Política
“¡No hay mejor obra social que generar empleo!”, José Andrés Hernández, candidato a diputado ARENA
El empresario José Andrés Hernández está dispuesto a trabajar por la empleabilidad en el país, consciente que este es un principio básico para aliviar la pobreza, trazar un nuevo futuro a los más jóvenes, sobre todo, para que El Salvador se vuelva muy competitivo a nivel centroamericano.
Basado en su experiencia familiar y personal, además de la trayectoria como concejal en Mejicanos donde ha podido escuchar a millares de pobladores, José Andrés sostiene que “los salvadoreños están pidiendo más y mejores trabajos”.
A partir de mayo próximo, luego que sea electo diputado por la Asamblea Legislativa, se propone integrar las comisiones de Trabajo y Economía. En la primera trabajará para velar por los derechos negados a los salvadoreños que se dedican al trabajo por cuenta propia (o vendedores informales), y en la segunda (Economía) para promover leyes que incentiven la inversión en nuevas fuentes de empleo.
“Hay que impulsar y reactivar aquellos sectores (productivos) que se han quedado estancados. Tenemos que garantizar nuevos y mejores empleos… Estoy interesado en promover leyes que apoyen a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los sectores que sostienen el 70% de la economía del país”, sostuvo.
José Andrés habla claramente de “incentivos a emprendedores”, donde incluye a mujeres jóvenes, con estudios básicos o jefas de hogar que requieran de oportunidades para crecer.
La generación de nuevos empleos, añade el candidato, puede lograrse a diferentes niveles: en acompañamiento con grandes inversores, aunque una clave sería la de promover oportunidades desde las 262 alcaldías del país.
Para ello propone reformar la Ley del FODES en el sentido de evitar que los alcaldes utilicen el dinero que reciben para pagar deudas, por el contrario, apoyar iniciativas de emprendedores según las características de cada municipio. Por ejemplo, en la zona costera motivar industrias hoteleras, acompañadas de actividades recreativas marinas.
“Hay que crear sectores productivos activos para generar ingresos, para generar impuestos, y que este dinero sea utilizado en áreas como educación, seguridad; en seguridad, lo más importante es invertir en la prevención y crear nuevos empleos es prevenir violencia”, dijo.
A juicio del candidato arenero por San Salvador, “en este momento no hay mejor obra social que generar empleo para la población”.
Otras propuestas
José Andrés Hernández ha presentado diversas propuestas para transformar el país, que se vinculan al desarrollo económico y más en específico a la generación de empleo.
Propone una Ley de Desarrollo Económico y Competitividad, una Ley de Fomento al Emprendedurismo, incrementar la inversión pública en proyectos de desarrollo sostenible, brindar mayor seguridad jurídica para motivar las inversiones extranjeras, así como garantizar la salud y previsión social a las familias de los trabajadores.
Consciente que la mejor manera de garantizar las inversiones públicas es por medio de la transparencia, José Andrés Hernández trabajará por el fortalecimiento de la Corte de Cuentas e impulsará reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y a la Ley de Ética Gubernamental para garantizar, todas para crear un marco jurídico actualizado y garante de los intereses económicos de los salvadoreños.
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dos disposiciones transitorias enfocadas a proteger la economía familiar.
La primera de las iniciativas busca mantener estables las tarifas del pasaje que pagan los salvadoreños por el servicio del transporte público.
Para lograrlo, los parlamentarios ampliaron el período de vigencia de la Ley Transitoria para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros tipo Colectivo y Masivo.
Dicha iniciativa fue aprobada con 64 votos a favor y busca mantener la estabilidad del pasaje, por un mes más, a partir del 1 de mayo hasta el último día de ese mes.
Por otra parte, los parlamentarios acordaron prorrogar la vigencia de las placas de los vehículos automotores.
Con 73 votos, los parlamentarios aprobaron ampliar la disposición Transitoria a la Ley de derechos fiscales para ampliar vigencia de las placas con formato 2011.
