En marzo de este año miembros de la Marina de El Salvador detectaron una embarcación varada en altamar. En la intervención identificaron a tres guatemaltecos que afirmaron estar auxiliando a otra embarcación, por lo que se ubicó una segunda lancha.

En ella viajaba otro grupo de guatemaltecos y, presuntamente, se encontraron coordenadas que permitieron localizar una tercera embarcación tripulada por los tres ecuatorianos, quienes habrían intentado deshacerse del cargamento arrojándolo al mar.

Sin embargo, el material fue recuperado en su totalidad. Se incautaron 1,301 paquetes que dieron positivo a cocaína, valorados en $32,707,140.00.

Por estos hechos, nueve sujetos fueron capturados y el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió a la etapa de sentencia el proceso penal contra ellos acusados del delito de tráfico ilícito.

Los procesados son los ecuatorianos Miguel Antonio Rodríguez Párraga, Eleuterio Mario Pincay Figueroa y Richard Daniel Mero Mero; y los guatemaltecos Gandhi Otoniel Ágreda Pérez, Carlos Enrique Solares Ma, Jefferson Iván González Berríos, Esvin Rodolfo Pineda Mejía, Óscar Edgardo García Hernández y Eswin Eduardo González Berríos, a quien además se le atribuye el delito de posesión y tenencia.

Tras escuchar los alegatos y valorar la oferta probatoria, el juzgado admitió la acusación, ordenó la apertura a juicio y, ratificó la medida cautelar de detención provisional para los nueve imputados.

Un grupo de alcaldes que se reunió en las últimas horas con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, le solicitó decretar estado de sitio o Régimen de Excepción, debido a la violencia que viven.

Según publicaron medios de comunicación guatemaltecos, la medida fue impulsada por alcaldes de municipios del departamento de Escuintla.

El jefe edil de Asunción Mita, René Guardado Lemus, explicó que la solicitud se hace bajo esos dos sentidos.

Sin embargo, el alcalde de Asunción Mita no hizo mención de la respuesta del presidente Arévalo ante la propuesta.

La Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con el Ministerio de Hacienda anunciaron la destrucción de un lote de cigarrillos decomisados a diversas estructuras dedicadas al contrabando.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento está compuesto por 6,562,570 unidades (9.7 toneladas), con un valor estimado de 2 millones de dólares en impuestos dejados de percibir, almacenaje y multas.

Se trata de la segunda destrucción del año de un lote de cigarrillos decomisados, los cuales ingresaron de manera ilegal al país afectando las finanzas públicas.

Además, el lote corresponde a 23 marcas de cigarrillos procedentes del continente asiático, como Modern, Marvel, Royal, This Blue, Royal Menthol, entre otros, los cuales fueron decomisados en diversos operativos en carreteras y puntos ciegos.

El producto será trasladado a las instalaciones de la planta Geocycle, ubicada en Metapán, Santa Ana, donde serán procesados para su destrucción sin producir efectos negativos en el medioambiente ni en la salud de la población, afirmaron las autoridades.