIÓN | Alerta roja por lluvias en todo El Salvador

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Las autoridades que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil anunciaron que ha cambiado la alerta de naranja a roja en todo el país.

Recientemente, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain señaló que, hasta el momento, hay cinco albergues activados (tres en el departamento de La Unión y 2 en Sonsonate) resguardando a 63 familias, haciendo un total de 172 personas.

En la actualidad, se cuentan con 100 albergues equipados para recibir a las familias que se vean afectadas por las lluvias, que tiene la capacidad de alojar a más de 6,000 personas.

En cuanto a las emergencias atendidas se reportan 67 relacionados con árboles caídos,12 deslizamientos y 61 derrumbes, un muro con daños, siete postes del tendido eléctrico caídos, tres inundaciones urbanas y cinco viviendas enegadas, según explicó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

«Reiteramos a la población que, si se les pide que evacuen, que lo hagan, la prioridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele es salvaguardar la vida de los salvadoreños», dijo Amaya.

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Nacionales

Autoridades investigan cobros excesivos en facturas de energía

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El presidente de la república, Nayib Bukele, confirmó el viernes por la noche que se han identificado cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica, los cuales van más allá del incremento del consumo de los hogares por la época calurosa.

«Identificamos cientos de recibos, tanto de AES El Salvador como de DelSur, con cobros que no pueden ser justificados técnicamente», expresó el presidente Bukele en la red social X.

El mandatario informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación por estafa agravada.

Al respecto, el titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), Daniel Álvarez, respaldó al presidente Bukele y aseguró que nadie va a abusar de los salvadoreños. «Hoy tenemos a un presidente y un Gobierno que están velando por los salvadoreños. Por nuestra parte, acompañaremos técnicamente y revisaremos cada caso de abuso que se haya cometido por parte de las distribuidoras contra los hogares de los salvadoreños», indicó.

Por su parte, AES El Salvador informó que está en la «completa disposición de las autoridades para brindarles toda la información que puedan requerir y colaborar en cuanto sea necesario para esclarecer cualquier inquietud sobre las facturas emitidas a los consumidores».

También destacaron que las empresas distribuidoras hayan aplicado en la factura de los clientes, desde el pasado 15 de abril, la tarifa de energía definida y aprobada por las autoridades competentes para este período.

«Cada cliente ve reflejada en su factura eléctrica la tarifa aprobada multiplicada por su consumo de energía mensual registrado en kWh en su medidor. Por tanto, es esencial que los consumidores hagan un uso consciente y responsable de la energía para mantener controlado su consumo», detallaron.

Asimismo, DELSUR indicó que la «empresa está en la mejor disposición de colaborar con la investigación y proporcionar toda la información que sea necesaria».

Por su parte, el analista y abogado Juan Contreras dijo en la entrevista Las Cosas como Son que el anuncio del presidente Bukele es oportuno ante las denuncias que se han hecho públicas, ya que algunos usuarios aseguran que han registrado cobros 10 veces mayores a los que pagaban hace unos meses.

«Creo que el presidente es puntual en decir que la investigación está llevándose a cabo por la Fiscalía. Es el órgano que la va a hacer y estas medidas van a comenzar a impactar en el bolsillo de la población», dijo.

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