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MARAS: El Control, Crimen y Migración de las pandillas que atenta con la seguridad de las naciones

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En Chiapas pasan cosas como esta: cinco jóvenes de entre 18 y 24 años torturaron y asesinaron a Rudy Alonso Pacheco Niño, de 18 años, en el municipio de Acacoyagua, el pasado 26 de junio.

Dos de los presuntos asesinos, detenidos un mes después, son guatemaltecos, uno salvadoreño y tres mexicanos. Todos miembros de la mara Barrio-18.

Su víctima, a su vez, era mexicano que pertenecía a la «Mara Salvatrucha» (MS-13), de acuerdo con las autoridades.

Con la atención siempre puesta en su frontera norte, México olvida que el sur también existe en el mapa de la violencia.

Chiapas, estado del sur de México, empalmado con Centroamérica por su geografía, enfrenta graves problemas de seguridad atribuidos al arribo de jóvenes «maras».

Así llaman a los integrantes de pandillas centroamericanas como la «Mara Salvatrucha» y «Barrio 18», que son las más conocidas y que en Chiapas han reclutado ya a jóvenes mexicanos, desde hace al menos 20 años.

Héctor Castillo, investigador de la UNAM y especialista en grupos juveniles, lo compró al participar en un programa gubernamental que se llamó Hábitat, y que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón en distintas ciudades del país para prevenir la violencia.

Entre esas ciudades estaba  Tapachula, capital de Chiapas y una de las ciudades más afectadas por la actividad de las «maras».

«El propósito era intervenir con los jóvenes, a partir de distintas actividades, para alejarlos de las pandillas, porque uno no puede llegar y enfrentar así nada más a las ‘maras'», explica.

Por algo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2004, consideró a las «maras» como «un problema que atenta no solamente contra la seguridad pública de las personas, sino también contra la seguridad nacional del Estado».

Pandillas en expansión

Hace años que México detectó las actividades de grupos de «maras» en el país. Desde 1996 al menos, de acuerdo con la CNDH y Héctor Castillo.

Su presencia, sin embargo, progresivamente se expandió hasta llegar a 23 estados del país y sumar más 5.000 integrantes hasta 2005, año en que la CNDH hizo el estudio.

En este advertía además que en Chiapas habían nacido ya otras «clicas» (grupos considerados como «familias» que pertenecen a las «maras»), que en 2001 ya sumaban 200 grupos con al menos 3.000 pandilleros.

El problema entonces no es reciente, afirman especialistas. Y tampoco simple, aclaran. El fenómeno de las pandillas centroamericanas que operan en México es una mezcla que combina migración, pobreza, crimen y corrupción, y que exhibe la falta de políticas públicas en la región y las fallidas estrategias de seguridad como el Plan Frontera Sur, el cual consiste básicamente en el reforzamiento de la seguridad policial y militar.

Esta estrategia, sin embargo, no ha disuadido la operación de las pandillas en Chiapas. Y aun peor, al parecer su número y sus actividades ha aumentado en los últimos dos años: de 13 supuestos pandilleros detenidos en 2016, el número se elevó a 161 hasta febrero de 2018, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

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También aumentaron los homicidios vinculados a los enfrentamientos entre pandillas: de 18 ocurridos en 2016 pasaron a 22 en 2017 y este año suman 7, según las cifras oficiales.

Los especialistas advierten, sin embargo, que alrededor de estos números oficiales hay una «cifra negra», que impide conocer el total de los asesinatos o hechos violentos relacionados con las «maras», porque la mayoría de la veces sus delitos involucran migrantes sin documentos.

Para enfrentar el problema – que afecta sobre todo a los municipios de Suchiate, Tapachula, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez– las autoridades de Chiapas pusieron en marcha el Programa Antipandillas, que opera desde la Fiscalía de Inmigrantes.

Esta instancia colabora con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y ha detectado los vínculos entre las maras de Centroamérica y las que operan en México.

Incluso advierten que desde cárceles como «El Infiernito», en el departamento de Escuitla, Guatemala, o desde los centros de reinserción social para sentenciados 14 de Cintalapa y 3 de Tapachula salen las órdenes de asesinatos de los jefes maras a sus «clicas».

