Judicial
Integrantes de grupo de exterminio son condenados a 20 años de cárcel por homicidio
Los sentenciados también son procesados junto a otros 28 incriminados del grupo clandestino, y están a la espera de la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de San Miguel.
Los primeros cuatro integrantes de un grupo de exterminio identificado como “El Diablo de Cordoncillo”, que operaban en tres municipios del departamento de La Unión, fueron condenados a 20 años de cárcel por el delito de Homicidio Agravado.
El jefe fiscal de la sede de La Unión, Alexis Gaitán, aseguró que Salvador Alfaro, Juan Diego Marchante Quintanilla, Carlos Manuel Estrada Beltrán y José Ángel Herrera Manzano tenían la función de ejecutores en el grupo clandestino.
Con diferentes pruebas, los fiscales del caso de la Unidad de Vida demostraron que los imputados son coautores del crimen de Rudy Geovany Guembes, acribillado con disparos de arma de fuego cuando se conducía en su vehículo automotor en abril del año 2018, en el barrio El Calvario de San Alejo.
Según las investigaciones decidieron asesinarlo por tener nexos con la MS.
El Juzgado de Sentencia de La Unión con base a las evidencias presentadas en el juicio los declaró responsables del delito de Homicidio Agravado.
Grupo de 32 miembros
Alexis Gaitán, explicó que los cuatro sentenciados por este caso también son procesados junto a otros 28 incriminados del grupo de exterminio, quienes están a la espera de la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de San Miguel. Se les acusa de tres homicidios agravados consumados, 13 proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, un homicidio agravado tentado y organizaciones terroristas.
“El Diablo de Cordoncillo”, según el jefe fiscal, recibía financiamiento desde el extranjero y de connacionales y tenían acceso a información policial para operar clandestinamente a fin de controlar los municipios de San Alejo, Yayantique y La Unión.
Las investigaciones fiscales han establecido que dentro del grupo existen células que realizaban tareas de ejecutores, financistas y colaboradores del grupo criminal. Se estima que la banda operaba desde hace 7 años.
En diciembre del 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) giró varias ordenes de captura y entre los 28 incriminados está el agente de la Policía Nacional Civil (PNC), José Neftaly Moreira Romero, que estaba destacado en el puesto policial de la base rural de La Unión, ubicado en el cantón Sirama.
En el desarrollo de las indagaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019, la Fiscalía General logró frustrar, al menos, 25 homicidios que se estaban planificando por el grupo criminal en los municipios de San Alejo y Yayantique.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
