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Alcalde del Puerto de La Libertad considera que el cerco sanitario que ejecutó el gobierno en el municipio fue acertado
El alcalde municipal de la ciudad Puerto de La Libertad, Miguel Ángel Jiménez, calificó de acertado el cerco sanitario que el gobierno central instaló en la ciudad el pasado 17 de abril y que se prolongó por 48 horas para restringir la circulación de personas y evitar focos de contagios de Covid-19. “Yo vi bien el cerco sanitario, fue una buena medida, la gente no hace caso y lastimosamente hay que hacerle entender con medidas drásticas” apuntó el alcalde.
El jefe municipal aseguró que durante estas festividades se han incrementado las medidas de prevención para las pocas personas que de manera irresponsable han buscado el litoral salvadoreño. “La gente debe tener conciencia , esto no es un juego, la población debe quedarse en casa”.
Confirmó que algunos habitantes han tenido que tomar sus propias medidas para evitar el ingreso de turistas, como el cierre de calles o prohibir la circulación, algo que asegura “no es correcto, pero los pobladores no quieren que gente de afuera lleve el virus a sus comunidades”
Entre las medidas adoptadas por la comuna está la instalación de cabinas de desinfección, donde la población esta obligada a hacer uso de ellas para ingresar al mercado municipal y supermercados. Hasta hoy se reportan 95 casos confirmados de Covid-19 en ese municipio, según datos del Ministerio de Salud, publicados en su sitio oficial.
Otra de las medidas implementadas por la alcaldía municipal es reforzar la presencia de elementos del CAM en zonas comerciales, para garantizar que los negocios sólo ofrezcan servicio “para llevar” como lo estipula la fase 1 del plan de reapertura económica; según Jiménez, “ya tuvimos que multar a por lo menos 3 negocios por no respetar esta medida”.
La pandemia ha provocado una caída de hasta el 80 % en la recaudación de impuestos, según el alcalde, debido a las perdidas que ha tenido el comercio de la zona ante la paralización del turismo.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