Así lo comprobaron cuando detuvieron a los asesinos de Rudy Alonso. De acuerdo con la investigación, en «El Infiernito» está recluido Fernando Muñoz Sinar, conocido como «El Happy» y/o «El Ratón», a quien identifican como el actual líder de la «clica» llamada «Sólo para Locos», de «Barrio 18».

En 2017 este líder contactó a Juan Carlos N, «El Pastrana», que se encuentra en el centro penitenciario número 14 de Cintalapa para formar una alianza para la venta de droga en toda la región del río Suchiate, la Costa de Chiapas y Tapachula.

Para ellos operaba Yener Aldair, conocido como «El Panzas», de 19 años, guatemalteco, quien encabezó el asesinato del joven mexicano vinculado con «MS-13» en Acacoyagua, por órdenes de «El Happy».

Pero la violencia en Chiapas no sólo ocurre entre pandillas. Los más vulnerables son los migrantes centroamericanos que salen de sus países para huir de estas.

Jóvenes detenidos como presuntos miembros de las “clicas” en Chiapas.

La doctora Ailsa Winton, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Ecosur), explica que desde hace un par de años ha sucedido que los migrantes que abandonan sus países por el acecho de las pandillas, se encuentran en Chiapas a los mismos de quienes huyen.

«Se comenzó a escuchar que estos migrantes se habían topado con quienes los habían amenazado allá (en sus países) o que reconocía a pandilleros de su país aquí en México, en espacios públicos como el parque central de Tapachula o los albergues, donde las personas encargadas de estos han alertado de esta situación», explica.

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Esto sucede porque los pandilleros siguen a sus víctimas, las persiguen hasta México, dice. Y aunque este tipo de situaciones ya se conocían, agrega, no hubo respuesta de las autoridades: ni atención ni protección para los migrantes, y tampoco investigación.

El riesgo de la criminalización

Centroamérica y México comparten una frontera de 1.149 kilómetros que se extiende desde el Océano Pacífico al Caribe y atraviesa algunos de los territorios más pobres de la región, donde apenas hay infraestructuras y empleo formal.

Parte de la frontera de 956 km entre México y Guatemala serpentea a lo largo de los ríos Suchiate y Usumacinta. Los 193 kilómetros restantes siguen el curso del río Hondo que divide a México de Belice.

En esa geografía Chiapas es la puerta de entrada de la migración proveniente de la cintura del continente. O como lo llaman ahora: del «Triángulo Norte» que forman Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde la pobreza y la violencia de las pandillas han disparado los desplazamientos forzados.

Los números lo evidencian. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 294.000 ciudadanos de esos países estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo, lo que significa un aumento de 58% con respecto a 2016, y 16 veces más que en 2011.

La mayoría son mujeres y jóvenes que escapan del reclutamiento forzado de las maras o pandillas y de sus amenazas de muerte. «Están huyendo de la violencia», dice el investigador Iván Porras, también del Ecosur.

Para ellos, el primero de sus destinos es Estados Unidos, donde se encuentran 260.000 refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica, de acuerdo con cifras del ACNUR.

México –que ACNUR ya no considera un país de tránsito sino de destino– está en el segundo sitio con 12.700 solicitudes de asilo, seguido por Costa Rica con 3.200, Panamá con 1.400, y Nicaragua con 700.

Si la migración es un tema regional, también la seguridad lo es, dice el investigador Iván Porras. «No son fenómenos que puedan aislarse porque están vinculados», asegura.

Migración y seguridad a su vez están enganchados a las políticas migratorias de Estados Unidos y México, agrega Winton, del Ecosur.

«Si hay más controles migratorios en México y Estados Unidos, las personas que tienen que moverse están más sujetas a los grupos criminales, de quienes dependen para poder trasladarse de manera clandestina, pagándoles».

De modo que si cambia la política migratoria, cambia la migración y cambian los grupos criminales que se mueven en función de esos migrantes. Pero ni unos ni otros se detienen, a pesar de las políticas de seguridad que México ha aplicado como una especie de «tapón» para impedir que los centroamericanos lleguen a Estados Unidos.

