Judicial
Pandillero «cazó» por varias calles a un padre de familia hasta asesinarlo frente a su hija durante un desfile de carrozas en Cuscatancingo
Una coronación infantil en Cuscatancingo se vio manchada de sangre con el asesinato del padre de familia de una de las candidatas quien fue atacado por un pandillero que lo señalaba de ser colaborador de una estructura criminal contraria a la que delinque en la zona donde residía.
El 26 de mayo de 2017, la directiva de la colonia María Auxiliadora había programado una jornada familiar en la que Rigoberto Leopoldo Figueroa participaba junto a su hija quien fue testigo de cómo Jonatán Alexis V., de 25 años, le quitaba la vida a su padre.
Según el expediente judicial, previo a su muerte, Figueroa ayudó a la decoración con globos de varios colores la carroza en la que su hija iba a desfilar por las calles del referido municipio.
La actividad se desarrolló con normalidad hasta las 5:45 de la tarde, el delincuente llegó a la zona vestido con una camisa rayada, jeans azul, tenis oscuro y una pistola lista para ser descargada. Sus compinches lo esperaban en un carro azul para darse a la fuga.
Los vecinos de la zona habían colocado sillas en la acera esperando el desfile sin saber que lo que estaba por comenzar era una cacería que se prolongó por varias calles de la colonia, muchos niños se encontraban en el lugar.
Jonathan caminaba con la vista fijada en su víctima a quien al tenerlo enfrente le apuntó con la pistola, en ese momento, Rigoberto abrió los ojos del asombro e inmediatamente comenzó a correr en dirección contraria a su verdugo.
Sin tener miedo a ser visto, Jonathan comenzó a perseguirlo sin dejarle de apuntar. Cuando los vecinos vieron lo que ocurría agarraron a sus hijos y salieron despavoridos por todos lados. Unos se escondieron debajo de los autos y otros optaron por correr para salvar sus vidas.
Los disparos que comenzaron a sonar en el lugar convirtieron en algo más caótico la escena que finalizó con Figueroa tendido en el pavimento y el pandillero pegándole patadas al cuerpo para constatar que había logrado su cometido.
El delincuente con mucha tranquilidad se dio la vuelta y se dirigió hasta el carro que lo estaba esperando a unos metros de la escena. Poca importancia le dio el hecho que durante el ataque había herido de bala a dos vecinos que no tenían nada que ver.
No hubo necesidad de denuncia de los afectados ya que elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) escucharon las detonaciones y al verificar lo que había ocurrido iniciaron las investigaciones pertinentes.
El sistema de video vigilancia alertó a los agentes que el carro con los delincuentes se encontraba en una zona cercana al redondel Schafik Handal en Mejicanos, lugar en el que fueron interceptados los pandilleros, a quienes se les decomisó el arma con la que mataron a Rigoberto.
Las investigaciones realizadas señalan que Jonatán es un pandillero que había logrado pasar desapercibido gracias al trabajo como motorista privado, oficio por el que ganaba $150 y podía “patrullar” la zona para alertar a sus compinches.
La parte acusadora ha incluido en el expediente un álbum fotográfico donde se puede observar con exactitud la participación de Jonathan en el hecho.
El imputado se encuentra a la espera que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador desarrolle la vista pública en su contra donde se determinara su inocencia o culpabilidad.
NOTA DE El Salvador TIMES
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
