Judicial
A juicio tres empleados de Corte de Cuentas por maquillar auditoría en alcaldía de Chinameca, San Miguel
En el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador comenzaron a ser procesados tres empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) acusados de maquillar auditorías para favorecer a alcaldías de la zona oriental.
Los procesados son: Ismael Pereira Vásquez, quien ha estado fungiendo como director regional de la zona Oriente de la CCR, Ramón Armando Alvarado, jefe de equipo y el auditor prófugo Manuel Enrique Díaz Paiz.
El ministerio público acusa a los tres funcionarios por el delito de incumplimiento de deberes por haber favorecido supuestamente a la alcaldía de Chinameca, departamento de San Miguel.
En el expediente se detalla que los acusados hicieron una auditoría financiera en la referida alcaldía en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.
«Durante la realización de la auditoría financiera básicamente limpiaron un informe, quitando 15 hallazgos que debieron ser incorporados en el informe final», dijo el fiscal del caso.
«Según las investigaciones, los imputados dejaron los informes de auditoría en limpio pese a que sí existían hallazgos que reportar», publicó la Fiscalía luego de judicializar el caso en el cual solicitó que sigan en prisión.
El pasado 13 de julio, 10 empleados de la Corte de Cuentas entre ellos los tres imputados enfrentaron una audiencia por supuestamente maquillar auditorías en las comunas de los municipios de Bolívar, Chilanga y Comacarán, entre los años 2016 y 2018.
En la audiencia de imposición de medidas el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, decretó medidas alternar a la detención para nueve procesados que fueron detenidos por la Policía y en el caso de Manuel Enrique Díaz Paiz giró orden de captura por ser prófugo.
Una investigación inicial del ministerio público ha detectado que los 10 imputados habrían favorecido aproximadamente 45 alcaldías del oriente del país, hasta el momento se han judicializado el caso de cuatro municipalidades.
Los acusados según la Fiscalía se aprovecharon de sus cargos para omitir información de auditorías y evitar que exfuncionarios municipales enfrentaran juicios de cuentas por mal uso de los fondos públicos.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