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Los resultados, parece, son contraproducentes debido a la corrupción de cuerpos policiacos y autoridades migratorias que extorsionan a los migrantes en su tránsito o son cómplices de los traficantes de personas.

De modo que los mecanismos de seguridad que ha implantado México para impedir la entrada de «maras», también han fermentado un caldo de cultivo para criminalizar la migración centroamericana y abandonarla a su suerte ante las acciones criminales de estos grupos.

«A quién recurren si están en el país de manera ilegal», pregunta Porras.

La presión migratoria

Apenas en enero de este año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a México sobre los flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, como consecuencia de los operativos que esos países aplican contra esos grupos delictivos.

De inmediato se levantaron voces que demandaron a las autoridades federales y estatales controles más estrictos contra los migrantes que viajan sin papeles. Una de esas voces fue el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci).

Esta organización argumentó que los ciudadanos centroamericanos pueden recurrir a la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar aproximadamente 4.5 millones de ingresos legales por la frontera sur.

Una condición para acceder a la TVR es que los centroamericanos deben registrar y comprobar su identidad y domicilio. Por lo tanto, según la Cocoparci, muchos de quienes no tramitan la TVR es porque quiere ocultar quiénes son y de dónde vienen, tal vez porque tienen antecedentes penales.

Para Ailsa Winton, investigadora del Ecosur, estas son reacciones producto de la mala atención y comprensión de un problema como la violencia asociada a la migración y la movilidad, que termina distorsionando su percepción.

«Lo que sucede en Chiapas es que la gente ahora asocia más el refugio y a los refugiados con la criminalidad, y lo escuchamos en foros y de asociaciones civiles que argumentan que son los mismos criminales a quienes se les está beneficiando con la condición de refugiados», afirma.

Más allá de la xenofobia, que sí existe en México contra los centroamericanos, la preocupación de Winton es que, frente a esos argumentos y la falta de atención al problema, «las personas que necesitan protección quedan desprotegidas y los criminales pueden tener la libertad para seguir haciendo lo que hacen».

Ella y Porras coinciden que la atención debe ser regional y participar todos los gobiernos y autoridades involucradas.

Pero «no hay mucho interés, tampoco recursos asignados para atender el problema, y mucho menos comprensión sobre qué es la criminalidad, cómo operan esos grupos y su relación con la migración y movilidad en la región».

Por eso, historias como las de Rudy Alonso Pacheco, asesinado a machetazos, seguirán ocurriendo sin que nadie vuelva la vista hacia el sur.

 

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Trabajador de la construcción pierde la vida al caer 15 pisos en Nueva York

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Un trabajador de la construcción murió al caer al vacío en un edificio del Upper West Side de Manhattan (NYC).

El accidente laboral ocurrió alrededor de las 11:30 a. m. en 263 West End Ave. cerca de 72nd St, informaron el FDNY y el Departamento de Edificios (DOB).

Una investigación preliminar realizada por el DOB descubrió que el trabajador no identificado, a quien la policía de Nueva York describió como un hombre de 36 años, estaba instalando una red alrededor de un andamio sostenido en el nivel del piso 15 cuando cayó al cobertizo de la acera, según Andrew Rudansky, portavoz del Departamento.

El DOB confirmó que la víctima trabajaba para Rennon Construction Corp. El contratista general en el lugar de trabajo figuraba como J & S Waterproofing, reportó Gothamist. Ninguna de esas empresas emitió comentarios al momento.

Los propietarios del edificio de 23 pisos original del año 1929 tenían permisos de trabajo activos para la reparación de la fachada y el andamio soportado, dijo Rudansky. Se emitió una orden de parada total de la obra después de la caída, según el DOB.

“Los trabajadores de la construcción en nuestra ciudad merecen un ambiente de trabajo seguro, e incidentes como la caída fatal de hoy son completamente inaceptables”, dijo el vocero del DOB, citado por Pix11. “Estamos realizando una investigación exhaustiva, junto con nuestros socios en la aplicación de la ley, sobre cómo pudo haber sucedido exactamente esto, y para determinar si se tomaron atajos en el trabajo que pueden haber sido factores contribuyentes”.

