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Alcalde del Puerto de La Libertad considera que el cerco sanitario que ejecutó el gobierno en el municipio fue acertado
El alcalde municipal de la ciudad Puerto de La Libertad, Miguel Ángel Jiménez, calificó de acertado el cerco sanitario que el gobierno central instaló en la ciudad el pasado 17 de abril y que se prolongó por 48 horas para restringir la circulación de personas y evitar focos de contagios de Covid-19. “Yo vi bien el cerco sanitario, fue una buena medida, la gente no hace caso y lastimosamente hay que hacerle entender con medidas drásticas” apuntó el alcalde.
El jefe municipal aseguró que durante estas festividades se han incrementado las medidas de prevención para las pocas personas que de manera irresponsable han buscado el litoral salvadoreño. “La gente debe tener conciencia , esto no es un juego, la población debe quedarse en casa”.
Confirmó que algunos habitantes han tenido que tomar sus propias medidas para evitar el ingreso de turistas, como el cierre de calles o prohibir la circulación, algo que asegura “no es correcto, pero los pobladores no quieren que gente de afuera lleve el virus a sus comunidades”
Entre las medidas adoptadas por la comuna está la instalación de cabinas de desinfección, donde la población esta obligada a hacer uso de ellas para ingresar al mercado municipal y supermercados. Hasta hoy se reportan 95 casos confirmados de Covid-19 en ese municipio, según datos del Ministerio de Salud, publicados en su sitio oficial.
Otra de las medidas implementadas por la alcaldía municipal es reforzar la presencia de elementos del CAM en zonas comerciales, para garantizar que los negocios sólo ofrezcan servicio “para llevar” como lo estipula la fase 1 del plan de reapertura económica; según Jiménez, “ya tuvimos que multar a por lo menos 3 negocios por no respetar esta medida”.
La pandemia ha provocado una caída de hasta el 80 % en la recaudación de impuestos, según el alcalde, debido a las perdidas que ha tenido el comercio de la zona ante la paralización del turismo.
Pandilleros de la estructura Fulton Locos Salvatruchos que delinquían en el departamento de Chalatenango, fueron condenados por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Entre los sentenciados está Víctor Morales Guardado, alias «Lechuza» o «Búho», a quien la Fiscalía General de la República vinculó con 19 hechos delictivos, incluyendo cuatro homicidios agravados.
Al final del juicio, el tribunal lo encontró responsable por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y agrupaciones ilícitas, imponiéndole 75 años de prisión.
También fue condenado Mariano de Jesús Ticas Rivas, alias «Bam Bam», el pandillero recibió 32 años de prisión por dos casos de extorsión agravada en perjuicio de víctimas con régimen de protección y Joel Armando Espinal Valle, fue sentenciado a cinco de cárcel.
Los mareros comenzaron a ser investigados tras la desaparición de dos hermanos en el 2017, en la jurisdicción de Tejutla, departamento de Chalatenango.
Otros hechos ocurrieron en 2018, en distintos puntos de ese departamento donde la estructura delictiva tenía presencia.
En la vista pública declararon varios testigos que fueron afectados por el accionar de los pandilleros, sobre todo, personas que estuvieron siendo extorsionadas.
La Fiscalía reforzó los testimonios de las víctimas con prueba documental y pericias que vincularon a los pandilleros con los crímenes acusados.
El pandillero prófugo, Julio César Martínez Ortiz, alias «Rizos», fue condenado a 45 años de cárcel, por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, así como proposición y conspiración en homicidio agravado.
En la investigación presentada ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, trascendió que el pandillero es miembro de la estructura Silent Danger Locos Salvatruchos, una célula que dependía de la organización criminal que giraba instrucciones delictivas desde el centro de San Salvador.
Martínez Ortiz, por años se había arraigado en el distrito de Panchimalco, del municipio de San Salvador Sur, junto a otros terroristas estuvo cometiendo una serie de delitos.
En la acusación judicial, el ministerio público expuso que entre los hechos investigados se encuentra el homicidio agravado de una víctima quien fue interceptada, interrogada y luego asesinaron por tener «apariencia» de un pandillero de la 18.
«Rizos», consumó ese crimen junto a otros pandilleros, en Panchimalco, según lo probó la Fiscalía con testimonios y otras evidencias que el tribunal consideró darles validez.
El tribunal efectuó el juicio en contra del marero quien no está detenido, pero aplicó las reformas al Código Procesal Penal reformado por la Asamblea Legislativa en el 2023.
Esa enmienda faculta a los jueces realizar audiencia preliminar y vista pública a personas prófugas. Antes, una persona podía ser acusada en la fase inicial como ausente, pero si una vez vencía el plazo de instrucción y no llegaban a la audiencia preliminar, el expediente no podía avanzar y debía archivarse hasta que el imputado fuera detenido.
A 10 años de cárcel fueron condenados seis extranjeros detenidos por la Marina Nacional, con un cargamento de 1,551 kg de cocaína en aguas internacionales.
La pena fue impuesta por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador a los ecuatorianos Manuel Enrique de la Rosa González, Carlos Alfredo Catato Malave y Junior Alexander Lucas Mero. También fueron encontrados responsables los mexicanos Félix José Rosales García, Fermín Cortez Leiva y Abel Ramos Meza.
Los narcotraficantes fueron ubicados por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) a 920 millas náuticas de la costa salvadoreña (1,704 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz.
El equipo de la FTNT los ubicó en el trayecto que habían iniciado con la droga en las costas ecuatorianas con la pretensión de llegar a Guatemala, México y finalizar en Estados Unidos.
El procedimiento de incautación comienza cuando se ubica una lancha ecuatoriana trasladando la cocaína, una hora después la Fuerza Naval detectó una segunda embarcación a 950 millas náuticas, en la que viajaban tres ciudadanos mexicanos, quienes según las autoridades se encargarían de abastecer a la tripulación ecuatoriana con combustible y alimentos.
En el juicio la Fiscalía expuso que el 12 de octubre de 2024, los imputados fueron sorprendidos por elementos de la Fuerza Naval a eso de las 11:00 de la mañana. En la experticia de peso y prueba de campo, expertos antinarcóticos dictaminaron que la droga estaba valuada en $38,992,140.
El pasado 11 de noviembre, la Fiscalía General informó que esa droga decomisada fue destruida en el predio de Changallo, en Ilopango.
