Internacionales
El 24 de diciembre iniciará la vacunación contra Covid-19 en México, adelantó López-Gatell
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, adelantó que el jueves 24 de diciembre comenzará la vacunación del personal médico preseleccionado contra la enfermedad de COVID-19.
Luego de que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informara que las primeras dosis producidas por la farmacéutica Pfizer BioNTech llegarán el miércoles, el funcionario detalló que un día después se hará una demostración pública para arrancar la jornada de vacunación.
“Mañana miércoles 23 de diciembre llega el primer embarque de vacunas de Pfizer BioNTech. Llegarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un avión de una empresa de mensajería, que es la que directamente contrató Pfizer para este envío y que está acordada en los términos de las distintas conversaciones que hemos tenido con el laboratorio, llegará en la mañana, habrá una demostración a la prensa, consideramos que es un evento de interés público y conviene que el pueblo de México conozca este proceso”, indicó el subsecretario.
“Estas vacunas seguirán el trayecto ya mencionado y serán resguardadas en una locación que no diré por razones de seguridad, hasta su uso el día jueves 24, en donde haremos una segunda presentación pública que es ahora sí el arranque de la vacunación”, agregó durante la conferencia de prensa vespertina.
Por otra parte, señaló que los contratos que existen contemplan inmunizar a todo el país: “La vacunación contra COVID-19 en México será universal y gratuita para los ciudadanos, evidentemente al momento de vacunarse ya la estamos pagando, quienes pagamos impuestos con las contribuciones que hacemos”.
López-Gatell Ramírez agregó que este procedimiento médico es voluntario, tal como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina que encabeza.
La primera etapa de vacunación será desde la última semana de diciembre hasta el final de enero, en donde se aplicarán aproximadamente 1,400,000 dosis. El siguiente mes llegarán embarques semanales, hasta acumular una cifra de 7.5 millones de vacunas contra COVID-19 a finales de marzo.
En caso de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorice otros contratos, se obtendrán hasta 35 millones de dosis de la vacuna Cansino Biologics y 77.2 millones de AstraZéneca.
Aunado a esto, el funcionario señaló que a través del acuerdo Covax de la Organización Mundial de la Salud se podrá acceder a 51 millones de dosis en la primera contratación.
La Secretaría de Salud (SSa) informó que hasta este martes 22 de diciembre se registraron 1,338,426 casos positivos y 119,495 fallecimientos por coronavirus en México desde que inició la epidemia en el país.
Sin embargo, en las últimas 24 horas, la dependencia sanitaria reportó el mayor número de contagios acumulados en un día, con 12,511 en total. En tanto, las muertes por la enfermedad en el mismo periodo de tiempo sumaron 897.
Como parte de las cifras nacionales, se contabilizaron 1,679,953 contagios negativos, 46,359 sospechosos con posibilidad de resultado y 3,420,215 personas estudiadas desde que comenzó la transmisión viral en el país.
Ante el aumento en la velocidad de transmisión, la dependencia sanitaria informó que del 21 de diciembre al 3 de enero, tres entidades se encuentran en semáforo rojo (riesgo máximo de contagio), 24 en naranja (riesgo alto de contagio), tres en amarillo (riesgo medio de contagio) y dos en verde (riesgo bajo de contagio).
Los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Sonora, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro presentan una tendencia ascendente en su curva de contagios, lo que significa que si no logran reducir la transmisión viral, estarían en riesgo de regresar al nivel máximo de alerta.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