Dicha iniciativa busca ser una medida de contingencia ante diversos factores internacionales que impactan de forma negativa la economía del país.
«Este decreto tiene como propósito prorrogar el periodo de validez de las placas de circulación de los vehículos. El Gobierno sigue en la búsqueda de estrategias que ayuden a disminuir el impacto económico en las familias salvadoreñas y esta iniciativa es prueba de ello», indicó el diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón.
De acuerdo con la normativa actual, la vigencia de las placas de los vehículos deben renovarse cada quinquenio, pero dada la situación del alza de precios del petróleo y sus derivados, debido a la crisis global, los parlamentarios consideran necesario ampliar transitoriamente el periodo de validez del uso de las mismas.
La Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores, determinó que la Fiscalía General de la República debe continuar la investigación de quienes recibieron retribuciones desde 1989 a 2019.
Los sobresueldos eran una práctica nefasta que se acostumbraba en los gobiernos de ARENA y del FMLN, con la que desviaron recursos del pueblo para repartirlo entre sus cúpulas.
La mesa de trabajo sesionó y rindió su informe final. El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano destacó entre los hallazgos que pueden ser constitutivos a delitos la evasión de impuestos, lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.
“La Comisión Especial emitió dos avisos a la FGR: el primero el 30 de agosto y el segundo el 3 de septiembre de 2021, para que dicha entidad proceda a iniciar un proceso en contra de los responsables de los hechos”, mencionó Soriano.
Además, Soriano detalló que, gracias a los dos avisos interpuestos en la mesa de trabajo en 2021, el ente fiscal inició con las investigaciones para proceder, en 2024, con la extinción de dominio en contra del expresidente Alfredo Cristiani, uno de los exfuncionarios involucrados en dicho mecanismo de corrupción.
Luego de conocer el informe, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, demandó que se investigarán los casos de corrupción de las administraciones anteriores: “Se ha comprobado que la vieja clase política ocupó los fondos de la partida secreta para recetarse un pago adicional al que les correspondía”, lo que implica cometimiento de posibles delitos.
“La comisión entrevistó a funcionarios que llegaron a justificar estas acciones: Alfredo Cristiani, Ana Vilma de Escobar, Elías Antonio Saca, Eugenio Chicas y muchos más. Durante su comparecencia, no pudieron explicar esta práctica ilegal y corrupta. Unos prefirieron escapar antes que dar la cara”, destacó Castro.
El diputado Jorge Castro dijo que la comisión también estableció tres modos de operar en los gobiernos anteriores, y que comenzaban en Casa Presidencial con las nivelaciones salariales o sobresueldos, un modus operandi que pagaba a otros funcionarios, diputados y partidos políticos y un tercero para controlar a los perseguidores de la justicia como la Corte de Cuentas y la Fiscalía.
“Los sobresueldos se utilizaban para comprar gobernabilidad que solamente favorecía a los grupos de poder de ese entonces. Esto se hacía en complicidad con instituciones del Estado que, se suponía, debían velar por el buen uso de los recursos públicos. Ahora, esto ya cambió y el pueblo es el que brinda gobernabilidad”, aseguró el diputado.
Asimismo, el diputado Walter Coto, señaló que la investigación realizada dentro de la Comisión ha permitido establecer que existen pruebas que señalan el cometimiento de hechos delictivos.
Enfatizó en que la corrupción de las administraciones pasadas se enquistó por años, traspasando de gobierno en gobierno prácticas como la de los sobresueldos.
“Esta comisión tuvo sus frutos y la población puede verlos, dieron inicio a perseguir aquellos corruptos que hicieron malversación de fondos en aquellos momentos. Esto es gracias al trabajo articulado que hemos tejido para buscar darle respuesta al llamado de la población en el tema de la corrupción”, mencionó Coto.
Además, su colega Marcela Pineda, detalló que hasta que asumió la presidencia Nayib Bukele y se estableció la nueva Asamblea Legislativa fue que se derrumbó el mecanismo de corrupción llamado “sobresueldo”, motivo por el cual la comisión se dedicó a investigar lo que sucedía con los grupos de poder.
