Internacionales
El tráfico y consumo de drogas se disparan en la cuna de Pablo Escobar
Hace tres décadas que el cuerpo obeso y tiroteado de Pablo Escobar quedó sobre un tejado de Medellín. El narcotráfico siguió sin él y hoy en su cuna abundan los mercados de cocaína saborizada, fármacos y alucinógenos a base de ketamina.
Las plazas o expendios de droga están a la vista. «¿Acceso fácil? Sí, del todo. En Medellín en cualquier parte se la encuentra uno. Hasta en el piso te encuentras droga», dice a la AFP Manuel Morales, un ingeniero de 32 años que se describe como un «consumidor crónico» de basuco, un derivado de la base de la coca similar al crack.
Tembloroso, Morales inhala su dosis de una pipa improvisada con un tubo de PVC. Un olor dulzón invade la soleada tarde de viernes en el Parque de San Antonio, punto de encuentro para los consumidores de la droga más barata del mercado local. Peatones y policías miran la escena.
«Estoy un poco nervioso por la sustancia, de verdad que uno se descuida y se lo lleva del todo», admite el ingeniero, quien hasta hace cuatro meses ejercía su profesión.
Ahora sus pertenencias caben en un maletín raído y, cuando no reúne entre tres o cuatro dólares para tener posada, duerme en las calles.
Su debacle comenzó en una «plaza de vicio» donde se surten los adictos, consumidores ocasionales y revendedores de las drogas en Medellín. Diez años atrás había 160 puntos de contrabando de drogas, según la policía, pero estudios independientes estiman que hoy la cifra ronda las 800 «plazas».
¿Microtráfico?
En 2013, un 3.5% de los colombianos dijeron haber tomado sustancias ilegales alguna vez. Para 2019, año del estudio más reciente, la cifra saltó a 9.7%, según la entidad estatal de estadística. Con 2,2 millones de habitantes Medellín es la ciudad con el porcentaje de consumo más alta (15,5%).
El país que más provee cocaína en el mundo enfrenta, puertas adentro, el «microtráfico», la venta al por menor de sustancias ilegales. Aunque «cuando usted habla de lo micro suena muy pequeño», matiza Luis Fernando Quijano, de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).
Pero en realidad -advierte- es un «tráfico de drogas interno y es un negocio que es billonario».
La alcaldía de Medellín calcula ganancias de hasta 75.000 dólares mensuales por expendio o plaza, el equivalente a unos 300 salarios mínimos.
Con el apoyo de Estados Unidos, Colombia se lanzó a la caza de las grandes bandas y cargamentos, empujando a los traficantes a organizar un mercado interno de drogas baratas y de menor calidad.
«Se generó una concentración del producto (…) que no pudo exportarse por esta política antidrogas tan fuerte», explica el toxicólogo Juan Carlos Sánchez.
El gobierno de Iván Duque asocia el microtráfico con la inseguridad urbana. Desde 2018 van más «de 2.500 personas asesinadas» por disputas entre bandas, según el general de la policía Herman Bustamante.
Pero en Medellín las cifras revelan un fenómeno paradójico. Mientras en 1992, en plena persecución a Escobar, la tasa de homicidios era de 350 por cada 100.000 habitantes, el año pasado fue de 15,5.
«Se siente mucha más paz mafiosa, que paz institucional», señala Quijano, quien denuncia un «pacto» entre el narco y algunas autoridades para que las bandas no generen mayor violencia a cambio de que puedan operar sus plazas.
«Cuando se hacen incautaciones (…) muchas veces no es producto de la inteligencia (policial), sino que son entregadas (por los narcos) para mantener la idea de que todo está funcionando bien; que la estrategia de seguridad funciona», agrega.
Sin revelar un número, el general Bustamante señala que, en efecto, «se ha detectado la participación de policías» en el negocio y ya «han sido capturados» para su judicialización. Pero «mientras tengamos consumidores (…) los delincuentes van a ver una oportunidad de negocio», enfatiza.
