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Salume debe pagar US$1 millón por administrar fraudulentamente un basurero

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Un nuevo caso de irregularidades se posa alrededor del empresario salvadoreño, Adolfo «Fito» Salume, que pone en tela de juicio uno de sus tantos negocios, en esta ocasión se trata de la empresa PULSEM que administra el botadero municipal ubicado en el Puerto de La Libertad.

La polémica se desata debido a que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha confirmado un manejo irregular en las finanzas de la mencionada Sociedad de Economía Mixta con lo que ha afectado grandemente a la comuna de La Libertad.

De acuerdo a la resolución obtenida que fue notificada a la municipalidad, se detectó un hallazgo consistente en una presunta administración fraudulenta cometida por la Junta Directiva de la compañía, el cual fue ubicado mientras se realizaba el Examen Especial referente a los libros y registros de la Sociedad Gestión Integral de Desechos: Ciudad y Puerto de La Libertad, S.EM. DE C.V. (conocida como PULSEM) correspondiente al período entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018.

La administración fraudulenta en que presuntamente habría incurrido la Junta Directiva fue advertida por el equipo de auditoría de la CCR, al examinar las cuentas de los ingresos, costos y gastos realizados de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, los auditores verificaron que la administración no contaba con la documentación de respaldo reflejada en los Estados Financieros.

Adicionalmente los auditores hacen constar que al no encontrar la información contable fueron solicitados en ejercicio de sus atribuciones al presidente y representante legal de PULSEM, que de acuerdo a la credencial vigente de Junta Directiva de la citada empresa es Nicolás Adriano Salume; sin embargo, no fueron proporcionados al equipo de auditoría.

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Para la contraloría pública la incorporación de costos y gastos no respaldados que realizó la Junta Directiva de PULSEM impactaron negativamente los aportes y beneficios del socio público (municipalidad del Puerto de La Libertad); esto significa una afectación de los fondos públicos destinados para cumplir el fin de una adecuada gestión de la basura, de manera que los habitantes del municipio se han visto despojado de esa suma.

Como consecuencia de los incumplimientos a obligaciones administrativas, contables y financieras de la Sociedad de Economía Mixta, la institución contralora después de cubrir el debido proceso impuso la condena patrimonial por el monto de $1,183,757.54 dólares a los siguientes directores de la Junta Directiva de PULSEM: Nicolás Adriano Salume (presidente); René Fernando Colón (secretario); Rafael Arturo Colón Villalta (1er vocal) y Luis Elías Botto (2do vocal).

El caso ya ha sido certificado a la Fiscalía General de la República (FGR), que tendrá que realizar todos los procedimientos legales necesarios para garantizar que los condenados cumplan con el pago que en concepto de reparación patrimonial les ha sido impuesta a los previamente mencionados; pero también podrá verificar de oficio o a petición de la municipalidad del Puerto de La Libertad, si los directores de PULSEM cometieron otros delitos como Administración Fraudulenta o Falsedad Ideológica, al superponer costos y gastos que carecen de respaldos documentales.

Anteriormente, también otras autoridades, para el caso el juez Ambiental de Santa Tecla, han certificado a Fiscalía el cometimiento de otras conductas presuntamente delictivas, como lo fue el delito de Desobediencia de Particulares, contra Salume, por haber incumplido una orden que le impedía recibir en total de todos sus clientes una cantidad superior a 500 toneladas de basura diariamente. Existencia de señalamientos previos por contratos irregulares con alcaldías.

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El historial de señalamientos de PULSEM, con relación a posibles contratos ilícitos o al menos irregulares no es para nada nuevo; inclusive la CCR condenó a la municipalidad de Santa Tecla por haber formalizado contrato con esa compañía a pesar de contar durante los años 2017 y 2018 solamente con un permiso de funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para tratar unas 42 toneladas de basura a diario (solamente el municipio de Santa Tecla, requería disponer unas 180 toneladas de basura diariamente durante ese período) Prácticas fraudulentas en procesos de licitación.

De igual manera recientemente el abogado ambientalista, Edgar Lemus, además de informar que la Cámara Ambiental había anulado la decisión por la cual el exjuez ambiental interino de Santa Tecla, dándole el derecho de reclamar una reparación por los daños ambientales ocasionados por la empresa PULSEM, también destacó que existe documentación que confirma que la compañía de Salume mintió al menos en dos licitaciones ante la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), al declarar bajo juramento que contaba con permiso de funcionamiento para brindar los servicios ofertados; sin embargo, en ese momento solo contaba con el permiso para disponer y dar tratamiento a 42 toneladas de basura a diario, por lo que esa situación al ser descubierta debió ser notificada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de CEPA, con la finalidad que se aperturase un procedimiento disciplinario contra la empresa de Salume, conforme los artículos 25 y 26 de la Ley de Contrataciones del Estado que traen como consecuencia la inhabilitación de la compañía de Salume hasta por cinco años en los que no podría contratar con el Estado.