“La tarea no fue fácil, pero la asumimos con valentía. Sin escrúpulos y sin temor los señalados iban a casa presidencial a recoger sobres etiquetados con más de $5 mil y los guardaban, pensado que nunca nadie se iba a atrever a cortar ese mecanismo de corrupción”, destacó la parlamentaria.
Los diputados concluyeron que Fiscalía debe continuar la investigación del caso de sobresueldos para determinar las responsabilidades civiles y penales de los implicados en el mecanismo de corrupción, llamado sobresueldos.
¿Qué son los sobresueldos?
La palabra “sobresueldo” significa una retribución o consignación que se añade al sueldo fijo.
Entre 1989 y 2019, los gobiernos de ARENA y el FMLN idearon un mecanismo de desfalco y corrupción con el que se repartían privilegios y mantenían en pie la farsa de democracia y Estado de Derecho, con la escondían sus verdaderas acciones.
Este sistema ilegal permitió que varios exfuncionarios de las administraciones pasadas recibieran diferentes sumas de dinero adicional al salario que tenían.
La entrega de los fondos se hacía a espaldas del Ministerio de Hacienda y se financiaba con los recursos que se destinaban a Casa Presidencial para “gastos reservados”, de los cuales no se dejaban registros.
Creación de la comisión especial
El 5 de julio de 2021, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, propuso a la Comisión Política crear la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores.
La iniciativa se basó en los artículos 131 y 132 de la Constitución de la República, que establecen que este tipo de mesas de trabajo son para investigar temas de interés nacional.
En la sesión plenaria ordinaria número 11, la propuesta fue aprobada por el pleno legislativo; se creó la Comisión Especial para investigar la entrega de sobresueldos y se juramentó a sus integrantes.
Es así como la mesa de trabajo inició las investigaciones sobre la entrega de sobresueldos provenientes de los fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores.
“Es menester de esta Asamblea Legislativa indagar las actividades de gobiernos anteriores, relativas a otorgar sobresueldos a funcionarios ocultando la remuneración real que recibía aparte del sueldo nominal”, expresó en su momento el presidente Castro.
De acuerdo al parlamentario, la bonificación que recibían los exfuncionarios era un complemento en efectivo que se les cancelaba fuera de la planilla ordinaria, por lo que no se llevaba un registro oficial y público de cuánto se gastaba en dicho concepto.
Este tipo de prácticas fueron calificadas por la nueva Asamblea Legislativa como “símbolo de la corrupción” que hubo por décadas en El Salvador.
Dos exgobernantes comparecieron ante comisión
Como parte de su trabajo, la comisión especial interpeló a más de 20 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN.
Entre los citados estuvieron los expresidentes de la República Alfredo Cristiani y Antonio Saca, ambos gobernaron bajo la bandera del partido de derecha.
Además, fueron llamaron a declarar el secretario privado de Cristiani, Arturo Claudio Enea Tona, y Élmer Charlaix, excolaborador de Saca. Los últimos dos, actualmente, cumplen una pena de cárcel en el centro penitenciario “La Esperanza”, en San Salvador, por delitos de corrupción.
El 21 de julio de 2021, Cristiani compareció ante la comisión especial a las 9:00 de la mañana; su exsecretario privado, a las 11:00 de la mañana.
Mientras que Saca y Charlaix se presentaron ese mismo día, pero por horas de la tarde: 2:00 p.m. y 4:00 p.m., respectivamente.
Los exmandatarios fueron citados por la comisión debido a que, durante la investigación, hubo circunstancias “extrañas” que llamaron la atención de los legisladores. Entre ellas la pérdida de documentos que acreditaba la entrega de dinero adicional al salario laboral.
