Judicial
Integrantes de grupo de exterminio son condenados a 20 años de cárcel por homicidio
Los sentenciados también son procesados junto a otros 28 incriminados del grupo clandestino, y están a la espera de la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de San Miguel.
Los primeros cuatro integrantes de un grupo de exterminio identificado como “El Diablo de Cordoncillo”, que operaban en tres municipios del departamento de La Unión, fueron condenados a 20 años de cárcel por el delito de Homicidio Agravado.
El jefe fiscal de la sede de La Unión, Alexis Gaitán, aseguró que Salvador Alfaro, Juan Diego Marchante Quintanilla, Carlos Manuel Estrada Beltrán y José Ángel Herrera Manzano tenían la función de ejecutores en el grupo clandestino.
Con diferentes pruebas, los fiscales del caso de la Unidad de Vida demostraron que los imputados son coautores del crimen de Rudy Geovany Guembes, acribillado con disparos de arma de fuego cuando se conducía en su vehículo automotor en abril del año 2018, en el barrio El Calvario de San Alejo.
Según las investigaciones decidieron asesinarlo por tener nexos con la MS.
El Juzgado de Sentencia de La Unión con base a las evidencias presentadas en el juicio los declaró responsables del delito de Homicidio Agravado.
Grupo de 32 miembros
Alexis Gaitán, explicó que los cuatro sentenciados por este caso también son procesados junto a otros 28 incriminados del grupo de exterminio, quienes están a la espera de la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de San Miguel. Se les acusa de tres homicidios agravados consumados, 13 proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, un homicidio agravado tentado y organizaciones terroristas.
“El Diablo de Cordoncillo”, según el jefe fiscal, recibía financiamiento desde el extranjero y de connacionales y tenían acceso a información policial para operar clandestinamente a fin de controlar los municipios de San Alejo, Yayantique y La Unión.
Las investigaciones fiscales han establecido que dentro del grupo existen células que realizaban tareas de ejecutores, financistas y colaboradores del grupo criminal. Se estima que la banda operaba desde hace 7 años.
En diciembre del 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) giró varias ordenes de captura y entre los 28 incriminados está el agente de la Policía Nacional Civil (PNC), José Neftaly Moreira Romero, que estaba destacado en el puesto policial de la base rural de La Unión, ubicado en el cantón Sirama.
En el desarrollo de las indagaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019, la Fiscalía General logró frustrar, al menos, 25 homicidios que se estaban planificando por el grupo criminal en los municipios de San Alejo y Yayantique.
Judicial
Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.
Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.
Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.
Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.
Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.
De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.
Judicial
Decretan instrucción contra King Flyp, acusado de expresiones de violencia contra las mujeres
Foto: Cortesía
Los hechos por los cuales es procesado ocurrieron el 6 de junio de 2025
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó la continuación a la etapa de instrucción del caso penal contra Marvin Ulises Martínez León, mejor conocido en redes sociales como King Flyp, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, previsto y sancionado en el artículo 55, literal C y E de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Durante la audiencia, el juzgado determinó que existen indicios probatorios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del procesado, motivo por el cual se ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción ante un juzgado LEIV.
Como medida cautelar, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención, entre ellas: la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV.
Los hechos que motivan el proceso, ocurrieron el 6 de junio de 2025. Por tratarse de un delito contra una mujer, la relación circunstanciada de los hechos permanece bajo reserva total.