Bronx perpetuo
En 2018 el entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañó un operativo con casi mil policías para destruir con un buldócer el principal mercado de drogas del centro conocido como «El Bronx». Uniformados con fusiles desalojaron a unas 500 personas que compraban y consumían narcóticos.
Cuatro años después «El Bronx» sigue recibiendo vendedores y consumidores.
Desde 2021 el gobierno ha demolido al menos 129 casas de venta de drogas. Uno de estos operativos le costó el cargo al comandante de la Policía de la ciudad de Pereira, quien hizo pasar por «plaza» un edificio que llevaba varios meses abandonado.
Gutiérrez, entretanto, es el candidato de la derecha para las presidenciales del 29 de mayo. En sus planes está endurecer la lucha contra el «microtráfico». Su principal opositor, el izquierdista Gustavo Petro, favorito en las encuestas, trata el consumo como un problema de salud pública.
Cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), instaló un puesto médico frente al «Bronx» de la capital. El programa se truncó cuando uno de los funcionarios fue asesinado por las mafias del lugar.
En Medellín, «El Bronx» opera 24 horas. Jóvenes ofertan a gritos los «blones» (cigarros de marihuana), las «rocas» (cocaína) y las «ruedas», pastillas de Clonazepam, un medicamento psiquiátrico que causa sedación y amnesia temporal. Otras plazas ofrecen éxtasis y el «tusi», la droga de moda elaborada con ketamina, mescalina y éxtasis.
Aunque vedada en algunas «plazas», en la ciudad también circula heroína de baja calidad. Cada gramo cuesta unos 2,5 dólares. La piel descolorida de Julián se tensa sobre los huesos de su cara delatando su adicción a esa sustancia. «Antes no veías gente inyectarse en la calle, jeringas tiradas. Eramos pocos y muy cuidadosos», remarca.
Cuando cae la noche se encuentra con su proveedor entre la multitud en un parque. La transación dura segundos. Necesita inyectarse cuatro veces al día para estar «aliviado».
En otra «plaza», el ingeniero Morales acaba sus últimos pipazos de basuco ante la mirada despreocupada de dos policías en moto.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó ayer la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), correspondiente al periodo enero-marzo de 2026. Los resultados, con cifras ajustadas por estacionalidad, muestran que el Producto Interno Bruto (PIB) de México cayó 0.8 % en términos reales respecto al cuarto trimestre de 2025, la mayor contracción trimestral registrada desde 2024.
A tasa anual, el crecimiento fue de apenas 0.1 %, cifra que contrasta con el 1.8 % registrado en el cuarto trimestre del año previo y con el 0.6 % acumulado durante todo 2025.
Caída generalizada por sectores
El retroceso no se concentró en un solo sector. Las actividades primarias —que incluyen agricultura y ganadería— bajaron 1.4 % respecto al trimestre anterior, mientras que a tasa anual registraron una variación de -0.1 %.
Las actividades secundarias, que comprenden manufactura y construcción, cayeron 1.1 % trimestral y 1.1 % anual. Por su parte, las actividades terciarias —comercio y servicios— descendieron 0.6 % trimestral, aunque mantuvieron un crecimiento anual de 0.9 %.
Esta caída simultánea en los tres grandes sectores encendió alertas entre analistas. «Resulta preocupante observar que los tres tipos de actividades muestran una contracción trimestral», afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, en declaraciones recogidas por Bloomberg. «Esto abre la puerta a la posibilidad de que México esté atravesando una recesión», agregó.
Siller indicó además que su institución revisó a la baja su proyección de crecimiento anual para 2026, de 1.2 % a 1 %, aunque incorpora en el estimado el consumo adicional esperado por la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio.
El resultado llega en un entorno marcado por las tensiones arancelarias con Estados Unidos. Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a productos mexicanos han presionado la actividad exportadora del país, cuya economía depende en gran medida del comercio con su vecino del norte. A ello se suma la incertidumbre derivada de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para finales de este año.
