Internacionales
Asesinan a sacerdote indígena defensor de DDHH en estado mexicano de Chiapas
El sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia criminal en México, fue asesinado a balazos este domingo en el estado de Chiapas (sur), un crimen que Naciones Unidas desde ya pide sea investigado de manera «exhaustiva».
Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos se han manifestado para rechazar el asesinato del religioso, que había recibido amenazas por su activismo.
Tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, «dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo», dentro del cual quedó «el cuerpo sin vida del sacerdote», informó la fiscalía local en un comunicado.
La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que este es un crimen «absolutamente inaceptable» y pidió una investigación pronta, «exhaustiva y eficaz».
El de Pérez, quien tenía 51 años, es uno de los crímenes de mayor impacto registrados en los 20 días de presidencia de la izquierdista Claudia Sheinbaum, quien no llegó a referirse al tema en un discurso público tres horas después de que se conoció la noticia.
«Se están haciendo las investigaciones (…) se está en contacto también con las autoridades eclesiales», dijo brevemente a preguntas periodistas tras el evento en Progreso, en el estado de Yucatán (sureste).
El gobierno de Chiapas, de donde era oriundo el sacerdote, y la fiscalía estatal también han abierto una indagatoria.
Amenazas
Según DDHH-ONU, el religioso originario de la etnia maya tzotzil recibió amenazas por su reconocido activismo y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Consejo Episcopal Latinoamericano envió desde Bogotá una misiva donde manifiesta su «consternación y dolor por el asesinato del padre Marcelo», a quien describe como «un incansable buscador de la paz y la justicia en su pueblo».
«Este acto de violencia (…) no solo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas», expresó la Conferencia de Episcopado Mexicano.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, condenó el crimen en la red social X. «Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del gobierno (federal) que no habrá impunidad», escribió.
El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los más activos defensores de los derechos humanos del país, también denunció que Pérez recibió «amenazas e intentos de criminalización» por su continua denuncia de la violencia.
El funeral del sacerdote se realizará en la parroquía de Guadalupe, donde estaba asignado.
La Compañía de Jesús, que también ha sufrido la pérdida de sacerdotes en medio de la violencia criminal, exigió que los crímenes contra religiosos no sean «minimizados como casos aislados».
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, suman más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones en México, según cifras oficiales.
El Gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, está replicando el modelo Bukele para el control de sus cárceles y el traslado de reos a otros centros de reclusión del país, dijo en una entrevista con «Diario El Salvador» el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados de esa nación sudamericana.
Latorre aseguró que el modelo de Bukele fue «la inspiración» que tuvo el gobernante Peña para tomarse hace poco menos de un año con la fuerza militar y policial la principal cárcel de Paraguay, que «se estaba convirtiendo en un centro de operaciones para el narcotráfico y el crimen organizado».
«Nosotros tuvimos experiencias en el Paraguay, tomamos la principal cárcel […], y el presidente Santiago Peña dijo con claridad que la inspiración para ese operativo fue lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo en términos de seguridad, lo que hizo en la lucha y de combate contra las maras», afirmó el diputado por el Partido Colorado.
La prensa paraguaya informó sobre la operación policial y militar, denominada Veneratio, que se ejecutó en el penal de Tacumbú, ubicada en la capital, Asunción, considerada como el principal centro penitenciario de Paraguay.
Tras el operativo policial y militar, Peña dijo a la prensa internacional que se inspiró en la estrategia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para tomar el control de la cárcel y posteriormente realizar traslados de los reclusos a otras penitenciarías.
«No te puedo negar que la experiencia de El Salvador, de Nayib, ha sido también un factor de aliento para enfrentar a estos grupos criminales. El presidente Nayib Bukele es hoy una figura que ha ganado preponderancia», dijo Peña a la cadena internacional CNN.
El jefe del Estado paraguayo añadió: «El Salvador, antes de su llegada [de Bukele], era uno de los países más inseguros y de mayor criminalidad en el mundo. Él generó un cambio tremendo, y eso generó poderosamente la atención».
La operación Veneratio retomó el control del penal y el traslado de los internos a por lo menos ocho centros de reclusión del país, bajo el mismo modelo con el cual los pandilleros son traslados por las fuerzas del orden en El Salvador.
«Las imágenes de los presos semidesnudos y sentados en el suelo en estrechas filas fueron rápidamente comparadas en redes sociales con los operativos desplegados en El Salvador bajo el Gobierno de Nayib Bukele», suscribió el medio Infobae en su nota web.
Latorre sostuvo recientemente una reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con quien conversó sobre temas de cooperación, en materia legislativa.
«Nosotros tenemos mucho interés por hacer un estudio de legislación comparada en todo lo que tiene que ver con la seguridad. El mundo está hablando de lo que está haciendo El Salvador en materia de seguridad», dijo Latorre tras la reunión con Castro.
Al menos 184 personas murieron en Puerto Príncipe, la capital de Haití, este fin de semana en los enfrentamientos orquestados por el líder de una pandilla, indicó la ONU el lunes, lo que lleva el balance de víctimas en la isla este año a 5,000.
«Sólo en el pasado fin de semana, al menos 184 personas murieron en la violencia orquestada por el jefe de una poderosa pandilla en la capital haitiana, Puerto Príncipe, en el barrio Cité Soleil», indicó Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una rueda de prensa en Ginebra.
«Estos últimos fallecidos llevan el balance de muertos en Haití este año al número descomunal de 5,000 personas», señaló Türk, que no dio detalles más detalles sobre los incidentes ocurridos en el fin de semana.
El diario estadounidense New York Times informó por su parte que más de un centenar de personas murieron en las últimas 48 horas en la capital haitiana, citando una oenegé con sede en Puerto Príncipe, National Human Rights Defense Network. Contacta por AFP, la organización no hizo por el momento ningún comentario.
Haití sufre desde hace años de inestabilidad política crónica y de una crisis de seguridad vinculada a las pandillas armadas, acusadas de asesinatos, secuestros y violencia sexual a gran escala.
Los enfrentamientos entre pandillas, un mal endémico en este país del Caribe, se recrudecieron desde febrero. Estos grupos controlan el 80% de la capital.
Internacionales
Linchan hasta a la muerte en México a tres hombres acusados del secuestro de una menor
Tres hombres acusados de haber secuestrado a una niña fueron linchados hasta la muerte por los habitantes de una comunidad del estado de Puebla, en el centro de México, informaron las autoridades locales.
Los hechos ocurrieron la tarde del sábado en San Juan Amecac, en el municipio de Atzitzihuacán, indicó un comunicado de la secretaría de Gobierno de ese distrito, cercano a la capital del país.
«Tres personas del sexo masculino murieron tras ser retenidas y linchadas por habitantes por el presunto robo y secuestro de una menor», señaló el boletín.
La policía municipal acudió al lugar pero al llegar los hombres «ya no presentaban signos vitales», añadió el reporte.
Según medios locales, unas 300 personas participaron en el linchamiento colgando y golpeando hasta dejar sin vida a los individuos.
Los linchamientos en comunidades de México se han multiplicado en los últimos años, en medio de la ola de violencia ligada al narcotráfico que golpea al país desde diciembre de 2006.
Los expertos señalan que la percepción de impunidad lleva a la población a tomar la justicia por su mano.
En junio, en el municipio de Atlixco, también en Puebla, cuatro hombres fueron linchados y después quemados por una multitud que los acusaba del robo de un vehículo.
En marzo, el asesinato de una niña de ocho años desató la ira en la ciudad de Taxco, en el sur, cuyos pobladores lincharon a la presunta responsable.
