Internacionales
Papúa Nueva Guinea reporta más de 2.000 personas sepultadas en deslizamiento de tierra
Más de 2.000 personas quedaron sepultadas por un enorme corrimiento de tierras que arrasó un pueblo en Papúa Nueva Guinea, estimó este lunes el gobierno, que pidió ayuda internacional para las labores de rescate.
«El deslizamiento sepultó a más de 2.000 personas vivas y causó importantes destrozos en edificios, huertos, además de afectar gravemente a la base económica del país», indicó el centro nacional de catástrofes papú en una carta a la ONU a la que tuvo acceso la AFP.
Una aldea situada en la ladera de una colina en la provincia de Enga, en el centro del archipiélago, fue casi completamente arrasada cuando colapsó parte del monte Mongalo la mañana del viernes, sepultando numerosas casas y a las personas que dormían en su interior.
La principal carretera que conduce a la gran mina de oro de Porgera estaba «completamente bloqueada», informó el centro de catástrofes en su carta a la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en la capital, Port Moresby.
«La situación continúa siendo inestable pues el deslizamiento de tierras continúa avanzando lentamente, poniendo en peligro tanto a los rescatistas como a los posibles sobrevivientes», agregó.
El centro pidió a Naciones Unidas que informara de la crisis a los socios de desarrollo de Papúa Nueva Guinea «y a otros amigos internacionales».
Ayuda internacional
La ONU mantendrá una reunión el martes con gobiernos extranjeros para tratar de coordinar las labores de rescate, que se complicaron por la lejanía del lugar -en las escarpadas tierras altas del país- así como por los cortes en las carreteras y los continuos enfrentamientos tribales en las cercanías.
Residentes y equipos de rescate utilizan palas y trozos de madera para encontrar cuerpos bajo el alud, que podría tener hasta ocho metros de profundidad y cuya longitud equivaldría a casi cuatro campos de fútbol.
«Nadie escapó. No sabemos quién murió porque los registros están enterrados», declaró a la AFP Jacob Sowai, un maestro de un pueblo vecino.
Serhan Aktoprak, funcionario de la agencia de migración de la ONU, indicó que estaban apareciendo grietas en terrenos adyacentes al corrimiento, lo que «podría desencadenar un nuevo deslizamiento».
La Organización Mundial de la Salud ofreció su asistencia para «atender las necesidades sanitarias urgentes», indicó en la red social X su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Australia, aliado cercano, anunció que proporcionaría suministros de emergencia, como refugios, kits de higiene y apoyo específico para mujeres y niños.
El presidente Chino, Xi Jinping, dijo estar «profundamente apenado» por la catástrofe, y brindó la asistencia de su país. Estados Unidos, Francia, Japón y la Organización Mundial de la Salud también ofrecieron su apoyo.
Acceso bloqueado
Los vecinos indicaron que el corrimiento pudo estar provocado por las recientes lluvias, muy intensas.
Papúa Nueva Guinea tiene uno de los climas más húmedos del mundo, e investigaciones revelaron que los cambios en los patrones de precipitaciones relacionados con el cambio climático podrían exacerbar el riesgo de deslizamientos de tierra.
Estimar el número de víctimas es difícil porque muchas personas que huían de la violencia tribal se trasladaron a la zona en los últimos años, indicó Nicholas Booth, funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Las agencias de ayuda calculan más de 1.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de esta catástrofe.
Por otro lado, el suministro de ayuda humanitaria desde la capital provincial, Wabag, se vio entorpecido por un brote de enfrentamientos tribales no relacionados con el desastre, según el funcionario de la ONU Aktoprak.
Para la noche del domingo se esperaba la llegada de maquinaria pesada y excavadores, pero su llegada se vio aplazada por este bloqueo.
Papúa Nueva Guinea ha vivido este año numerosos terremotos, inundaciones y deslizamientos que han complicado el trabajo de los servicios de emergencia.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