La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió esta semana ante el Senado que el conflicto en Oriente Medio podría agravar aún más las perspectivas de crecimiento para 2026, según reportó Bloomberg. El banco central mantiene por ahora una proyección de crecimiento anual de 1.4 % para el año en curso.
Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una estrategia de inversión pública y privada conocida como «Plan México». A principios de abril, el Congreso aprobó una ley propuesta por su administración para agilizar la autorización de proyectos de infraestructura en carreteras, energía e infraestructura hídrica.
Desde que Sheinbaum asumió la presidencia a finales de 2024, el crecimiento de la inversión agregada ha pasado de alrededor de 2 % interanual a -6 % a finales del año pasado, según Bloomberg.
La mandataria ha argumentado en el pasado que los indicadores de bajo crecimiento del PIB no reflejan con fidelidad el bienestar de la población ni los avances en materia de reducción de pobreza.
El INEGI precisó que la estimación oportuna no reemplaza al cálculo tradicional del PIB, y que los resultados están sujetos a revisión conforme se incorpore nueva información estadística. La próxima publicación está prevista para el 30 de julio de 2026.
El empresario juzgado por corrupción en Madrid, Víctor de Aldama; junto al exministro español de Transportes, José Luis Ábalos; hombre clave en el ascenso de Pedro Sánchez, señaló este miércoles al presidente del gobierno de estar en el «escalafón 1» de la «banda organizada».
De Aldama, Ábalos, y su exasesor Koldo García se sientan en el banquillo de los acusados por presunta corrupción en la compra de millones de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19 por parte de ministerios, gobiernos regionales socialistas o entes públicos como Puertos del Estado.
Este miércoles, estaba previsto que declarasen los tres acusados, pero solo hubo tiempo para uno, el empresario, cuyo interrogatorio se alargó más de seis horas. La vista se reanudará el jueves a las 08H00 GMT y el juicio podría acabar prolongándose hasta el martes 5 de mayo.
El No. 1
El primer acusado en declarar este miércoles fue De Aldama, que afirmó: «Yo obviamente estoy en la banda organizada, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón 1, el señor Ábalos en el escalafón 2, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4».
Sánchez ya rechazó anteriormente las acusaciones de Aldama.
De Aldama explicó que, gracias a sus contactos internacionales y al respaldo de Ábalos desde su cargo, la trama pudo hacer negocios en países como México y Venezuela. También afirmó que actuó como intermediario, aprovechando su relación con Delcy Rodríguez, para que el Gobierno de Sánchez pasara de apoyar al opositor Juan Guaidó a interactuar con Nicolás Maduro, con el objetivo final de facilitar negocios.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, chocó ayer repetidamente con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán, cuyo costo estimó hasta ahora en alrededor de $25,000 millones.
Junto al jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, Dan Caine, Hegseth pasó varias horas frente a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Teherán el 28 de febrero, parlamentarios de ambos partidos han lamentado la falta de información proporcionada por el ejecutivo.
Adam Smith, el demócrata de más alto rango de la comisión, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y el plan para alcanzar objetivos.
Trump aún no ha presentado públicamente un plan para poner fin a la guerra que llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del petróleo.
Hegseth fue interpelado sobre el costo del conflicto.
El jefe del Pentágono preguntó al comité: «¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear?».
El representante demócrata John Garamendi acusó a Hegseth y a Trump de «mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día».
Describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una «calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial».
Entretanto, el congresista demócrata Seth Moulton le preguntó a Hegseth si aconsejó al presidente estadounidense atacar a Irán. El secretario no respondió, pero calificó de «buena idea» la decisión de hacerlo.
A la pregunta de si se había tenido en cuenta la posibilidad de que Irán bloqueara el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transita normalmente el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundiales, respondió que el Pentágono había «analizado todos los aspectos de ese riesgo». Hasta la fecha, Teherán ejerce un cuasi bloqueo de la navegación en el estrecho y Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.
Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una campaña aérea a gran escala contra el ejército y los dirigentes iraníes.
