Judicial
A juicio tres empleados de Corte de Cuentas por maquillar auditoría en alcaldía de Chinameca, San Miguel
En el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador comenzaron a ser procesados tres empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) acusados de maquillar auditorías para favorecer a alcaldías de la zona oriental.
Los procesados son: Ismael Pereira Vásquez, quien ha estado fungiendo como director regional de la zona Oriente de la CCR, Ramón Armando Alvarado, jefe de equipo y el auditor prófugo Manuel Enrique Díaz Paiz.
El ministerio público acusa a los tres funcionarios por el delito de incumplimiento de deberes por haber favorecido supuestamente a la alcaldía de Chinameca, departamento de San Miguel.
En el expediente se detalla que los acusados hicieron una auditoría financiera en la referida alcaldía en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.
«Durante la realización de la auditoría financiera básicamente limpiaron un informe, quitando 15 hallazgos que debieron ser incorporados en el informe final», dijo el fiscal del caso.
«Según las investigaciones, los imputados dejaron los informes de auditoría en limpio pese a que sí existían hallazgos que reportar», publicó la Fiscalía luego de judicializar el caso en el cual solicitó que sigan en prisión.
El pasado 13 de julio, 10 empleados de la Corte de Cuentas entre ellos los tres imputados enfrentaron una audiencia por supuestamente maquillar auditorías en las comunas de los municipios de Bolívar, Chilanga y Comacarán, entre los años 2016 y 2018.
En la audiencia de imposición de medidas el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, decretó medidas alternar a la detención para nueve procesados que fueron detenidos por la Policía y en el caso de Manuel Enrique Díaz Paiz giró orden de captura por ser prófugo.
Una investigación inicial del ministerio público ha detectado que los 10 imputados habrían favorecido aproximadamente 45 alcaldías del oriente del país, hasta el momento se han judicializado el caso de cuatro municipalidades.
Los acusados según la Fiscalía se aprovecharon de sus cargos para omitir información de auditorías y evitar que exfuncionarios municipales enfrentaran juicios de cuentas por mal uso de los fondos públicos.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
