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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones
En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.
Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.
Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.
Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.
Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».
Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.
Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.
Entre esas ciudades estaba Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».
«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.
Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».
Pandillas en expansión
Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.
Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.
En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.
El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.
Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.
También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.
Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.
Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.
Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.
Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».
Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».
En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.
Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».
Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.
Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.
La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.
«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.
Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.
El riesgo de la criminalización
Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.
Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.
En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.
Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.
La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.
Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.
México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.
Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.
Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.
«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».
De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.
De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.
«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.
La presión migratoria
Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.
De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).
Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.
Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.
Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.
«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.
Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».
Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.
Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».
Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.
El Senado estadounidense aprobó este martes el enorme plan de ayuda de $95,000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán, fruto de meses de arduas negociaciones en la Cámara de Representantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que desea enviar armas a Ucrania «esta misma semana».
Del total, los legisladores asignaron $61 millones para Ucrania, en batalla con Rusia; el paquete también contempla $13,000 millones en ayuda militar para Israel, en guerra contra el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, y más de $9,000 millones para «satisfacer la urgente necesidad de ayuda humanitaria a Gaza y otras poblaciones vulnerables en todo el mundo».
Además, incluye $8,000 millones más para ayudar a Taiwán «a contrarrestar las potenciales amenazas de China, que amenaza con reincorporarlo a su territorio algún día, incluso mediante la fuerza».
«No hagamos esperar ni un momento más a nuestros amigos de todo el mundo», dijo el líder demócrata Chuck Schumer.
Una vez pasado el Congreso, el proyecto se convertirá en ley con la firma del presidente Joe Biden. «Firmaré este proyecto de ley y me dirigiré al pueblo estadounidense tan pronto llegue a mi despacho (este miércoles) para que podamos comenzar a enviar armas y equipos esta misma semana», aseguró Biden en un comunicado, al considerar que la aprobación del Congreso demostró que Estados Unidos «apoya de manera resuelta la democracia y la libertad, en contra de la tiranía y la opresión».
No existía prácticamente ninguna duda de que se aprobaría este enorme programa de ayuda militar y económica, que el presidente Biden llevaba meses reclamando y que cuenta con el apoyo de los congresistas demócratas y republicanos.
El paquete fue admitido el sábado por la Cámara de Representantes.
El lunes Biden prometió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, enviarle ayuda militar «rápidamente».El ejército ucraniano se enfrenta a una escasez de reclutas y de munición que lo debilita ante la constante presión de las tropas rusas en el este. La situación en el frente puede empeorar hacia mediados de mayo y principios de junio, que será un «periodo difícil», advirtió el lunes el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov. El plan de ayuda también autoriza al presidente Biden a confiscar y vender activos rusos con el fin de que puedan utilizarse para financiar la reconstrucción de Ucrania, una idea que gana adeptos en otros países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados). El Congreso de Estados Unidos lleva casi año y medio sin aprobar un paquete de ayuda para su aliado.
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Decenas de terremotos sacuden región china de Taiwán semanas después de un sismo mortal
Decenas de terremotos de una magnitud máxima de 6,3 sacudieron entre el lunes y el martes la isla de Taiwán, cuyo gobierno lo atribuyó a réplicas de un gran terremoto que dejó 17 muertos a principios de mes.
Las sacudidas más fuertes tuvieron lugar con seis minutos de diferencia alrededor de las 02H30 (18H30 GMT), con magnitudes de 6 y 6,3 según la Administración Meteorológica Central de Taiwán.
Los sismos comenzaron alrededor de las 17H00 del lunes y para las 10H30 de la mañana siguiente, la Administración Meteorológica Central indicó que se habían registrado más de 200 temblores.
Todos ellos se originaron en el condado montañoso de Hualien, en el este, epicentro del terremoto del 3 de abril, el «más fuerte en 25 años» en esta isla, con una magnitud 7,4.
Las autoridades señalaron que hasta ahora no se registraron víctimas, aunque las continuas sacudidas hicieron pasar la noche en vela a muchos habitantes de Taipéi, a unos 150 kilómetros del epicentro.
«Estaba demasiado asustado para moverme y me quedé en la cama», dijo a la AFP el oficinista Kevin Lin, de 53 años, que se pasó la noche despierto.
Sobre las 08H00 de la mañana del martes, un temblor de magnitud 5,8 volvió a golpear la isla, justo cuando los habitantes se dirigían a sus trabajos.
En la ciudad de Hualien, un hotel que había resultado dañado en el terremoto de principios de mes quedó inclinado después de esta serie de sismos, según imágenes obtenidas por la AFP.
«Por favor, salgan por seguridad. Evacuemos primero, ¿de acuerdo? ¿Queda alguien dentro? Por favor, bajen», gritaba un bombero a los habitantes de los edificios cercanos.
Las autoridades de este montañoso condado anunciaron que las escuelas y las oficinas permanecerían cerradas el martes debido a las continuas réplicas.
¿Aguantará mi edificio?
Un sismólogo del gobierno taiwanés dijo que el último enjambre de sismos se originó al sur del epicentro del terremoto grande de abril
El sismo del 3 de abril dejó 17 muertos y más de 1.100 heridos. En Hualien, la sacudida provocó numerosos desprendimientos de tierra que bloquearon carreteras y dañó gravemente algunos edificios de la ciudad.