El desfalco a las arcas del Estado fue enorme. El presidente de la comisión especial, Jorge Castro, informó en su momento que más de 600 funcionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN recibieron sobresueldos y se llegaron a pagar hasta $40 mil mensuales bajo este concepto.
Los 58 exfuncionarios relacionados a la corrupción
De los 600 exfuncionarios que recibieron las bonificaciones de manera ilegal, estos 58 personajes políticos fueron mencionados dentro de la comisión. También se reveló el cargo que desempeñaron y el monto de dinero que cada uno recibió:
• René Mario Figueroa, ministro de Gobernación, $20 mil
• Luis Mario Rodríguez, secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos. Recibió inicialmente $8 mil, luego ascendió a $11 mil. Pidió autorización para participar en un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y apoyo económico para la matrícula que ascendía a $3, 400 dólares. Tenía un sueldo nominal de $2,500
• Julio Rank, secretario de Comunicaciones, $10 mil
• Ana Ligia Mixco, secretaria Nacional de la Familia, $10 mil
• Eduardo Zablah, secretario técnico de la Presidencia, $8 mil
• César David Funes, secretario de la Juventud, $10 mil
• Carlos Antonio Rosales, secretario particular, $10 mil
• Guillermo López, secretario para asuntos comerciales y financieros internacionales, $10 mil
• Flavio Villacorta, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Manuel Castillo, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado, $10 mil
• Ana Evelin Jacir de Lovo, comisionada para la Defensoría del Consumidor, $10 mil
• Carmen Elena Bazán de Sol, comisionada presidencial para la Agricultura, $10 mil
• Gloria Salguero Gross, comisionada presidencial para la gobernabilidad, $10 mil
• Conrado López Andreu, comisionado presidencial para la integración centroamericana, $10 mil
• Cecilia Gallardo de Cano, coordinadora nacional del área social, $12 mil
• Francisco Laínez, ministro de Relaciones Exteriores, $11 mil
• Eduardo Cálix, viceministro de Relaciones Exteriores, integración y promoción económica, $5 mil
• Margarita Escobar, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $7 mil
• Marisol Argueta, ministra de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el Exterior, $10 mil
• Luis Ernesto Martínez Brito, viceministro de Relaciones Exteriores para salvadoreños en el exterior, $3 mil
• Silvia Aguilar, ministra de Gobernación, $5 mil
• Juan Miguel Bolaños, ministro de Gobernación, $3 mil
• Rodrigo Ávila, viceministro de Seguridad Ciudadana, $5 mil
• Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana, $3 mil
• José Belarmino López Suárez, ministro de Hacienda, $10 mil
• William Jacobo Hándal, ministro de Hacienda, $10 mil
• Yolanda Mayora de Gaviria, ministra de Economía, $7 mil
• Blanca Imelda Jaco de Magaña, viceministra de Comercio e Industria, $8 mil
• Ricardo Esmahan d’ Abuisson, ministro de Economía, $7 mil
• Darlyn Xiomara Meza, ministra de Educación, $9 mil
• José Luis Guzmán, viceministro de Educación, $5,700
• Carlos Benjamín Orozco, viceministro de Educación, $4 mil
• José Roberto Espinal Escobar, ministro de Trabajo, $7 mil
• Gerardo Suvillaga, viceministro de Trabajo, $5 mil
• Carmen Elisa Sosa de Callejas, viceministra de Trabajo, $2,500
• Mario Ernesto Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería, $7 mil
• José Emilio Saudi Hasbún, viceministro de Agricultura y Ganadería, $4 mil
• David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Jorge Nieto, ministro de Obras Públicas, $10 mil
• Sigifredo Ochoa Gómez, viceministro de Obras Públicas, $5 mil
• René Mauricio Chavarría Portillo, viceministro de Transporte, $3 mil
• Luis Felipe Moreno Carmona, viceministro de Transporte, $4 mil
• José René Ernesto Escolán, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, $7mil
• Hugo César Barrera, ministro de Medio Ambiente, $7 mil
• Luis Cardenal, ministro de Turismo, $10 mil
• Rubén Alonso Rochi, ministro de Turismo, $7mil
• Miguel Salaverría Alcaine, presidente CEPA, $10mil
• Juan José Llort Choussy, presidente CEPA, $10 mil
• Hugo Barrera, presidente CEPA, $7 mil
• Albino Román, presidente CEPA, $10 mil
• Andrés Rovira, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, $10 mil
• Miriam Eleana Reyna, Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), $3 mil
• Luis Enrique Oñate Muyshondt, presiente Fondo Social para la Vivienda (FSV), $3 mil
• Federico Hernández Aguilar, presidente Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, $1,500
• Jorge Hernández, presidente del Instituto Nacional de los Deportes, $5 mil
• Miguel Ángel Salume, presidente de CEL, $10 mil
• Gino Rolando Bettaglio, presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, $4 mil
• César Daniel Funes Durán, ANDA, $10 mil
La comisión también citó a Margarita de Escobar, exministra de Relaciones Exteriores y diputada por ARENA, y a Rolando Alvarenga – exsecretario de asuntos jurídicos de la presidencia con Francisco Flores, pero ninguno compareció.
