Judicial
A juicio tres empleados de Corte de Cuentas por maquillar auditoría en alcaldía de Chinameca, San Miguel
En el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador comenzaron a ser procesados tres empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) acusados de maquillar auditorías para favorecer a alcaldías de la zona oriental.
Los procesados son: Ismael Pereira Vásquez, quien ha estado fungiendo como director regional de la zona Oriente de la CCR, Ramón Armando Alvarado, jefe de equipo y el auditor prófugo Manuel Enrique Díaz Paiz.
El ministerio público acusa a los tres funcionarios por el delito de incumplimiento de deberes por haber favorecido supuestamente a la alcaldía de Chinameca, departamento de San Miguel.
En el expediente se detalla que los acusados hicieron una auditoría financiera en la referida alcaldía en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.
«Durante la realización de la auditoría financiera básicamente limpiaron un informe, quitando 15 hallazgos que debieron ser incorporados en el informe final», dijo el fiscal del caso.
«Según las investigaciones, los imputados dejaron los informes de auditoría en limpio pese a que sí existían hallazgos que reportar», publicó la Fiscalía luego de judicializar el caso en el cual solicitó que sigan en prisión.
El pasado 13 de julio, 10 empleados de la Corte de Cuentas entre ellos los tres imputados enfrentaron una audiencia por supuestamente maquillar auditorías en las comunas de los municipios de Bolívar, Chilanga y Comacarán, entre los años 2016 y 2018.
En la audiencia de imposición de medidas el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, decretó medidas alternar a la detención para nueve procesados que fueron detenidos por la Policía y en el caso de Manuel Enrique Díaz Paiz giró orden de captura por ser prófugo.
Una investigación inicial del ministerio público ha detectado que los 10 imputados habrían favorecido aproximadamente 45 alcaldías del oriente del país, hasta el momento se han judicializado el caso de cuatro municipalidades.
Los acusados según la Fiscalía se aprovecharon de sus cargos para omitir información de auditorías y evitar que exfuncionarios municipales enfrentaran juicios de cuentas por mal uso de los fondos públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