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Muere Clarence Gilyard, actor de “Duro de matar”, “Top Gun” y “Walker, Texas Ranger”

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El actor norteamericano Clarence Gilyard, reconocido por sus papeles en la película “Duro de matar” y la serie “Walker, Texas Ranger”, entre otros trabajos, falleció a los 66 años por causas que aún se desconocen.

En una larga carrera que abarcó cinco décadas, tal vez su papel más recordado sea el de “Theo”, el pirata informático en “Duro de Matar”, de 1998.

En la década del 90 también se convirtió en una cara conocida en la pantalla chica al interpretar en horario estelar al investigador privado Conrad McMasters en el drama “Matlock” y luego, en un papel decisivo en su carrera en la serie “Walker, Texas Ranger”.

Nacido como Clarence Darnell Gilyard Jr. en 1955, en Moses Lake, Washington, quiso ser militar una vez que terminó el secundario, pero abandonó en primer año. Cuando se mudó a California, se inscribió en una clase de actuación y su vida cambió.

Cuando empezó a ver que su camino como actor progresaba, Gilyard abandonó la universidad y apareció en papeles televisivos menores. Su gran oportunidad se produjo en 1989 cuando consiguió el papel de Conrad McMasters en el drama de la NBC “Matlock”, protagonizado por Andy Griffith.

En 1993 dejó “Matlock” para protagonizar “Walker, Texas Ranger” de CBS. Protagonizada junto a Chuck Norris, Gilyard interpretó al sargento James “Jimmy” Trivette, el mejor amigo y socio del protagonista de Norris.

La serie, que tuvo un éxito fenomenal, se desarrolló durante ocho temporadas con un total de 203 episodios. Ese el trabajo más famoso que hizo en su carrera.

En 1986, Gilyard hizo su debut cinematográfico en “Top Gun” de 1986, protagonizando junto a Tom Cruise, interpretando a teniente Marcus ‘Atardecer’ Williams, uno de los pilotos de combate de élite.

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Fue fácil para Gilyard adaptarse al papel, ya que nació en una familia de militares y se crió en las bases de la Fuerza Aérea en Hawái, Texas y Florida.

Su papel más notable, sin embargo, fue el de Theo, el pirata informático que ayuda al grupo terrorista de Hans Gruber, encarnado por Alan Rickman, en el clásico de acción ”Duro de matar” de John McTiernan, protagonizada por Bruce Willis.

Después de varias películas y series, a mediados de la década de 2000, el actor se alejó de la actuación y se desempeñó en los últimos años como profesor de teatro en Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Nevada, Las Vegas, desde donde confirmaron su fallecimiento.

En un comunicado emitido por la universidad, dijeron que el actor sería “amado y extrañado mucho” y que habían sido “bendecidos” por su presencia.

La directora de cine de la escuela, Heather Addison, dijo: “El profesor Gilyard fue un faro de luz y fuerza para todos los que lo rodeaban. Cada vez que le preguntábamos cómo estaba, alegremente declaraba que estaba “¡Bendecido!”.

“Pero nosotros somos realmente los que tuvimos la bendición de ser sus colegas y estudiantes durante tantos años. ¡Lo amamos y lo extrañaremos mucho, profesor G!”, añadió Addison.

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Un total de 83 pandilleros han sido capturados por las autoridades guatemaltecas este año

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Un total de 83 pandilleros salvadoreños que huían del régimen de excepción han sido detenidos en Guatemala en lo que va del 2022, según dieron a conocer las autoridades chapinas.

De esa totalidad 64 ya han sido expulsados hacia El Salvador para que enfrenten a la justicia en medio del quinto estado de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele.

El periódico Prensa Libre detalló que de los 83 pandilleros apresados 44 son de la pandilla del Barrio 18, mientras que otros 29 corresponden a la Mara Salvatrucha (MS-13) y 10 más que no se han identificado con ninguna de las estructuras anteriores.

De estas capturas 77 han sido hombres y 6 mujeres. La mayor parte de capturas han ocurrido en Jutiapa, que colinda con El Salvador, y la Ciudad de Guatemala. Otros departamentos en donde han detenido a personas vinculadas con las pandillas son en Petén, 8; Escuintla, 6 y Quetzaltenango, 5.

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