Internacionales
Casa Blanca se niega a dar detalles sobre documentos clasificados de Biden
La Casa Blanca negó ofrecer más detalles nuevos sobre los documentos clasificados que se han encontrado en las últimas semanas en un despacho y en el domicilio del presidente Joe Biden, al haber una investigación abierta.
“Estamos brindando al público información sobre este asunto según corresponda. Pero, por supuesto, estamos limitados en lo que podremos decir dada la revisión en curso del Departamento de Justicia”, señaló el portavoz de la oficina legal de la Casa Blanca, Ian Sams, en una conversación con un grupo de periodistas.
Desde el pasado jueves la investigación está en manos de un fiscal especial, el jurista de perfil conservador Robert Hur, que fue designado por el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland.
Pese a las insistentes preguntas de la prensa sobre el contenido de los documentos hallados en varias ocasiones desde el pasado noviembre y sobre si se están produciendo más búsquedas, Sams se limitó a remitir a los periodistas al Departamento de Justicia.
“Entendemos que existe una tensión entre, ya saben, proteger y salvaguardar la investigación en curso y brindarles un nivel adecuado de información pública a todos ustedes”, apuntó.
Sams sugirió que no conocen el contenido de los documentos porque “tan pronto como se identificaron estos registros, se entregaron de inmediato a las autoridades correspondientes”.
“En términos de contenido, en términos de números, en términos de detalles relacionados con los materiales en sí, simplemente no podemos abordar eso porque estos han sido entregados a las autoridades correspondientes”, insistió.
Sams no ofreció así novedades sobre un caso que está llamado a complicar los dos últimos años de mandato de Biden y que se destapó el lunes de la semana pasada, pese a que los primeros hallazgos en la oficina del presidente en el laboratorio de ideas Penn Center fueron a comienzos de noviembre, mientras miembros de su equipo organizaban y limpiaban la sala.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, evadió también el martes las preguntas de los periodistas al respecto en su rueda de prensa diaria.
“Una de las cosas que hemos dicho durante los últimos dos años (…) es que no vamos a comentar asuntos legales”, aseguró antes de volver a defender la labor de la administración estadounidense, que está “cooperando completamente” con el Departamento de Justicia en su investigación.
La portavoz evitó también responder una pregunta sobre si el viernes pasado, cuando le preguntaron si se habían descubierto nuevos documentos, Jean-Pierre sabía ya de la aparición de nuevos archivos, revelada este fin de semana.
En total la Casas Blanca ha reconocido en tres ocasiones la aparición de nuevos documentos clasificados de la época en la que Biden fue vicepresidente, la última vez el pasado sábado.
Sobre el porqué de la tardanza en hacerse público este caso, Sams se limitó a insistir en el discurso oficial: “El presidente está comprometido a hacer lo que sea responsable y a manejar esto de manera apropiada. Su equipo actuó correctamente al divulgar información a las autoridades correspondientes y está cooperando plenamente”, destacó.
Biden solo ha hablado en dos ocasiones sobre este caso. La última vez el pasado jueves, cuando confió en su resolución favorable: “Todo se va a aclarar, estoy seguro”, apuntó.
Tampoco quiso hablar del tema, pese a ser avasallado a preguntas por la prensa al comienzo de su encuentro con el primer ministro holandés, Mark Rutte.
En la llamada, Sams criticó la posición que está tomando el Partido Republicano. A su juicio, están “haciendo teatro” y “fingiendo indignación”, a pesar de que “defendieron las acciones del expresidente” Donald Trump, que está siendo investigado también por acumular documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, Florida,, descubiertos tras una redada del FBI.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
