Internacionales
Casa Blanca se niega a dar detalles sobre documentos clasificados de Biden
La Casa Blanca negó ofrecer más detalles nuevos sobre los documentos clasificados que se han encontrado en las últimas semanas en un despacho y en el domicilio del presidente Joe Biden, al haber una investigación abierta.
“Estamos brindando al público información sobre este asunto según corresponda. Pero, por supuesto, estamos limitados en lo que podremos decir dada la revisión en curso del Departamento de Justicia”, señaló el portavoz de la oficina legal de la Casa Blanca, Ian Sams, en una conversación con un grupo de periodistas.
Desde el pasado jueves la investigación está en manos de un fiscal especial, el jurista de perfil conservador Robert Hur, que fue designado por el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland.
Pese a las insistentes preguntas de la prensa sobre el contenido de los documentos hallados en varias ocasiones desde el pasado noviembre y sobre si se están produciendo más búsquedas, Sams se limitó a remitir a los periodistas al Departamento de Justicia.
“Entendemos que existe una tensión entre, ya saben, proteger y salvaguardar la investigación en curso y brindarles un nivel adecuado de información pública a todos ustedes”, apuntó.
Sams sugirió que no conocen el contenido de los documentos porque “tan pronto como se identificaron estos registros, se entregaron de inmediato a las autoridades correspondientes”.
“En términos de contenido, en términos de números, en términos de detalles relacionados con los materiales en sí, simplemente no podemos abordar eso porque estos han sido entregados a las autoridades correspondientes”, insistió.
Sams no ofreció así novedades sobre un caso que está llamado a complicar los dos últimos años de mandato de Biden y que se destapó el lunes de la semana pasada, pese a que los primeros hallazgos en la oficina del presidente en el laboratorio de ideas Penn Center fueron a comienzos de noviembre, mientras miembros de su equipo organizaban y limpiaban la sala.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, evadió también el martes las preguntas de los periodistas al respecto en su rueda de prensa diaria.
“Una de las cosas que hemos dicho durante los últimos dos años (…) es que no vamos a comentar asuntos legales”, aseguró antes de volver a defender la labor de la administración estadounidense, que está “cooperando completamente” con el Departamento de Justicia en su investigación.
La portavoz evitó también responder una pregunta sobre si el viernes pasado, cuando le preguntaron si se habían descubierto nuevos documentos, Jean-Pierre sabía ya de la aparición de nuevos archivos, revelada este fin de semana.
En total la Casas Blanca ha reconocido en tres ocasiones la aparición de nuevos documentos clasificados de la época en la que Biden fue vicepresidente, la última vez el pasado sábado.
Sobre el porqué de la tardanza en hacerse público este caso, Sams se limitó a insistir en el discurso oficial: “El presidente está comprometido a hacer lo que sea responsable y a manejar esto de manera apropiada. Su equipo actuó correctamente al divulgar información a las autoridades correspondientes y está cooperando plenamente”, destacó.
Biden solo ha hablado en dos ocasiones sobre este caso. La última vez el pasado jueves, cuando confió en su resolución favorable: “Todo se va a aclarar, estoy seguro”, apuntó.
Tampoco quiso hablar del tema, pese a ser avasallado a preguntas por la prensa al comienzo de su encuentro con el primer ministro holandés, Mark Rutte.
En la llamada, Sams criticó la posición que está tomando el Partido Republicano. A su juicio, están “haciendo teatro” y “fingiendo indignación”, a pesar de que “defendieron las acciones del expresidente” Donald Trump, que está siendo investigado también por acumular documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, Florida,, descubiertos tras una redada del FBI.
Internacionales
Mujer en Japón afirma haberse casado con un chatbot de inteligencia artificial
Internacionales
Autoridades rescatan a bebé abandonado en un basurero
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
Internacionales
Perú refuerza medidas contra el crimen organizado en Lima y Callao
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.