Los sismólogos Judith Hubbard y Kyle Bradley indicaron que la actividad telúrica pareció trasladarse al sur del epicentro del 3 de abril.
Indicaron en su boletín «Earthquake Insights» que los últimos sismos parecen haber crecido en intensidad, al contrario de lo que suele ocurrir después de un terremoto grande, cuando las réplicas tienden a disminuir.
Después de ver las imágenes del hotel inclinado en Hualien, el oficinista Lin, de Taipéi, se preocupa por la seguridad de su edificio.
«Vivo en un apartamento de 40 años y me preocupa si puede aguantar tantos terremotos», afirma el hombre a la AFP.
A Olivier Bonifacio, un turista en la capital taiwanesa, la serie de terremotos lo sorprendieron en su hotel en el distrito Da’an de Taipéi.
«Entré en mi habitación y me di cuenta de que el edificio se balanceaba y oí crujir el escritorio», dijo.
En Taiwán son habituales los sismos, ya que la isla está ubicada cerca de la juntura de dos placas tectónicas.
El terremoto del 3 de abril tuvo cientos de réplicas. Fue el más fuerte en la isla desde 1999, cuando un sismo de magnitud 7,6 dejó 2.400 muertos.
La aplicación de reglas de construcción más estrictas desde entonces y la concienciación pública sobre cómo actuar ante estas situaciones evitaron una catástrofe mayor a principios de mes.
Un líder criminal acusado de amenazar de muerte a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, fue capturado el lunes, tres meses después de su fuga en medio de una violenta arremetida narco en el país.
Junto a cuatro personas, entre ellos dos reos que escaparon de la misma prisión y una hermana suya, el ecuatoriano Colón Pico fue detenido en un sector del pequeño poblado de Puerto Quito, a 160 km al noroeste de la capital.
«Hoy tenemos tres recapturados. Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo» dentro del crimen organizado, expresó en rueda de prensa conjunta la ministra de Interior, Mónica Palencia, pieza clave del gobierno en su guerra contra las bandas narco.
Alias capitán Pico, uno de los capos de la agrupación Los Lobos y considerado un «objetivo de alto valor» por las autoridades, se fugó de una cárcel de Riobamba, en el centro andino, el 9 de enero en medio de una fuerte arremetida narco que dejó una veintena de muertos. La embestida llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el estado de excepción, que duró 90 días y le permitió movilizar a los militares a las calles.
Las autoridades sospechan que Los Lobos participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en agosto pasado por sicarios colombianos al salir de un mitin de campaña en Quito.
Fotografías de la captura muestran a Pico con el cabello teñido de rubio, esposado y rodeado de uniformados.
«Recibidos a bala»
Durante la captura, los uniformados «fueron recibidos a bala» cuando trataban de entrar a una finca cacaotera donde estaba el fugitivo, indicó el comandante de la policía, general César Zapata.
Pico había sido detenido el 5 de enero acusado del delito de secuestro (al hijo de un narcotraficante) y de urdir un plan para asesinar a Salazar, la fiscal que destapó los nexos del narco con políticos, jueces y entidades del Estado.
Tras el golpe a Los Lobos, las autoridades buscan todavía al líder de Los Choneros, una de las mayores bandas del país, fugado de una prisión del puerto de Guayaquil (suroeste). Adolfo Macías, alias «Fito», estaba preso desde 2011, condenado a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
La ausencia de Fito, quien no ha sido recapturado, fue detectada durante una inspección de la fuerza pública en la penitenciaria el 7 de enero.
«No vamos a descansar hasta tenerles en las rejas a todos estos terroristas que están causando problemas», manifestó Zapata.
La fuga del cabecilla de Los Choneros desencadenó varias jornadas de terror en Ecuador, ante lo que Noboa declaró el conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas doblegar a una veintena de agrupaciones consideradas «terroristas» y «beligerantes».
En esos días de enero las bandas embistieron con violencia en respuesta a las medidas excepcionales del gobierno, con amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, detonaciones de autos bomba y la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios y policías dentro de las prisiones.
La prioridad: seguridad
La recaptura de Pico se produjo luego del referendo del domingo, en el que el gobierno logró el apoyo para fortalecer su guerra contra el crimen organizado con la extradición de ecuatorianos a otros países y el incremento de penas para delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.
«El pueblo nos habló de manera clara y concisa, y nos dijo que su prioridad es la seguridad, y estamos trabajando en ello», dijo la ministra Palencia.
Según la jefa de la cartera, la seguridad ha mejorado a pesar de que se registraron 92 homicidios en la última semana: dos alcaldes fueron asesinados entre miércoles y viernes en una zona minera, donde operan Los Lobos, y el director de una cárcel también murió en un atentado el domingo.
En la primera semana de enero se produjeron unas 200 muertes.
Ecuador está en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y hace años dejó de ser una isla de paz para convertirse en un punto estratégico para las operaciones de bandas con nexos con carteles de México y Colombia, así como con la mafia albanesa.
La violencia entre las agrupaciones que se disputan el poder generó el récord de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023. Las cárceles, controladas desde enero por militares, han sido escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas en los que han muerto más de 460 presos desde 2021.