A menos de un mes para que finalice el período legislativo 2021-2024, se visualizan cambios dentro de la Asamblea Legislativa; entre estos, que 39 de los diputados ya no continuarán en el Órgano Legislativo durante el próximo trienio.
Los motivos por los que no seguirán durante el período 2024-2027 son diversos, y en algunos casos atienden a situaciones personales, pero en términos generales se puede identificar que 18 legisladores no buscaron la reelección el 4 de febrero anterior.
En este grupo hay cinco de la fracción de ARENA, entre ellos Alberto Romero, quien se encuentra detenido mientras es procesado por el delito de enriquecimiento ilícito; Margarita Escobar y René Portillo Cuadra, quienes solicitaron permiso para ausentarse por enfermedad, renovado en varias ocasiones pero ya no retomaron sus obligaciones públicas; y Rodrigo Ávila Avilés, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue acusado de recibir sobresueldos provenientes de la partida secreta de Casa Presidencial durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca.
En el caso de la fracción de Nuevas Ideas, son nueve diputados que no participaron en la elección; entre ellos, Gerardo Aguilar y José Ilofio García, desaforados y procesados judicialmente por recibir dádivas a cambio de favores políticos; y Érick García, quien se encuentra detenido mientras enfrenta un proceso judicial por el delito de falsedad documental.
Tampoco participó Jhonny Tennant Wright, de Nuestro Tiempo, partido que desaparecerá; ni los tres diputados disidentes de ARENA: Carlos Reyes, Donato Vaquerano y Jorge Rosales.
Sí buscaron la reelección 17 legisladores, pero no recibieron el apoyo de la población necesario para permanecer en el cargo. En este grupo están los cuatro diputados del FMLN, quienes en ocasiones no votaban de la misma forma, dejando entrever una división en la fracción roja; se suman cuatro diputados tricolor, cuatro diputados de GANA, entre ellos Romeo Auerbach, quien terminó separándose del partido; y cuatro diputados de Nuevas Ideas que no lograron las marcas ni los votos requeridos para mantenerse.
Un tercer grupo que ya no regresará al Salón Azul de la Asamblea como diputados está conformado por cuatro de Nuevas Ideas que participaron en las elecciones municipales y se convirtieron en alcaldes.
Ellos son José Urbina, alcalde electo de San Salvador Oeste; Marcela Pineda, alcaldesa electa de La Paz Este; Jorge Castro, jefe municipal electo de Santa Ana Oeste; y Edwin Serpas, alcalde electo de la alcaldía de La Unión Norte. Recibirán sus credenciales el próximo 25 de abril.
Un factor importante que incide de alguna manera en que varios de los diputados ya no continúen es la nueva conformación del congreso, que pasa de tener 84 a 60 escaños, una decisión establecida en el decreto legislativo 755, del 7 de junio de 2023.