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En el año 2008 la empresa MOLSA propiedad de Adolfo “Fito” Salume fue sancionada por la Superintendencia de Competencia, por la realización de prácticas anticompetitivas condenándola al pago por la suma de $1, 971,015.16 dólares.

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Decretan detención provisional para acusado de violación de una menor de Sierra Morena

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José Oswaldo J. H. comenzó un romance con una adolescente de 14 años, el 23 de febrero de 2022, cuando él laboraba para la alcaldía de Soyapango como jardinero.

En cierta ocasión coincidieron en la cancha de la colonia Sierra Morena de ese municipio y fue cuando el imputado comenzó a cortejarla. La adolescente fue seducida por el sujeto, mantuvieron relaciones íntimas en las fechas del 23 de noviembre y 15 de diciembre en la casa de un primo de ella, la cual estaba sola, pero llegado el 9 de enero del presente año, en los instantes que se disponían a relacionarse íntimamente, llegó el padrastro de la menor quien -al percatarse de ello- llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) y fue capturado.

El Juzgado Segundo de Paz de esta localidad resolvió decretar la detención provisional por el delito de violación de menor o incapaz y ordenó que el proceso sea del conocimiento del Juzgado Primero de Instrucción de este municipio.

Además, la jueza le dijo al procesado que nadie mayor de edad puede alegar ignorancia ante este tipo de situaciones, ya que la Ley es clara cuando se refiere a menores de edad.

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Fiscalía acusa por desórdenes públicos y resistencia a tres sindicalistas de alcaldía de Soyapango

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En un Juzgado de Paz de Soyapango, la Fiscalía General de la República acusó a tres empleados de la alcaldía de ese municipio que el pasado 11 de enero fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC).

En el expediente presentado el ministerio público les atribuye el delito de desórdenes públicos y resistencia, ha solicitado que en la audiencia inicial se ordene que sigan en la cárcel.

Los acusados son: Ana Argentina Ramos de Joma, Edwin Boanerges Lovos García y Ovidio Armando Hernández, los tres son miembros Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango.

«De acuerdo a las investigaciones preliminares, los imputados se negaron a cumplir las indicaciones de los agentes de seguridad y continuaron generando desorden en las afueras de la Alcaldía de Soyapango», informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

El pasado 14 de enero, el Juzgado Primero de Paz de Soyapango, decretó prisión a la exalcaldesa de ese municipio, Nercy Patricia Montano de Martínez, quien fue trasladada al Centro Penal de Apanteos, departamento de Santa Ana.

La imputada es acusada por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, actos arbitrarios e infracción a las condiciones laborales o de seguridad social.

La exfuncionaria pasará los próximos seis meses en Apanteos, ya que ese fue el plazo de instrucción (etapa de investigación) otorgado por el juzgado a la Fiscalía General de la República.

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Madre que asesinó a su hija de 8 años en Apopa enfrentará audiencia el próximo viernes

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En el Juzgado de Paz de Apopa, la Fiscalía General de la República le inició el proceso penal a Ester Leonor Pineda, acusada de haber asesinado a su hija de ocho años.

Al momento de judicializar el expediente, el ministerio público también le acumula la complicidad en el delito de violación en menor incapaz agravado.

La mujer fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 11 de enero, en la colonia Las Flores, de Tonacatepeque, horas después de cometer el crimen, las autoridades la pusieron a la orden de la Fiscalía en tiempo récord, cuando todavía estaba el período de la flagrancia.

El crimen lo cometió el martes 10 de enero a eso de las 5:30 p.m., en la colonia Popotlán de Apopa, cuando golpeó con un objeto contundente a la menor causándole la muerte.

Tras enterarse que había asesinado a la niña, Pineda huyó con su otro hijo hacia la casa de sus padres y luego se desplazó a otros lugares de la zona para no ser detenida.

«De acuerdo a las investigaciones, la menor sufría maltrato y el 10 de enero de este año Leonor Pineda apuñaló a su hija, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Santa Teresa de las Flores, Apopa», publicó la Fiscalía.

La Fiscalía ha pedido que en la audiencia inicial programada para el viernes a las 10:00 de la mañana se le decrete detención para que continúe en prisión mientras dure el proceso judicial.

Al mismo tiempo fiscales de la oficina de Apopa han solicitado al juzgado que se le decrete reserva total al proceso y que solo ellos y la defensa tenga acceso al expediente y a las diligencias.

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