Internacionales
Papúa Nueva Guinea reporta más de 2.000 personas sepultadas en deslizamiento de tierra
Más de 2.000 personas quedaron sepultadas por un enorme corrimiento de tierras que arrasó un pueblo en Papúa Nueva Guinea, estimó este lunes el gobierno, que pidió ayuda internacional para las labores de rescate.
«El deslizamiento sepultó a más de 2.000 personas vivas y causó importantes destrozos en edificios, huertos, además de afectar gravemente a la base económica del país», indicó el centro nacional de catástrofes papú en una carta a la ONU a la que tuvo acceso la AFP.
Una aldea situada en la ladera de una colina en la provincia de Enga, en el centro del archipiélago, fue casi completamente arrasada cuando colapsó parte del monte Mongalo la mañana del viernes, sepultando numerosas casas y a las personas que dormían en su interior.
La principal carretera que conduce a la gran mina de oro de Porgera estaba «completamente bloqueada», informó el centro de catástrofes en su carta a la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en la capital, Port Moresby.
«La situación continúa siendo inestable pues el deslizamiento de tierras continúa avanzando lentamente, poniendo en peligro tanto a los rescatistas como a los posibles sobrevivientes», agregó.
El centro pidió a Naciones Unidas que informara de la crisis a los socios de desarrollo de Papúa Nueva Guinea «y a otros amigos internacionales».
Ayuda internacional
La ONU mantendrá una reunión el martes con gobiernos extranjeros para tratar de coordinar las labores de rescate, que se complicaron por la lejanía del lugar -en las escarpadas tierras altas del país- así como por los cortes en las carreteras y los continuos enfrentamientos tribales en las cercanías.
Residentes y equipos de rescate utilizan palas y trozos de madera para encontrar cuerpos bajo el alud, que podría tener hasta ocho metros de profundidad y cuya longitud equivaldría a casi cuatro campos de fútbol.
«Nadie escapó. No sabemos quién murió porque los registros están enterrados», declaró a la AFP Jacob Sowai, un maestro de un pueblo vecino.
Serhan Aktoprak, funcionario de la agencia de migración de la ONU, indicó que estaban apareciendo grietas en terrenos adyacentes al corrimiento, lo que «podría desencadenar un nuevo deslizamiento».
La Organización Mundial de la Salud ofreció su asistencia para «atender las necesidades sanitarias urgentes», indicó en la red social X su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Australia, aliado cercano, anunció que proporcionaría suministros de emergencia, como refugios, kits de higiene y apoyo específico para mujeres y niños.
El presidente Chino, Xi Jinping, dijo estar «profundamente apenado» por la catástrofe, y brindó la asistencia de su país. Estados Unidos, Francia, Japón y la Organización Mundial de la Salud también ofrecieron su apoyo.
Acceso bloqueado
Los vecinos indicaron que el corrimiento pudo estar provocado por las recientes lluvias, muy intensas.
Papúa Nueva Guinea tiene uno de los climas más húmedos del mundo, e investigaciones revelaron que los cambios en los patrones de precipitaciones relacionados con el cambio climático podrían exacerbar el riesgo de deslizamientos de tierra.
Estimar el número de víctimas es difícil porque muchas personas que huían de la violencia tribal se trasladaron a la zona en los últimos años, indicó Nicholas Booth, funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Las agencias de ayuda calculan más de 1.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de esta catástrofe.
Por otro lado, el suministro de ayuda humanitaria desde la capital provincial, Wabag, se vio entorpecido por un brote de enfrentamientos tribales no relacionados con el desastre, según el funcionario de la ONU Aktoprak.
Para la noche del domingo se esperaba la llegada de maquinaria pesada y excavadores, pero su llegada se vio aplazada por este bloqueo.
Papúa Nueva Guinea ha vivido este año numerosos terremotos, inundaciones y deslizamientos que han complicado el trabajo de los servicios de emergencia.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
