Judicial
Sala ordena a la Fuerza Armada y Estado Mayor investigar sobre desaparición de dos jóvenes a manos de militares en San Martín
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia en la que ordena a la Fuerza Armada y al Estado Mayor Conjunto investigar la desaparición forzada de dos jóvenes a manos de siete militares ocurrida en el municipio de San Martín en 2014.
Según un comunicado de la Sala, el solicitante interpuso un habeas corpus ante esta instancia en la que se argumentó que los dos jóvenes salieron de su casa y se dirigieron al mercado del municipio de San Martín, donde fueron interceptados por siete soldados uniformados con boina roja-ocre y franja anaranjada, al parecer miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes los habrían desaparecido.
Según el relato, este grupo militar detuvo a los jóvenes, los registraron y los golpearon, luego procedieron a amarrarlos con las manos hacia atrás y los exhibieron recorriendo el mercado. Posteriormente, los subieron a un carro blanco sin placas, doble cabina tipo pick up, y luego de un tiempo, los mismos soldados los bajaron en la Colonia Santa María y desde entonces nadie da información de ellos.
El comunicado de la Sala asegura que pese a que los jóvenes fueron capturados por militares que habitualmente patrullaban el mercado y sus alrededores, nunca fueron remitidos a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República o la autoridad judicial. En este sentido, su detención ha sido ilegal y a estas alturas puede considerarse como una desaparición forzada de personas, manifiesta la publicación.
A criterio de los magistrados lo ocurrido ese 30 de julio de 2014 en el mercado de San Martín puede considerarse como una desaparición forzada a manos de miembros de la Fuerza Armada, pues desde esa fecha en que fueron intervenidos por los soldados no han sido vistos nuevamente.
Como efecto de esta sentencia, la Sala ordena al ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Félix Núñez realicen nuevas indagaciones internas y exhaustivas sobre las desapariciones forzadas de los jóvenes, con el objeto de determinar lo sucedido y los responsables concretos desde el inicio de su desaparición hasta el momento actual en que se desconoce su paradero, para localizarlos y hacer cesar la lesión a sus derechos constitucionales.
Asimismo, les ordena mantener informada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que puedan investigar lo sucedido y se de con el paradero de los dos jóvenes, ya sea vivos o muertos.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
